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6 periodistas amenazados en el sur de Colombia

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Siguen las amenazas contra periodistas colombianos, en las últimas horas 6 comunicadores (5) en Putumayo y (1) en Caquetá recibieron amenazas de muerte a través de panfletos aparentemente de grupos alzados en armas.

El primer caso se registró en el departamento de Putumayo, en donde se amenazó de muerte a 5 periodistas, 4 de ellos, de la ciudad de Mocoa (Luis Eduardo Alegrías, Germán Arenas, Dubán García, Jairo Figueroa) y uno del municipio de Puerto Asís (Julian Andrade). En el panfleto, presuntamente de autoría de las disidencias del frente 32 de las Farc, se señala a los periodistas de ser colaboradores del actual gobierno departamental y se les declara objetivo militar.

Junto al pasquín que fue dejado en la residencia de uno de los colegas amenazados, en la capital del Putumayo, se encontraron 2 proyectiles de arma de largo alcance.

El otro hecho se registró en zona rural del municipio de Montañitas en el departamento del Caquetá, allí fue amenazado el periodista César Augusto Useche Losada, su nombre apareció en un panfleto firmado aparentemente por integrantes del grupo armado ilegal ‘Águilas Negras’, en el que se le insulta con términos desobligantes y le dan 48 horas para que salga de la región o de lo contrario sería asesinado.

El colega recientemente había laborado de manera temporal con el periódico El Extra de esta región del país y en la actualidad colaboraba con varios medios de comunicación de los departamentos del Huila y Caquetá.

Desde la Corporación de Periodistas del Putumayo -Corpep-, la Corporación de Periodistas del Huila – Corpehuila- y la Federación Colombiana de Periodistas Fecolper, rechazamos estos nuevos hechos que atentan contra la libertad de prensa y la libertad de expresión y hacemos un llamado a las autoridades para que le brinden todas las condiciones de seguridad a los periodistas y sus familias, además es urgente que se adelanten las investigaciones para identificar y judicializar a los responsables de estas amenazas de muerte.

Repudio por perfilamiento, espionaje y vigilancia a periodistas por parte del Ejército de Colombia

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La Federación Colombiana de Periodistas, rechaza y repudia los graves actos de espionaje contra 130 personas, entre las cuales se ha perfilado y vigilado a periodistas que han investigado temas como falsos positivos, conflicto armado, y, otros, que han registrado información sobre construcción de paz en el país.

En la más reciente edición de la revista Semana, se informó sobre persecuciones e interceptaciones ilegales por parte de la inteligencia militar del Ejército, de las que habrían sido víctimas periodistas colombianos de medios de comunicación como Noticias Uno, Caracol Televisión, El Tiempo, RCN radio, y periodistas freelance como Federico Ríos, Andrés Cardona, Christian Escobar Mora, Nicolás Bedoya, Juan Forero, Ernesto Mercado,  entre otros, igualmente el también corresponsal Stephen Ferry

Los militares recaudaron de los interceptados, números telefónicos, dirección de sus residencias y oficinas, correos electrónicos, vehículos, el lugar en donde vota y hasta infracciones de tránsitos y más datos propios de la intimidad como personas. De acuerdo a la información publicada por la revista Semana estas acciones violatorias de los derechos a la intimidad y a la libertad de expresión se hicieron entre el mes de febrero y diciembre del año anterior.

La Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper, se une a las voces de rechazo por estas nuevas interceptaciones ilegales  y  exige  a las autoridades competentes y al gobierno nacional que se adelanten las investigaciones pertinentes para esclarecer estos hechos y establecer responsabilidades de esta conducta violatoria de los derechos constitucionales y de los derechos humanos.

“Los periodistas solicitamos que las autoridades nos brinden las condiciones para un ejercicio libre y digno, es entonces inadmisible que el mismo estado nos persiga y viole nuestros derechos como personas y como periodistas Necesitamos que una vez identificados y sancionados los responsables de estas acciones se nos den garantías de que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar, este es un hecho que ha sido reiterativo en nuestro país, por parte de diferentes organismos de seguridad del estado”, aseguró Jorge Velásquez, vicepresidente de Fecolper.

ES | EN. COLOMBIA: Imponen a periodistas condiciones laborales igual o más lesivas que la pandemia Covid-19

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  • Seis empresas que representan 18 medios de comunicación en el país, fueron denunciadas ante el Ministerio de Trabajo por prácticas con ocasión del Covid-19 que vulneran derechos de los trabajadores.
  • Gobierno de Colombia debe materializar de manera contundente el mecanismo  de “Fiscalización laboral rigurosa a las decisiones laborales de empleadores durante la emergencia sanitaria”, contemplado en la Circular 022 del 19 de marzo de 2020, del Ministerio del Trabajo.

