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FLIP: Integrantes del Ejército obstruyen labor de periodistas y los intimidan con disparos al aire

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El pasado 5 de julio de 2008, integrantes del Ejército impidieron que un grupo de periodistas llevara a cabo un cubrimiento y los intimidaron con disparos al aire. El hecho se produjo en zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá, al sur del país.

Los periodistas llegaron al lugar de los hechos, donde poco antes dos soldados habían resultado muertos en un enfrentamiento armado. Cuando intentaron tomar imágenes y recoger información sobre lo sucedido, un soldado avisó por radioteléfono a su superior. Éste, sin saber que el volumen del radio estaba alto, ordenó categóricamente: “mandé a esos HP para la mierda”. En seguida, los soldados maltrataron a los periodistas e intentaron retirarlos del lugar.

Mientras los periodistas pedían explicaciones por la decisión, escucharon unos disparos e inmediatamente corrieron a refugiarse. Duverney Gaviria, corresponsal del diario ‘La Nación’ de Huila, le comentó a la FLIP que al parecer los disparos no tenían nada que ver con el operativo: “Alcancé a ver a varios soldados riéndose”. Gaviria también aseguró que desde que arribaron al sitio se habían identificado como periodistas.

Según William González, corresponsal de RCN televisión y director de ‘Magazín 740’, que se transmite por el canal local, esto ha sucedido en otras ocasiones y se presenta principalmente a la hora de tomar imágenes. Los soldados les dicen “usted no tiene nada que grabar”, y los obligan a retirarse del lugar hasta tanto no hayan ordenado la zona por completo.

Los periodistas añadieron que en ocasiones, cuando graban fuera del casco urbano, regresan con sus cámaras y materiales de trabajo y en los retenes que hace el Ejército Nacional los obligan a mostrar qué imágenes llevan.

El comandante de la Unidad Operativa Mayor de Caquetá, brigadier general Jorge Octavio Ardila Silva, afirmó a la FLIP que es falso que los medios de comunicación no tengan acceso a la información, y que siempre se les mantiene al tanto de las actividades del Ejército. Además, aseguró que en el proceso de comunicación se sigue un conducto regular y que sólo a través de él se suministra información.

Frente a los hechos del sábado anterior, Ardila Silva afirmó que desconocía lo sucedido, pero que está prohibido sacar imágenes en las zonas donde hay operaciones debido a los lineamientos militares. “Lo que sí no se admite es que se trate con groserías a los periodistas o que se les maltrate”, concluyó.

La FLIP registra con preocupación esta obstrucción y la intimidación de la que fueron objeto los periodistas. El Ejército y la Policía pueden restringir el acceso específico a los lugares donde se haya presentado un crimen en aras de preservar la integridad de la investigación judicial, pero no podrá prohibir de manera absoluta la presencia de periodistas en tales lugares. De la misma forma, la Fuerza Pública tiene el deber de tomar las precauciones de seguridad en zonas de conflicto y hacer las recomendaciones pertinentes, pero no de obstruir la labor de los periodistas. Es deber de los periodistas implementar medidas de autoprotección y autorregulación para preservar sus vidas y no entorpecer las labores oficiales.

Por último, la FLIP rechaza el acto de los integrantes del Ejército de hacer disparos con el propósito de intimidarlos, y recuerda que no es la primera vez que sucede. Es deber del Ministerio de Defensa desarrollar programas de formación para que los integrantes de todas las fuerzas respeten el derecho a la información.

 Caso No. 2

ALERTA: Amenazado periodista en Medellín por presunto grupo paramilitar

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Foto tomada de Google images

Un mensaje amenazante, enviado mediante correo electrónico recibió, el pasado 12 junio, el periodista Olimpo Cárdenas, director del mensuario alternativo Periferia que se edita en la ciudad de Medellí­n. La misiva está firmada por un aparente grupo paramilitar del cual no se tení­a conocimiento.

“La Federación Colombiana de Periodistas respalda a su organización afiliada, la Asociación de Periodismo de Antioquia, en su rechazo a las amenazas contra el colega Cárdenas”, declaró Eduardo Márquez, Presidente de FECOLPER y Director del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas. “Con preocupación hemos visto como se han deteriorado las garantías para el ejercicio del periodismo en Medellín, por constantes agresiones de la fuerza pública contra reporteros que cubren eventos públicos y por la aparición de una serie de grupos delincuenciales de extrema derecha que suponí­amos desmovilizados y cuyo objetivo es la destrucción del pensamiento divergente.”

