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FEPALC reprueba que militares se hagan pasar por periodistas

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La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) dio a conocer su reprobación al método utilizado por militares de Colombia que se identificaron como periodistas en el transcurso del reciente operativo de liberación de 15 rehenes en poder de las FARC.

El mismo ministro de defensa colombiano Juan Manuel Santos reveló que durante la “Operación Jaque ” dos militares se hicieron pasar como un periodista y un camarógrafo de la cadena televisiva “Telesur”, empresa multiestatal latinoamericana constituida y creada con la inversión de Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

La FEPALC unió de esta manera su desaprobación a la ya expresada por la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER), quien señaló que de este modo y a la luz de la normatividad nacional e internacional, el involucrar a periodistas en operativos militares, o que miembros de alguna de las partes enfrentadas se presenten como periodistas en el desarrollo de una operación militar, colocan a los verdaderos informadores en riesgos adicionales a los que deben soportar al ejercer su trabajo en un país azotado por un conflicto armado.

La FECOLPER dijo también que el mayor de estos nuevos riesgos es que la credibilidad sobre la identidad de periodistas como tales queda en entredicho al momento de encontrarse con distintos grupos armados, convirtiéndose en potenciales víctimas de la hostilidad bélica y que esta argumentación está en las nociones básicas del Derecho Internacional Humanitario, cuyo cumplimiento fue firmado por el gobierno colombiano.

El ministro Santos, al presentar detalles del operativo militar en el Centro de Estudios para el Progreso Estadounidense de Washington, dijo que los participantes del operativo ensayaron una y otra vez, como si fueran actores antes de una representación, dejando al descubierto que la falsa identificación como periodistas fue premeditada y decidida con conocimiento y participación del gobierno colombiano.

29 de julio de 2008
Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC)
Afiliada a la Federación Internacional de Periodistas (FIP)
Manuel Méndez – presidente
José Insaurralde – secretario de derechos humanos

Periodista colombiano William Parra denuncia falta de garantías judiciales

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El periodista William Parra, quien el pasado 22 de mayo, fuera señalado por el Fiscal General por presuntos vínculos con el grupo guerrillero FARC, emitió un comunicado de prensa en el que denuncia lo que califica de persecución por parte de la Unidad de Terrorismo de la Fiscalía General de la Nación.

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

El pasado 22 de mayo de 2008 en una conferencia de prensa ante los medios de comunicación nacionales e internacionales el señor Fiscal general de la nación, Mario Iguarán Arana, anunció que había ordenado compulsar copias ante la Corte Suprema de Justicia para que investigara a los congresistas Wilson Borja, Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez, y que había ordenado que la propia fiscalía iniciara indagación preliminar contra dos asesores de paz y dos periodistas, por hallazgos hechos en los computadores conocidos supuestamente como de Raúl Reyes, que no fueron incautados en una diligencia judicial o por lo menos con acatamiento al orden interno e internacional, ni con orden previa de funcionario habilitado para tal efecto.

En el grupo de periodistas el señor Fiscal mencionó mi nombre, William Parra , lo mismo que el de Carlos Lozano , director del semanario Voz. Como para evitar dudas sobre la identidad de dichos periodistas los medios que reprodujeron la noticia calificada como la «FARC-Política » exhibieron imágenes y fotografías mías sobre el ejercicio de mis actividades, de casi 20 años en el periodismo colombiano.

Tras el anuncio hecho por el señor Fiscal General, otorgué poder a la abogada Sandra Gamboa Rubiano, de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, para que ejerciera mi defensa.

Dicha abogada presentó ante el Fiscal general de la nación un derecho de petición el día 26 de junio en donde solicitaba las siguientes respuestas:

  1. Especificar cuáles son los hechos que propiciaron la apertura de la indagación preliminar en referencia con el periodista William Parra.
  1. Especificar el delito que se viene discutiendo dentro del mencionado caso…

El señor Fiscal general no contestó dicho derecho de petición, sino que lo hizo un Fiscal de la Unidad de Terrorismo de la fiscalía, quien en un escrito fechado el día 15 de julio, expresó que en la actuación que adelanta «en relación al caso de los computadores de RAÚL REYES», se menciona «al sujeto conocido como WILLIAM PARRA ; sin que a la fecha esté establecido que sea el mismo que usted refiere en dicho derecho de petición»