La FECOLPER  y la Federación Internacional de Periodistas, rechazan y repudian prácticas de algunos empleadores  en Colombia que desmeritan los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras del sector de medios de comunicación, violando la normativa nacional y desconociendo los tratados ratificados por el país, en detrimento del empleo de periodistas y del derecho a la información como un servicio público esencial.

La Plataforma de Atención a Periodistas de FECOLPER, en su campaña para detectar posibles abusos laborales, revisó contratos de trabajo, recolectó evidencias documentales y las analizó según el ordenamiento jurídico vigente, detectando en materia laboral las siguientes irregularidades con ocasión del COVID-19:

1. La imposición de licencias no remuneradas de manera unilateral, con coacción o bajo condicionamientos de empleadores. Se advierte que las licencias no remuneradas son una alternativa ante la emergencia sanitaria por COVID-19, pero el trabajador necesariamente debe manifestar su voluntad libre, espontánea y sin apremios para tomarla. La Fecolper evidenció que algunos empleadores obligaron a trabajadores a firmar este tipo de licencias, otros amenazaron con no pagar el salario de sus trabajadores si no las firmaban, siendo esto prácticas ilegales.

2. La modificación de la jornada laboral con una disminución en un valor o en un porcentaje del salario del trabajador, exigiendo la misma cantidad de trabajo o incluso, una mayor.

3. La sobrecarga de trabajo y la asignación de actividades fuera del horario habitual del trabajador. Según el derecho laboral colombiano, el empleador debe respetar el volumen y horario del trabajador que está en teletrabajo o trabajo en casa, es decir, estas condiciones deben ser similares a las que tenía el periodista cuando realizaba sus actividades de manera presencial en el medio de comunicación.

4. La disminución del salario del trabajador en la modalidad de teletrabajo, exigiendo la realización de las mismas labores y el mismo rendimiento.

5. La suspensión de los contratos de trabajo argumentando configuración de fuerza mayor o caso fortuito sin dar aviso al Ministerio de Trabajo y sin analizar otras alternativas más favorables al trabajador que le permitan seguir ejecutando la labor periodística en medio de la pandemia. Se observó que algunos empleadores afirmaron que era “imposible” que los periodistas realizaran sus actividades, sin embargo, el único funcionario que puede resolver si se configura o no la situación de caso fortuito o fuerza mayor es el juez laboral.

6. El aprovechamiento injustificado de la coyuntura para realizar despidos y terminar unilateralmente contratos de trabajo directos y de trabajadores en misión, desconociendo todos los derechos y beneficios otorgados por la legislación laboral.

7. El despido individual y masivo de trabajadores sin ningún tipo de indemnización. No obstante, en Colombia, el COVID-19 no ha sido declarado como fuerza mayor ni como una situación que permita despedir a los trabajadores con justa causa.

8. La ausencia de condiciones óptimas de salubridad y de medidas para la prevención y mitigación del virus en las instalaciones de los medios de comunicación, exigiendo a los periodistas comprar con sus propios recursos los elementos de higiene y bioseguridad para la protección personal.

9. La exigencia de cubrir noticias respecto del COVID-19 y otra información de interés público que implica el desplazamiento de periodistas por las ciudades y municipios, sin proporcionarles herramientas como tapabocas, alcohol, gel antibacterial, material instrumental y para el cuidado de los equipos necesarios en el desarrollo de servicios de reportería.

10. La imposición de funciones y obligaciones posteriores a las firmadas inicialmente en órdenes de prestación de servicios con contratistas (Periodistas), las cuales desbordan el ámbito de lo pactado. Si bien los contratos de prestación de servicios en Colombia se rigen por la legislación civil, el contratante debe respetar las clausulas pactadas y las condiciones establecidas de común acuerdo.

Para la FECOLPER y la FIP, todas las prácticas descritas anteriormente y que han sido aplicadas por algunos empleadores durante el periodo de emergencia nacional, son letales para los periodistas y demás trabajadores del sector.  Resulta sorprendente que a la fecha de este pronunciamiento solo se esté atendiendo una  denuncia del total de instauradas, lo que manifiesta la poca celeridad del sistema de fiscalización en Colombia, mientras que, lamentablemente, los derechos de los trabajadores siguen siendo vulnerados.

