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La Fecolper rechaza ataques a periodistas y tergiversación de información durante el paro nacional.

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La Federación Colombiana de Periodistas, rechaza las 28 afectaciones a la libertad de prensa que han ocurrido durante el cubrimiento de la protesta social en contra de la reforma tributaria que inició el pasado 28 de abril, en distintas ciudades del país.

Ataques a periodistas, especialmente regionales

De acuerdo con la documentación realizada por la Fecolper, 11 de estos casos corresponde a agresiones físicas contra periodistas y 5 a obstrucciones al trabajo informativo. También se evidencian estigmatizaciones contra reporteros y robos de equipos celulares a los comunicadores. Del registro total, 13 de estos casos han sido ocasionados por miembros de la Policía Nacional, 11 por particulares y 4 por parte de otros funcionarios y servidores públicos.

Las ciudades con mayor número de vulneraciones han sido Bogotá (10) seguido de Bucaramanga (4) y Medellín, con (4) casos.

Este viernes, cuando el periodista Juan Diego Alvira realizaba para Caracol Noticias un informe desde la localidad de Suba, en Bogotá, fue empujado por una persona que se movilizaba en una bicicleta. El reportero, así como también el camarógrafo fueron insultados, y a este último se le impidió capturar imágenes.

En Bucaramanga el equipo periodístico del informativo ORO Noticias del Canal TRO, conformado por la periodista Carolina Torrado y el camarógrafo Wilson Pineda, fueron agredidos el 28 de abril por miembros de la policía nacional, además de empujar y hacer caer al camarógrafo causando daño en los elementos de trabajo. Los periodistas expresaron su molestia y sorpresa por la actitud del uniformado teniendo en cuenta que ellos se identificaron como periodistas y además portaban chalecos y carnets del medio de comunicación.

Dos casos de estigmatizaciones han denunciado corresponsales de medios nacionales, en Huila y Meta.  “Me empezaron a gritar radio paraca, por lo que tuve que quitarme el carnet de identificación para evitar agresiones” y «Nos lanzaban improperios… aquí llegaron estos x%& paracos de RCN televisión, como para atenderlos», sostuvieron respectivamente los reporteros a la Fecolper.

En Cali, una de las ciudades con mayor alteración del orden público y denuncia de vulneración a los derechos humanos a la ciudadanía, un periodista freelance aseguró a la Federación que “La policía me golpeó dos veces con aturdidoras… una en cada pierna en menos de media hora. Los manifestantes también nos han agredido y amenazado…nos han intentado robar.”

Adicionalmente, en Medellín 4 periodistas alternativos aseguraron que sufrieron ataques físicos, y obstrucciones al ejercicio periodístico por parte de la Policía.

Tergiversación de información 

Noticias RCN difundió una nota relativa a la supuesta “celebración por cambios en la reforma” en donde informó que decenas de caleños reaccionaron con arengas y cantando el himno de la ciudad, para celebrar los anuncios del presidente Iván Duque de modificar el texto de la reforma tributaria.  Por su parte, la Silla Vacía, hizo un chequeo de verificación de los datos e identificó que “encontramos que la nota es falsa porque los manifestantes no estaban celebrando cambios en la reforma, estaban protestando contra ella y porque sacaron al Esmad”.

También varios ciudadanos han publicado en sus redes sociales un video correspondiente a una intimidación de un coronel de la Policía contra una periodista en Bogotá. Al respecto, es importante aclarar que estos hechos acontecieron en 2017 durante un paro de maestros y no durante el actual paro nacional.

Pronunciamiento de la Federación Colombiana de Periodistas.