Igualmente, el dirigente gremial anunció que Ceso-FIP pondrá en conocimiento de las autoridades este nuevo caso de intolerancia, para que sean tomadas las medidas de seguridad necesarias que permitan el  libre funcionamiento de este medio de comunicación alternativo.

A continuación el comunicado expedido por la APA:

«APA RECHAZA AMENAZAS CONTRA EL PERIÓDICO PERIFERIA»

Olimpo Cárdenas Delgado, Director del periódico Periferia denunció las amenazas recibidas a través del correo electrónico del periódico, el jueves 12 de junio.

El periódico Periferia de carácter alternativo nació hace 3 años y medio y a la fecha ha distribuido 30 ediciones. El pasado 12 de junio recibió en su correo electrónico un mensaje amenazante de un grupo que se identifica como Contraguerrillas Auto Defensor, el siguiente es el texto de la misiva recibida:

«El sapo y los renacuajos formaron una guerrilla; el sapo sacó la lengua y los renacuajos campanilla. El sapo iba con viaje a Venezuela para hacer un negocio; y los renacuajos le decí­an vete rápido mi socio! los sapos entre su cueva también pueden resollar, alegando  entre ellos porque su cueva se las van a volar. los sapos cuando se reproducen no pueden dar opinión, QUE SE SALGAN DE LA CUEVA PORQUE LOS VA A MANDAR REVENTAR  EL PATRÓN!

Atentamente:  A.D.N  Medellín-Colombia»

Frente al mensaje, las directivas y el equipo de trabajo de Periferia expresaron es claro que con esta comunicación pretenden atemorizarnos y  torpedear el proyecto comunicativo que desde Periferia venimos construyendo junto a otras organizaciones sociales. Así­ quieren evitar que continuemos con nuestra labor de denuncia e información de la realidad que es acallada por los emporios masivos de comunicación ligados al poder económico y polí­tico.

De igual forma le piden garantí­as y protección al Estado colombiano porque somos objeto de hostigamientos y amenazas.

La  Asociación de Periodismo de Antioquia, APA, se solidariza con los colegas de Periferia y solicita formalmente a las autoridades competentes realizar una investigación para dar con los autores intelectuales y materiales de esta amenaza.

El artí­culo 20 de la Constitución Polí­tica de Colombia: Garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación.

 Junta Directiva

Asociación de Periodismo de Antioquia-APA-

Afiliado a la FIP-FECOLPER -Federación Colombiana de Periodistas

Medellí­n, junio  24 de 2008

ALERTA: Amenazado periodista en Medellín por presunto grupo paramilitar

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Un mensaje amenazante, enviado mediante correo electrónico recibió, el pasado 12 junio, el periodista Olimpo Cárdenas, director del mensuario alternativo Periferia que se edita en la ciudad de Medellí­n. La misiva está firmada por un aparente grupo paramilitar del cual no se tení­a conocimiento.

“La Federación Colombiana de Periodistas respalda a su organización afiliada, la Asociación de Periodismo de Antioquia, en su rechazo a las amenazas contra el colega Cárdenas”, declaró Eduardo Márquez, Presidente de FECOLPER y Director del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas. “Con preocupación hemos visto como se han deteriorado las garantías para el ejercicio del periodismo en Medellín, por constantes agresiones de la fuerza pública contra reporteros que cubren eventos públicos y por la aparición de una serie de grupos delincuenciales de extrema derecha que suponí­amos desmovilizados y cuyo objetivo es la destrucción del pensamiento divergente.”

Igualmente, el dirigente gremial anunció que Ceso-FIP pondrá en conocimiento de las autoridades este nuevo caso de intolerancia, para que sean tomadas las medidas de seguridad necesarias que permitan el  libre funcionamiento de este medio de comunicación alternativo.

A continuación el comunicado expedido por la APA:

«APA RECHAZA AMENAZAS CONTRA EL PERIÓDICO PERIFERIA»

Olimpo Cárdenas Delgado, Director del periódico Periferia denunció las amenazas recibidas a través del correo electrónico del periódico, el jueves 12 de junio.

