Inicio Blog Página 85

Agresiones de la fuerza pública contra periodistas de Noticias Uno denuncia la Asociación de Periodistas de Antioquia, afiliada a FECOLPER

0
Foto: google images

El corresponsal del noticiero de televisión Noticias Uno y ex presidente de la APA, Fernando Cifuentes, y el camarógrafo, Heddy Banoy, fueron objeto de dos agresiones  por parte de agentes del escuadrón antimotines de la Policía, ESMAD, en momentos en que

Al respecto se pronunció el Presidente de la Federación Colombiana de Periodistas y Director del Centro de Solidaridad de la FIP, Eduardo Márquez: “Nos unimos a la exigencia de respeto hacia los periodistas, hecho por nuestra organización afiliada en Antioquia. Estos ataques, que buscan impedir el registro y difusión de capturas o golpizas contra detenidos, son, desgraciadamente, recurrentes en todo el país y hay que ponerles fin”.

Finalmente, Márquez explicó: “Para crear un clima de entendimiento entre quienes informamos a la sociedad y quienes están encargados de protegerla, con la cúpula de la Policía Nacional, hemos acordado una serie de encuentros entre periodistas y policías, para que hablemos con absoluta franqueza y establezcamos los derechos y límites de cada una de la partes durante eventos de orden público o judiciales”.

A continuación el comunicado expedido por la Asociación de Periodistas de Antioquia, APA:

Dos hechos sucedidos el pasado fin de semana dan cuenta de atropellos de miembros de la fuerza pública contra periodistas, impidiendo así el libre ejercicio de informar. La Asociación de Periodistas de Antioquia –APA-, se pronuncia contra estas situaciones y  hace un llamado a la fuerza pública para que permita el libre ejercicio del oficio y el cubrimiento de  los diferentes temas noticiosos.

El primer caso se presentó en el cubrimiento de la marcha realizada por los centrales de trabajadores el 1º de mayo, Día Internacional del Trabajo. El camarógrafo EDDY BANOY PATIÑO quien labora para el noticiero de televisión Noticias Uno, no pudo realizar imágenes de una persona detenida porque un integrante del Escuadrón antimotines de la Policía –ESMAD- le tapó el lente de la cámara y lo empujó.

El otro caso, ocurrió el domingo 4 de mayo en inmediaciones del estadio Atanasio Girardot, cuando se presentaron disturbios y los medios de comunicación quisieron hacer el registro respectivo, el periodista FERNANDO CIFUENTES HIGUITA fue atropellado e insultado. Aunque posteriormente se recibieron disculpas por parte del Coronel Alejandro Bustamante, quien estaba a cargo del operativo regular de vigilancia del estadio.

APA hace un llamado a las autoridades para que atiendan de manera oportuna los reclamos y denuncias de los comunicadores, periodistas, camarógrafos, fotógrafos y demás trabajadores de los medios de comunicación.

La Junta Directiva de APA, Asociación de Periodistas de Antioquia se ha reunido en diferentes ocasiones con comandantes de la fuerza pública y autoridades locales para solicitar apoyo y respeto al oficio. Nuevamente APA reitera este llamado.  Nuestro trabajo está centrado en la información veraz y directa de los hechos, pero esto solo será posible si se cuenta con la libertad para hacerlo.

FECOLPER apoya proyecto de ley para eliminar prisión por delitos de injuria y calumnia

0

Un proyecto de ley que permitiría eliminar la prisión como castigo por los delitos de injuria y calumnia, conocidos como “delitos de prensa”, así como una disminución en las multas, acordes con el Código Penal, fue radicado en el Congreso de la República por el Representante Roy Barreras, el pasado martes 2 de septiembre.

Durante la redacción del proyecto de ley, cuyo primer debate se dará en la Comisión I –Constitucional- de la Cámara de Representantes, la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, y el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, Ceso-FIP, presentaron sus observaciones, aportaron jurisprudencia nacional e internacional sobre el tema, además de los conceptos de la exitosa campaña mundial que adelanta la Federación Internacional de Periodistas por la despenalización de los delitos de prensa.