  1. Fecolper considera inaceptable las agresiones a periodistas que hacen el cubrimiento de la protesta social y rechaza toda forma de obstrucción a la libertad de prensa.
  2. La Federación, exige a la Policía Nacional esclarecer los hechos en donde periodistas han denunciado afectaciones contra su integridad y restricción al ejercicio informativo, así como también sancionar a los responsables, y tomar las medidas para que estas situaciones no se sigan registrando en contra de las y los reporteros.
  3. El gremio nacional solicita a los manifestantes, respetar el ejercicio periodístico, teniendo en cuenta que como trabajadores los y las periodistas tienen la función social de informar, y en el desarrollo de manifestaciones y protestas se les acusa de falta de objetivad y hay mayor hostilidad contra ellos para impedir su labor y/o destruir material fotográfico o fílmico recolectado por los comunicadores.
  4. La organización hace un llamado a los medios de comunicación, así como también a los usuarios de redes sociales para evitar difundir información tendenciosa con hechos erróneos o falsos.
  5. Finalmente, la Fecolper, expresa su preocupación por el silencio y restricción al acceso de información de interés público por parte de entidades gubernamentales, entre otros, en grupos whatsaap en donde funcionarios limitan el ejercicio de la libertad de prensa, con el consecuente resultado de la violación del derecho a la información de la sociedad en su conjunto.

Sistema de Atención a Periodistas y Trabajadores de los Medios – SAP-Fecolper

Línea nacional 3134000870

Peligrosa decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para la libertad de prensa

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La Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper, expresa su preocupación por la decisión tomada, en segunda instancia por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el pasado 5 de abril del presente año, que le ordena a la periodista Vicky Dávila y a RCN indemnizar al coronel retirado Jorge Hilario Estupiñán por perjuicios causados al oficial por la difusión de una noticia en el que presuntamente estaba involucrado con temas de corrupción en la Policía.

Fecolper considera que esta decisión judicial se convierte en un peligroso antecedente para el ejercicio del periodismo en Colombia, donde ya se han conocido muchos casos de acoso judicial contra comunicadores, los cuales hasta ahora se había hecho, uso de acciones constitucionales y penales, pero ahora se abre la puerta para que se proceda con acciones de carácter civil que obligarían a los periodistas a responder patrimonialmente para indemnizar los supuestos afectados.

Preocupa que esta sentencia se utilice como precedente jurisprudencial para malintencionadamente acabar con pequeños y medianos medios de comunicación o para dejar en la calle a periodistas que con esfuerzo lograron conseguir por lo menos una vivienda. Es decir, esta decisión judicial puede profundizar aún más la gravísima situación socioeconómica de los periodistas colombianos.

Expertos juristas consultados por FECOLPER afirman que este es un fallo que vulnera la libertad de expresión, la libertad de opinión, frena el trabajo periodístico y la solidaridad de los medios en relación con las noticias que emiten sus periodistas; es un tema de trascendencia constitucional y por ello no debe quedar reducido a una sentencia, «es realmente una agresión contra la prensa en general».

La libertad de prensa se pone en peligro, hoy es este caso, pero puede ser el punto de partida para muchos más en el que los periodistas pueden ser condenados judicialmente o recibir sanciones económicas por cuestiones de opinión o por sus informes periodísticos y eso abiertamente es censura, cualificada y precisada por la Convención Americana de Derechos Humanos.

Desde Fecolper no se pretende acolitar o defender prácticas irresponsables por parte de personas que se dedican a la actividad periodística, pero sí, exigimos garantías para un periodismo libre como soporte de la democracia.

Siguen las amenazas contra periodistas en Colombia. Esta vez intimidan a Luis Pérez, en Arauca

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En las últimas horas se conoció un nuevo caso de amenaza de muerte contra un periodista colombiano, en este oportunidad el hecho se registró en el departamento de Arauca.

La Federación Colombiana de Periodistas -FECOLPER- conoció la denuncia del periodista Luis Alfredo Pérez Martínez, quien manifestó que recibió un mensaje de voz amenazante de un hombre que se identificó como alias el Mono. “Mediante dos mensajes de voz donde se identifican como alias «El Mono» comandante del Décimo Frente de la Farc el cual me dice que siguiera recogiendo información en los periódicos de noticias que no me interesaba, que mi familia me iba a recoger en bolsas negras”, Expresó el periodista Pérez Martínez.

