La creciente interferencia gubernamental en la libertad de expresión amenaza la independencia editorial y el acceso ecuánime a la información en siete países de América Latina, según el informe que examina abusos en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay, incluyendo el uso extendido de publicidad oficial para premiar o castigar coberturas periodísticas, informa la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina.
“Millones de pesos son utilizados por funcionarios públicos para tratar de comprar coberturas favorables, situación que empeora si tenemos en cuenta los bajos salarios y la falta de seguridad laboral por la que atraviesan muchos periodistas”, señala Darian Pavli, uno de los autores del informe y asesor jurídico de Libertad de Expresión e Información de la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta.
Las autoridades latinoamericanas han recurrido durante mucho tiempo a la violencia, al hostigamiento por vías legales y a otras formas de intimidación para silenciar a los periodistas. “El precio del silencio” revela que distintos gobiernos de la región utilizan en la actualidad mecanismos menos evidentes para controlar a los medios, a través del abuso de sus facultades regulatorias y financieras.
“Esta censura sutil puede inhibir a muchos periodistas y aún permanecer invisible para el público”, sostiene Roberto Saba, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles, institución que co-edita el informe. “Se necesitan reformas inmediatas que incluyan el compromiso de todos los niveles de gobierno para modificar las leyes sobre publicidad oficial y terminar con las presiones indebidas a los medios”, agregó.
En Colombia, el estudio fue adelantado por la Fundación para la Libertad de Prensa, ONG que dió a conocer los resultados el pasado lunes 11, en la ciudad de
Bogotá.