El periódico Periferia de carácter alternativo nació hace 3 años y medio y a la fecha ha distribuido 30 ediciones. El pasado 12 de junio recibió en su correo electrónico un mensaje amenazante de un grupo que se identifica como Contraguerrillas Auto Defensor

 

Concejales de Barranquilla insultan a periodista y lo amenazan con acciones penales

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Foto tomada: google images

(FLIP/IFEX) – Después de insultos y ataques verbales, la mayoría de concejales de Barranquilla, capital del departamento de Atlántico, aprobó una proposición para denunciar penalmente al periodista Ernesto McCausland Sojo por críticas contra esa corporación. El 20 de junio de 2008, el diario «El Heraldo» había publicado una columna de McCausland, titulada «Los angelitos y el Carnaval», donde manifestaba su temor por que los concejales de la ciudad conviertan el tradicional Carnaval de Barranquilla en un «botín» político.

Según información de «El Heraldo» y otros medios locales, la sesión del concejo del 20 de junio tuvo un tono agresivo e intolerante de principio a fin. Los concejales insultaron al periodista y a su familia, formularon acusaciones infundadas en su contra y le solicitaron que «rectifique su artículo temerario y pendenciero contra los honorables concejales». En la sesión del 23 de junio, aprobaron una nueva proposición para que se instaure una denuncia penal en su contra por injuria y calumnia.

En una carta abierta, periodistas y organizaciones de libertad de expresión de todo el país rechazaron la actitud de los concejales y manifestaron su solidaridad con McCausland: «Dicha actitud no solamente resulta contraria a las normas de decencia que deben regir en una sociedad que ambiciona vivir en armonía y convivencia, sino que se convierte en una forma violenta de utilizar la palabra para amedrentar y coartar el sagrado derecho a disentir y criticar».

Esta información es responsabilidad de la FLIP. Favor de reconocer a la FLIP al difundirla.

RSF:Las FARC amenazaron a algunos de los periodistas que cubrían las marchas por la libertad

20 de julio de 2008, mientras cubrían las  marchas por la libertad en las ciudades de Arauca  y Saravena (Departamento de Arauca, Noreste),
algunos periodistas se vieron amenazados por un  grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de  Colombia (FARC).

Carmen Rosa Pabón, directora de información de la  radio La Voz del Cinaruco, y su colega Phillip  Moreno, corresponsal del Canal RCN de televisión,  fueron los primeros en recibir por SMS un mensaje  amenazante, informándoles de la presencia de las  FARC. Ambos profesionales, que no habían hecho  ningún gesto de apoyo a los manifestantes, no  entendieron los motivos del mensaje.

En la vecina localidad de Saravena recibieron las  mismas amenazas unos periodistas de la radio  comunitaria Sarare Estéreo, y el corresponsal de
La Voz del Cinaruco. La directora de Sarare  Estéreo, Ella Patricia Ardila, ha indicado que la  marcha de Saravena tenía más el objetivo de  festejar la independencia que de manifestarse por  la libertad de los rehenes, razón por la cual no  entiende el motivo de esas intimidaciones.

La policía del departamento declaró que tomaría  las medidas necesarias para garantizar la protección de los periodistas.

20 de julio de 2008, mientras cubrían las  marchas por la libertad en las ciudades de Arauca  y Saravena (Departamento de Arauca, Noreste),
algunos periodistas se vieron amenazados por un  grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de  Colombia (FARC).

Carmen Rosa Pabón, directora de información de la  radio La Voz del Cinaruco, y su colega Phillip  Moreno, corresponsal del Canal RCN de televisión,  fueron los primeros en recibir por SMS un mensaje  amenazante, informándoles de la presencia de las  FARC. Ambos profesionales, que no habían hecho  ningún gesto de apoyo a los manifestantes, no  entendieron los motivos del mensaje.

En la vecina localidad de Saravena recibieron las  mismas amenazas unos periodistas de la radio  comunitaria Sarare Estéreo, y el corresponsal de La Voz del Cinaruco. La directora de Sarare  Estéreo, Ella Patricia Ardila, ha indicado que la  marcha de Saravena tenía más el objetivo de  festejar la independencia que de manifestarse por  la libertad de los rehenes, razón por la cual no  entiende el motivo de esas intimidaciones.

La policía del departamento declaró que tomaría  las medidas necesarias para garantizar la protección de los periodistas.