Ante esta respuesta me permito denunciar ante la opinión pública nacional e internacional, las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y ante las fundaciones para la libertad de prensa y expresión:

Que la respuesta dada por el fiscal de la Unidad de Terrorismo equivale a desautorizar la información pública dada a conocer el día 22 de mayo por el señor Fiscal general de la nación y en términos prácticos a impedir mi ejercicio de defensa. En otras palabras mientras el Fiscal general busca asegurar mis derechos, la Unidad de Terrorismo los atropella. Esto porque la ley de Colombia obliga a la fiscalía a permitir el acceso de la defensa al proceso siempre que yo haya tenido conocimiento de que se adelantaba una indagación preliminar..

Como ciudadano y como periodista frente a esta situación no puedo comprender como la Unidad de Terrorismo de la Fiscalía pueda garantizar un debido proceso. Entiendo que esto no es responsabilidad del señor Fiscal General, pero en sus manos está garantizarme el debido proceso y que mi defensa tenga los elementos necesarios para adelantarla.

Pido ante el señor Fiscal General, que si se va a adelantar un proceso en mí contra, este se haga en condiciones de debido proceso, derecho de defensa, igualdad y de dignidad y por lo tanto solicito SE RETIRE DE LA UNIDAD DE TERRORISMO EL CASO…

Considero que con la actitud del señor fiscal de la Unidad de Terrorismo, no están dadas las condiciones para que este caso se lleve con la transparencia necesaria. Un fiscal de la Unidad de Terrorismo, no me brinda las garantías necesarias, ya que desde todo punto de vista es totalmente absurdo que esta unidad desautorice una información entregada directamente por el Fiscal general de la nación a la opinión pública nacional e internacional…

Este se constituye en un caso muy delicado, donde los vinculados somos trabajadores del tema humanitario y periodistas independientes, que necesitamos TRANSPARENCIA TOTAL en este proceso, para que éste no se convierta en un típico caso de persecución por nuestro pensamiento diferente al actual entorno y por nuestro trabajo periodístico con las fuentes que componen el conflicto armado interno que vive Colombia…

Como quiera que se supone que la Unidad de Terrorismo investiga actos de terrorismo y yo no soy ningún terrorista, pido que el caso sea enviado a la Fiscalía Delegada ante la Corte.

Tal y como lo señala el constitucionalista Juan Manuel Charry, en columna publicada el día 28 de mayo en el Diario El Tiempo: «Si la Fiscalía no tiene indicios serios de que los investigados cometieron un delito concreto, actúa con precipitación. Y si investiga delitos reales, debe decirlo».

WILLIAM PARRA.

Periodista

Para cualquier entrevista favor comunicarse con la doctora Sandra Rocío Gamboa Rubiano, de la Corporación Colectivo de abogados José Alvear Restrepo.

Periodista colombiano William Parra denuncia falta de garantías judiciales

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El periodista William Parra, quien el pasado 22 de mayo, fuera señalado por el Fiscal General por presuntos vínculos con el grupo guerrillero FARC, emitió un comunicado de prensa en el que denuncia lo que califica de persecución por parte de la Unidad de Terrorismo de la Fiscalía General de la Nación.

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

El pasado 22 de mayo de 2008 en una conferencia de prensa ante los medios de comunicación nacionales e internacionales el señor Fiscal general de la nación, Mario Iguarán Arana, anunció que había ordenado compulsar copias ante la Corte Suprema de Justicia para que investigara a los congresistas Wilson Borja, Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez, y que había ordenado que la propia fiscalía iniciara indagación preliminar contra dos asesores de paz y dos periodistas, por hallazgos hechos en los computadores conocidos supuestamente como de Raúl Reyes, que no fueron incautados en una diligencia judicial o por lo menos con acatamiento al orden interno e internacional, ni con orden previa de funcionario habilitado para tal efecto.

En el grupo de periodistas el señor Fiscal mencionó mi nombre, William Parra , lo mismo que el de Carlos Lozano , director del semanario Voz. Como para evitar dudas sobre la identidad de dichos periodistas los medios que reprodujeron la noticia calificada como la «FARC-Política » exhibieron imágenes y fotografías mías sobre el ejercicio de mis actividades, de casi 20 años en el periodismo colombiano.

Tras el anuncio hecho por el señor Fiscal General, otorgué poder a la abogada Sandra Gamboa Rubiano, de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, para que ejerciera mi defensa.

Dicha abogada presentó ante el Fiscal general de la nación un derecho de petición el día 26 de junio en donde solicitaba las siguientes respuestas:

  1. Especificar cuáles son los hechos que propiciaron la apertura de la indagación preliminar en referencia con el periodista William Parra.
  1. Especificar el delito que se viene discutiendo dentro del mencionado caso…

El señor Fiscal general no contestó dicho derecho de petición, sino que lo hizo un Fiscal de la Unidad de Terrorismo de la fiscalía, quien en un escrito fechado el día 15 de julio, expresó que en la actuación que adelanta «en relación al caso de los computadores de RAÚL REYES», se menciona «al sujeto conocido como WILLIAM PARRA ; sin que a la fecha esté establecido que sea el mismo que usted refiere en dicho derecho de petición»

Ante esta respuesta me permito denunciar ante la opinión pública nacional e internacional, las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y ante las fundaciones para la libertad de prensa y expresión:

Que la respuesta dada por el fiscal de la Unidad de Terrorismo equivale a desautorizar la información pública dada a conocer el día 22 de mayo por el señor Fiscal general de la nación y en términos prácticos a impedir mi ejercicio de defensa. En otras palabras mientras el Fiscal general busca asegurar mis derechos, la Unidad de Terrorismo los atropella. Esto porque la ley de Colombia obliga a la fiscalía a permitir el acceso de la defensa al proceso siempre que yo haya tenido conocimiento de que se adelantaba una indagación preliminar..

Como ciudadano y como periodista frente a esta situación no puedo comprender como la Unidad de Terrorismo de la Fiscalía pueda garantizar un debido proceso. Entiendo que esto no es responsabilidad del señor Fiscal General, pero en sus manos está garantizarme el debido proceso y que mi defensa tenga los elementos necesarios para adelantarla.

Pido ante el señor Fiscal General, que si se va a adelantar un proceso en mí contra, este se haga en condiciones de debido proceso, derecho de defensa, igualdad y de dignidad y por lo tanto solicito SE RETIRE DE LA UNIDAD DE TERRORISMO EL CASO…

Considero que con la actitud del señor fiscal de la Unidad de Terrorismo, no están dadas las condiciones para que este caso se lleve con la transparencia necesaria. Un fiscal de la Unidad de Terrorismo, no me brinda las garantías necesarias, ya que desde todo punto de vista es totalmente absurdo que esta unidad desautorice una información entregada directamente por el Fiscal general de la nación a la opinión pública nacional e internacional…

Este se constituye en un caso muy delicado, donde los vinculados somos trabajadores del tema humanitario y periodistas independientes, que necesitamos TRANSPARENCIA TOTAL en este proceso, para que éste no se convierta en un típico caso de persecución por nuestro pensamiento diferente al actual entorno y por nuestro trabajo periodístico con las fuentes que componen el conflicto armado interno que vive Colombia…

Como quiera que se supone que la Unidad de Terrorismo investiga actos de terrorismo y yo no soy ningún terrorista, pido que el caso sea enviado a la Fiscalía Delegada ante la Corte.

Tal y como lo señala el constitucionalista Juan Manuel Charry, en columna publicada el día 28 de mayo en el Diario El Tiempo: «Si la Fiscalía no tiene indicios serios de que los investigados cometieron un delito concreto, actúa con precipitación. Y si investiga delitos reales, debe decirlo».

WILLIAM PARRA.

Periodista

Para cualquier entrevista favor comunicarse con la doctora Sandra Rocío Gamboa Rubiano, de la Corporación Colectivo de abogados José Alvear Restrepo.

A indagatoria el periodista William Parra

Bogotá, 5 de agosto. Ante un fiscal de la Unidad Nacional contra el Terrorismo rendirá indagatoria el periodista William Parra, investigado por la presunta comisión del delito de rebelión.

En la diligencia judicial que se efectuará el próximo 20 de agosto, el comunicador deberá explicar la naturaleza de los nexos sostenidos con la guerrilla de las Farc, específicamente con el abatido cabecilla insurgente Edgar Devia Silva, alias ‘Raúl Reyes’.

Fuente: www.fiscalia.gov.co

Alerta FECOLPER: Oficiales de la Policía Nacional agreden a periodista comunitario en Bucaramanga

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El pasado jueves, 17 de Julio, José Velásquez Pereira, periodista comunitario de TVC Televisión Ciudadana y TV Impacto, se disponía a cubrir la fecha del campeonato de fútbol departamental, categoría pensionados, en el Barrio Mutis de la ciudad de Bucaramanga, cuando fue agredido por los oficiales William Quintero Salazar y Neila Ximena Rojas, adscritos al Departamento de Policía de Santander y a la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Cuando arribó al lugar, el periodista entrevistó a varios ciudadanos presentes en el escenario deportivo que denunciaron atropellos de miembros de la Policía Nacional.  Los entrevistados se quejaron de las dos carpas montadas por la fuerza pública en la cancha de fútbol para realizar un operativo de control de motociclistas que no permitía llevar a cabo la jornada deportiva programada para las 9:30 am.  José Velásquez aconsejó llegar a una solución con el comandante del operativo policial, para que ubicara las carpas y sus equipos en un espacio contiguo con suficiente área para que siguieran cumpliendo con su misión, permitiendo así el desarrollo del partido de fútbol.

Pero al hacerlo el señor Capitán William Quintero Salazar con gritos y palabras soeces agredió al comunicador y lo sometió a requisas. El periodista procedió a grabar al oficial con su cámara de video, recibiendo empujones por parte del oficial que tapó el lente de la cámara y junto con la Subteniente Neila Ximena Rojas,  continuaron agrediendo al periodista.

Velásquez denunció ante Ceso-FIP las conductas del capitán y la subteniente que constituyen una violación a la libertad de prensa.  El caso fue presentado ante la Procuraduría General de la Nación.

CARTAGENA: Aplazada audiencia contra el periodista Lucio Torres

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La audiencia pública de juzgamiento contra el periodista EDISON LUCIO TORRES fue aplazada para el 9 de septiembre.

El senador Javier Cáceres Leal no asistió y en su lugar estuvo el abogado Neil Fortich. Lucio estuvo acompañado de su abogado Juan Villanueva desde las 8:25 de la mañana en el despacho del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena que funciona en el Cuartel del Fijo. A las 9:00 a.m. la secretaría del juzgado informó que la vista pública quedaría aplazada, ya que el fiscal Paulo Xavier Julio no podía asistir porque estaba atendiendo otros asuntos de su cargo. En el recinto estaban periodistas y dirigentes populares de la ciudad.

Como se sabe, Cáceres, senador de Cambio Radical, presentó una denuncia penal por injuria y calumnia contra el periodista de Vox Populi porque éste presentó un análisis sobre la parapolítica en Bolívar y mencionó al parlamentario. Entre otras cosas dijo que Cáceres se encontraba relacionado por la Fiscalía en el informe sobre el computador de «Jorge 40», y se refirió al debate que Gustavo Petro iba a realizar sobre la parapolítica el 18 de octubre de 2006. Este análisis, Lucio lo tituló el Cazador Cazado, haciendo alusión al estilo del senador cartagenero de sentar en el banquillo de los acusados a funcionarios públicos.

Por esa razón, el senador denunció a Lucio por injuria y calumnia. Lucio, por su parte, basó su análisis en un informe de la Fiscalía de 29 páginas, informes de las revistas Semana y Cambio. Además, aportó en el proceso la investigación realizada por la Corporación Arco Iris denominada «Votos por masacres». Hoy, la Corte Suprema de Justicia le abrió al Honorable senador una investigación preliminar.

Lucio dijo que espera demostrar que no hubo injuria en su análisis, y solicitó el acompañamiento de los defensores de los derechos humanos y, en especial, de la nueva Relatora Especial para la Liberta de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero.

Fuente: http://lucioysusnotas.blogspot.com:80/

CARTAGENA: Aplazada audiencia contra el periodista Lucio Torres

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La audiencia pública de juzgamiento contra el periodista EDISON LUCIO TORRES fue aplazada para el 9 de septiembre.

El senador Javier Cáceres Leal no asistió y en su lugar estuvo el abogado Neil Fortich. Lucio estuvo acompañado de su abogado Juan Villanueva desde las 8:25 de la mañana en el despacho del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena que funciona en el Cuartel del Fijo. A las 9:00 a.m. la secretaría del juzgado informó que la vista pública quedaría aplazada, ya que el fiscal Paulo Xavier Julio no podía asistir porque estaba atendiendo otros asuntos de su cargo. En el recinto estaban periodistas y dirigentes populares de la ciudad.