El Artículo 1º del proyecto quedó de la siguiente manera: “El objeto de la presente ley, es derogar las sanciones penales consistentes en pena privativa de la libertad para los delitos de injuria y calumnia, estableciendo como pena principal para estos delitos la sanción pecuniaria de multa, articulando así los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la pena frente al bien jurídico tutelado y atendiendo las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Europea de Derechos Humanos, que buscan nivelar el derecho a la libre expresión con el derecho a la honra contenido en la garantía constitucional y por demás fundamental de la dignidad humana”.

En el Código Penal, la calumnia tiene una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 13.33 a 1.500 salarios mínimos legales, mensuales vigentes, esto es: desde $6’151.795 hasta $692’250.00. Para el delito de injuria, la multa es la misma, pero tiene pena de uno 1 a 3 años.

De aprobarse el proyecto de ley radicado, además de eliminar la pena de prisión, la multa se determinará según lo establecido en el artículo 39 del Código Penal: la pena se gradúa de acuerdo a los ingresos promedio percibidos por el responsable del delito, durante el último año, y su cuantía la determina el juez, teniendo en cuenta el daño causado, la intensidad de la culpabilidad, la situación económica del condenado y otras circunstancias que indiquen su posibilidad de pago.

“Para FECOLPER y Ceso-FIP, el proyecto de ley radicado por el Representante Barreras, es el primer peldaño hacia la despenalización total de los llamados delitos de prensa, como ha sucedido en la mayoría de Estados democráticos”, declaró Eduardo Márquez, Presidente y Director de las dos organizaciones gremiales. “Lo que ofrecemos a la sociedad, como organización nacional, es un serio trabajo de autorregulación a través de los Comités de Ética de nuestras 24 organizaciones afiliadas, y con la puesta en funcionamiento de nuestro Comité Nacional, como segunda instancia. De esta manera, serán atendidos los reclamos de ciudadanos que consideren sus derechos violados por una información emitida”.

Márquez destacó, además, que de convertirse en ley, el proyecto le dará un duro golpe a la práctica del llamado “acoso judicial”, pues los periodistas ya no tendrán el temor de la prisión al realizar denuncias que afectan intereses de individuos o grupos de poder.

Finalmente, el dirigente de FECOLPER hizo un llamado a todos sus afiliados, para que realicen un trabajo de análisis con los congresistas oriundos de los 19 departamentos donde la organización tiene presencia, para que el proyecto de ley tenga un carácter político pluripartidista y ciudadano.

PROYECTO DE LEY 2008 CAMARA
“Por medio de la cual se modifican y derogan algunos artículos de la ley 599 de 2000, contenidos en el capítulo único del título V del código penal, de los delitos de injuria y calumnia.”

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
DECRETA

Artículo 1º. El objeto de la presente ley, es derogar las sanciones penales consistentes en pena privativa de la libertad para los delitos de injuria y calumnia, estableciendo como pena principal para estos delitos la sanción pecuniaria de multa, articulando así los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la pena frente al bien jurídico tutelado y atendiendo las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Europea de Derechos Humanos, que buscan nivelar el derecho a la libre expresión con el derecho a la honra contenido en la garantía constitucional y por demás fundamental de la dignidad humana.

Artículo 2º. El artículo 220 de la ley 599 de 2000 por la cual se expide el Código Penal, quedará así:
ARTICULO 220. INJURIA. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente: El que de manera deliberada e intencional haga a otra persona imputaciones deshonrosas, con el ánimo de dañar o menoscabar su patrimonio moral o dignidad, incurrirá en multa.

Artículo 3º. El artículo 221 de la ley 599 de 2000 quedará así:
ARTICULO 221. CALUMNIA. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente: El que impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en multa.

Artículo 4º. Deróguese el artículo 222 de la ley 599 de 2000.

Artículo 5º. El artículo 226 de la ley 599 de 2000, quedará así:
ARTICULO 226. INJURIA POR VIAS DE HECHO. En la misma pena prevista en el artículo 220 incurrirá el que por vías de hecho, agravie o atente contra el honor de otra persona.

Artículo 6º. El artículo 227 de la ley 599 de 2000, quedará así:
ARTICULO 227. INJURIAS O CALUMNIAS RECIPROCAS. Si las imputaciones o agravios a que se refieren los artículos 220, 221 y 226 fueren recíprocas y versaren sobre el mismo hecho, se podrán declarar exentos de responsabilidad a los injuriantes o calumniantes o a cualquiera de ellos.

Artículo 7º. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga aquellas disposiciones que le sean contrarias.

ALERTA: FECOLPER refuta solicitud de investigación de Presidente Uribe contra el periodista Coronell

0
foto tomada de:google images

Por considerarla ilegal e intimidatoria para el gremio periodístico, la Federación Colombiana de Periodistas y el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, refutan la solicitud de investigación contra el periodista Daniel Coronell, hecha por el Presidente Álvaro Uribe, el día de ayer.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Acusación de la Cámara, para responder por el presunto delito de cohecho que, aparentemente, habría garantizado su reelección, el Presidente Uribe pidió enviar copia de la diligencia a la Fiscalía para que se investigue al director de Noticias 1, Daniel Coronell, pues considera delito haber guardado durante cuatro años la entrevista hecha a la ex Congresista Yidis Medina, donde confiesa haber sido sobornada por el Ejecutivo.

“Con esta denuncia, lo que el Presidente exige a los periodistas es que dejemos de ser informadores para convertirnos en informantes”, declaró Eduardo Márquez, presidente de FECOLPER y director de Ceso-FIP. “Por otra parte, en la práctica, está pidiendo que destruyamos un principio fundamental del periodismo: el secreto profesional. Lo que hizo Coronel fue guardar una información, por solicitud de su fuente”.

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado con toda claridad: “El secreto profesional (…) tiene particular relevancia en el campo periodístico, ya que implica la reserva de las fuentes informativas, garantía ésta que, sobre la base de la responsabilidad de los comunicadores, les permite adelantar con mayor eficacia y sin prevención las indagaciones propias de su oficio” (Sentencia No. T-074/95).

En igual sentido se pronunció la Sentencia No. SU-056//95: “Compeler al periodista a revelar la fuente de su información, conduce a limitar el acceso a los hechos noticiosos, porque quien conoce los hechos desea naturalmente permanecer anónimo, cubierto de cualquier represalia en su contra”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Principio No 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, establece: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

Finalmente, el artículo 441 del Código Penal, “Omisión de denuncia de particular”, no contempla el omitir la denuncia del aparente cohecho entre la ex Congresista Medina y el Presidente Uribe, pues hace referencia a otros delitos.

Finalmente Márquez comentó: “Lamentamos que el Presidente haya convertido en normal, atacar a periodistas o medios de comunicación que controvierten sus acciones o las de su gobierno. Esta actitud, se suma a la persecución violenta y al acoso judicial, como un factor adicional que induce a la auto censura en Colombia”.

Periodista William Parra solicita aplazar indagatoria en la llamada Farcpolítica

0
foto: google imagenes

Por medio de escrito presentado por mi defensa el pasado 14 de agosto de 2008, solicité al fiscal de la Unidad de Terrorismo que adelanta el caso en mi contra, que APLAZARA LA DILIGENCIA DE INDAGATORIA para la cual he sido citado.

Esta solicitud la hago porque después de haber leído el expediente y las supuestas pruebas en mi contra, encuentro que

  1. Existen por lo menos seis pruebas anunciadas por la Fiscalía que no aparecen en el proceso, y por lo tanto se desconoce cuál es su contenido, pero no obstante, la Fiscalía sustenta en ellas la apertura de investigación en mi contra y el llamado a indagatoria. Es elemental que en un proceso el imputado pueda conocer todas las pruebas para poder acceder a una defensa verdadera, como es el sentido que se le da a una indagatoria.
  2. Porque debo tener acceso a una copia espejo de los equipos ( Computador,USB, disco duro, etc) de donde supuestamente sacaron las pruebas. En el proceso sólo me fueron puestos a disposición papeles, ello a pesar de que mi defensora solicitó a la Fiscalía aclarara si tenía otros elementos. Así, la ley obliga a la Fiscalía a que me muestre a mí y en general a todos los procesados lo que supuestamente existe en dichos elementos (computador, USB, memorias externas, etc), para poder saber si hay pruebas en mi favor allí y si las que dicen los funcionarios de la Policía Nacional , son las que están.