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Benoît Hervieu
Despacho Américas / Americas desk
Reporters sans frontières
47, rue Vivienne
75002 Paris – France

tél. : +33 (0) 1 44 83 84 68
fax : +33 (0) 1 45 23 11 51
e-mail : ameriques@rsf.org
americas@rsf.org
http://www.rsf.org

FLIP:Concejales de Barranquilla insultan a periodista y amenazan con acciones legales

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Después de insultos y ataques verbales, la mayoría de concejales de Barranquilla, capital del Atlántico, aprobó una proposición para denunciar penalmente al periodista Ernesto McCausland Sojo por críticas contra esa corporación. El 20 de junio, el diario ‘El Heraldo’ había publicado una columna de McCausland, titulada ‘Los angelitos y el Carnaval’, donde manifestaba su temor por que los concejales de la ciudad conviertan el tradicional Carnaval de Barranquilla en un ‘botín’ político.

Según información de ‘El Heraldo’ y otros medios locales, la sesión del concejo del viernes pasado tuvo un tono agresivo e intolerante de principio a fin. Los concejales insultaron al periodista y a su familia, formularon acusaciones infundadas en su contra y le solicitaron que »rectifique su artículo temerario y pendenciero contra los honorables concejales». En la sesión del lunes siguiente, aprobaron una nueva proposición para que se instaure una denuncia penal en su contra por injuria y calumnia.

En una carta abierta, periodistas y organizaciones de libertad de expresión de todo el país rechazaron la actitud de estos funcionarios públicos y manifestaron su solidaridad con Ernesto McCausland: »Dicha actitud no solamente resulta contraria a las normas de decencia que deben regir en una sociedad que ambiciona vivir en armonía y convivencia, sino que se convierte en una forma violenta de utilizar la palabra para amedrentar y coartar el sagrado derecho a disentir y criticar».

* * *

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se une a las manifestaciones de apoyo y solidaridad hacia el periodista Ernesto McCausland. La libertad de expresión protege especialmente el derecho a la opinión, que incluye todas las opiniones, sean éstas adversas, polémicas e, incluso, molestas. Más aún, en su condición de funcionarios públicos, los concejales de Barranquilla están sometidos a la crítica y al control ciudadano.

Para la FLIP resulta sorprendente que esta corporación utilice de manera irregular mecanismos propios de su gestión pública, como las mociones y las proposiciones del cabildo, para coartar la libertad de expresión e inhibir la crítica periodística.

Después de insultos y ataques verbales, la mayoría de concejales de Barranquilla, capital del Atlántico, aprobó una proposición para denunciar penalmente al periodista Ernesto McCausland Sojo por críticas contra esa corporación. El 20 de junio, el diario ‘El Heraldo’ había publicado una columna de McCausland, titulada ‘Los angelitos y el Carnaval’, donde manifestaba su temor por que los concejales de la ciudad conviertan el tradicional Carnaval de Barranquilla en un ‘botín’ político.

Según información de ‘El Heraldo’ y otros medios locales, la sesión del concejo del viernes pasado tuvo un tono agresivo e intolerante de principio a fin. Los concejales insultaron al periodista y a su familia, formularon acusaciones infundadas en su contra y le solicitaron que »rectifique su artículo temerario y pendenciero contra los honorables concejales». En la sesión del lunes siguiente, aprobaron una nueva proposición para que se instaure una denuncia penal en su contra por injuria y calumnia.

En una carta abierta, periodistas y organizaciones de libertad de expresión de todo el país rechazaron la actitud de estos funcionarios públicos y manifestaron su solidaridad con Ernesto McCausland: »Dicha actitud no solamente resulta contraria a las normas de decencia que deben regir en una sociedad que ambiciona vivir en armonía y convivencia, sino que se convierte en una forma violenta de utilizar la palabra para amedrentar y coartar el sagrado derecho a disentir y criticar».

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se une a las manifestaciones de apoyo y solidaridad hacia el periodista Ernesto McCausland. La libertad de expresión protege especialmente el derecho a la opinión, que incluye todas las opiniones, sean éstas adversas, polémicas e, incluso, molestas. Más aún, en su condición de funcionarios públicos, los concejales de Barranquilla están sometidos a la crítica y al control ciudadano.

