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Concejal de Barrancabermeja golpea por la espalda hiriendo a periodista

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fecolper
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“Así lo quería ver H.P. malpa…”, le gritó el concejal agresor, cuando el desconcertado reportero caía al piso y un borbotón de sangre corría por parte de su cara y cabeza. En su ataque Riaño utilizó un objeto contundente que, algunos especulaban, pudo haber sido la cacha de un revólver.

Media hora después del incidente, al momento de comunicarse con el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, Ceso-FIP, el periodista aún no había recibido atención médica, pues insistía en no desplazarse hacia un hospital hasta tanto la policía no capturara al concejal o la Presidenta del Consejo se pronunciara condenando el hecho.

Sin embargo, la docena de uniformados que se hicieron presentes en la sede del Consejo, luego de que cerca de 30 periodistas se agolparan para protestar por esta nueva agresión contra el ejercicio informativo, argumentaban que no podían actuar porque “no había flagrancia del delito”…

Entre el grupo de reporteros que exigían un procedimiento por parte de las autoridades, se encontraban Blanca Isabel Herrera, Presidenta de la Corporación de Periodistas de Barrancabermeja y el Magdalena Medio, y Pedro Severiche, Presidente de la Asociación de Periodistas de Barrancabermeja, dirigentes de las organizaciones afiliadas a la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER.

El colega Rosberg Perilla es un periodista independiente, concesionario del Canal Enlace TV, donde dirige, realiza y conduce el programa “De frente con Rosberg” que se emite a las 9 de la noche, de lunes a viernes. En la emisión del 27 de noviembre pasado, el periodista comentó que la Fiscalía estaba demorada en dar resultados en las investigaciones contra el concejal Riaño por presuntos actos de corrupción.

El colega Pedro Severiche, quien a principios de este año fue víctima de obstaculización a su labor, también en el Concejo Municipal, recordó a Ceso-FIP que Néstor Riaño también estuvo involucrado en el procedimiento irregular donde el periodista fue obligado a borrar un material periodístico.

“La justicia no actuó cuando el colega Severiche fue agredido por un grupo de concejales a comienzos de año, y el resultado es la gravísima agresión del día de hoy”, declaró Eduardo Márquez, Presidente de la Federación Colombia de Periodistas y Director del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas. “La impunidad es el mejor aliciente para todos los enemigos de un ejercicio libre del periodismo; la impunidad convierte al Estado en cómplice de los depredadores de la libertad de prensa. De todas formas insistiremos ante la Procuraduría General de la Nación para que el Concejal Riaño sea sancionado, además de la denuncia penal ante la Fiscalía”.

Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER
La FECOLPER representa a más de 1100 periodistas en 19 departamentos del país
Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, Ceso-FIP
La FIP representa a más de 600 mil periodistas en 120 países
https://www.fecolper.com.co/nacionales/17316-FECOLPER–Concejal-de-Barrancabermeja-golpea-por-la-espalda-hiriendo-a-periodista

Periodistas de Santander bajo amenaza de muerte

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Adriana Hurtado
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Se trata de los colegas Jazmín Romero y Mario Ruiz, que laboraban en el periódico Vanguardia Liberal y el canal de televisión Pase TV.

A Romero la empezaron a amenazar el pasado 13 de noviembre, cuando recibió una llamada telefónica donde le decían: Llevamos un año diciéndole (. . .) Le damos ocho días para que se vaya (de Socorro), tenemos ubicada a su familia.

¿Quiere mucho a su hija? La tenemos ubicada en su colegio. Mientras que a Ruiz se le viene amedrentando luego de dirigir un foro donde se trató veeduría de los medios de comunicación locales frente la licitación que la Alcaldía de Socorro.

«Dos periodistas amenazados de muerte»

Domingo, 23 Noviembre 2008 19:00

Las amenazas contra Romero se presentaron el 13 de noviembre de 2008 cuando recibió en su celular la llamada de un desconocido que le dijo: «Llevamos un año diciéndole (. . .) Le damos ocho días para que se vaya (de Socorro), tenemos ubicada a su familia. ¿Quiere mucho a su hija? La tenemos ubicada en su colegio».

Al día siguiente la situación se repitió. La periodista recibió la misma llamada, esta vez de otro sujeto. En la comunicación le reiteraban las amenazas de muerte y le señalaban que le quedaban siete días para salir de la ciudad.

No es la primera vez que Romero es amenazada. En octubre de 2007, en pleno periodo electoral, recibió varias intimidaciones que la obligaron a salir del municipio por un tiempo.