Ello hace parte del derecho de defensa de cualquier ciudadano y con mayor razón de una persona como yo que ha sido perseguida, entre otros, por los dos últimos directores de la Policía nacional, el general Jorge Daniel Castro, quien quiso obligarme no sólo a revelar el sitio, sino llevarlo al lugar donde había realizado una entrevista al vocero de las FARC, Raúl Reyes, cuya negativa , coincidió curiosamente con un atentado en mi contra, en el cual me propinaron ocho puñaladas delante de mi pequeña hija. Y ahora por el actual director de la Institución general Óscar Naranjo, es decir por el jefe de los que dicen que encontraron pruebas en mí contra.

  1. Como si esto no fuera suficiente, dentro de las supuestas pruebas de cargo existen contradicciones en fechas y contenidos, que pido sean aclaradas antes de la diligencia de indagatoria, mediante el acceso a una copia espejo de los elementos antes mencionados. Así se podrá aclarar en definitiva, qué es lo qué dicen, si dicen algo.

En las condiciones actuales, cómo me podría defender respecto de éstas pruebas, si ni siquiera la propia Fiscalía tiene claridad sobre las fechas o sobre los contenidos ?

Pese a peticiones anteriores aún hoy me veo obligado a exigir una vez más, se permita a mi defensa el acceso, no sólo al expediente, sino a las supuestas pruebas de cargo, para poder adelantar mi defensa en plenas condiciones de transparencia. En resumen, la situación sigue siendo una clara vulneración de mis derechos. Como persona INOCENTE que soy, no renunciaré a mis derechos, ni como persona, ni como procesado, no cejaré en mi empeño de demostrar esa inocencia y estoy dispuesto a cumplir con los llamados de la justicia, siempre y cuando se respeten el debido proceso y el derecho a la defensa.

William Parra.

Periodista William Parra solicita aplazar indagatoria en la llamada Farcpolítica

0
foto: google imagenes.

Por medio de escrito presentado por mi defensa el pasado 14 de agosto de 2008, solicité al fiscal de la Unidad de Terrorismo que adelanta el caso en mi contra, que APLAZARA LA DILIGENCIA DE INDAGATORIA para la cual he sido citado.

Esta solicitud la hago porque después de haber leído el expediente y las supuestas pruebas en mi contra, encuentro que

  1. Existen por lo menos seis pruebas anunciadas por la Fiscalía que no aparecen en el proceso, y por lo tanto se desconoce cuál es su contenido, pero no obstante, la Fiscalía sustenta en ellas la apertura de investigación en mi contra y el llamado a indagatoria. Es elemental que en un proceso el imputado pueda conocer todas las pruebas para poder acceder a una defensa verdadera, como es el sentido que se le da a una indagatoria.
  2. Porque debo tener acceso a una copia espejo de los equipos ( Computador,USB, disco duro, etc) de donde supuestamente sacaron las pruebas. En el proceso sólo me fueron puestos a disposición papeles, ello a pesar de que mi defensora solicitó a la Fiscalía aclarara si tenía otros elementos. Así, la ley obliga a la Fiscalía a que me muestre a mí y en general a todos los procesados lo que supuestamente existe en dichos elementos (computador, USB, memorias externas, etc), para poder saber si hay pruebas en mi favor allí y si las que dicen los funcionarios de la Policía Nacional , son las que están.

Ello hace parte del derecho de defensa de cualquier ciudadano y con mayor razón de una persona como yo que ha sido perseguida, entre otros, por los dos últimos directores de la Policía nacional, el general Jorge Daniel Castro, quien quiso obligarme no sólo a revelar el sitio, sino llevarlo al lugar donde había realizado una entrevista al vocero de las FARC, Raúl Reyes, cuya negativa , coincidió curiosamente con un atentado en mi contra, en el cual me propinaron ocho puñaladas delante de mi pequeña hija. Y ahora por el actual director de la Institución general Óscar Naranjo, es decir por el jefe de los que dicen que encontraron pruebas en mí contra.

  1. Como si esto no fuera suficiente, dentro de las supuestas pruebas de cargo existen contradicciones en fechas y contenidos, que pido sean aclaradas antes de la diligencia de indagatoria, mediante el acceso a una copia espejo de los elementos antes mencionados. Así se podrá aclarar en definitiva, qué es lo qué dicen, si dicen algo.

En las condiciones actuales, cómo me podría defender respecto de éstas pruebas, si ni siquiera la propia Fiscalía tiene claridad sobre las fechas o sobre los contenidos ?

Pese a peticiones anteriores aún hoy me veo obligado a exigir una vez más, se permita a mi defensa el acceso, no sólo al expediente, sino a las supuestas pruebas de cargo, para poder adelantar mi defensa en plenas condiciones de transparencia. En resumen, la situación sigue siendo una clara vulneración de mis derechos. Como persona INOCENTE que soy, no renunciaré a mis derechos, ni como persona, ni como procesado, no cejaré en mi empeño de demostrar esa inocencia y estoy dispuesto a cumplir con los llamados de la justicia, siempre y cuando se respeten el debido proceso y el derecho a la defensa.William Parra.

www.fiscalia.com.co

Alerta FECOLPER: Amenazado periodista en Montería y censurada la prensa en Sincelejo

0
Foto: google images

El colega Jorge Otero Martínez, Director Periodístico del programa Zona Franca TV – canal 2 Nortevisión, fue amenazado esta mañana, en la ciudad de Montería, por William Taboada, ex auditor de un Centro de Atención Médica de Urgencia, CAMU. Entre tanto, en el HospitalUniversitario de Sincelejo, continúa la obstrucción al trabajo de la prensa, mediante una orden de las directivas.

Según explicó el periodista Otero al Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, mientras realizaba una compra en el expendio Frigocarnes, hoy a las 7:50 a.m., William Taobada se le acercó para preguntarle, en tono altanero, el por qué no había seguido realizando notas sobre el CAMU, El Amparo. El ex auditor hacía referencia a denuncias hechas en Zona Franca por presuntos malos manejos de dinero cuando se desempeñaba como auditor de esta Empresa Social del Estado, por lo que el reportero le dijo que el caso ya estaba en manos de los organismos de control.

Inmediatamente, Taboada le respondió: «Usted se metió conmigo hace algunos meses en el programa y le advierto que no lo siga haciendo…». El periodista le respondió a Taboada, que por su condición de empleado público estaba expuesto al escrutinio de la prensa y que dados los resultados de la auditoría realizada por la Alcaldía, era su obligación difundirlos. «Pues tenga cuidado porque le puede ir mal…» dijo Toabada. El colega Otero entonces le preguntó si lo estaba amenazando, a lo que el ex auditor del CAMU  respondió en voz alta: «Tómelo como quiera. Sí, lo estoy haciendo, porque ustedes son unos periodistas baratos”.

Entre tanto, periodistas de la ciudad de Sincelejo han manifestado su inconformidad con una directiva impartida a los vigilantes del Hospital Universitario, por parte del gerente Juan Arana Chacón, y la subgerente logística, Estella Vásquez García, pues exige una autorización especial para el ingreso de reporteros.

El pasado jueves, se le impidió a un periodista de El Meridiano de Sucre, el cubrimiento de un intento de suicidio de una menor. Situación similar enfrentó la colega Edith Guerra, el pasado lunes 11 de agosto, cuando intentó recabar información para una noticia sobre el ataque con arma de fuego contra un mecánico de motos.