Para la FLIP resulta sorprendente que esta corporación utilice de manera irregular mecanismos propios de su gestión pública, como las mociones y las proposiciones del cabildo, para coartar la libertad de expresión e inhibir la crítica periodística.

Esta información es autoría de la FLIP.
Favor reconocerla al difundirla.
Para mayor información, comuníquese con la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Bogotá, Colombia. Tel: (571) 4 00 96 77, Fax: (571) 4 00 96 78. e-mail:info@flip.org.co | www.flip.org.co | www.flip.org.co/english/

ALERTA: Tras ataque y amenaza a periodista en Bogotá, La Verdad no llegó a sus lectores

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Inmediatamente se despidieron los escoltas del DAS que lo protegen desde hace varios meses, el periodista Pedro Antonio Cárdenas fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, hoy a las 2:20 de la tarde, y, tras encañonarlo con un revólver, tirarlo al piso y golpearlo, en pleno centro de Bogotá, le dieron la orden de no distribuir su revista en el municipio de Honda, Tolima.

“Gonorrea, no lo mato porque no fue eso lo que nos mandaron. Vengo a recordarle que la revista no puede circular en Honda”, le dijo el uno de los agresores. Entre tanto le apuntaba la cabeza con un revólver calibre 38, luego de darle varias patadas en la cara, mientras el periodista, tirado en medio de la calle, solo atinaba sino a mantener las manos en alto, a media cuadra de una estación móvil de la policía, en la calle 18 con carrera 13.

Acababa de llegar de una correría, por varios municipios, donde en su calidad de director, redactor y distribuidor de La Verdad, había vendido varios ejemplares de su revista. Los escoltas le habían pedido autorización para buscar ropa en sus casas, pues se aprestaban a viajar a Honda, justamente, para llevar La Verdad pero, por cuenta de los intolerantes que lo amenazan de manera continua, La Verdad no llegó a manos de los lectores.

Tan pronto los matones se retiraron en una motocicleta de color blanco, el periodista se refugió en un Centro de Atención Inmediata de la Policía, donde fue recogido por el Director del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas y Presidente de la Federación Colombiana de Periodistas, Eduardo Márquez, quién constató los hematomas en el rostro del colega y lo trasladó a un lugar seguro.

En una separata especial de su última edición, la revista La Verdad, denuncia los presuntos vínculos y negocios de varios concejales y ex concejales de Honda, con alias El Costeño, cuando era comandante del frente Omar Izasa de las Autodefensas Unidas de Colombia del Magdalena Medio. Según el colega Cárdenas, este jefe paramilitar dio la orden de su secuestro, ocurrido el 12 de marzo del año 2003. Gracias a una rápida acción de la policía, el periodista fue rescatado en la afueras de Honda y detenidos sus captores.

“Queremos agradecer a la Policía de Bogotá por atender nuestro llamado y reforzar el esquema de seguridad de Pedro Cárdenas”, declaró Eduardo Márquez. “Sin embargo estamos muy preocupados por la manera como actuaron esos matones, pues demuestra que lo venían siguiendo, y sólo esperaban una oportunidad para actuar y dar su mensaje de terror”.

Finalmente, el dirigente periodístico destacó que con actos de barbarie como el cometido el día de hoy, además de llevar la zozobra a la familia de Pedro, una vez más, deja a los ciudadanos sin conocer información de interés, pocos días después que el llamado escándalo de la parapolítica dejó tras las rejas a cuatro ex alcaldes del norte del Tolima. “Cada vez que un periodista es perseguido y amenazado, pierde la sociedad, porque -como en este caso-, puede quedar a merced de políticos inescrupulosos que cuentan con un brazo armado criminal”, puntualizó Márquez.

Dilemas durante el cubrimiento de hechos violentos

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Por: Eduardo Márquez G.
Presidente de la Federación Colombiana de Periodistas
Director del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas

Informar o no informar sobre hechos de violencia, es la cuestión… Viejo e interminable debate que salta a la palestra, cada vez que un periodista difunde hechos relacionados con ese flagelo, máxime si lo hace en directo, como sucedió cuando un ex sargento del Ejército, granada en mano y con nueve rehenes, exigió el pago de una pensión birlada por el Estado.

