El próximo martes 12 de agosto, el sociólogo y escritor Alfredo Molano debe comparecer ante un juez para responder, en audiencia preparatoria, por los cargos de injuria calumnia presentados en su contra. El Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas y la Federación Colombiana de Periodistas, quieren manifestar su preocupación por lo que parece ser un nuevo capítulo de Acoso Judicial que, de manera intermitente pero constante, busca silenciar voces críticas en los medios de comunicación.
Por esta razón le hemos pedido a nuestro asesor jurídico, la redacción de un artículo que nos permita, como agremiación de periodistas, poner luces sobre este caso que puede convertirse en un peligroso antecedente de criminalización de la libertad de opinión, en momentos críticos para la democracia colombiana.
Por: Andrés Monroy Gómez
En febrero de 2007 el sociólogo y periodista Alfredo Molano publicó en el diario El Espectador una columna titulada Araújos et al. Por esta columna de opinión, Alfredo Molano Bravo fue denunciado ante la Fiscalía, donde le formularon cargos por injuria y calumnia.
Los querellantes son Andrés Alfredo Araujo Ariza y Andrés Alfredo Rafael Molina Araujo. Ellos, además, exhiben poderes de Hernán Felipe Araujo Ariza y Maria Mercedes Molina Araujo.
El artículo 20 de la Constitución Política señala que ”Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.
Bajo este parámetro, la Corte Constitucional ha dicho que “La materialización del derecho a la libertad de opinión comprende la manifestación tanto de señalamientos positivos como de opiniones negativas sobre las personas o sus actuaciones. Sin embargo son inadmisibles las expresiones que alcancen niveles de insulto o aquellas que estén dirigidas a personas específicas y que resulten absolutamente desproporcionadas frente a los hechos, comportamientos o actuaciones que soportan la opinión, de tal manera que, más que una generación del debate, demuestre la intención clara de ofender sin razón alguna o un ánimo de persecución desprovisto de toda razonabilidad”[2].
Molano afirmó en una carta enviada a diferentes organizaciones sociales, que los denunciantes exigieron que la única conciliación posible consistía en la publicación de una rectificación en el diario El Espectador, previa aprobación de su texto por parte de ellos. Molano se negó por considerar esta propuesta un atentado a la libre expresión.
En la diligencia de conciliación, Molano declaró que solo estaba dispuesto a precisar su opinión consultando a ciudadanos de Valledupar sobre la conducta histórica de los notables de la región. Los abogados querellantes no aceptaron la propuesta.
En la audiencia pública de formulación de imputación realizada el 6 de mayo, uno de los argumentos de la defensa del columnista, es que los notables de Valledupar no son solamente los Araujo y por tanto los señalamientos hechos no necesariamente implican a los Araujo. Según la defensa la intención de Molano fue la de pintar un clima social y político donde los Araujo viven y actúan.
Ceso-FIP viene denunciando una perversa modalidad de restricción a la libertad de expresión y de información: el acoso judicial. Así lo manifestó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en audiencia celebrada en el 2007 y en su informe presentado para el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas en julio de este año.
Recientemente en Colombia se ha incrementado la práctica de intimidación a los periodistas por medio de acciones judiciales que da origen al debate sobre el acoso judicial y la necesidad de despenalizar los que comúnmente se conocen como “delitos de prensa”[3].
El clima de polarización e intolerancia se traslada ahora a los estrados judiciales donde se busca restringir la libertad de opinión. Esta restricción no sólo se afecta el derecho de quien ahora está siendo procesado, sino también el derecho de toda la sociedad a conocer las opiniones de una persona que ha estudiado sobre el terreno la realidad de muchas regiones de Colombia. Estas opiniones que pretender castigarse pueden servir para que los ciudadanos se construyan su propio criterio sobre lo que sucede en el país.
Esta modalidad de presión, el acoso judicial, busca cerrar el camino a quienes se han resistido a ceder ante la autocensura.
El acoso judicial con el que se pretende restringir la libertad de expresión y opinión es un arma contra la democracia. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública (…) Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende es posible afirmar que una sociedad que no esté bien informada, no es plenamente libre”[4].
Si se pierde ese derecho fundamental a la libertad de expresión, se pone en peligro la vigencia de todos los demás valores y principios imperantes en una sociedad democrática[5].
El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre Libertad de Pensamiento y de Expresión, dispone que:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
Otro documento importante en el Sistema Americano de protección de los derechos humanos, es la “Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión”[6].
El Principio No. 5 señala que: “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
En la interpretación a este Principio, la Relatoría ha manifestado que “ la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la libertad de expresión engloba dos aspectos: el derecho de expresar pensamientos e ideas y el derecho de recibirlas. Por lo tanto, cuando este derecho es restringido a través de una interferencia arbitraria, afecta no sólo el derecho individual de expresar información e ideas, sino también el derecho de la comunidad en general de recibir todo tipo de información y opiniones (…)
Haciendo mención a una decisión de la Corte Europea , la Corte Interamericana ha declarado que la protección a la libertad de expresión debe extenderse no sólo a la información o las ideas favorables, sino también a aquellas que “ofenden, resultan chocantes o perturban”, porque ”tales son las exigencias del pluralismo, la tolerancia y apertura mental sin las cuales no existe una sociedad democrática.”
Asimismo, este principio establece que es inadmisible la imposición de presiones económicas o políticas por parte de sectores de poder económico y/o del Estado con el objetivo de influenciar o limitar tanto la expresión de las personas como de los medios de comunicación. La Comisión Interamericana ha expresado al respecto que el uso de poderes para limitar la expresión de ideas se presta al abuso, ya que al acallar ideas y opiniones impopulares o críticas se restringe el debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas. La limitación en el libre flujo de ideas que no incitan a la violencia anárquica es incompatible con la libertad de expresión y con los principios básicos que sostienen las formas pluralistas y democrática de las sociedades actuales”.
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