Al parecer, estos nuevos hechos no se relacionan con ese episodio. En esta oportunidad, las amenazas podrían haberse ocasionado por algunas indagaciones que hizo la periodista para obtener las versiones libres de un paramilitar desmovilizado que habría implicado a personas de la región en hechos delictivos.

Las directivas de «Vanguardia Liberal» se mostraron muy preocupadas por la situación de la periodista, quien debió salir del municipio de Socorro.

Por otro lado, el periodista Mario Ruiz también recibió amenazas de muerte luego de dirigir un foro que promovía la veeduría de los medios de comunicación locales frente la licitación que la Alcaldía de Socorro abrió para realizar la liquidación de la empresa de acueducto del municipio.

La primera intimidación que recibió el reportero fue vía telefónica el 4 de octubre. Le dijeron, «Mario, H.P., déjenos trabajar», y le advirtieron que su vida corría peligro. Posteriormente, sobre las paredes del exterior de su residencia aparecieron mensajes intimidatorios en similares términos a los de la llamada.

La FLIP manifiesta su preocupación por estos nuevos hechos que atentan contra la libertad de prensa y la integridad de los periodistas.

La FLIP exhorta a la Fiscalía General de la Nación a que investigue con celeridad el origen de estas amenazas. Adicionalmente, le solicita a la Policía medidas de seguridad para los periodistas.

Para mayor información, comunicarse con Carlos Cortés, director, FLIP,
Calle 40, No. 22 – 40 Oficina 302, Bogotá, Colombia S.A, teléf: +571 400 9677, +571 400 96 78, fax: +571 481 63 48, correo electrónico:
info@flip.org.co, sitio internet: http://www.flip.org.co

Periodistas de Santander bajo amenaza de muerte

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Se trata de los colegas Jazmín Romero y Mario Ruiz, que laboraban en el periódico Vanguardia Liberal y el canal de televisión Pase TV.

A Romero la empezaron a amenazar el pasado 13 de noviembre, cuando recibió una llamada telefónica donde le decían: Llevamos un año diciéndole (. . .) Le damos ocho días para que se vaya (de Socorro), tenemos ubicada a su familia.

¿Quiere mucho a
su hija? La tenemos ubicada en su colegio. Mientras que a Ruiz se le viene amedrentando luego de dirigir un foro donde se trató veeduría de los medios de comunicación locales frente la licitación que la Alcaldía
de Socorro.

Se trata de los colegas Jazmín Romero y Mario Ruiz, que laboraban en el periódico Vanguardia Liberal y el canal de televisión Pase TV.

A Romero la empezaron a amenazar el pasado 13 de noviembre, cuando recibió una llamada telefónica donde le decían: Llevamos un año diciéndole (. . .) Le damos ocho días para que se vaya (de Socorro), tenemos ubicada a su familia.

¿Quiere mucho a
su hija? La tenemos ubicada en su colegio. Mientras que a Ruiz se le viene amedrentando luego de dirigir un foro donde se trató veeduría de los medios de comunicación locales frente la licitación que la Alcaldía
de Socorro.

https://www.fecolper.com.co/nacionales/17295-Periodistas-de-Santander-bajo-amenaza-de-muerte

Circulo de Periodistas de Valledupar rechaza amenazas en contra del caricaturista Deivis Safady

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Adriana Hurtado
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foto tomada de: http://elpilon.com.co/

La Directiva del organismo gremial de Valledupar, se apersonó de la situación de las amenazas de muerte al caricaturista del Diario El Pilón Deivis Safady por parte de un funcionario público y mediante memorial y copia de las denuncias que él afectado instauró ante los organismos de investigación, el caso fue notificado ante los organismos nacionales e internacionales que propenden por la seguridad de los comunicadores, tales como FECOLPER, CESO-FIP y la FLIP.

La presidenta del Círculo de Periodistas de Valledupar, CPV Melitza Quintero Suárez, anotó que como vocera de dicha organización lamenta que en ciudades como Valledupar se presenten a menudo este tipo de situaciones, puesto que por su entorno, funcionarios, comunicadores y demás miembros de los medios de comunicación se conocen de cerca e interactúan en el diario vivir.

Asimismo agregó que “no se puede permitir que en esta ciudad se sigan presentando actos en contra de la libertad de prensa, puesto que nuestros periodistas en su mayoría están expuestos y son vulnerables a la inseguridad en el ejercicio de una profesión, que más que un beneficio lucrativo, sólo les deja el amor, las ganas y la convicción de seguir siendo periodistas”.

Anotó que “hago una invitación pública a todos los colegas para que nos
conscientícemos acerca de la importancia de trabajar por el fortalecimiento y la unificación gremial, con el solo propósito de luchar y exigir respeto por la libertad de expresión y el ejercicio de la profesión, hoy es Safady, mañana es otro y así seguirá la cadena, sino se le pone un control”.-

Cabe anotar que Deivis Safady es diseñador gráfico y caricaturista del Diario El Pilón, desde hace 10 años y es quien tiene la responsabilidad de emitir opinión a través de sus caricaturas, y precisamente una de ellas fue la que provocó las amenazas por parte de un funcionario público de Valledupar.

La Directiva del organismo gremial de Valledupar, se apersonó de la situación de las amenazas de muerte al caricaturista del Diario El Pilón Deivis Safady por parte de un funcionario público y mediante memorial y copia de las denuncias que él afectado instauró ante los organismos de investigación, el caso fue notificado ante los organismos nacionales e internacionales que propenden por la seguridad de los comunicadores, tales como FECOLPER, CESO-FIP y la FLIP.

Juez ordena arresto de Alejandro Santos director de la revista Semana

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Adriana Hurtado
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foto tomada de: http://www.elpais.com.co/

 

La decisión se tomó en el proceso de tutela que el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura José Alfredo Escobar inició contra ‘Semana’ por el artículo “El ‘mecenas’ de la justicia”, publicado el pasado 28 de abril.

Dando cumplimiento a dos decisiones judiciales previas, la revista rectificó en dos ocasiones.

Antecedentes

En el artículo se habla de la relación que un particular, Ascencio Reyes, tiene con el Fiscal General de la Nación y varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura.

El artículo se refiere a la influencia que Reyes tiene en estos altos círculos de la justicia colombiana y la aparente cercanía de éste con varios magistrados.

‘Semana’ planteó lo inquietante que resulta esto teniendo en cuenta que se trata de un desconocido que además tiene nexos comerciales con una persona acusada de narcotráfico.

José Alfredo Escobar Araújo interpuso acción de tutela (recurso de amparo) contra Alejandro Santos, en su condición de director de ‘Semana,’ por considerar vulnerados sus derechos a la honra, buen nombre e intimidad, entre otros.

En la acción señaló los que consideraba habían sido errores del medio de comunicación en la publicación de dicha información.

El 11 de agosto de 2008, el juez de primera instancia – Juez Dieciséis Penal del Circuito – le concedió la acción a Escobar Araújo y ordenó a la revista hacer la rectificación respectiva.

En la edición 1372, ‘Semana’ publicó la rectificación en la sección ‘Enfoque’.

En sentencia de segunda instancia de 12 de septiembre, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá consideró que la rectificación era insuficiente y que debía hacerse “con los mismos caracteres, colores, tamaño del artículo original errado, se efectúe la nota de rectificación”.

Adicionalmente, dio instrucciones exactas de cómo debía hacerse la rectificación y a quiénes debía incluir.

Dando cumplimiento a esa decisión, ‘Semana’ publicó una nueva rectificación en la edición 1380 en la sección ‘Actualidad’.

No obstante, la juez la consideró insuficiente y le dio 24 horas a la revista para que explique por qué no ha dado cumplimiento al fallo.

Además, exhortó a la revista para que haga una rectificación en la portada de su próxima edición y en las condiciones señaladas por el Tribunal.

La revista se negó a hacerlo, exponiendo las razones jurídicas del caso. En la última decisión, la juez expidió la orden de arresto. Esta decisión podrá ser revisada por el Tribunal Superior, en recurso de consulta, donde la revista ‘Semana’ espera que se declare la nulidad del incidente de desacato.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reitera su preocupación por la orden de arresto y la multa de seis salarios mínimos contra Alejandro Santos.

La juez competente está desconociendo abiertamente el precedente constitucional, principalmente al exigirle a ‘Semana’ las condiciones exactas de la rectificación y al ordenarle aclaraciones sobre personas que no están involucradas en el proceso.

La Corte Constitucional ha dicho de manera reiterada (recientemente en la sentencia T-626 de 2007) que la rectificación en condiciones de equidad “no supone una correspondencia matemática en cuanto a duración, extensión o espacio entre la publicación inicial y su aclaración o rectificación”.

La FLIP exhorta al Tribunal Superior para que en el proceso de consulta de la decisión declare la nulidad del incidente de desacato.