Edwin González, fue el colega de City TV que, en exclusiva –para malestar de directivos de medios “chiviados”-, logró meter cámara y micrófono en la sede de Porvenir para dar cuenta, no solo de la situación de indefensión de los rehenes, sino de la reclamación del nervioso agresor; y un hecho más, truncado por la sorpresiva acción de unos policías ¡disfrazados de periodistas!: un comunicado, donde el ex militar narraba su participación en crímenes cometidos durante la oscura guerra sucia del Estado para destruir o, por lo menos, entorpecer, los primeros esbozos de solución negociada a nuestro conflicto armado.

Mientras el camarógrafo mostraba las manos del sujeto prestas a quitar el seguro de una granada y el reportero preguntaba lo que hubiera preguntado cualquier periodista sensato en su lugar, corriendo el riesgo de convertirse en dos rehenes mas o en víctimas fatales, para muchos fue inevitable recordar la película “El Cuarto Poder”, en donde Dustin Hoffman encarnó a un reportero que termina mediando y, ojo, asesorando, a un guardia que había tomando de rehenes a un grupo de niños.

La diferencia entre las dos historias es que, mientras Hollywood decidió dar “de baja” al atolondrado agresor –como exige la moral de la cinematografía gringa- y dejar al periodista como un vil mercachifle “cómplice del terrorismo”, la inminente tragedia de la carrera séptima de Bogotá tuvo un desenlace feliz, con los rehenes en libertad y el agresor capturado.

De inmediato, el cubrimiento realizado armó una polémica que osciló, con variantes, entre dos extremos: un señalamiento al sensacionalismo comercial que se ha tomado las salas de redacción (dicho sea de paso, instigado desde las gerencias de los medios) y, al otro lado, el reconocimiento a un periodista que salvó nueve vidas y mantuvo informados a los colombianos, minuto a minuto.

Entre tanto, una pregunta nos rondaba la cabeza a varios: ¿Cuál sería el tenor de la discusión si los policías encubiertos no logran impedir que el ex militar saque el seguro de la granada? Las editoriales, columnas de opinión y las secciones de participación de lectores u oyentes estarían realizando sendas y justicieras reflexiones sobre el papel de los medios y, en particular, sobre el rol de los periodistas.

Pero también, abría quedado servido, en bandeja de plata, el gran argumento contra la libertad de prensa, a la clase política y económica, a los corruptos de cuello blanco, a todos aquellos que han visto afectados sus turbios intereses por investigaciones de periodistas valientes e independientes. Es fácil imaginar el restrictivo decreto que hubiera expedido el Ministerio de Comunicaciones, y el proyecto de Ley que ya estaría en curso para ponerle un palo más a la rueda de la información.

Como, al fin y al cabo, este acto de violencia fue un evidente efecto colateral de nuestra guerra, voy a compartir con ustedes, apartes del Código para el Cubrimiento del Conflicto Armado que redacté y puse a consideración de colegas en más de 20 reuniones, en calidad de directivo de la agrupación Medios para la Paz, luego que paramilitares y guerrilleros desplazaran, mediante amenazas, a casi todos los periodistas del departamento de Arauca, hace 5 años.

Los dos primeras consideraciones permiten establecer claramente el rol del reportero como uno de los garantes del derecho ciudadano a la información, y su actitud frente a la difusión de hechos violentos:
“El derecho a la información es la condición fundamental para que los ciudadanos de todas las condiciones sociales tengan un conocimiento veraz, equilibrado y oportuno del acontecer local, regional, nacional e internacional. Por lo tanto nuestro compromiso es con la sociedad y desde el punto de vista ético, con la verdad”.

“Somos ciudadanos cuya misión profesional consiste en informar, teniendo en cuenta el bien común; el periodista es un servidor del interés general que concibe la información como un bien social. Repudiamos la violencia como método de resolución de conflictos pero es nuestro deber cubrir la guerra, sin ocultar o exagerar sus causas, contexto y consecuencias”.
La primera parte del tercer punto del Código, encierra mi única duda sobre el cubrimiento realizado por el colega González:
“Por ningún motivo asumiremos funciones propias de los organismos de investigación o judiciales del Estado, ni de ningún centro ilegal de inteligencia, como tampoco de entidades humanitarias (…)”.

Cuando el secuestro colectivo ya estaba cercano a un desenlace, el periodista le dijo al ex sargento que quienes entraban al lugar de los hechos eran todos periodistas conocidos, a pesar de que, entre ellos, había tres desconocidos que luego supimos, se trataba de policías encubiertos.