Luis Alfredo Pérez Martínez, labora en el medio digital, www.araucanoticias.com.co y considera que estas amenazas pueden estarse dando por la publicación de un vídeo de la muerte del loco Iván, líder de las disidencias de las Farc.

Desde Fecoper, una vez más, le pedimos al Gobierno nacional que brinde las garantías para el ejercicio de un periodismo libre, y a las autoridades judiciales y a los organismos de seguridad del estado adelantar las acciones necesarias para garantizarle la vida e integridad física al periodista amenazado y a su familia.

Amenazas y persecuciones contra el periodista Anastasio Bedoya

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La Federación Colombiana de Periodista, FECOLPER, rechaza las amenazas y persecuciones que ha denunciado el comunicador alternativo del municipio de Magangué en el departamento de Bolívar, Anastasio Bedoya.

Bedoya informó que en varias oportunidades personas se le han acercado a manifestarle que hay un plan para asesinarlo y en los últimos días personas extrañas y sospechosas han estado rondando su casa y vivienda de familiares.

Anastasio Bedoya es reconocido por las investigaciones y denuncias periodísticas que hace a través de su programa AB Noticias de AB Televisión, medio alojado en distintas plataformas digitales, en las que se refiere a funcionarios públicos y líderes políticos.

Fecolper hace un llamado a las autoridades para que adelanten las investigaciones que permitan identificar a los autores de este caso de intimidación y ataque a la libertad de expresión, y lo que es más importante le brinden las condiciones de seguridad que garanticen la vida e integridad física del comunicador y su familia.

Para la Federación Colombiana de Periodistas es preocupante que se siga incrementando los casos de violación a la libertad de prensa lo que sigue ratificando que faltan garantías y que es altamente riesgoso el desarrollo de la labor periodística en Colombia.

Afectaciones a periodistas en Sucre, en cubrimiento de información sobre COVID19

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Dos casos de afectación al ejercicio periodístico se presentaron en la ciudad de Sincelejo a propósito del cubrimiento de la información relacionada con la aplicación de la primera vacuna contra COVID 19 en Colombia.

El primer caso fue el despido del hasta ayer corresponsal permanente del Canal Caracol en el departamento de Sucre, Francisco Javier Márquez, aparentemente, según lo relatado por el periodista, por no poder presentar en vivo y en directo la entrevista con la primera persona que recibió la vacuna en el país.

El reportero expresó que él había contactado desde el día martes a la enfermera Verónica Machado y había acordado con ella que el miércoles 17 de febrero a las 6 de la mañana se encontraban en el Hospital Universitario de Sincelejo para hacerle la entrevista, sin embargo la señora nunca llegó al lugar, ni respondió las llamadas del comunicador y terminó concediendo la entrevista al canal de la competencia.

Se observa de acuerdo a lo que ha manifestado el periodista, que él nunca se negó a cumplir con su actividad laboral y no fue negligente, lo que le sucedió se salió de sus posibilidades, puesto que la entrevistada le incumplió la cita acordada, por lo que si no existen otros hechos por parte del Canal Caracol, podría calificarse como un despido sin justa causa.

Desde Fecolper se hace un llamado al Canal Caracol que explique las razones reales por las cuales fue despedido el corresponsal en Sincelejo y que reconsidere la toma de decisiones que atentan contra los derechos laborales de los periodistas.

Obstrucción al ejercicio periodístico.

La Comunicadora Social-Periodista y corresponsal del diario el Heraldo en Sucre, María Victoria Bustamante Fernández fue objeto de un claro caso de obstrucción del ejercicio periodístico por parte de la directora de la Caja de Compensación Familiar de Sucre, Erika Ahumada, quien pretendió impedir el desarrollo de una entrevista que la periodista le realizaba a la agente interventora del Hospital Universitario de Sincelejo.