MANIFIESTO

En representación de los trabajadores y las trabajadoras del sector de medios de comunicación, las organizaciones:

  • Expresan que la reducción de la publicidad es una realidad que afronta el sector, pero, de ninguna forma, la solución puede focalizarse en medidas que afecten los derechos laborales protegidos por el ordenamiento jurídico. Resulta inadmisible que muchas empresas se escuden en la indiscutible baja de sus ingresos, por la reducción o ausencia de publicidad, para vulnerar las condiciones de los trabajadores de los medios nacionales y regionales.
  • Instan a los empleadores de periodistas y de otros trabajadores del sector, a abstenerse de incurrir en prácticas lesivas que pueden llegar a generar significativas sanciones pecuniarias, agravando la difícil situación económica que atraviesan la mayoría de medios de comunicación.
  • Advierten que de persistir una situación como la descrita, los daños para el empleo y la actividad periodística serán irreversibles. En circunstancias tan impredecibles como las que actualmente se afrontan, el empleador debe abstenerse de realizar prácticas abusivas y de tomar decisiones arbitrarias, porque en estos momentos de dificultad es donde con mayor razón debe mantener la solidaridad y el respeto con todos sus trabajadores y sus respectivas familias, que son la fuerza laboral que impulsa el desarrollo de sus medios de comunicación.
  • Recuerdan que el derecho a la información es un servicio público esencial, y, la realización de actividades periodísticas y de divulgación de información, puede desarrollarse a través de canales digitales, que no desmeriten en ningún momento las prerrogativas con que cuenta el trabajador en vigencia de la relación laboral.
  • Aseguran que a la realidad del empleo formal, se suma la crítica situación de los trabajadores independientes que no cuentan con los recursos suficientes para seguir asumiendo el pago de sus aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y mantener especialmente la cobertura en salud en estos tiempos de crisis.
  • Exigen que todos los empleadores de empresas públicas y privadas tomen las medidas pertinentes y promuevan el ejercicio periodístico, protegiendo a todos sus trabajadores mediante la conservación del empleo y la adopción de medidas de precaución, ya que se trata de una actividad de alto riesgo y con mayor exposición al virus, tal como ha sido  advertido por el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo.
  • Valoran las denuncias que de manera confidencial, anónima y reiterativa, aportaron periodistas de todo el país y que confiaron en la Federación Colombiana de Periodistas  para denunciar graves actuaciones por parte de sus empleadores, en detrimento de sus derechos laborales.
  • Se comprometen a hacer seguimiento a las denuncias presentadas, así como también a revelar los resultados de la investigación que mide las condiciones de trabajo decente de periodistas en Colombia, bajo los cuatro objetivos estratégicos que lo componen: oportunidades de empleo, derechos fundamentales en el trabajo, protección social y diálogo social.

— ENGLISH—

COLOMBIA: Journalists are imposed working conditions equal to or more harmful than the Covid-19 pandemic

  • Six companies representing 18 media outlets in the country were reported to the Ministry of Labor for practices on the sidelines of Covid-19 for a breach on workers’ rights.
  • The Government of Colombia must cogently materialize the mechanism of “Rigorous labor inspection of employers’ labor decisions during the health emergency”, contemplated in Circular 022 of March 19, 2020, of the Ministry of Labor.

FECOLPER and the International Federation of Journalists reject and repudiate practices performed by some employers in Colombia which downplay the labor rights of workers in the media sector, breaching national regulations and disregarding the treaties ratified by the country, in detriment to the employment of journalists and the right to information as an essential public service.

The FECOLPER Platform for Attention to Journalists, in its campaign to detect possible labor abuses, reviewed employment contracts, collected documentary evidence and analyzed them according to the current legal system, detecting the following irregularities in labor matters on the occasion of COVID-19:

1. The imposition of unpaid licenses unilaterally, with coercion or under constraints of employers. It is noted that unpaid leave is an alternative to the health emergency due to COVID-19, but the worker must necessarily express his/her free, spontaneous and without urgency will to take it. Fecolper highlighted that some employers forced workers to sign these types of licenses, others threatened not to pay their workers’ wages if they did not sign them, this being illegal practices.

2. The modification of the working day with a decrease in a value or in a percentage of the worker’s salary, demanding the same amount of work or even a greater amount of it.

3. The overload of work and the assignment of activities outside the usual hours of the worker. According to Colombian labor law, the employer must respect the volume and the schedule of the worker who is teleworking or working at home, meaning, these conditions must be similar to those that the journalist had when he/she carried out his/her activities in person in the media outlet.

4. The decrease of the worker’s salary in the telework modality, while demanding the same tasks and the same performance.

5. The suspension of employment contracts arguing the configuration of force majeure or fortuitous case without giving notice to the Ministry of Labor and without analyzing other alternatives more favorable to the worker that allow him/her to continue executing journalistic work in the midst of the pandemic. It was observed that some employers affirmed that it was “impossible” for journalists to carry out their activities, however, the only official who can decide whether or not the situation can be configured by force majeure or fortuitous case is the labor judge.

6. The unjustified use of the situation to make dismissals and unilaterally terminate direct employment contracts and of workers on mission, disregarding all the rights and benefits granted by labor legislation.

7. The individual and massive dismissal of workers without any type of compensation. However, in Colombia, COVID-19 has not been declared as force majeure or as a situation that allows workers to be dismissed with just cause.

8. The absence of optimal health conditions and of measures for the prevention and mitigation of the virus in the media facilities, requiring journalists to buy with their own resources the hygiene and biosafety elements for personal protection.

