Por: Eduardo Márquez G.
Presidente de la Federación Colombiana de Periodistas
Director del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas
Informar o no informar sobre hechos de violencia, es la cuestión… Viejo e interminable debate que salta a la palestra, cada vez que un periodista difunde hechos relacionados con ese flagelo, máxime si lo hace en directo, como sucedió cuando un ex sargento del Ejército, granada en mano y con nueve rehenes, exigió el pago de una pensión birlada por el Estado.
Edwin González, fue el colega de City TV que, en exclusiva –para malestar de directivos de medios “chiviados”-, logró meter cámara y micrófono en la sede de Porvenir para dar cuenta, no solo de la situación de indefensión de los rehenes, sino de la reclamación del nervioso agresor; y un hecho más, truncado por la sorpresiva acción de unos policías ¡disfrazados de periodistas!: un comunicado, donde el ex militar narraba su participación en crímenes cometidos durante la oscura guerra sucia del Estado para destruir o, por lo menos, entorpecer, los primeros esbozos de solución negociada a nuestro conflicto armado.
Mientras el camarógrafo mostraba las manos del sujeto prestas a quitar el seguro de una granada y el reportero preguntaba lo que hubiera preguntado cualquier periodista sensato en su lugar, corriendo el riesgo de convertirse en dos rehenes mas o en víctimas fatales, para muchos fue inevitable recordar la película “El Cuarto Poder”, en donde Dustin Hoffman encarnó a un reportero que termina mediando y, ojo, asesorando, a un guardia que había tomando de rehenes a un grupo de niños.
La diferencia entre las dos historias es que, mientras Hollywood decidió dar “de baja” al atolondrado agresor –como exige la moral de la cinematografía gringa- y dejar al periodista como un vil mercachifle “cómplice del terrorismo”, la inminente tragedia de la carrera séptima de Bogotá tuvo un desenlace feliz, con los rehenes en libertad y el agresor capturado.
De inmediato, el cubrimiento realizado armó una polémica que osciló, con variantes, entre dos extremos: un señalamiento al sensacionalismo comercial que se ha tomado las salas de redacción (dicho sea de paso, instigado desde las gerencias de los medios) y, al otro lado, el reconocimiento a un periodista que salvó nueve vidas y mantuvo informados a los colombianos, minuto a minuto.
Entre tanto, una pregunta nos rondaba la cabeza a varios: ¿Cuál sería el tenor de la discusión si los policías encubiertos no logran impedir que el ex militar saque el seguro de la granada? Las editoriales, columnas de opinión y las secciones de participación de lectores u oyentes estarían realizando sendas y justicieras reflexiones sobre el papel de los medios y, en particular, sobre el rol de los periodistas.
Pero también, abría quedado servido, en bandeja de plata, el gran argumento contra la libertad de prensa, a la clase política y económica, a los corruptos de cuello blanco, a todos aquellos que han visto afectados sus turbios intereses por investigaciones de periodistas valientes e independientes. Es fácil imaginar el restrictivo decreto que hubiera expedido el Ministerio de Comunicaciones, y el proyecto de Ley que ya estaría en curso para ponerle un palo más a la rueda de la información.
Como, al fin y al cabo, este acto de violencia fue un evidente efecto colateral de nuestra guerra, voy a compartir con ustedes, apartes del Código para el Cubrimiento del Conflicto Armado que redacté y puse a consideración de colegas en más de 20 reuniones, en calidad de directivo de la agrupación Medios para la Paz, luego que paramilitares y guerrilleros desplazaran, mediante amenazas, a casi todos los periodistas del departamento de Arauca, hace 5 años.
Los dos primeras consideraciones permiten establecer claramente el rol del reportero como uno de los garantes del derecho ciudadano a la información, y su actitud frente a la difusión de hechos violentos:
“El derecho a la información es la condición fundamental para que los ciudadanos de todas las condiciones sociales tengan un conocimiento veraz, equilibrado y oportuno del acontecer local, regional, nacional e internacional. Por lo tanto nuestro compromiso es con la sociedad y desde el punto de vista ético, con la verdad”.
“Somos ciudadanos cuya misión profesional consiste en informar, teniendo en cuenta el bien común; el periodista es un servidor del interés general que concibe la información como un bien social. Repudiamos la violencia como método de resolución de conflictos pero es nuestro deber cubrir la guerra, sin ocultar o exagerar sus causas, contexto y consecuencias”.
La primera parte del tercer punto del Código, encierra mi única duda sobre el cubrimiento realizado por el colega González:
“Por ningún motivo asumiremos funciones propias de los organismos de investigación o judiciales del Estado, ni de ningún centro ilegal de inteligencia, como tampoco de entidades humanitarias (…)”.
Cuando el secuestro colectivo ya estaba cercano a un desenlace, el periodista le dijo al ex sargento que quienes entraban al lugar de los hechos eran todos periodistas conocidos, a pesar de que, entre ellos, había tres desconocidos que luego supimos, se trataba de policías encubiertos.
A pesar del deseable final de la historia, prefiero suponer que la tensión del momento, impidió al colega detectar a los extraños en el grupo de prensa. Pues si lo hizo a conciencia, desvirtuó su rol como informador, con una grave consecuencia: sentó un precedente que puede partir en dos el cubrimiento de hechos violentos, por el manto de duda que cubrirá a cualquier reportero que pretenda entrevistar a un intolerante armado.
El mismo tercer punto del Código, destaca: “(…) Los periodistas somos informadores y no informantes; no podemos reemplazar a nadie, así como nuestra función es irremplazable”.
Muchos dirán que el derecho a la vida prima sobre los demás, y que no importan los medios utilizados para evitar la muerte a un ser humano. A ellos les digo que nuestro deber, nuestra razón de ser, nuestra prioridad es informar, y que una información oportuna, probablemente puede salvar más vidas que la buena intención de un reportero convertido en ayudante de policía, enfermero o negociador.
También hay otra variante peligrosa para el ejercicio del periodismo: son muchas las quejas de colegas que trabajan en Cauca, Sucre y Bogotá, por sólo mencionar tres lugares, que hemos recibido en la Federación Colombiana de Periodistas, sobre la manera como miembros de organismos de seguridad estatal utilizan chalecos que los identifican como reporteros de reconocidos medios de comunicación para realizar inteligencia, con sus cámaras, durante protestas civiles.
Esta actividad, al igual que la pérdida del rol del periodista, definitivamente, nos pone en riesgo. Por lo tanto, pone en riesgo el sagrado derecho ciudadano a la información. Y una sociedad desinformada, es presa fácil del rumor y de la manipulación de todos los factores de poder.
Fuente: www.cambio.com.co