Como se sabe, Cáceres, senador de Cambio Radical, presentó una denuncia penal por injuria y calumnia contra el periodista de Vox Populi porque éste presentó un análisis sobre la parapolítica en Bolívar y mencionó al parlamentario. Entre otras cosas dijo que Cáceres se encontraba relacionado por la Fiscalía en el informe sobre el computador de «Jorge 40», y se refirió al debate que Gustavo Petro iba a realizar sobre la parapolítica el 18 de octubre de 2006. Este análisis, Lucio lo tituló el Cazador Cazado, haciendo alusión al estilo del senador cartagenero de sentar en el banquillo de los acusados a funcionarios públicos.

Por esa razón, el senador denunció a Lucio por injuria y calumnia. Lucio, por su parte, basó su análisis en un informe de la Fiscalía de 29 páginas, informes de las revistas Semana y Cambio. Además, aportó en el proceso la investigación realizada por la Corporación Arco Iris denominada «Votos por masacres». Hoy, la Corte Suprema de Justicia le abrió al Honorable senador una investigación preliminar.

Lucio dijo que espera demostrar que no hubo injuria en su análisis, y solicitó el acompañamiento de los defensores de los derechos humanos y, en especial, de la nueva Relatora Especial para la Liberta de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero.

Fuente: http://lucioysusnotas.blogspot.com:80/

El pasado jueves, 17 de Julio, José Velásquez Pereira, periodista comunitario de TVC Televisión Ciudadana y TV Impacto, se disponía a cubrir la fecha del campeonato de fútbol departamental, categoría pensionados, en el Barrio Mutis de la ciudad de Bucaramanga, cuando fue agredido por los oficiales William Quintero Salazar y Neila Ximena Rojas, adscritos al Departamento de Policía de Santander y a la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

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Cuando arribó al lugar, el periodista entrevistó a varios ciudadanos presentes en el escenario deportivo que denunciaron atropellos de miembros de la Policía Nacional. Los entrevistados se quejaron de las dos carpas montadas por la fuerza pública en la cancha de fútbol para realizar un operativo de control de motociclistas que no permitía llevar a cabo la jornada deportiva programada para las 9:30 am. José Velásquez aconsejó llegar a una solución con el comandante del operativo policial, para que ubicara las carpas y sus equipos en un espacio contiguo con suficiente área para que siguieran cumpliendo con su misión, permitiendo así el desarrollo del partido de fútbol.

Pero al hacerlo el señor Capitán William Quintero Salazar con gritos y palabras soeces agredió al comunicador y lo sometió a requisas. El periodista procedió a grabar al oficial con su cámara de video, recibiendo empujones por parte del oficial que tapó el lente de la cámara y junto con la Subteniente Neila Ximena Rojas, continuaron agrediendo al periodista.

Velásquez denunció ante Ceso-FIP las conductas del capitán y la subteniente que constituyen una violación a la libertad de prensa. El caso fue presentado ante la Procuraduría General de la Nación.

https://www.fecolper.com.co/nacionales/16774-Alerta-FECOLPER–Oficiales-de-la-Polic%C3%ADa-Nacional-agreden-a-periodista-comunitario-en-Bucaramanga

META: Asesor de la gobernación agrede a la prensa

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La Asociación de Periodistas del Meta, ASOPEMET, afiliada a la Federación Colombiana de Periodistas, exige al coronel retirado Germán Ayala, respeto por la prensa y garantías para ejercer la labor informativa.  La solicitud surge tras denuncias presentadas por colegas del departamento, alertando sobre el maltrato y restricciones de Ayala, actual asesor del despacho de la Gobernación departamental, hacia los periodistas.  El abuso de autoridad de Germán Ayala se evidenció el pasado 20 de julio, durante la Marcha por los Secuestrados en Villavicencio.  El funcionario obstruyó la labor de varios comunicadores que cubrían la jornada, prohibiendo hacer grabaciones en la tarima principal.  Este hecho se suma a los insultos de Ayala contra la periodista Eliana Cárdenas de TELENOTICIAS, que fueron divulgados y las amenazas en las que advierte a los periodistas que prohibirá el contacto con el Gobernador, negando el acceso a información de interés público.

A continuación, carta enviada por la Asociación de Periodistas del Meta:

Señor coronel (R)

GERMAN AYALA

Gobernación  del Meta

Ciudad

Señor Coronel (R)

No es nada grato para quienes ejercemos el noble oficio y estamos agremiados en  «Asopemet», recibir información relacionada con mal trato a los periodistas, por un ciudadano como usted, que si bien ejerce  un importante cargo, no significa que tenga  el poder para coartar la libertad que existe en nuestro país para el ejercicio profesional.

Nos duele este comportamiento, ya que,  conforme las denuncias hechas, no tiene fundamento su proceder, porque en nuestro concepto es abusivo, necio, inconsiderado, contraproducente y negativo, ya que desdice de un hombre que le prestó el servicio militar  a la patria y hoy ocupa una posición de privilegio en el gobierno del arquitecto Darío Vásquez Sánchez, amigo de los periodistas  y quien siempre ha manifestado  ofrecernos las mayores garantías para  el desempeño de las funciones e informar sobre el diario acontecer.

Lamentamos  los episodios denunciados y esperamos  que esa conducta sea modificada, porque estamos los colombianos en general y los periodistas en particular, exhaustos de tanto género violento y el predominio de la maledicencia y criterios esclavistas que deben desaparecer.

Muy respetuosamente,

Asociación de Periodistas del Meta «ASOPEMET»

Alcides Antonio Jáuregui Bautista

Presidente

Dr. Darío Vásquez Sánchez  Gobernador del Meta

Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER

Federación Internacional de Periodistas, FIP

FLIP: Integrantes del Ejército obstruyen labor de periodistas y los intimidan con disparos al aire

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El pasado 5 de julio de 2008, integrantes del Ejército impidieron que un grupo de periodistas llevara a cabo un cubrimiento y los intimidaron con disparos al aire. El hecho se produjo en zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá, al sur del país.

Los periodistas llegaron al lugar de los hechos, donde poco antes dos soldados habían resultado muertos en un enfrentamiento armado. Cuando intentaron tomar imágenes y recoger información sobre lo sucedido, un soldado avisó por radioteléfono a su superior. Éste, sin saber que el volumen del radio estaba alto, ordenó categóricamente: “mandé a esos HP para la mierda”. En seguida, los soldados maltrataron a los periodistas e intentaron retirarlos del lugar.

Mientras los periodistas pedían explicaciones por la decisión, escucharon unos disparos e inmediatamente corrieron a refugiarse. Duverney Gaviria, corresponsal del diario ‘La Nación’ de Huila, le comentó a la FLIP que al parecer los disparos no tenían nada que ver con el operativo: “Alcancé a ver a varios soldados riéndose”. Gaviria también aseguró que desde que arribaron al sitio se habían identificado como periodistas.

Según William González, corresponsal de RCN televisión y director de ‘Magazín 740’, que se transmite por el canal local, esto ha sucedido en otras ocasiones y se presenta principalmente a la hora de tomar imágenes. Los soldados les dicen “usted no tiene nada que grabar”, y los obligan a retirarse del lugar hasta tanto no hayan ordenado la zona por completo.

Los periodistas añadieron que en ocasiones, cuando graban fuera del casco urbano, regresan con sus cámaras y materiales de trabajo y en los retenes que hace el Ejército Nacional los obligan a mostrar qué imágenes llevan.

El comandante de la Unidad Operativa Mayor de Caquetá, brigadier general Jorge Octavio Ardila Silva, afirmó a la FLIP que es falso que los medios de comunicación no tengan acceso a la información, y que siempre se les mantiene al tanto de las actividades del Ejército. Además, aseguró que en el proceso de comunicación se sigue un conducto regular y que sólo a través de él se suministra información.

Frente a los hechos del sábado anterior, Ardila Silva afirmó que desconocía lo sucedido, pero que está prohibido sacar imágenes en las zonas donde hay operaciones debido a los lineamientos militares. “Lo que sí no se admite es que se trate con groserías a los periodistas o que se les maltrate”, concluyó.