9. The requirement to cover news regarding COVID-19 and other information of public interest that involves the movement of journalists through cities and municipalities, without providing them with tools such as face masks, alcohol, antibacterial gel, instrumental and equipment care material necessary in the development of reporting services.

10. The imposition of functions and obligations subsequent to those initially signed in orders for the provision of services with contractors (Journalists), which go beyond the scope of the agreement. While the contracts for the provision of services in Colombia are governed by civil law, the contractor must respect the agreed clauses and the conditions established by common agreement.

For FECOLPER and FIP, all the practices described above and that have been applied by some employers during the period of national emergency, are lethal for journalists and other workers in the sector. It is surprising that, as of the date of this pronouncement, only one complaint from the total number of instants is being talked, which reveals the lack of speed of the inspection system in Colombia, while, unfortunately, the rights of workers continue to be violated.

MANIFIEST

Representing workers in the media sector, the organizations:

  • Express that the reduction of advertising is a reality that the sector faces, but in no way can the solution focus on measures that affect the labor rights protected by the legal system. It is inadmissible that many companies hide behind the indisputable drop in their income, due to the reduction or absence of advertising, to violate the conditions of workers in the national and regional media.
  • Urge employers of journalists and other workers in the sector to refrain from engaging in harmful practices that can lead to significant pecuniary sanctions, aggravating the difficult economic situation experienced by most of the media.
  • Warn that if a situation like the one described persists, the damage to employment and journalistic activity will be irreversible. In circumstances as unpredictable as those currently faced, the employer must refrain from abusive practices and from making arbitrary decisions, because it is in these difficult times when, with greatest reason, solidarity must be maintained and respected with all the workers and their respective families, who are the workforce that drives the development of the media.
  • Remember that the right to the information is an essential public service, and the realization of journalistic activities and the dissemination of information can be carried out through digital channels, which do not at any time downplay the prerogatives that the worker has in force of the employment relationship.
  • Ensure that the reality of formal employment is compounded by the critical situation of independent workers who do not have sufficient resources to continue to assume the payment of their contributions to the Comprehensive Social Security System and especially maintain health coverage in these times of crisis.
  • Demand that all employers of public and private companies take the appropriate measures and promote journalistic practice, protecting all their workers by preserving employment and taking precautionary measures, since it is a high-risk activity and with greater exposure to the virus, as warned by the Attorney General of the Nation and the Ombudsman.
  • Value the complaints that journalists from all over the country made confidentially, anonymously and repeatedly, and that they trusted the Colombian Federation of Journalists to denounce the serious actions taken by their employers, in detriment of their labor rights.
  • Pledge to follow up on the complaints presented, as well as to reveal the results of the investigation that measures the decent work conditions of journalists in Colombia, under the four strategic objectives that comprise it: employment opportunities, fundamental rights in the work, social protection and social dialogue.

Organizaciones de periodistas elevan propuestas al gobierno nacional con relación a la emergencia sanitaria por el COVID-19 para garantizar el derecho a la información

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Gremios de base periodistas que representan en su totalidad a más de 2000 reporteros y trabajadores del sector en Colombia, preocupados por la crisis originada con ocasión de  la pandemia COVID-19, que afecta gravemente a los  medios de comunicación y  periodistas independientes y el pleno ejercicio de su actividad, han elevado al presidente Iván Duque, un  documento con argumentos y fundamentos jurídicos para exigir la atención prioritaria y la implementación de medidas extraordinarias que se materialicen en las siguientes propuestas:

  1. A pesar que en el Decreto 457 de 2020, los servicios de comunicación gozan de libertad para su ejercicio y en el Decreto 464 de 2020, se declararon como servicio público esencial los servicios de radiodifusión sonora, los de televisión y los servicios postales, las mismas normas y/o sus complementarias, no especifican  medidas para el funcionamiento pleno de las actividades propias de radio, televisión, prensa y distribución de los medios de comunicación. Por tanto, es necesario que con urgencia se implementen medidas que permitan el funcionamiento y la operación de los medios de comunicación como garantía al derecho a la información y la libertad de prensa.
  1. Impartir directrices bajo las cuales se exija a las autoridades y funcionarios, que cuentan con información oficial del estado actual de la pandemia, los casos de contagio, los avances en cobertura hospitalaria y servicios de salud, el número de personas fallecidas y cualquier hecho de interés público respecto al COVID-19, la obligación de entregar información completa y facilitar la libertad de prensa estableciendo canales de comunicación más allá de las conferencias virtuales, la publicación de boletines y comunicados institucionales.
  1. Priorizar la financiación de pymes y personas naturales con o sin establecimiento de comercio que se encuentran legalmente constituidas local y regionalmente y registradas formalmente ante las Cámaras de Comercio del país como prestadores de servicios periodísticos, informativos, y/o que comercializan servicios de publicidad para desarrollar actividades  propias de comunicación y periodismo. Estas políticas de financiamiento deben propender a la flexibilización de las condiciones crediticias para que la mayor cantidad de periodistas puedan acceder a ellos.
  1. En virtud de la contingencia, se establezca de los presupuestos la asignación de pauta publicitaria oficial, propaganda gubernamental o avisaje institucional o cualquier otra actividad publicitaria o de comunicación del Estado, contratados en el orden nacional, territorial y/o municipal por cualquiera de las entidades del Poder Público, en sus Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial; Órganos autónomo e independientes; y empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado,  y que se active de manera inmediata un plan específico de contratación que materialice la destinación de tales recursos para financiar a medios de comunicación, principalmente a pequeños y medianos empresarios e independientes. Se debe propender por mecanismos que distribuyan los recursos con criterios de transparencia e idoneidad.
  1. Otorgar beneficiarios tributarios como descuentos o deducciones en impuestos a nivel nacional y territorial para empresas privadas o personas naturales que mantengan o inviertan recursos para publicidad en medios de comunicación.
  1. Facilitar planes respecto de las deudas que están a cargo de los concesionarios del espectro electromagnético, del cual es titular el Estado, y es administrado por el Ministerio de la Información y Comunicaciones, para que se otorguen facilidades de pago, acuerdos de pago, congelamiento de cuotas, periodos de gracia, entre otras medidas.
  1. Imponer la obligación sustancial a los empleadores del sector para extremar las medidas sanitarias mediante la facilitación gratuita y constitutiva de herramientas de trabajo: tapabocas, guantes, alcohol, gel antibacterial y demás material instrumental y de protección en los equipos utilizados por comunicadores y periodistas. Se ha podido evidenciar la exposición real al virus que tienen los periodistas que, en cumplimiento de su función, realizan entrevistas o deben trasladarse a cubrir noticias en medio de la emergencia sanitaria.
  1. Implementar medidas para garantizar el derecho a la seguridad social de los trabajadores del sector que en razón de la pandemia no han podido seguir cotizando al sistema y facilitar un mecanismo ágil para la afiliación al régimen subsidiado de las personas de este grupo de especial protección que actualmente no tienen acceso a servicios de salud.
  1. En armonía con los gobiernos locales y regionales, incluir expresamente a los periodistas vulnerables como beneficiarios de auxilios de alimentación, bonos, kits de aseo, subsidios en el pago de servicios públicos y otros auxilios económicos para garantizar su subsistencia durante la emergencia sanitaria. Esta medida ya estipulada en decretos del Gobierno Nacional, debe extenderse en atención a las condiciones de vida reales de este grupo poblacional y no atendiendo únicamente al estrato socioeconómico.
  1. Priorizar el pago de las indemnizaciones administrativas a los periodistas, trabajadores del sector y familiares de periodistas asesinados que fueron reconocidos a título individual y cuentan con la resolución que acredita la calidad de víctimas del conflicto armado.

Aportes – Fondo de Solidaridad para Periodistas en Colombia

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Fecha de actualización: 7 de abril del 2020 

INGRESOS ……………   Total $890.000

Nombres y Apellidos        Monto/Donación         Fecha 

Juan José Rojas                  $500.000                     26 de marzo del 2020

Azael Carvajal                    $200.000                     3 de abril del 2020

FCP                                   $190.000                     3 de abril del 2020

 

BENEFICIARIOS …….   Total $890.000

(Iniciales nombres y apellidos)  

(1) LERF     Santander  $100.000   3 de abril del 2020

(2) LAMC    Valle          $100.000   3 de abril del 2020

(3) EPP       Risaralda   $115.000   3 de abril del 2020

(4) EAA       Meta         $115.000   3 de abril del 2020

(5) APP       Huila         $115.000   3 de abril del 2020

(6) MAGS    Boyacá      $115.000   3 de abril del 2020

(7) LCQR     Bogotá      $115.000   3 de abril del 2020

(8) RFCS     Cauca        $115.000   3 de abril del 2020

 

 

 

Fondo de Solidaridad Periodistas en Colombia

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Mientras enfrentamos dificultades sin precedentes en la historia mundial, hemos creado una iniciativa privada y sin fines de lucro para apoyar inicialmente a periodistas en Colombia que atraviesan dificultades económicas a raíz de la crisis por la pandemia Covid19.

¿En qué consiste esta iniciativa? Es un fondo creado con los ingresos que se reciban por la venta de 50 camisetas y 25 cachuchas que ha donado la Federación Colombiana de Periodistas.