A pesar del deseable final de la historia, prefiero suponer que la tensión del momento, impidió al colega detectar a los extraños en el grupo de prensa. Pues si lo hizo a conciencia, desvirtuó su rol como informador, con una grave consecuencia: sentó un precedente que puede partir en dos el cubrimiento de hechos violentos, por el manto de duda que cubrirá a cualquier reportero que pretenda entrevistar a un intolerante armado.
El mismo tercer punto del Código, destaca: “(…) Los periodistas somos informadores y no informantes; no podemos reemplazar a nadie, así como nuestra función es irremplazable”.

Muchos dirán que el derecho a la vida prima sobre los demás, y que no importan los medios utilizados para evitar la muerte a un ser humano. A ellos les digo que nuestro deber, nuestra razón de ser, nuestra prioridad es informar, y que una información oportuna, probablemente puede salvar más vidas que la buena intención de un reportero convertido en ayudante de policía, enfermero o negociador.

También hay otra variante peligrosa para el ejercicio del periodismo: son muchas las quejas de colegas que trabajan en Cauca, Sucre y Bogotá, por sólo mencionar tres lugares, que hemos recibido en la Federación Colombiana de Periodistas, sobre la manera como miembros de organismos de seguridad estatal utilizan chalecos que los identifican como reporteros de reconocidos medios de comunicación para realizar inteligencia, con sus cámaras, durante protestas civiles.

Esta actividad, al igual que la pérdida del rol del periodista, definitivamente, nos pone en riesgo. Por lo tanto, pone en riesgo el sagrado derecho ciudadano a la información. Y una sociedad desinformada, es presa fácil del rumor y de la manipulación de todos los factores de poder.

Fuente: www.cambio.com.co

ALERTA: Miembros de la policía impiden trabajo de reporteros gráficos durante emergencia en Medellín

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Nuevamente en Medellín se presentan impedimentos por parte de la fuerza pública para realizar libremente el ejercicio periodístico El primer día (sábado 31 de mayo) de la tragedia ocurrida en el barrio El Socorro, al occidente  de Medellín, algunos miembros de la Policía impidieron el trabajo de un grupo de fotógrafos, de periódicos locales, nacionales y corresponsales de agencias extranjeras.

Varios reporteros que llegaron a registrar gráficamente la emergencia ocurrida, denunciaron atropellos por parte de algunos miembros de la Policía que se encontraban en el sitio. «No sabemos que pasó porque nosotros hemos logrado entendernos con la Policía, ellos han respetado lo que hacemos,» dijo Fredy Amariles corresponsal de la agencia Reuters.

 Situación similar ocurrió durante el sepelio colectivo realizado el día lunes, 2 de junio.

Osman Herrera reportero gráfico del periódico El Mundo, confirmó la agresión pero no supo de donde vino la orden.

Otros reporteros agredidos y a quienes se les obstaculizó el trabajo fueron Luis Benavides de AP (Associated Press), Julio Herrera de El Tiempo y Henry Agudelo de El Colombiano, este último dijo «estamos siendo tratados como lo peor, no nos permiten trabajar, nosotros somos serios y no hacemos imágenes o periodismo de morbo». El mismo reportero rechazó la requisa exagerada de los maletines donde guardan sus implementos de trabajo.  Todos los afectados coinciden al decir que fueron empujados y les taparon el  lente de la cámara.

La Asociación de Periodistas de Antioquia, APA, afiliada a la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, quiere expresar su rechazo a esta situación y hace un llamado a los diferentes organismos de seguridad colombianos, al igual que a las entidades públicas y privadas, el respeto al libre desempeño del ejercicio periodístico en cualquiera de sus modalidades.

 Medellín, 3  de junio de 2008

 Junta Directiva

Asociación de Periodistas de Antioquia-APA-

Afiliado a la FIP-FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas

OLA: Periodista sale ileso de atentado cometido en Tucamo, Nariño

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El periodista Víctor Manuel Correa salió ileso de un atentado contra su vida en el municipio de Tumaco, Nariño, donde labora en el periódico Diario del Sur.