Esta información es autoría de la FLIP.

«FECOLPER y Ceso- Fip rechazan condena a prisión y multa contra director de revista Semana»

Viernes, 21 Noviembre 2008 19:00

La decisión de la Juez se aplicará por impresiones en el artículo “El mecenas de la Justicia”, puesto a circular el pasado 28 de abril, donde se destacó la influencia de Ascencio Reyes tanto en la Fiscalía General de la Nación y como en algunos tribunales, producto de sus relaciones de amistad  con algunos funcionarios.

La rectificación, solicitada mediante acción de tutela, fue promovida por José Alfredo Escobar Araújo, Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.

“Una juez pretendiendo tomar decisiones editoriales –como forma, tamaño, color y ubicación- sobre una rectificación que se realizó en dos ocasiones, es la máxima expresión del acoso judicial que tanto daño le hace a la libertad de información”,
declaró Eduardo Márquez Presidente de la FECOLPER y Director del Ceso-FIP. “La determinación tiene un tufillo persecutorio, pues existe una amplia jurisprudencia constitucional que deja sin sustento la pena impuesta contra Santos”, concluyó.

Sobre los correctivos judiciales para el restablecimiento del equilibrio informativo, la Corte Constitucional ha dicho:

La garantía de equivalencia no supone una correspondencia matemática en cuanto a duración, extensión o espacio entre la publicación inicial y su aclaración o rectificación. Lo fundamental es que la rectificación o aclaración de la información falsa o parcializada constituya un verdadero remedio a la vulneración de los derechos de la persona concernida, para lo cual se requiere que tenga, al menos, igual despliegue e importancia, pues “de lo que se trata es que el lector – o receptor – pueda identificar con facilidad la relación existente entre la rectificación y el artículo enmendado” (Corte Constitucional, Sentencia T-066 de
1998).

La oportunidad con la que la rectificación debe ser efectuada para que cumpla con su cometido de garantizar la protección efectiva de los derechos de quien ha sido afectado por una información errónea: el medio llamado a rectificar debe hacerlo en un término razonable a partir de la solicitud correspondiente, desde luego, previa verificación de los hechos (Corte Constitucional, Sentencia T-074 de 1995).

Sentencia que ordena arresto a director de Revista Semana

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA

SALA PENAL

Magistrada Ponente: SARA CEPEDA DE NOPE

RADICACIÓN (T1 1781) 11001310401620080054201
PROCEDENCIA Juzgado 16 Penal del Circuito
Accionante JOSÉ ALFREDO ESCOBAR ARAUJO
Accionados Revista Semana
Motivo Tutela de Segunda Instancia
Aprobado Acta 103 – 2008
Decisión MODIFICA – AJUSTA ORDEN DE TUTELA
Fecha 12 de septiembre de 2008

Descargue aquí el texto de la sentencia.

Rompen cámaras de periodistas en Armenia y Villavicencio

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Adriana Hurtado
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La Federación Colombiana de Periodistas denunció que un policía del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) destruyó la cámara del periodista Robinson Castañeda, quien cubría una revuelta de vendedores ambulantes que protestaban por las medidas de recuperación del espacio público en la ciudad de Armenia, el último 10 de noviembre.

Una semana atrás, el 4, en Villavicencio, capital del Meta, el ex concejal Pedro José Ospina, rompió la cámara de Oscar Chamorro, del Noticiero CNC, quien registró cómo el sujeto instigaba el desalojo de la viuda de un desplazado por la violencia y sus cuatro niños.

Cuando el periodista y camarógrafo Robinson Castañeda grababa los golpes que un agente del ESMAD le daba a un ciudadano que intervino para evitar que le pegaran a una vendedora ambulante que hacía parte de una protesta, fue, a su vez, atacado por el uniformado, quien le dio un golpe al lente a la cámara con su bastón.

Robinson Castañeda hace parte de El Salmón Producciones, equipo realizador del popular programa de crónica urbana «El Ladrillo» que se emite, semanalmente, a través del Canal UNE-EPM, compuesto por jóvenes recién egresados como profesionales de la comunicación.

Asimismo, «la policía del Quindío está cada día mas agresiva con la prensa», le dijo al Centro de Solidaridad de la FIP (Ceso-FIP), Edgar Torres, presidente de la Asociación de Periodistas de Quindío, afiliada a la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. «Yo mismo he sido intimidado por policías».