¿Por qué se crea este fondo? Desde Febrero de este año la Fecolper está realizando un diagnóstico sobre las condiciones de trabajo de periodistas y de 885 personas encuestadas se infiere preliminarmente que:
– El 41.58% reside en vivienda arrendada
– El 37.4% pertenece al estrato socioeconómico 1 y 2
– El 67.23% es cabeza de familia y sostiene su hogar
– El 21,24% recibe por su trabajo mensual menos de 1 salario mínimo
– El 28% no está afiliado al régimen contributivo de salud
Estas cifras prenden las alarmas sobre la cantidad de periodistas que estarían pasando adversidades y hacen que pensemos gremialmente para brindar un apoyo solidario que contribuya en algo para superar sus necesidades.

¿Cómo apoyar? Cualquier persona, sea o no periodista puede comprar las camisetas y cachuchas. La adquisición de estas prendas le identifican como una persona solidaria. No es válido para ejercer como periodista ni acreditar afiliación a Fecolper.

¿Qué opciones comerciales puedo adquirir?
Camiseta + Cachucha COP $250.000 / USD 80
Camiseta COP $180.000 / USD 60
Cachucha COP $70.000 / USD 25
* Valores incrementados para suplir producción y envío. Todo el dinero que ingrese se destina 100% al fondo.

¿Es posible apoyar sin adquirir estas prendas? Sí. El aporte económico que pueda realizar es importante para financiar esta iniciativa y puede ser según sus propias posibilidades. 

¿Cómo puedo hacer para realizar mi aporte?
– Transferencias a cuenta Corriente BBVA 418015376 a nombre de Federación Colombiana de Periodistas
Datos para transferencias internacionales. Nombre de la cuenta: Federación Colombiana de Periodistas Número de cuenta: 0013 0418 000100015376 Nombre del banco: BBVA COLOMBIA Dirección del banco: Avenida Calle 81 # 62-14 Código bancario: 13 Swift code: GEROCOBB
– Giros por Rapidísimo, Efecty, Western Union, a Adriana Hurtado (Presidenta Fecolper). Documento de identidad 40.187.411

Por favor cuando realice el aporte envíe una notificación a contacto@fecolper.com.co y/o al móvil 3103345050

¿Qué políticas de transparencia maneja este fondo? Publicaremos cada ingreso que se reciba, y también difundiremos los(as) beneficiarios(as) de los apoyos solidarios y las fechas de las transacciones (Consulte aquí). Sin embargo, en aras de la confidencialidad, cuando se solicite que así sea, se publicarán las iniciales de nombres y apellidos.

¿Quiénes pueden aplicar a este fondo? Periodistas en Colombia en ejercicio afiliadas o no a Fecolper, que tengan dificultades económicas y no reciban otro tipo de ingresos fijos.

¿Cómo realizo la solicitud?  Debe enviar su postulación ingresando a  https://forms.gle/3WC3tVAEUXHvzXM29 . El monto de la ayuda solidaria por una única vez por persona, es desde COP 100.000 hasta COP 150.000.

¿Todas las personas que apliquen van a ser beneficiarias?
Lamentablemente no. La aplicación a través del formulario no implica aprobación.
Entregaremos los recursos de acuerdo a los ingresos que se reciban. No contamos con otras líneas de ayuda económica que nos permita hacer una mayor y mejor cobertura.

Los valores que ingresen al fondo serán administrados directamente por la presidencia nacional de la Fecolper, quien además hará el proceso de verificación de datos y priorizará madres o padres cabeza de hogar, adultos mayores, colegas con enfermedades graves, y aquellas personas cuyo único ingreso sea la venta de publicidad y/o presentación de eventos.

 #PonteLaCamiseta Piezas promocionales de la campaña. Por favor ayúdanos a compartir

 

Secretario de Comunicaciones del Meta amenaza y revictimiza a periodista

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Posterior a los hechos denunciados por Yessica Salgado, periodista del Periódico del Meta, en donde se le obstruye su ejercicio profesional durante una rueda de prensa con el gobernador del Meta, (ver aquí)  se conoció grabación donde el secretario de comunicaciones, recrimina  y amenaza a la reportera.

Aunque el secretario, Diego Garay, emitió un pronunciamiento público dirigido a Fecolper y a la Asopemet, asegurando que la periodista “sí realizó el ejercicio normal de su labor, tal y como lo evidencia el video que registró su intervención”   y agregó “Mi diálogo con Yessica Salgado se orientó única y exclusivamente a invitarla a la reflexión sobre los protocolos debidamente establecidos”, tanto la Asopemet como la Fecolper, en su ejercicio periodístico de documentación, han encontrado información que contradice las versiones de Garay.

En audio revelado a la Asociación de Comunicadores Sociales del Meta y la Federación Colombiana de Periodistas, el secretario le recrimina la pregunta relacionada con la renuncia del secretario de gobierno, pretende orientar qué y cómo se puede preguntar y además manifiesta que le pareció la pregunta un “Mandado”. Finaliza amenazándola «De mi parte, yo no te vuelvo a dar la palabra porque sé que vas a preguntar algo diferente al tema de la rueda de prensa». 