El trabajador de la información, quien hace tres años tuvo que abandonar Buenaventura por amenazas de muerte, fue abordado por dos sujetos armados que ingresaron a su oficina en el puerto nariñense.
Afortunadamente dos miembros de Defensa Civil que se encontraban en el lugar lograron mediante forcejeo desarmar a los presuntos sicarios, quienes emprendieron la huida.

Correa es natural de Cali y ha laborado en varios medios como el circuito Todelar.
«No se de dónde puedan provenir estos ataques pues también he recibido amenazas e intimidaciones. Presumo que se pueda tratar de personas que se sienten lesionadas por mis coberturas periodísticas sobre el orden público en Tumaco», dijo el periodista.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para precisar responsables.

Esta información es responsabilidad del Observatorio Latinoamericano para la Libertad de Expresión de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación Social (FELATRACS).

 

Organizaciones de periodistas y libertad de prensa exigen al ELN liberar a Mario Alfonso Puello

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El Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, la Fundación para la Libertad de Prensa, la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, y su organización afiliada, el Círculo de Periodistas de la Guajira, exigimos al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN, la inmediata liberación de nuestro colega Mario Alfonso Puello.

Como se recordará, la retención ilegal de Mario Alfonso se produjo cuando el periodista viajaba con varias personas del programa de alfabetización para indígenas adultos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, del cual hacía parte. El vehículo se movilizaba por la vía Santa Marta – Riohacha cuando, a la altura del kilómetro 35, fueron obligados a detenerse por guerrilleros del ELN que habían montado un retén ilegal, el pasado 17 de febrero.

Puello y otras tres personas, entre las que se encontraba el rector de la UNAD, Aldo Brito Carrillo, fueron obligados a descender del automotor y de inmediato fueron aprehendidos por desconocidos, quienes se los llevaron caminando. Luego de haber avanzado un trayecto de unos 300 metros, Brito logró escapar de sus captores tras forcejear con uno de ellos.

El pasado lunes, en horas de la tarde, tropas del Ejército Nacional capturaron a Manuel de Jesús Bonet de la Rosa, de 22 años y 7 de incorporación al ELN, quien informó que los secuestrados están con vida, en manos del Frente Domingo Barrios del Ejército de Liberación Nacional. El sujeto que fue procesado, en audiencia pública, por el delito de rebelión, detalló que tanto el colega Mario Alfonso, como quienes lo acompañaban, se encuentran delgados debido a las dificultades de aprovisionamiento por los constantes operativos del Ejército.

Mario Puello, padre de 10 hijos y miembro de la Federación Colombiana de Periodistas, es un veterano reportero que habitualmente trabaja temas comunitarios y de interés social, razón por la cual estaba vinculado al programa de alfabetización de la UNAD, entre otros proyectos. El día del secuestro, el periodista se movilizaba como integrante de una comisión de esta universidad y, a la vez, realizaba el cubrimiento periodístico de la jornada de alfabetización.

Tras su secuestro, tanto el Círculo de Periodistas de la Guajira, como la Federación Colombiana de Periodistas realizaron dos manifestaciones para exigir la liberación del periodista, en Riohacha y Cartagena. Igualmente, organizaciones de libertad de prensa han apelado a todos los mecanismos jurídicos nacionales e internacionales para conseguir la libertad de los secuestrados.

“Hago un llamado a todos los afiliados a FECOLPER para que manifiesten su rechazo al secuestro del ELN, por todo los medios, y exijamos su inmediata e incondicional libertad. También hago un llamado a todas las asociaciones y sindicatos afiliados a la Federación Internacional de Periodistas en 120 países para que se sumen a nuestra voz de protesta”, declaró Eduardo Márquez, Presidente de la FECOLPER y Director del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas.

Por su parte, Betty Martinez, Presidenta del Círculo de Periodistas de la Guajira, manifestó: «Pedimos respeto por la vida de Mario. Sus hijos, amigos y colegas esperamos su regreso a casa, sano y salvo».

Finalmente, Márquez solicitó: «Quiero enviar un mensaje de cautela al Ministro de la Defensa y a los oficiales y soldados del Ejército Nacional que combaten al ELN, para que las vidas del colega y sus acompañantes no sean puestas en peligro”.
Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER
La FECOLPER representa a más de 1100 periodistas en 19 departamentos del país

Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, Ceso-FIP
La FIP representa a más de 600 mil periodistas en 120 países

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