En plena rueda de prensa, en la que la agente interventora del centro hospitalario, Inés Bernarda Loaiza Guerra, se refería a la primera persona que recibía la vacuna en el país, la periodista Bustamante Fernández le preguntó sobre el no pago de obligaciones salariales de los empleados del hospital y la señora Ahumada interrumpió a la comunicadora tratando de impedir que realizara la pregunta y la funcionaria le respondiera, según ella, porque no era el propósito de la rueda de prensa.

Informe Fecolper 2020. Periodistas en Pandemia

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Periodistas en pandemia. El virus de la indiferencia

Informe completo: 

Conversatorio sobre el informe: https://youtu.be/DwXa1ozTFQE

El 2020 se caracterizó por un aumento de violaciones a la libertad de prensa y obstrucciones al trabajo periodístico, evidenciado en más de un centenar de intimidaciones, perfilamientos, interceptaciones ilegales e incluso el acoso judicial contra medios y periodistas, en lo que pareciera tener como objetivos amedrentar, silenciar y/o imponer opiniones por encima de hechos e intereses a costa del bien común.  Todo lo cual se acentúa con la pandemia de la Covid 19, que ha dejado 112 periodistas y trabajadores de los medios contagiados y 36 fallecidos como consecuencia de la enfermedad el año anterior.

Así las cosas, Colombia sigue siendo un país con un alto registro de riesgo asociado a la práctica del periodismo, lo cual se sustenta en la creciente agresividad, violencia e intolerancia contra profesionales de la información, que en la mayoría de los casos proviene directamente del Estado y se manifiesta a través de distintas formas de censura, estigmatización y persecución de los mismos, contrariando su obligación de garante de la actividad periodística, tal como se consigna en la Constitución Política nacional y en los acuerdos internacionales.

El coronavirus ha sido para el gremio de periodistas sinónimo de muerte, cierre de medios, dificultades de subsistencia y revelación de un “virus” de indiferencia por su labor, develando que poco cuenta para las autoridades. En primer lugar, puso en evidencia y profundizó la situación de vulnerabilidad socioeconómica de la mayoría de periodistas “independientes”, como de los medios de comunicación de provincia y Región, principalmente, situación que ya había sido estudiada y por la Fecolper[1] en el “Informe Periodismo: Trabajo Indecente”, en el que se revelaba que el 79% de 1.200 profesionales encuestados subsistían de la publicidad.

En segundo lugar, en razón a la pandemia se emitieron disposiciones del orden nacional y con repercusiones locales que agudizaron la precariedad económica del gremio en las regiones,  como la Directiva 16 del 22 de abril de 2020 de la Procuraduría General de la Nación, la cual dirigida a ordenadores del gasto del sector oficial consideró la contratación publicitaria como no necesaria, en la que administraciones municipales y departamentales se respaldaron para no contratar los servicios de cientos de periodistas y que aún sigue vigente en departamentos como Arauca, razón por la que Fecolper sentó su posición e hizo varias recomendaciones al ente, pero sin cambio sustancial alguno.

En tercer lugar, la pandemia confirmó en Colombia que las autoridades no han considerado al periodismo como un servicio esencial que coadyuva la democracia.  Fecolper, articulada con cinco gremios de periodistas más, solicitó al Presidente de la República, Iván Duque a través de 10 puntos principales atención especial a periodistas en tiempos de pandemia, ya que su labor es soporte del Estado de Derecho, sin respuesta alguna a casi un año del inicio de medidas.

A esto se le agrega la delicada controversia de que los mass media, poco o nada exponen sus propias crisis, la desprotección laboral acomodada en la ausencia de normas firmes que favorezcan el ejercicio del periodismo, como constitucionalmente lo proclama: un bien público y en pro de la democracia, además de la bajísima sindicalización o casi inexistencia de sindicatos que harían posible contar con un escudo laboral más fuerte, aunada la recarga laboral en las reducidas salas de redacción y el temor a no hallar trabajo sí se hacen denuncias.

Todo lo anterior, ha sido un caldo de cultivo para el momento crítico por el que pasa el periodista colombiano, que en gran medida se ha convertido en un “empresario· o “emprendedor” de los medios, términos rimbombantes que esconden precariedad laboral y empobrecimiento del sector, aunque a muchos les cuesta reconocerlo, por ser una profesión de alto impacto social. Es momento, de la autocrítica y de que esta situación de choque impulse a búsquedas colectivas de soluciones.