Por su parte el camarógrafo Oscar Chamorro le explicó a Ceso-FIP, la manera como el ex concejal Pedro José Ospina Caicedo le empujó la cámara, dañando el lente y el visor, cuando grababa el momento en que intentaba meterse a la casa de una viuda con cuatro niños, el pasado martes 4 de noviembre en Villavicencio, pues, según vecinos, él había comprado el remate de la propiedad.

La Federación Colombiana de Periodistas denunció que un policía del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) destruyó la cámara del periodista Robinson Castañeda, quien cubría una revuelta de vendedores ambulantes que protestaban por las medidas de recuperación del espacio público en la ciudad de Armenia, el último 10 de noviembre.

Una semana atrás, el 4, en Villavicencio, capital del Meta, el ex concejal Pedro José Ospina, rompió la cámara de Oscar Chamorro, del Noticiero CNC, quien registró cómo el sujeto instigaba el desalojo de la viuda de un desplazado por la violencia y sus cuatro niños.

Cuando el periodista y camarógrafo Robinson Castañeda grababa los golpes que un agente del ESMAD le daba a un ciudadano que intervino para evitar que le pegaran a una vendedora ambulante que hacía parte de una protesta, fue, a su vez, atacado por el uniformado, quien le dio un golpe al lente a la cámara con su bastón.

Robinson Castañeda hace parte de El Salmón Producciones, equipo realizador del popular programa de crónica urbana «El Ladrillo» que se emite, semanalmente, a través del Canal UNE-EPM, compuesto por jóvenes recién egresados como profesionales de la comunicación.

Asimismo, «la policía del Quindío está cada día mas agresiva con la prensa», le dijo al Centro de Solidaridad de la FIP (Ceso-FIP), Edgar Torres, presidente de la Asociación de Periodistas de Quindío, afiliada a la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. «Yo mismo he sido intimidado por policías».

Por su parte el camarógrafo Oscar Chamorro le explicó a Ceso-FIP, la manera como el ex concejal Pedro José Ospina Caicedo le empujó la cámara, dañando el lente y el visor, cuando grababa el momento en que intentaba meterse a la casa de una viuda con cuatro niños, el pasado martes 4 de noviembre en Villavicencio, pues, según vecinos, él había comprado el remate de la propiedad.

Extraditaran a Estados Unidos a guerrillero que secuestró a dos periodistas

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fecolper
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Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias “Carlos Marín”, fue notificado de la decisión
por el servicio de inteligencia (DAS), paso previo a su entrega a agentes
norteamericanos, según un comunicado del organismo que también tiene funciones de
autoridad migratoria.

Giraldo fue trasladado en las últimas horas de una prisión del suroeste del país a
la cárcel de alta seguridad de Cómbita (centro), donde se formalizará el envío,
señaló una fuente del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Giraldo Quinchía, detenido el 7 de enero, es solicitado por la Corte Distrital de
Columbia acusado del secuestro del fotógrafo estadounidense Scott Dalton y la
periodista británica Ruth Morris, del periódico Los Angeles Times, ocurrido el 21 de
enero de 2003 en el departamento de Arauca (frontera este con Venezuela).

Los reporteros fueron entregados el 1 de febrero de ese año al Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR) entre los municipios de Fortul y Tame (300 km al noreste de
Bogotá), luego de que el presidente Alvaro Uribe se negara a desmilitarizar una zona
como exigía el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Giraldo militaba en la segunda guerrilla colombiana desde 1980, y en el momento de
su captura se desempeñaba como jefe del llamado “Frente de Guerra Oriental”, según
el DAS.

Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias “Carlos Marín”, fue notificado de la decisión
por el servicio de inteligencia (DAS), paso previo a su entrega a agentes
norteamericanos, según un comunicado del organismo que también tiene funciones de
autoridad migratoria.

Giraldo fue trasladado en las últimas horas de una prisión del suroeste del país a
la cárcel de alta seguridad de Cómbita (centro), donde se formalizará el envío,
señaló una fuente del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Giraldo Quinchía, detenido el 7 de enero, es solicitado por la Corte Distrital de
Columbia acusado del secuestro del fotógrafo estadounidense Scott Dalton y la
periodista británica Ruth Morris, del periódico Los Angeles Times, ocurrido el 21 de
enero de 2003 en el departamento de Arauca (frontera este con Venezuela).

Los reporteros fueron entregados el 1 de febrero de ese año al Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR) entre los municipios de Fortul y Tame (300 km al noreste de
Bogotá), luego de que el presidente Alvaro Uribe se negara a desmilitarizar una zona
como exigía el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Giraldo militaba en la segunda guerrilla colombiana desde 1980, y en el momento de
su captura se desempeñaba como jefe del llamado “Frente de Guerra Oriental”, según
el DAS.

fuente: www.verdadabierta.com/..