Al periodista Pedro Llanos, le negaron el acceso con el mismo argumento, y ante el intento de sacar el permiso, se le informó que la funcionaria encargada del tema no se encontraba. Igual suerte corrió Félix Hernández, corresponsal de Caracol Radio en Sucre.

“Rechazamos, categóricamente, la amenaza contra nuestro colega y afiliado Jorge Otero, y le advertimos al señor Taboada que ya tomamos cartas en el asunto”, declaró Eduardo Márquez, presidente de la Federación Colombiana de Periodistas. Hizo además, un llamado a los miembros de la Asociación Cordobesa de Periodistas, afiliada a FECOLPER, para que rodeen al colega e investiguen todas las actuaciones del ex auditor William Taboada. “Amenazar a un periodista, es agredir no solamente a todo el gremio, sino a la ciudadanía”, concluyó.

Respecto a las restricciones impartidas por las directivas del Hospital Universitario de Sincelejo, el presidente de FECOLPER señaló: “El gerente Arana Chacón y la subgerente logística, Vásquez García, están violando la ley. Restringir el acceso a información de interés público a los medios de comunicación, viola el artículo 20 de la Constitución, pues afecta a la sociedad en general, y vulnera el derecho al trabajo de los periodistas, en particular”. Finalmente, anunció que pondrá el caso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación.

Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER

La FECOLPER representa a más de 1100 periodistas en 19 departamentos del país

Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, Ceso-FIP

La FIP representa a más de 600 mil periodistas en 120 países

Para mayor información, ingrese a: www.fipcolombia.com

CIDH acepta caso de camarógrafo colombiano golpeado por el ejército en 1996

0
FOTO: GOGLE IMAGENES

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH,  admitió el caso de LUIS GONZALO “RICHARD” VÉLEZ RESTREPO y FAMILIA en contra del Estado Colombiano.  El caso es sobre los hechos del 29 de agosto de 1996, cuando Luis Gonzalo Vélez Restrepo, en cumplimiento de su labor periodística y como camarógrafo del noticiero Colombia 12:30, se trasladó al pueblo de Morelia, Departamento de Caquetá, a fin de cubrir las manifestaciones pacíficas de unos campesinos que protestaban contra el intento de erradicar los cultivos de hoja de coca en la zona.

Ese día el periodista filmó las agresiones de miembros del Batallón de Infantería No.36 de la Brigada Duodécima del Ejército Nacional contra campesino de la zona. Vélez Restrepo fue interceptado por soldados de dicho batallón quienes le exigieron entregara la cinta de su cámara, insultándolo y apuntándole con un arma en la cabeza.  Al negarse a entregar la cámara, Vélez fue golpeado con los cañones de los rifles de los soldados, quienes también lo patearon. La cámara se destruyó a causa de los ataques pero el incidente quedó registrado y luego difundido en Colombia y en todo el mundo.

Indican que a causa de las agresiones físicas sufridas, el señor Luis Gonzalo Vélez Restrepo perdió la consciencia luego del ataque y fue llevado de emergencia al Hospital Inmaculada María de Florencia para luego ser trasladado a la Clínica Asistir de Bogotá, donde permaneció dos días y requirió 15 días de convalecencia en su hogar. Sostienen que a causa del ataque sufrió perforación del hígado, sangrado profuso, destrucción de un testículo, rotura de varias costillas y múltiples golpes en el abdomen y las piernas.

Fuente: http://www.cidh.org/annualrep/2008sp/Colombia864-05.sp.htm

FECOLPER lamenta Resolución sobre publicidad expedida por Alcaldía de Cartagena con asesoría de FLIP

0
foto. google imagenes.

Con estupor, los más de 1.150 miembros de la Federación Colombiana de Periodistas recibimos la Resolución expedida por la Alcaldía de Cartagena “Por medio de la cual se dispone la creación de un Comité para la Regulación de la Pauta Publicitaria Oficial en las diferentes dependencias de la Administración Distrital ”, por considerar que lesiona los intereses de los periodistas independientes.