Asimismo, en Colombia la debilidad institucional en las zonas de frontera se sigue evidenciando con la presencia de actores ilegales organizados y delincuencia común que vulneran los derechos de la población.

La forma más habitual de vulneraciones de la libertad de prensa se ha configurado en atacar el buen nombre y profesionalismo de los comunicadores ante la opinión pública, al estigmatizar y desvirtuar su trabajo, lo que podría desincentivar a muchos profesionales. No obstante, las agresiones físicas, el ciber acoso, violencia diferencial, la censura, las violaciones laborales, acoso judicial, amenazas, seguimientos y vigilancias ilegales, así como el asesinato, son varias de las formas agresivas que se siguen presentando en Colombia para callar la verdad.

Estamos ante una crisis de libertad de prensa, de perdida de derecho a la expresión libre y a estar informado desde distintas miradas, alimentada por varios factores: 1) la situación de desprotección laboral de los periodistas independientes y una situación de debilidad socio económica en la mayoría de los informadores, 2) una coyuntura de polarización y estigmatización incendiada por líderes políticos y de opinión, colocando a Colombia en un Estado de Opinión,  3) la indiferencia y/o desconocimiento social del rol del periodista en la construcción de democracia, preservador de derechos fundamentales como a ser informado de forma plural, 4) pérdida del Estado de Derecho, ante la unificación, cada vez más, de los poderes, así como los frenteros y descarados intentos de hacerlo parecer lo ideal, 5) impunidad y lentitud de la justicia y entes investigativos en casos probados de crímenes contra periodistas, que envían un mensaje entre líneas de que al periodismo puede moldeársele conforme al interés del atropellador, 6) presión de personajes de la vida pública a través de acciones judiciales contra periodistas y se puede concluir  7) lo que sucede a los periodistas es una expresión de lo que pasa en país en materia de derechos humanos y de fallas de justicia social.

[1] Ver Informe Periodismo: Trabajo Indecente (Fecolper, 2020)

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La Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, rechaza el acoso judicial como posible instrumento de censura a periodistas y medios de comunicación

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imagen: pxfuel.com

La Fecolper expresa su preocupación por la tendencia que se está imponiendo en diferentes regiones del país donde funcionarios públicos, políticos y hasta personas del común están utilizando el acoso judicial como una posible forma de censurar a los periodistas.

Es total reprochable que se utilice el aparato judicial y las leyes vigentes para presionar o probablemente violar la libertad de expresión y el sigilo profesional e impedir que se desarrolle un periodismo libre y de profundidad.

Recurrentemente estamos conociendo de colegas afectados por decisiones de operadores judiciales que tienen la grave consecuencia de frenar la actividad del periodismo.

Las acciones de tutelas, denuncias penales y demandas de responsabilidad civil son las figuras más usadas para obstaculizar el ejercicio periodístico.

Desde Fecolper no se pretende acolitar o defender prácticas poco éticas e irresponsables por parte de personas que se dedican a la actividad periodística, pero si, exigimos garantías para un periodismo libre como soporte de la democracia.

Periodista del departamento de Boyacá fue afectada por decisión de un juez

La periodista Mireya Esperanza Moreno Sánchez,  de la emisora Toca Estéreo de Sogamoso Boyacá, fue víctima de lo que ella considera un caso de acoso judicial por publicar una información relacionada con un  presunto caso de corrupción en el Concejo Municipal de esta localidad.

“El día 14 de septiembre realicé una publicación en donde hice público un audio en el que se relataban unos hechos abiertamente relevantes y de interés público para la ciudad de Sogamoso. En ellos se relataban unos actos de corrupción que se estarían llevando a cabo por parte de un miembro del Concejo de la ciudad” expresó la periodista Moreno Sánchez.