Adicionalmente, en un video completo de la rueda de prensa (Ver aquí), se escucha como la comunicadora durante dos oportunidades intenta formular su pregunta, en contraste de quienes lograron intervenir hasta con tres interrogantes.  En entrevista en un medio de comunicación local, el periodista José Iván Aguilar, confirmó que presenció la obstrucción a Yessica Salgado y que es testigo de que a la reportera le quitaron el micrófono cuando lo tenía en la mano.

La Red de Género de la Federación Colombiana de Periodistas (1)  y la Asociación de Periodistas y Comunicadores del Meta:

  • Condenan la obstrucción al ejercicio periodístico en la rueda de prensa de la Gobernación del Meta que sufrió la periodista Yessica Salgado, que además se suma a una posible restricción por su condición de ser mujer y joven.(2)
  • Rechazan la revictimización realizada a través de documento público firmado por el secretario de comunicaciones del Meta, en donde asegura que su diálogo se orientó a invitarla a la reflexión, cosa distinta a lo escuchado en el audio donde la recrimina y con su manifestación de que la reportera estaría haciendo “Un mandado”, insinúa -posiblemente-  que no es capaz de desarrollar sola su ejercicio profesional.
  • Lamentan que el secretario de comunicaciones, al ser consultado por estas organizaciones sobre lo sucedido inicialmente, se haya limitado a ofrecer excusas y a entregar información recortada y parcializada a sus intereses.
  • Advierten de la limitación para acceder a información de interés público por parte del secretario de comunicaciones del Meta; reiteran a Diego Garay la solicitud escrita y expresa de difundir los protocolos o conductos para el cubrimiento de asuntos referidos a la Gobernación del Meta.
  • Exigen al gobernador del Meta y nuevo presidente de la Federación Colombiana de Departamentos, Juan Guillermo Zuluaga, y a la secretaria de la mujer y equidad de género del Meta, Yenny Montaña, pronunciarse públicamente sobre las actuaciones del secretario de comunicaciones del Meta.
  • Solicitan a la Procuraduría General de la Nación investigar a Diego Garay, por las actuaciones denunciadas en este pronunciamiento en su calidad de funcionario público adscrito a la Gobernación del Meta, así como a hacer vigilancia a la amenaza que advierte restricción a la labor de la periodista en próximas ruedas de prensa.

(1) La Red de Género de la Fecolper, nació en el año 2011 en la ciudad de Villavicencio (Meta), con la participación de 71 periodistas de Colombia. Trabaja  monitoreando la situación de violencia de género en los lugares de trabajo del ejercicio periodístico, lucha por la igualdad en las salas de redacción y una información con perspectiva de género.

(2) Al respecto, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres, a través del informe “Mujeres periodistas y libertad de expresión”, señala que las comunicadoras son doblemente propensas a ser víctimas de violencia, por ejercer la libertad de expresión y por su género. Mujeres periodistas y Libertad de Expresión. CIDH – Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y sobre los derechos de las mujeres. 2017

Obstrucción al trabajo periodístico e intimidación del secretario de prensa de la Gobernación del Meta

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La periodista de Periódico del Meta, Yessica Andrea Salgado Ahumada, afiliada a la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales del Meta (Asopemet) e integrante de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), fue víctima de obstrucción al trabajo periodístico por el personal de la Secretaría de Información y Prensa de la Gobernación del Meta, el viernes 7 de febrero durante la rueda de prensa convocada por el gobernador de los metenses, Juan Guillermo Zuluaga Cardona.

Al momento del turno para preguntar, le quitaron el micrófono impidiendo la realización de su labor para el medio de comunicación donde trabaja.

Salgado Ahumada a pesar de la dificultad, con valentía planteó en la rueda de prensa el interrogante al mandatario sobre ¿Qué iba a pasar con el secretario de Gobierno, Víctor Manuel Bravo?, refiriéndose a la sentencia de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, que le canceló la tarjeta profesional y le prohibió ejercer la abogacía.

Minutos después de terminada la rueda de prensa, Yessica Andrea, recibió la llamada del secretario de Información y Prensa de la Gobernación del Meta, Diego Jhoalberth Garay Restrepo, donde le recriminó y cuestionó su trabajo periodístico.

La asociada de la Asopemet al ser consultada sobre los hechos, manifestó que no le dieron la palabra en la rueda de prensa; cuando le correspondía el turno y tenía el micrófono en sus manos, un integrante de la oficina se lo quitó; al preguntar la razón, le dicen que es orden de Diego Garay.

Agregó: “El secretario luego me llama dos veces a mi celular, después de la rueda de prensa, y me recrimina que si no me habían enseñado en la universidad que ese tipo de preguntas no se hacen, que ese no era el espacio para ese tipo de preguntas, si era que estaba haciendo un mandado a alguien y que no me iban a volver a dejar preguntar en las ruedas de prensa”.