Por lo tanto exponemos a la ciudadanía, las siguientes consideraciones:
1- Que los periodistas nos hemos visto en la obligación de vender publicidad, no por decisión propia, sino porque inescrupulosos empresarios de medios, animados por un anti democrático afán de lucro, burlan las leyes laborales y los pactos internacionales sobre el tema, negándose a pagar salarios.

2- Que en la mayor parte de emisoras y canales de televisión regional, fuera de ciudades como Bogotá o Medellín, los periodistas debemos pagar arriendo al propietario del medio de comunicación para realizar los noticieros, programas informativos o de opinión. Es decir, la mayor parte de los reporteros colombianos pagamos para trabajar y aún así, muchos empresarios controlan las decisiones editoriales, básicamente las relacionadas con el cubrimiento de la fuente política en general y las fuentes oficiales, en particular.

3- Que la mayoría de corresponsales de grandes medios, sean estos nacionales o regionales, no recibimos salarios ni honorarios por nuestro trabajo, sino que se nos paga por nota publicada o emitida. Por lo tanto, nos vemos obligados a trabajar en medios de comunicación regionales, donde debemos vender publicidad.

4- Que el mayor pautante es el Estado y que, con alarmante frecuencia, aplica un perverso sistema mediante el cual nos “premia” si nuestra información responde a los intereses del mandatario municipal o departamental, y nos castiga con el retiro o la negación de publicidad si el cubrimiento noticioso es crítico de sus administraciones.

5- Que en esta situación de desamparo laboral y chantaje por parte de algunos funcionarios públicos, es donde los ciudadanos deben buscar el origen de la baja calidad de la información que con frecuencia es emitida a través de los medios de comunicación.

6- Que además de considerar nuestra manera de percibir ingresos como el principal obstáculo para el ejercicio de un periodismo independiente, veraz y equilibrado, destacamos que representa un flagrante debilitamiento del sistema democrático, pues los ciudadanos están tomando decisiones con base a informaciones no siempre ajustadas a la verdad.

Si bien es cierto, compartimos la filosofía general del Pacto por la Transparencia suscrito por el Distrito de Cartagena, la Vicepresidencia de la República, el Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción y la Fundación Cívica por Cartagena, redactado con la orientación de la Fundación para la Libertad de Prensa, que plantea “La administración se compromete a desarrollar un procedimiento transparente para una distribución eficaz, objetiva, descentralizada y pública de la contratación de pauta publicitaria (…)”, no aceptamos el mecanismo que plantea la Resolución No 0477 del 5 de agosto, para su ejecución, pues desconoce a los periodistas y a sus organizaciones como interlocutor válido al momento distribuir la publicidad.

Al proponer la conformación de un Comité para la Regularización de la Pauta Publicitaria Oficial, conformado por cinco funcionarios de la Alcaldía y un representante consultivo de las Facultades de Comunicación y Periodismo –este último sin derecho a voto-, en la práctica se está legitimando el sistema clientelista de distribución de la publicidad, pues las decisiones quedan exclusivamente en manos de la administración distrital.

Queremos manifestar, además, que tanto nuestra organización afiliada, la Empresa de Trabajo Asociado – Periodistas de Bolívar, como la propia FECOLPER, celebramos la elección de Judith Pinedo como Alcaldesa de la ciudad, pues significó un duro golpe contra la clase política corrupta de la ciudad. Sin embargo, la creación de este Comité significa un retroceso en los acuerdos que como organización nacional de periodistas hemos logrado tanto en el departamento de Bolívar, como en otras partes de país.

Por otra parte, lamentamos que la metodología de trabajo para esos pactos planteada por la propia Fundación para la Libertad de Prensa no se haya cumplido. Se le dijo a nuestros afiliados que se conformarían tres mesas: una con periodistas y medios de comunicación, otra con la administración y una tercera, en la que se sentarían las partes a debatir. Sin embargo, nuestras propuestas fueron desconocidas, la tercera mesa nunca fue convocada, y se tuvo en cuenta exclusivamente el punto de vista gubernamental.

