Con estupor, los más de 1.150 miembros de la Federación Colombiana de Periodistas recibimos la Resolución expedida por la Alcaldía de Cartagena “Por medio de la cual se dispone la creación de un Comité para la Regulación de la Pauta Publicitaria Oficial en las diferentes dependencias de la Administración Distrital ”, por considerar que lesiona los intereses de los periodistas independientes.
Por lo tanto exponemos a la ciudadanía, las siguientes consideraciones:
1- Que los periodistas nos hemos visto en la obligación de vender publicidad, no por decisión propia, sino porque inescrupulosos empresarios de medios, animados por un anti democrático afán de lucro, burlan las leyes laborales y los pactos internacionales sobre el tema, negándose a pagar salarios.
2- Que en la mayor parte de emisoras y canales de televisión regional, fuera de ciudades como Bogotá o Medellín, los periodistas debemos pagar arriendo al propietario del medio de comunicación para realizar los noticieros, programas informativos o de opinión. Es decir, la mayor parte de los reporteros colombianos pagamos para trabajar y aún así, muchos empresarios controlan las decisiones editoriales, básicamente las relacionadas con el cubrimiento de la fuente política en general y las fuentes oficiales, en particular.
3- Que la mayoría de corresponsales de grandes medios, sean estos nacionales o regionales, no recibimos salarios ni honorarios por nuestro trabajo, sino que se nos paga por nota publicada o emitida. Por lo tanto, nos vemos obligados a trabajar en medios de comunicación regionales, donde debemos vender publicidad.
4- Que el mayor pautante es el Estado y que, con alarmante frecuencia, aplica un perverso sistema mediante el cual nos “premia” si nuestra información responde a los intereses del mandatario municipal o departamental, y nos castiga con el retiro o la negación de publicidad si el cubrimiento noticioso es crítico de sus administraciones.
5- Que en esta situación de desamparo laboral y chantaje por parte de algunos funcionarios públicos, es donde los ciudadanos deben buscar el origen de la baja calidad de la información que con frecuencia es emitida a través de los medios de comunicación.
6- Que además de considerar nuestra manera de percibir ingresos como el principal obstáculo para el ejercicio de un periodismo independiente, veraz y equilibrado, destacamos que representa un flagrante debilitamiento del sistema democrático, pues los ciudadanos están tomando decisiones con base a informaciones no siempre ajustadas a la verdad.
Si bien es cierto, compartimos la filosofía general del Pacto por la Transparencia suscrito por el Distrito de Cartagena, la Vicepresidencia de la República, el Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción y la Fundación Cívica por Cartagena, redactado con la orientación de la Fundación para la Libertad de Prensa, que plantea “La administración se compromete a desarrollar un procedimiento transparente para una distribución eficaz, objetiva, descentralizada y pública de la contratación de pauta publicitaria (…)”, no aceptamos el mecanismo que plantea la Resolución No 0477 del 5 de agosto, para su ejecución, pues desconoce a los periodistas y a sus organizaciones como interlocutor válido al momento distribuir la publicidad.
Al proponer la conformación de un Comité para la Regularización de la Pauta Publicitaria Oficial, conformado por cinco funcionarios de la Alcaldía y un representante consultivo de las Facultades de Comunicación y Periodismo –este último sin derecho a voto-, en la práctica se está legitimando el sistema clientelista de distribución de la publicidad, pues las decisiones quedan exclusivamente en manos de la administración distrital.
Queremos manifestar, además, que tanto nuestra organización afiliada, la Empresa de Trabajo Asociado – Periodistas de Bolívar, como la propia FECOLPER, celebramos la elección de Judith Pinedo como Alcaldesa de la ciudad, pues significó un duro golpe contra la clase política corrupta de la ciudad. Sin embargo, la creación de este Comité significa un retroceso en los acuerdos que como organización nacional de periodistas hemos logrado tanto en el departamento de Bolívar, como en otras partes de país.
Por otra parte, lamentamos que la metodología de trabajo para esos pactos planteada por la propia Fundación para la Libertad de Prensa no se haya cumplido. Se le dijo a nuestros afiliados que se conformarían tres mesas: una con periodistas y medios de comunicación, otra con la administración y una tercera, en la que se sentarían las partes a debatir. Sin embargo, nuestras propuestas fueron desconocidas, la tercera mesa nunca fue convocada, y se tuvo en cuenta exclusivamente el punto de vista gubernamental.
Por lo tanto, hacemos un llamado a todos nuestros afiliados, en todo el país, para que se mantengan al margen de estos acuerdos por considerar poco transparentes sus resultados prácticos, hasta que sus promotores se pronuncien –públicamente- a favor de una participación de las organizaciones de periodistas en la resolución del impase creado en Cartagena.
Igualmente, impartimos la directriz de establecer, de manera inmediata, contactos con todas las administraciones municipales y departamentales donde tengamos presencia, para la conformación de Comités Democráticos de Publicidad Oficial, donde tengan asiento el delegado del mandatario departamental o municipal, un representante de la ciudadanía, un delegado de los propietarios de medios de comunicación, un delegado de las organizaciones de periodistas y un representante del Ministerio Público.
Finalmente, anunciamos que defenderemos con ahínco, los acuerdos y pre acuerdos que hemos adelantado con administraciones departamentales y municipales, en materia de salud, educación y vivienda.
Los periodistas organizados, como miembros de un sector de la sociedad civil que tiene un gran impacto en la ciudadanía, sabemos representar nuestros intereses. No podemos ser representados por nadie, ni requerimos intermediarios. Queremos cumplir con nuestro deber de informar en el marco de la ética periodística, defendiendo nuestra dignidad y defendiendo el derecho ciudadano a la verdad.
fuente: Junta Directiva de la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER