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FECOLPER Alerta: Amenaza de muerte contra periodista en Venadillo, Tolima

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A las 3: 59pm del día de hoy, el periodista José William Aranzáles denunció ante el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, Ceso-FIP, una llamada en la que le advierte que tiene una semana para salir del municipio o de lo contrario será asesinado.

En la llamada el agresor se identificó como Gonzalo Mantilla, Jefe de Finanzas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

José William Aranzalez es corresponsal independiente de la zona norte del departamento para el noticiero Alerta Tolima, que se emite por Voz Tolima. El comunicador había informado sobre un operativo del ejército contra el grupo armado ilegal.

“A los intolerantes les recordamos que nuestro colega no está solo.  Cuenta con el respaldo de la Federación Colombiana de Periodistas y la Federación Internacional de Periodistas”, afirmó Eduardo Márquez, Presidente de FECOLPER y Director de Ceso-FIP.

Tras una avalancha de amenazas registradas por Ceso-FIP en cuatro departamentos del país, la semana pasada, Márquez agregó: “No entendemos por qué este grupo armado amenaza a los colegas de Tolima y Arauca que solo cumplen con su deber de informar a la sociedad.  Reiteramos que los periodistas son personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario”.

Aranzalez actualmente es beneficiario del Programa de Protección a Periodistas del Ministerio del Interior y de Justicia, tras amenazas recibidas el pasado mes de junio.

“Es muy preocupante la situación de los periodistas en el Tolima.  Pedimos al alto gobierno y autoridades municipales medidas urgentes frente a la emergencia.  Varios colegas se han visto obligados a huir de la región y otros, a salir del país.  Entre tanto, el director y trabajadores del Diario El Nuevo Día son blancos constantes de agresiones de los actores del conflicto armado.  Hacemos un llamado a la realización de un consejo de seguridad ya que también se debe alertar sobre la presencia de grupos paramilitares de extrema derecha en la región”, declaró Gilberto Martinez, Presidente de la Asociación Nacional para el Desarrollo del Periodista, ANPRESS, afiliada a FECOLPER.

Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER
La FECOLPER representa a más de 1100 periodistas en 19 departamentos

Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, CESO FIP
La FIP representa a más de 600 mil periodistas en 120 países

 Para más informacion, visite: www.fipcolombia.com

ALERTA: Avalancha de amenazas contra periodistas

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Una verdadera avalancha de agresiones contra periodistas, ha sido protagonizada por intolerantes en Arauca, Tolima, Bogotá y Risaralda, durante la última semana.

En el primero de los hechos, tras las amenazas hechas vía internet, aparentemente del Frente X de la guerrilla de las FARC, por el cubrimiento realizado de las multitudinarias marchas contra el secuestro, del pasado 20 de julio, nuevos mensaje intimidatorios fueron enviados a varios colegas en emails y llamadas telefónicas insultantes. De esta nueva agresión, fueron objeto tanto colegas de la ciudad de Arauca como de la vecina Saravena.

Por su parte, el periodista Afranio Franco Ballesteros denunció al Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, Ceso-FIP, el saboteo a la transmisión que realizaba con motivo del día del campesino, a través de la televisión comunitaria del municipio de Rioblanco en el departamento de Tolima, también el pasado 20 de julio. Según explicó el colega, esta acción puede obedecer a su negativa a leer un comunicado anónimo contra la administración municipal, pues los cables de los equipos con fueron cortados, posteriormente, con un arma blanca. El periodista, quien cuenta con un esquema de protección estatal, recibió la recomendación de abandonar inmediatamente el municipio de Rioblanco.  Ese mismo día, en horas de la noche, la estación de policía fue objeto de un ataque con explosivos.

En Bogotá, hoy, en horas de la mañana, la hija del periodista Pedro Cárdenas, recibió una llamada en la que le anunciaba que su padre sería castigado dónde más le dolería. Cárdenas es director y redactor de la revista La Verdad, donde ha develado los vínculos de políticos del departamento de Tolima con grupos paramilitares de extrema derecha.

Finalmente, Hugo Armando Álvarez, director del noticiero de televisión CNC que emite en Santa Rosa de Cabal, fue dejado en libertad, luego de tres días de secuestro ejecutado por un grupo de desconocidos.  Álvarez, de 25 años, quien fue nombrado recientemente, director del noticiero, había realizado informes sobre la grave situación de seguridad en la turística ciudad del departamento de Risaralda, tras la consolidación de poderosas bandas dedicadas a la venta de drogas ilícitas que libran una batalla campal por el control del mercado en la región.

“Los intolerantes de todo el espectro ideológico y delincuencial, no descansan en su tarea de impedir que la información llegue a los ciudadanos.  Sin embargo, colegas valientes y decididos, están empeñados en cumplir con su deber, aún a costa de su propia seguridad”, comentó Eduardo Márquez, Presidente de la Federación Colombiana de Periodistas y Director de Ceso-FIP. “Todos estos casos han sido debidamente judicializados, sólo esperamos que el Estado cumpla con su parte”, concluyó.

FEPALC reprueba que militares se hagan pasar por periodistas

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La Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) dio a conocer su reprobación al método utilizado por militares de Colombia que se identificaron como periodistas en el transcurso del reciente operativo de liberación de 15 rehenes en poder de las FARC.

El mismo ministro de defensa colombiano Juan Manuel Santos reveló que durante la “Operación Jaque ” dos militares se hicieron pasar como un periodista y un camarógrafo de la cadena televisiva “Telesur”, empresa multiestatal latinoamericana constituida y creada con la inversión de Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

La FEPALC unió de esta manera su desaprobación a la ya expresada por la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER), quien señaló que de este modo y a la luz de la normatividad nacional e internacional, el involucrar a periodistas en operativos militares, o que miembros de alguna de las partes enfrentadas se presenten como periodistas en el desarrollo de una operación militar, colocan a los verdaderos informadores en riesgos adicionales a los que deben soportar al ejercer su trabajo en un país azotado por un conflicto armado.

La FECOLPER dijo también que el mayor de estos nuevos riesgos es que la credibilidad sobre la identidad de periodistas como tales queda en entredicho al momento de encontrarse con distintos grupos armados, convirtiéndose en potenciales víctimas de la hostilidad bélica y que esta argumentación está en las nociones básicas del Derecho Internacional Humanitario, cuyo cumplimiento fue firmado por el gobierno colombiano.

El ministro Santos, al presentar detalles del operativo militar en el Centro de Estudios para el Progreso Estadounidense de Washington, dijo que los participantes del operativo ensayaron una y otra vez, como si fueran actores antes de una representación, dejando al descubierto que la falsa identificación como periodistas fue premeditada y decidida con conocimiento y participación del gobierno colombiano.

29 de julio de 2008
Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC)
Afiliada a la Federación Internacional de Periodistas (FIP)
Manuel Méndez – presidente
José Insaurralde – secretario de derechos humanos

Periodista colombiano William Parra denuncia falta de garantías judiciales

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El periodista William Parra, quien el pasado 22 de mayo, fuera señalado por el Fiscal General por presuntos vínculos con el grupo guerrillero FARC, emitió un comunicado de prensa en el que denuncia lo que califica de persecución por parte de la Unidad de Terrorismo de la Fiscalía General de la Nación.

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

El pasado 22 de mayo de 2008 en una conferencia de prensa ante los medios de comunicación nacionales e internacionales el señor Fiscal general de la nación, Mario Iguarán Arana, anunció que había ordenado compulsar copias ante la Corte Suprema de Justicia para que investigara a los congresistas Wilson Borja, Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez, y que había ordenado que la propia fiscalía iniciara indagación preliminar contra dos asesores de paz y dos periodistas, por hallazgos hechos en los computadores conocidos supuestamente como de Raúl Reyes, que no fueron incautados en una diligencia judicial o por lo menos con acatamiento al orden interno e internacional, ni con orden previa de funcionario habilitado para tal efecto.

En el grupo de periodistas el señor Fiscal mencionó mi nombre, William Parra , lo mismo que el de Carlos Lozano , director del semanario Voz. Como para evitar dudas sobre la identidad de dichos periodistas los medios que reprodujeron la noticia calificada como la «FARC-Política » exhibieron imágenes y fotografías mías sobre el ejercicio de mis actividades, de casi 20 años en el periodismo colombiano.

Tras el anuncio hecho por el señor Fiscal General, otorgué poder a la abogada Sandra Gamboa Rubiano, de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, para que ejerciera mi defensa.

Dicha abogada presentó ante el Fiscal general de la nación un derecho de petición el día 26 de junio en donde solicitaba las siguientes respuestas:

  1. Especificar cuáles son los hechos que propiciaron la apertura de la indagación preliminar en referencia con el periodista William Parra.
  1. Especificar el delito que se viene discutiendo dentro del mencionado caso…

El señor Fiscal general no contestó dicho derecho de petición, sino que lo hizo un Fiscal de la Unidad de Terrorismo de la fiscalía, quien en un escrito fechado el día 15 de julio, expresó que en la actuación que adelanta «en relación al caso de los computadores de RAÚL REYES», se menciona «al sujeto conocido como WILLIAM PARRA ; sin que a la fecha esté establecido que sea el mismo que usted refiere en dicho derecho de petición»

Ante esta respuesta me permito denunciar ante la opinión pública nacional e internacional, las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y ante las fundaciones para la libertad de prensa y expresión:

Que la respuesta dada por el fiscal de la Unidad de Terrorismo equivale a desautorizar la información pública dada a conocer el día 22 de mayo por el señor Fiscal general de la nación y en términos prácticos a impedir mi ejercicio de defensa. En otras palabras mientras el Fiscal general busca asegurar mis derechos, la Unidad de Terrorismo los atropella. Esto porque la ley de Colombia obliga a la fiscalía a permitir el acceso de la defensa al proceso siempre que yo haya tenido conocimiento de que se adelantaba una indagación preliminar..

Como ciudadano y como periodista frente a esta situación no puedo comprender como la Unidad de Terrorismo de la Fiscalía pueda garantizar un debido proceso. Entiendo que esto no es responsabilidad del señor Fiscal General, pero en sus manos está garantizarme el debido proceso y que mi defensa tenga los elementos necesarios para adelantarla.

Pido ante el señor Fiscal General, que si se va a adelantar un proceso en mí contra, este se haga en condiciones de debido proceso, derecho de defensa, igualdad y de dignidad y por lo tanto solicito SE RETIRE DE LA UNIDAD DE TERRORISMO EL CASO…

Considero que con la actitud del señor fiscal de la Unidad de Terrorismo, no están dadas las condiciones para que este caso se lleve con la transparencia necesaria. Un fiscal de la Unidad de Terrorismo, no me brinda las garantías necesarias, ya que desde todo punto de vista es totalmente absurdo que esta unidad desautorice una información entregada directamente por el Fiscal general de la nación a la opinión pública nacional e internacional…

Este se constituye en un caso muy delicado, donde los vinculados somos trabajadores del tema humanitario y periodistas independientes, que necesitamos TRANSPARENCIA TOTAL en este proceso, para que éste no se convierta en un típico caso de persecución por nuestro pensamiento diferente al actual entorno y por nuestro trabajo periodístico con las fuentes que componen el conflicto armado interno que vive Colombia…

Como quiera que se supone que la Unidad de Terrorismo investiga actos de terrorismo y yo no soy ningún terrorista, pido que el caso sea enviado a la Fiscalía Delegada ante la Corte.

Tal y como lo señala el constitucionalista Juan Manuel Charry, en columna publicada el día 28 de mayo en el Diario El Tiempo: «Si la Fiscalía no tiene indicios serios de que los investigados cometieron un delito concreto, actúa con precipitación. Y si investiga delitos reales, debe decirlo».

WILLIAM PARRA.

Periodista

Para cualquier entrevista favor comunicarse con la doctora Sandra Rocío Gamboa Rubiano, de la Corporación Colectivo de abogados José Alvear Restrepo.

Periodista colombiano William Parra denuncia falta de garantías judiciales

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El periodista William Parra, quien el pasado 22 de mayo, fuera señalado por el Fiscal General por presuntos vínculos con el grupo guerrillero FARC, emitió un comunicado de prensa en el que denuncia lo que califica de persecución por parte de la Unidad de Terrorismo de la Fiscalía General de la Nación.

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

El pasado 22 de mayo de 2008 en una conferencia de prensa ante los medios de comunicación nacionales e internacionales el señor Fiscal general de la nación, Mario Iguarán Arana, anunció que había ordenado compulsar copias ante la Corte Suprema de Justicia para que investigara a los congresistas Wilson Borja, Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez, y que había ordenado que la propia fiscalía iniciara indagación preliminar contra dos asesores de paz y dos periodistas, por hallazgos hechos en los computadores conocidos supuestamente como de Raúl Reyes, que no fueron incautados en una diligencia judicial o por lo menos con acatamiento al orden interno e internacional, ni con orden previa de funcionario habilitado para tal efecto.

En el grupo de periodistas el señor Fiscal mencionó mi nombre, William Parra , lo mismo que el de Carlos Lozano , director del semanario Voz. Como para evitar dudas sobre la identidad de dichos periodistas los medios que reprodujeron la noticia calificada como la «FARC-Política » exhibieron imágenes y fotografías mías sobre el ejercicio de mis actividades, de casi 20 años en el periodismo colombiano.

Tras el anuncio hecho por el señor Fiscal General, otorgué poder a la abogada Sandra Gamboa Rubiano, de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, para que ejerciera mi defensa.

Dicha abogada presentó ante el Fiscal general de la nación un derecho de petición el día 26 de junio en donde solicitaba las siguientes respuestas:

  1. Especificar cuáles son los hechos que propiciaron la apertura de la indagación preliminar en referencia con el periodista William Parra.
  1. Especificar el delito que se viene discutiendo dentro del mencionado caso…

El señor Fiscal general no contestó dicho derecho de petición, sino que lo hizo un Fiscal de la Unidad de Terrorismo de la fiscalía, quien en un escrito fechado el día 15 de julio, expresó que en la actuación que adelanta «en relación al caso de los computadores de RAÚL REYES», se menciona «al sujeto conocido como WILLIAM PARRA ; sin que a la fecha esté establecido que sea el mismo que usted refiere en dicho derecho de petición»

Ante esta respuesta me permito denunciar ante la opinión pública nacional e internacional, las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y ante las fundaciones para la libertad de prensa y expresión:

Que la respuesta dada por el fiscal de la Unidad de Terrorismo equivale a desautorizar la información pública dada a conocer el día 22 de mayo por el señor Fiscal general de la nación y en términos prácticos a impedir mi ejercicio de defensa. En otras palabras mientras el Fiscal general busca asegurar mis derechos, la Unidad de Terrorismo los atropella. Esto porque la ley de Colombia obliga a la fiscalía a permitir el acceso de la defensa al proceso siempre que yo haya tenido conocimiento de que se adelantaba una indagación preliminar..

Como ciudadano y como periodista frente a esta situación no puedo comprender como la Unidad de Terrorismo de la Fiscalía pueda garantizar un debido proceso. Entiendo que esto no es responsabilidad del señor Fiscal General, pero en sus manos está garantizarme el debido proceso y que mi defensa tenga los elementos necesarios para adelantarla.

Pido ante el señor Fiscal General, que si se va a adelantar un proceso en mí contra, este se haga en condiciones de debido proceso, derecho de defensa, igualdad y de dignidad y por lo tanto solicito SE RETIRE DE LA UNIDAD DE TERRORISMO EL CASO…

Considero que con la actitud del señor fiscal de la Unidad de Terrorismo, no están dadas las condiciones para que este caso se lleve con la transparencia necesaria. Un fiscal de la Unidad de Terrorismo, no me brinda las garantías necesarias, ya que desde todo punto de vista es totalmente absurdo que esta unidad desautorice una información entregada directamente por el Fiscal general de la nación a la opinión pública nacional e internacional…

Este se constituye en un caso muy delicado, donde los vinculados somos trabajadores del tema humanitario y periodistas independientes, que necesitamos TRANSPARENCIA TOTAL en este proceso, para que éste no se convierta en un típico caso de persecución por nuestro pensamiento diferente al actual entorno y por nuestro trabajo periodístico con las fuentes que componen el conflicto armado interno que vive Colombia…

Como quiera que se supone que la Unidad de Terrorismo investiga actos de terrorismo y yo no soy ningún terrorista, pido que el caso sea enviado a la Fiscalía Delegada ante la Corte.

Tal y como lo señala el constitucionalista Juan Manuel Charry, en columna publicada el día 28 de mayo en el Diario El Tiempo: «Si la Fiscalía no tiene indicios serios de que los investigados cometieron un delito concreto, actúa con precipitación. Y si investiga delitos reales, debe decirlo».

WILLIAM PARRA.

Periodista

Para cualquier entrevista favor comunicarse con la doctora Sandra Rocío Gamboa Rubiano, de la Corporación Colectivo de abogados José Alvear Restrepo.

A indagatoria el periodista William Parra

Bogotá, 5 de agosto. Ante un fiscal de la Unidad Nacional contra el Terrorismo rendirá indagatoria el periodista William Parra, investigado por la presunta comisión del delito de rebelión.

En la diligencia judicial que se efectuará el próximo 20 de agosto, el comunicador deberá explicar la naturaleza de los nexos sostenidos con la guerrilla de las Farc, específicamente con el abatido cabecilla insurgente Edgar Devia Silva, alias ‘Raúl Reyes’.

Fuente: www.fiscalia.gov.co

Alerta FECOLPER: Oficiales de la Policía Nacional agreden a periodista comunitario en Bucaramanga

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El pasado jueves, 17 de Julio, José Velásquez Pereira, periodista comunitario de TVC Televisión Ciudadana y TV Impacto, se disponía a cubrir la fecha del campeonato de fútbol departamental, categoría pensionados, en el Barrio Mutis de la ciudad de Bucaramanga, cuando fue agredido por los oficiales William Quintero Salazar y Neila Ximena Rojas, adscritos al Departamento de Policía de Santander y a la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Cuando arribó al lugar, el periodista entrevistó a varios ciudadanos presentes en el escenario deportivo que denunciaron atropellos de miembros de la Policía Nacional.  Los entrevistados se quejaron de las dos carpas montadas por la fuerza pública en la cancha de fútbol para realizar un operativo de control de motociclistas que no permitía llevar a cabo la jornada deportiva programada para las 9:30 am.  José Velásquez aconsejó llegar a una solución con el comandante del operativo policial, para que ubicara las carpas y sus equipos en un espacio contiguo con suficiente área para que siguieran cumpliendo con su misión, permitiendo así el desarrollo del partido de fútbol.

Pero al hacerlo el señor Capitán William Quintero Salazar con gritos y palabras soeces agredió al comunicador y lo sometió a requisas. El periodista procedió a grabar al oficial con su cámara de video, recibiendo empujones por parte del oficial que tapó el lente de la cámara y junto con la Subteniente Neila Ximena Rojas,  continuaron agrediendo al periodista.

Velásquez denunció ante Ceso-FIP las conductas del capitán y la subteniente que constituyen una violación a la libertad de prensa.  El caso fue presentado ante la Procuraduría General de la Nación.

CARTAGENA: Aplazada audiencia contra el periodista Lucio Torres

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La audiencia pública de juzgamiento contra el periodista EDISON LUCIO TORRES fue aplazada para el 9 de septiembre.

El senador Javier Cáceres Leal no asistió y en su lugar estuvo el abogado Neil Fortich. Lucio estuvo acompañado de su abogado Juan Villanueva desde las 8:25 de la mañana en el despacho del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena que funciona en el Cuartel del Fijo. A las 9:00 a.m. la secretaría del juzgado informó que la vista pública quedaría aplazada, ya que el fiscal Paulo Xavier Julio no podía asistir porque estaba atendiendo otros asuntos de su cargo. En el recinto estaban periodistas y dirigentes populares de la ciudad.

Como se sabe, Cáceres, senador de Cambio Radical, presentó una denuncia penal por injuria y calumnia contra el periodista de Vox Populi porque éste presentó un análisis sobre la parapolítica en Bolívar y mencionó al parlamentario. Entre otras cosas dijo que Cáceres se encontraba relacionado por la Fiscalía en el informe sobre el computador de «Jorge 40», y se refirió al debate que Gustavo Petro iba a realizar sobre la parapolítica el 18 de octubre de 2006. Este análisis, Lucio lo tituló el Cazador Cazado, haciendo alusión al estilo del senador cartagenero de sentar en el banquillo de los acusados a funcionarios públicos.

Por esa razón, el senador denunció a Lucio por injuria y calumnia. Lucio, por su parte, basó su análisis en un informe de la Fiscalía de 29 páginas, informes de las revistas Semana y Cambio. Además, aportó en el proceso la investigación realizada por la Corporación Arco Iris denominada «Votos por masacres». Hoy, la Corte Suprema de Justicia le abrió al Honorable senador una investigación preliminar.

Lucio dijo que espera demostrar que no hubo injuria en su análisis, y solicitó el acompañamiento de los defensores de los derechos humanos y, en especial, de la nueva Relatora Especial para la Liberta de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero.

Fuente: http://lucioysusnotas.blogspot.com:80/

CARTAGENA: Aplazada audiencia contra el periodista Lucio Torres

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La audiencia pública de juzgamiento contra el periodista EDISON LUCIO TORRES fue aplazada para el 9 de septiembre.

El senador Javier Cáceres Leal no asistió y en su lugar estuvo el abogado Neil Fortich. Lucio estuvo acompañado de su abogado Juan Villanueva desde las 8:25 de la mañana en el despacho del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cartagena que funciona en el Cuartel del Fijo. A las 9:00 a.m. la secretaría del juzgado informó que la vista pública quedaría aplazada, ya que el fiscal Paulo Xavier Julio no podía asistir porque estaba atendiendo otros asuntos de su cargo. En el recinto estaban periodistas y dirigentes populares de la ciudad.

Como se sabe, Cáceres, senador de Cambio Radical, presentó una denuncia penal por injuria y calumnia contra el periodista de Vox Populi porque éste presentó un análisis sobre la parapolítica en Bolívar y mencionó al parlamentario. Entre otras cosas dijo que Cáceres se encontraba relacionado por la Fiscalía en el informe sobre el computador de «Jorge 40», y se refirió al debate que Gustavo Petro iba a realizar sobre la parapolítica el 18 de octubre de 2006. Este análisis, Lucio lo tituló el Cazador Cazado, haciendo alusión al estilo del senador cartagenero de sentar en el banquillo de los acusados a funcionarios públicos.

Por esa razón, el senador denunció a Lucio por injuria y calumnia. Lucio, por su parte, basó su análisis en un informe de la Fiscalía de 29 páginas, informes de las revistas Semana y Cambio. Además, aportó en el proceso la investigación realizada por la Corporación Arco Iris denominada «Votos por masacres». Hoy, la Corte Suprema de Justicia le abrió al Honorable senador una investigación preliminar.

Lucio dijo que espera demostrar que no hubo injuria en su análisis, y solicitó el acompañamiento de los defensores de los derechos humanos y, en especial, de la nueva Relatora Especial para la Liberta de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero.

Fuente: http://lucioysusnotas.blogspot.com:80/

El pasado jueves, 17 de Julio, José Velásquez Pereira, periodista comunitario de TVC Televisión Ciudadana y TV Impacto, se disponía a cubrir la fecha del campeonato de fútbol departamental, categoría pensionados, en el Barrio Mutis de la ciudad de Bucaramanga, cuando fue agredido por los oficiales William Quintero Salazar y Neila Ximena Rojas, adscritos al Departamento de Policía de Santander y a la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

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Cuando arribó al lugar, el periodista entrevistó a varios ciudadanos presentes en el escenario deportivo que denunciaron atropellos de miembros de la Policía Nacional. Los entrevistados se quejaron de las dos carpas montadas por la fuerza pública en la cancha de fútbol para realizar un operativo de control de motociclistas que no permitía llevar a cabo la jornada deportiva programada para las 9:30 am. José Velásquez aconsejó llegar a una solución con el comandante del operativo policial, para que ubicara las carpas y sus equipos en un espacio contiguo con suficiente área para que siguieran cumpliendo con su misión, permitiendo así el desarrollo del partido de fútbol.

Pero al hacerlo el señor Capitán William Quintero Salazar con gritos y palabras soeces agredió al comunicador y lo sometió a requisas. El periodista procedió a grabar al oficial con su cámara de video, recibiendo empujones por parte del oficial que tapó el lente de la cámara y junto con la Subteniente Neila Ximena Rojas, continuaron agrediendo al periodista.

Velásquez denunció ante Ceso-FIP las conductas del capitán y la subteniente que constituyen una violación a la libertad de prensa. El caso fue presentado ante la Procuraduría General de la Nación.

https://www.fecolper.com.co/nacionales/16774-Alerta-FECOLPER–Oficiales-de-la-Polic%C3%ADa-Nacional-agreden-a-periodista-comunitario-en-Bucaramanga

META: Asesor de la gobernación agrede a la prensa

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La Asociación de Periodistas del Meta, ASOPEMET, afiliada a la Federación Colombiana de Periodistas, exige al coronel retirado Germán Ayala, respeto por la prensa y garantías para ejercer la labor informativa.  La solicitud surge tras denuncias presentadas por colegas del departamento, alertando sobre el maltrato y restricciones de Ayala, actual asesor del despacho de la Gobernación departamental, hacia los periodistas.  El abuso de autoridad de Germán Ayala se evidenció el pasado 20 de julio, durante la Marcha por los Secuestrados en Villavicencio.  El funcionario obstruyó la labor de varios comunicadores que cubrían la jornada, prohibiendo hacer grabaciones en la tarima principal.  Este hecho se suma a los insultos de Ayala contra la periodista Eliana Cárdenas de TELENOTICIAS, que fueron divulgados y las amenazas en las que advierte a los periodistas que prohibirá el contacto con el Gobernador, negando el acceso a información de interés público.

A continuación, carta enviada por la Asociación de Periodistas del Meta:

Señor coronel (R)

GERMAN AYALA

Gobernación  del Meta

Ciudad

Señor Coronel (R)

No es nada grato para quienes ejercemos el noble oficio y estamos agremiados en  «Asopemet», recibir información relacionada con mal trato a los periodistas, por un ciudadano como usted, que si bien ejerce  un importante cargo, no significa que tenga  el poder para coartar la libertad que existe en nuestro país para el ejercicio profesional.

Nos duele este comportamiento, ya que,  conforme las denuncias hechas, no tiene fundamento su proceder, porque en nuestro concepto es abusivo, necio, inconsiderado, contraproducente y negativo, ya que desdice de un hombre que le prestó el servicio militar  a la patria y hoy ocupa una posición de privilegio en el gobierno del arquitecto Darío Vásquez Sánchez, amigo de los periodistas  y quien siempre ha manifestado  ofrecernos las mayores garantías para  el desempeño de las funciones e informar sobre el diario acontecer.

Lamentamos  los episodios denunciados y esperamos  que esa conducta sea modificada, porque estamos los colombianos en general y los periodistas en particular, exhaustos de tanto género violento y el predominio de la maledicencia y criterios esclavistas que deben desaparecer.

Muy respetuosamente,

Asociación de Periodistas del Meta «ASOPEMET»

Alcides Antonio Jáuregui Bautista

Presidente

Dr. Darío Vásquez Sánchez  Gobernador del Meta

Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER

Federación Internacional de Periodistas, FIP

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