Por lo tanto, hacemos un llamado a todos nuestros afiliados, en todo el país, para que se mantengan al margen de estos acuerdos por considerar poco transparentes sus resultados prácticos, hasta que sus promotores se pronuncien –públicamente- a favor de una participación de las organizaciones de periodistas en la resolución del impase creado en Cartagena.

Igualmente, impartimos la directriz de establecer, de manera inmediata, contactos con todas las administraciones municipales y departamentales donde tengamos presencia, para la conformación de Comités Democráticos de Publicidad Oficial, donde tengan asiento el delegado del mandatario departamental o municipal, un representante de la ciudadanía, un delegado de los propietarios de medios de comunicación, un delegado de las organizaciones de periodistas y un representante del Ministerio Público.

Finalmente, anunciamos que defenderemos con ahínco, los acuerdos y pre acuerdos que hemos adelantado con administraciones departamentales y municipales, en materia de salud, educación y vivienda.

Los periodistas organizados, como miembros de un sector de la sociedad civil que tiene un gran impacto en la ciudadanía, sabemos representar nuestros intereses. No podemos ser representados por nadie, ni requerimos intermediarios. Queremos cumplir con nuestro deber de informar en el marco de la ética periodística, defendiendo nuestra dignidad y defendiendo el derecho ciudadano a la verdad.

fuente: Junta Directiva de la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER

CIDH acepta caso de camarógrafo colombiano golpeado por el ejército en 1996

0
foto: google imagenes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH,  admitió el caso de LUIS GONZALO “RICHARD” VÉLEZ RESTREPO y FAMILIA en contra del Estado Colombiano.  El caso es sobre los hechos del 29 de agosto de 1996, cuando Luis Gonzalo Vélez Restrepo, en cumplimiento de su labor periodística y como camarógrafo del noticiero Colombia 12:30, se trasladó al pueblo de Morelia, Departamento de Caquetá, a fin de cubrir las manifestaciones pacíficas de unos campesinos que protestaban contra el intento de erradicar los cultivos de hoja de coca en la zona.

Ese día el periodista filmó las agresiones de miembros del Batallón de Infantería No.36 de la Brigada Duodécima del Ejército Nacional contra campesino de la zona. Vélez Restrepo fue interceptado por soldados de dicho batallón quienes le exigieron entregara la cinta de su cámara, insultándolo y apuntándole con un arma en la cabeza.  Al negarse a entregar la cámara, Vélez fue golpeado con los cañones de los rifles de los soldados, quienes también lo patearon. La cámara se destruyó a causa de los ataques pero el incidente quedó registrado y luego difundido en Colombia y en todo el mundo.

Indican que a causa de las agresiones físicas sufridas, el señor Luis Gonzalo Vélez Restrepo perdió la consciencia luego del ataque y fue llevado de emergencia al Hospital Inmaculada María de Florencia para luego ser trasladado a la Clínica Asistir de Bogotá, donde permaneció dos días y requirió 15 días de convalecencia en su hogar. Sostienen que a causa del ataque sufrió perforación del hígado, sangrado profuso, destrucción de un testículo, rotura de varias costillas y múltiples golpes en el abdomen y las piernas.

Andrés Monroy Gómez

Asesor Jurídico

Centro de Solidaridad – Federación Internacional de Periodistas

Fuente: http://www.cidh.org/annualrep/2008sp/Colombia864-05.sp.htm

A indagatoria el Periodista Carlos Lozano

0
foto tomada de: google images

Bogotá, 12 de agosto.- Ante un fiscal de la Unidad Nacional contra el Terrorismo rendirá indagatoria el periodista Carlos Lozano Guillén, quien está investigado por la presunta comisión del delito de rebelión.

En la diligencia que se cumplirá el tres de septiembre próximo el comunicador deberá explicar la naturaleza de su relación con el abatido jefe guerrillero de las Farc, Edgar Devia Silva, alias ‘Raúl Reyes’.

Lozano Guillén, junto al también periodista William Parra y Liliana Patricia Obando Villota son las tres primeras personas vinculadas formalmente a un proceso penal, a partir de la información hallada en el computador de ‘Raúl Reyes’.

Fuente: www.fiscalia.gov.co

Translate »