Consultado por la Asopemet, el secretario de prensa dijo que ya ofreció disculpas a la comunicadora, pero consideramos que lo ocurrido ha sido una clara violación contra la libertad de prensa, al querer generarse la obstrucción al trabajo periodístico, e igualmente al hacerse el ataque verbal cuyo fin era impedir el cubrimiento de la información.

El gobernador así como cualquier otro funcionario público, están sujetos al mayor escrutinio de la sociedad, y mucho más al ser actos de gobierno.

La Asopemet y la Fecolper invitan a las diferentes instituciones, ya sean privadas, y sobre todo las públicas, a que respeten el trabajo y la independencia periodística para que no se vulneren los derechos de los comunicadores, y por ende el derecho de la sociedad a conocer la verdad.

Así mismo a que se eviten y no se repitan estas obstrucciones, intimidaciones y acciones verbales, como las vividas por la colega y asociada de nuestra agremiación.

Periodismo y fronteras en Colombia: las lineas visibles de la censura

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En Colombia la debilidad institucional en las zonas de frontera se evidencia con la presencia de actores ilegales organizados y delincuencia común que vulneran los derechos de la población. 

Luego de la implementación del proceso de paz con las FARC, la violencia tuvo un nuevo reordenamiento, con base en una disputa de territorios para el control de narcotráfico, minería ilegal y corrupción, afectando como siempre el derecho de expresión y de la información.

Durante el 2019, tres periodistas fueron asesinados, dos de ellos en municipios de Nariño y uno en Arauca, asimismo se presentaron unas 50 amenazas en zona de frontera, entre esas 12 iban dirigidas a comunicadores.

¿Qué pasa en las fronteras colombianas? Es la pregunta que se hacen las organizaciones de derechos humanos y algunas autoridades. En las regiones oriental y sur del país se recrudeció la violencia, tan así que Nariño fue el tercer departamento con mayor número de homicidios en 2018, según el Instituto de Medicina Legal.

En los departamentos de Norte de Santander, La Guajira, Nariño, Arauca y Putumayo se evidencia casi la nula relación entre la existencia de medios y el libre ejercicio periodístico, ya que el conflicto social se traduce en amenazas y violencia física; precariedad laboral para el gremio, quienes devengan su sustento económico de la venta de cupos publicitarios; presión política, falta de transparencia estatal con poca información pública, como también estigmatizaciones y presiones, cada vez mayores, de algunos sectores de la ciudadanía, la cual inmersa en la polarización política, en algunos casos ha agredido física y verbalmente a periodistas, especialmente en el cubrimiento de la movilización social. 

La Federación Colombiana de Periodistas da a conocer, en las voces de las y los periodistas, la situación en las zonas fronterizas del país, este especial hace parte de Verdades a Medias, el informe sobre las afectaciones a la libertad de prensa en Colombia durante el año 2019 es elaborado por la Fecolper. (Ver video aquí)

Términos y Condiciones rifa Fecolper

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La Federación Colombiana de Periodistas sorteará entre las personas que diligencien la encuesta sobre condiciones laborales de periodistas, un viaje que incluye tiquetes aéreos  ida y regreso a San Andres para dos personas.

  • La encuesta es únicamente dirigida a periodistas en Colombia, no aplica para otros trabajadores de medios.
  •  En caso en que no se encuentre ejerciendo como periodista en el país, puede responder la encuesta con base en su última experiencia laboral en este campo (*Solo si fue en Colombia).
  • La Fecolper hará verificación de posibles hechos fraudulentos en el diligenciamiento de encuestas (por ejemplo, suplantación de identidades, responder más de una encuesta , o respuestas de personas que no son periodistas o han trabajado en esta actividad en Colombia). En caso de comprobarse, los formularios serán eliminados y el número enviado para el sorteo no será válido.
  • El sorteo del viaje se realizará en vivo, a través de las redes sociales de la Fecolper, el 3 de mayo del 2020.
  • El ganador o ganadora de los dos tiquetes será seleccionado(a) al azar, según número que asigna el sistema y que son enviados a través del correo electrónico que se registre en el formulario.
  • Los tiquetes deberán utilizarse en temporada baja y durante el año 2020, de lo contrario, se perderán. La Fecolper no se hace responsable de otros gastos que ocasione el viaje, ni responde por multas o pérdidas de vuelos. 
  • Los trayectos que se ofrecen son desde una ciudad en Colombia que tenga vuelo directo por la aerolínea Avianca a San Andres e igual retorno desde isla. No se cubren buses intermunicipales para llegada a los aeropuertos. 
  • Esta rifa solo es realizada por la FECOLPER, y no compromete en ningún sentido a nuestros aliados o pares.
  • Fecha de cierre de encuesta: 5 de abril del 2020.

Ir a la encuesta 

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