La Fecolper expresa su preocupación por la tendencia que se está imponiendo en diferentes regiones del país donde funcionarios públicos, políticos y hasta personas del común están utilizando el acoso judicial como una posible forma de censurar a los periodistas.
Es total reprochable que se utilice el aparato judicial y las leyes vigentes para presionar o probablemente violar la libertad de expresión y el sigilo profesional e impedir que se desarrolle un periodismo libre y de profundidad.
Recurrentemente estamos conociendo de colegas afectados por decisiones de operadores judiciales que tienen la grave consecuencia de frenar la actividad del periodismo.
Las acciones de tutelas, denuncias penales y demandas de responsabilidad civil son las figuras más usadas para obstaculizar el ejercicio periodístico.
Desde Fecolper no se pretende acolitar o defender prácticas poco éticas e irresponsables por parte de personas que se dedican a la actividad periodística, pero si, exigimos garantías para un periodismo libre como soporte de la democracia.
Periodista del departamento de Boyacá fue afectada por decisión de un juez
La periodista Mireya Esperanza Moreno Sánchez, de la emisora Toca Estéreo de Sogamoso Boyacá, fue víctima de lo que ella considera un caso de acoso judicial por publicar una información relacionada con un presunto caso de corrupción en el Concejo Municipal de esta localidad.
“El día 14 de septiembre realicé una publicación en donde hice público un audio en el que se relataban unos hechos abiertamente relevantes y de interés público para la ciudad de Sogamoso. En ellos se relataban unos actos de corrupción que se estarían llevando a cabo por parte de un miembro del Concejo de la ciudad” expresó la periodista Moreno Sánchez.
La periodista, quien además postuló su nombre para el concejo de la municipal en las pasadas elecciones, explicó que el concejal que presentó la tutela en su contra, inicialmente le hizo una petición donde solicitaba que la comunicadora se retractara y rectificara la información publicada, pero ella no accedió a la petición acogiéndose a los antecedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional que establecen que: quien cuestiona la veracidad o imparcialidad de la información tiene el deber de demostrar la falsedad o parcialidad de la misma y en este caso ella consideró que no es posible evidenciar que el accionante haya demostrado la falsedad o parcialidad de la información.
Agregó la periodista, que en el momento de la publicación de la información relacionada con el presunto caso de corrupción en el Concejo de Sogamoso, ella refirió expresamente que el concejal afectado por la denuncia pública podía acudir al mismo medio de comunicación y presentar sus consideraciones, eso en aras de garantizar el equilibrio informativo y la buena fe del medio de comunicación.
Fecolper intentó comunicarse con el concejal, pero fue imposible su contacto.
Desde la Federación Colombiana de Periodistas hacemos un llamado a los jueces de la república que adelanten los procesos judiciales contra periodistas respetando el debido proceso y teniendo en cuenta, siempre, que el periodismo es derecho constitucional y un oficio con protección especial del estado como se establece en los artículos 20 y 73 de la Carta Magna de los colombianos.
Es igualmente pertinente reiterarles a los colegas periodistas, nuestro compromiso con la verdad y responsabilidad periodística.