La periodista, quien además postuló su nombre para el concejo de la municipal en las pasadas elecciones, explicó que el concejal que presentó la tutela en su contra, inicialmente le hizo una petición donde solicitaba que la comunicadora se retractara y rectificara la información publicada, pero ella no accedió a la petición acogiéndose a los antecedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional que establecen que: quien cuestiona la veracidad o imparcialidad de la información tiene el deber de demostrar la falsedad o parcialidad de la misma y  en este caso ella consideró que  no es posible evidenciar que el accionante haya demostrado la falsedad o parcialidad de la información.

Agregó la periodista, que en el momento de la publicación de la información relacionada con el presunto caso de corrupción en el Concejo de Sogamoso, ella refirió expresamente que el concejal afectado por la denuncia pública podía acudir al mismo medio de comunicación y presentar sus consideraciones, eso en aras de garantizar el equilibrio informativo y la buena fe del medio de comunicación.

Fecolper intentó comunicarse con el concejal, pero fue imposible su contacto.

Desde la Federación Colombiana de Periodistas hacemos un llamado a los jueces de la república que adelanten los procesos judiciales contra periodistas respetando el debido proceso y teniendo en cuenta, siempre, que el periodismo es derecho constitucional  y un oficio con protección especial del estado  como se establece en los artículos 20 y 73 de la Carta Magna de los colombianos.

Es igualmente pertinente reiterarles  a los colegas periodistas, nuestro compromiso con la verdad y responsabilidad periodística.

ESCUDO DE PLUMAS, dos décadas del Programa de Protección a Periodistas en Colombia

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Programa de Protección a Periodistas en Colombia

Este 18 de agosto, al cumplirse 20 años de creación del Programa de Protección a Periodistas por parte del Estado colombiano, el balance sigue siendo mediocre, pues funciona como un escudo de plumas, el cual no alcanza a salvaguardar la vida e integridad de los informadores, traspasando heridas a la democracia.

La Fecolper recoge en un informe (Ver aquí) varias recomendaciones, como organización de la sociedad civil que ha participado y representado a los periodistas y comunicadores sociales en este Programa,  sin desconocer aquellas dificultades que existen en la ruta de protección del Estado.

Éstas se dirigen a la Unidad Nacional de Protección en términos de evaluación del riesgo, operación logística y presupuestal; control interno y veeduría y respuesta territorial inmediata; a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y Defensoría del Pueblo para hacer efectiva la protección, en razón de la necesidad de articulación interinstitucional y a la responsabilidad de colaboración armónica de las entidades del Estado, así como a la responsabilidad de vigilancia disciplinaria en el caso de la Procuraduría General de la Nación.

La reingeniería que realiza la Unidad Nacional de Protección, UNP, se ve como una oportunidad para incluir varias sugerencias que vuelven a plantearse para hacer efectiva y eficiente la protección de protección a periodistas y comunicadores sociales.

La Federación señala que se han hecho reiteradas solicitudes, exigencias y acuerdos previos que no han sido cumplidos, adoptados o implementados por la Unidad Nacional de Protección ni el Ministerio del Interior, y que, en todo caso, dan cuenta de la necesidad de garantizar la participación efectiva de la sociedad civil y por consiguiente del cumplimiento de los principios constitucionales de colaboración armónica y corresponsabilidad entre diferentes entidades.

Es necesario que se tenga en cuenta la dinámica diferencial del ejercicio periodístico que implica riesgos disímiles, condiciones logísticas y cotidianas particulares. “La protección por parte del Estado, debe incluir su vida, su integridad, la de su familia y ante todo, la de una sociedad con derecho a estar informada, lo cual es requisito sin ecuánime para una democracia”, señaló Adriana Hurtado, presidenta de la Fecolper.

Preocupa, desde el punto de vista de DDHH, la mirada gubernamental reflejada en los lineamientos del Plan de Acción de Oportuna de Prevención y Protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas, en el que, entre otras cosas, se explica que la situación de desprotección será atendida a partir de los planes militares Victoria Plus y Horus.

En estas dos décadas del sistema de protección de periodistas en Colombia se hacen más evidentes las necesidades de la participación ciudadana en la resolución de los vacíos constantes, la atención del actual gobierno a estos llamados y la receptividad de las instituciones participantes en salvaguardar los principios fundamentales para una sociedad democrática en medida que se salvaguarda a los informadores, porque son ellos parte sustancial de ésta.

Imagen Portada: Escudo Legión del Reconocimiento Fannon Shingeki No Kyoji. Modificación con elementos de PicArts.

La Fecolper agradece el apoyo de Union to Union y la Federación Internacional de Periodistas para la realización de esta publicación.

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Tres periodistas amenazados en Ipiales, frontera con Ecuador

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Otros tres periodistas colombianos fueron amenazados por el cumplimiento de su labor; el hecho se registró recientemente en el municipio fronterizo de Ipiales, departamento de Nariño. Según el testimonio de uno de los periodistas, los comunicadores recibieron llamadas y mensajes de whatsaap en los que les manifestaban que los iban a asesinar.

 
Los comunicadores amenazados son Jhony Coral Bernal, quién trabaja en el Canal CNC en el departamento de Nariño y otros dos periodistas que pidieron mantener en reserva su identidad. 
 
Los reporteros amenazados aseguran que las intimidaciones comenzaron a llegar luego de desarrollar unas investigaciones periodísticas relacionadas con la inmigración ilegal de extranjeros y el transporte irregular en tiempo de pandemia de estos, desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con Venezuela.
 
Estos hechos se suman a los denunciados el 27 de mayo de este año por  el periodista Mario Esteban López, reportero que se ha especializado en migración y trata de personas en la frontera, y quién recibió amenazas contra su vida por denunciar estos mismos temas. Además, López fue víctima de una cadena de whatsaap que circuló en Nariño y donde se lamentaba su supuesto fallecimiento.
 
También le puede interesar leer el informe Periodismo y Fronteras. (Haga clic aquí)
 
En las últimas dos semanas en Colombia 12 periodistas han sido amenazados y uno más fue asesinado en el departamento del Cauca, esto evidencia que en el país cada día es más complicado el ejercicio de periodismo libre y con garantías.
 
La Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper, nuevamente hace un llamado a las autoridades y al Gobierno Nacional para que se adopten las medidas y se tomen las acciones necesarias para que los periodistas en Colombia cuenten con todas las garantías en el ejercicio de sus actividades profesionales.

Amenazan a periodista en Arauca que ha denunciado presuntos actos ilegales por parte de ex funcionario público.

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Carlos Pérez, La Lupa Araucana

El periodista Carlos Alfonso Pérez Cedeño, director del medio regional La Lupa Araucana y corresponsal de Caracol Televisión en el departamento de Arauca fue amenazado  de muerte este sábado por una persona que se identificó como miembro de la disidencia de las FARC.

El periodista quién además es el presidente de la Corporación de Periodistas de Arauca y miembro de la junta directiva de Fecolper, explicó que en la tarde de este sábado recibió una llamada telefónica en la que una persona que se contactó de un número privado lo citó a una reunión con el grupo armado ilegal en el vecino país de Venezuela y le advirtió que si no asistía a la cita clandestina sería declarado objetivo militar.

En la conversación telefónica le manifestó que necesitaban hablarle sobre una empresa, por lo que el comunicador menciona a la Fecolper que en los últimos días las notas que ha publicado en la Lupa Araucana, son relacionadas con presunto caso de actos contrarios a la Ley, por parte de ex funcionario público de la empresa de Aseo de Arauca.

La Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper, rechaza de manera enérgica este nuevo caso de violación a la libertad de prensa y hace un llamado a la Unidad Nacional de Protección para reforzar el esquema de seguridad con el que cuenta el comunicador, así como también exige a la Fiscalía General de la Nación celeridad frente a la identificación  y judicialización de quienes originan estas acciones intimidatorias contra el periodista y que se suma a otros hechos victimizantes de los que ya ha sido víctima en el último año.

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