La FLIP registra con preocupación esta obstrucción y la intimidación de la que fueron objeto los periodistas. El Ejército y la Policía pueden restringir el acceso específico a los lugares donde se haya presentado un crimen en aras de preservar la integridad de la investigación judicial, pero no podrá prohibir de manera absoluta la presencia de periodistas en tales lugares. De la misma forma, la Fuerza Pública tiene el deber de tomar las precauciones de seguridad en zonas de conflicto y hacer las recomendaciones pertinentes, pero no de obstruir la labor de los periodistas. Es deber de los periodistas implementar medidas de autoprotección y autorregulación para preservar sus vidas y no entorpecer las labores oficiales.

Por último, la FLIP rechaza el acto de los integrantes del Ejército de hacer disparos con el propósito de intimidarlos, y recuerda que no es la primera vez que sucede. Es deber del Ministerio de Defensa desarrollar programas de formación para que los integrantes de todas las fuerzas respeten el derecho a la información.

 Caso No. 2

ALERTA: Amenazado periodista en Medellín por presunto grupo paramilitar

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Un mensaje amenazante, enviado mediante correo electrónico recibió, el pasado 12 junio, el periodista Olimpo Cárdenas, director del mensuario alternativo Periferia que se edita en la ciudad de Medellí­n. La misiva está firmada por un aparente grupo paramilitar del cual no se tení­a conocimiento.

“La Federación Colombiana de Periodistas respalda a su organización afiliada, la Asociación de Periodismo de Antioquia, en su rechazo a las amenazas contra el colega Cárdenas”, declaró Eduardo Márquez, Presidente de FECOLPER y Director del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas. “Con preocupación hemos visto como se han deteriorado las garantías para el ejercicio del periodismo en Medellín, por constantes agresiones de la fuerza pública contra reporteros que cubren eventos públicos y por la aparición de una serie de grupos delincuenciales de extrema derecha que suponí­amos desmovilizados y cuyo objetivo es la destrucción del pensamiento divergente.”

Igualmente, el dirigente gremial anunció que Ceso-FIP pondrá en conocimiento de las autoridades este nuevo caso de intolerancia, para que sean tomadas las medidas de seguridad necesarias que permitan el  libre funcionamiento de este medio de comunicación alternativo.

A continuación el comunicado expedido por la APA:

«APA RECHAZA AMENAZAS CONTRA EL PERIÓDICO PERIFERIA»

Olimpo Cárdenas Delgado, Director del periódico Periferia denunció las amenazas recibidas a través del correo electrónico del periódico, el jueves 12 de junio.

El periódico Periferia de carácter alternativo nació hace 3 años y medio y a la fecha ha distribuido 30 ediciones. El pasado 12 de junio recibió en su correo electrónico un mensaje amenazante de un grupo que se identifica como Contraguerrillas Auto Defensor, el siguiente es el texto de la misiva recibida:

«El sapo y los renacuajos formaron una guerrilla; el sapo sacó la lengua y los renacuajos campanilla. El sapo iba con viaje a Venezuela para hacer un negocio; y los renacuajos le decí­an vete rápido mi socio! los sapos entre su cueva también pueden resollar, alegando  entre ellos porque su cueva se las van a volar. los sapos cuando se reproducen no pueden dar opinión, QUE SE SALGAN DE LA CUEVA PORQUE LOS VA A MANDAR REVENTAR  EL PATRÓN!

Atentamente:  A.D.N  Medellín-Colombia»

Frente al mensaje, las directivas y el equipo de trabajo de Periferia expresaron es claro que con esta comunicación pretenden atemorizarnos y  torpedear el proyecto comunicativo que desde Periferia venimos construyendo junto a otras organizaciones sociales. Así­ quieren evitar que continuemos con nuestra labor de denuncia e información de la realidad que es acallada por los emporios masivos de comunicación ligados al poder económico y polí­tico.

De igual forma le piden garantí­as y protección al Estado colombiano porque somos objeto de hostigamientos y amenazas.

La  Asociación de Periodismo de Antioquia, APA, se solidariza con los colegas de Periferia y solicita formalmente a las autoridades competentes realizar una investigación para dar con los autores intelectuales y materiales de esta amenaza.

El artí­culo 20 de la Constitución Polí­tica de Colombia: Garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación.

 Junta Directiva

Asociación de Periodismo de Antioquia-APA-

Afiliado a la FIP-FECOLPER -Federación Colombiana de Periodistas

Medellí­n, junio  24 de 2008

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