Policía de tránsito obstaculiza labor de periodista.

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El 6 de noviembre, cuando el periodista Pedro Antonio Cárdenas se encontraba en la terminal de transporte de Yomasa, Bogotá, fue abordado por una patrulla motorizada de la Policía, para preguntarle si era el reportero que investigaba el Tránsito y con qué medio trabajaba. Cárdenas explicó a Ceso-FIP que tras identificarse, los uniformados le dijeron que no era permitido ejercer el periodismo en esa zona.

Pocos minutos después, llegó al lugar una patrulla de Tránsito asignada al sector. Un agente, identificado con el chaleco 847, retuvo la cédula de ciudadanía de Cárdenas y pidió los documentos del vehículo al conductor-escolta. Luego de un procedimiento de verificación, los policías anunciaron la inmovilización del vehículo, mientras acusaban al periodista de “sapo”, pues éste llamó al Comandante de Policía de Bogotá.

Luego de la llamada, llegó al lugar el sargento Jesús Enrique Suárez, Comandante de Tránsito asignado a ese sector, quién ordenó a los agentes devolver los documentos al periodista, reconociendo que los policías estaban cometiendo una falta al restringir el ejercicio periodístico de Cárdenas.

En el último número de la revista “La Verdad”, (Año 7 Edición 15), de quien Pedro Cárdenas es director y reportero, fue publicado el artículo “Agentes de tránsito, conductores propietarios de vehículos piratas comprometidos en un presunto matrimonio de corrupción”. Allí se denuncia el presunto comportamiento irregular de los policías identificados con los chalecos 118, 843 y 854, en el sector Yomasa.

El periodista Pedro Cárdenas es beneficiario de medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

http://www.fipcolombia.com/noticiaAmpliar.php?noticia=2533

Director de Semana enfrenta carcel a pesar de ratificar informacion periodística

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Alejandro Santos Rubino, director de ese medio de comunicación, podría sersancionado con cárcel.El pasado 28 de abril, la revista ‘Semana’ publicó en suedición 1356 “El ‘mecenas’ de la justicia”.

Allí se hablaba de la relación que unparticular, Ascencio Reyes, tiene con el Fiscal General de la Nación y variosmagistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura.

El artículo se refiere a la influencia que Reyes tiene en estos altos círculos de lajusticia colombiana y la aparente cercanía de éste con varios magistrados.

‘Semana’planteó lo inquietante que resulta esto teniendo en cuenta que se trata de undesconocido que además tiene nexos comerciales con una persona acusada denarcotráfico.

José Alfredo Escobar Araújo, magistrado del Consejo Superior de laJudicatura, interpuso acción de tutela (recurso de amparo) contra Alejandro Santos,en su condición de director de ‘Semana,’ por considerar vulnerados sus derechos a lahonra, buen nombre e intimidad, entre otros.

En la acción señaló los que considerabahabían sido errores del medio de comunicación en la publicación de dichainformación.

El 11 de agosto de 2008, el juez de primera instancia – Juez DieciséisPenal del Circuito – le concedió la acción a Escobar Araújo y ordenó a la revistahacer la rectificación respectiva. En la edición 1372, ‘Semana’ publicó larectificación en la sección ‘Enfoque’.

En sentencia de segunda instancia de 12 deseptiembre, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá consideró que larectificación era insuficiente y que debía hacerse “con los mismos caracteres,colores, tamaño del artículo original errado, se efectúe la nota de rectificación”, adicionalmente, dio instrucciones exactas de cómo debía hacerse la rectificación y aquiénes debía incluir.

Dando cumplimiento a esa decisión, ‘Semana’ publicó una nuevarectificación en la edición 1380 en la sección ‘Actualidad’. No obstante, el juez laconsideró insuficiente y le dio 24 horas a la revista para explique por qué no hadado cumplimiento al fallo, además, exhortó a la revista para que haga unarectificación en la portada de su próxima edición y en las condiciones señaladas porel Tribunal.

De lo contrario, dando aplicación al desacato, Alejandro Santosenfrenta una posible sanción de arresto de hasta seis meses y multa de hasta 20salarios mínimos mensuales.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)manifiesta su preocupación por el estado de la acción de tutela contra la revista‘Semana’ y su director, Alejandro Santos, si bien la FLIP es respetuosa de lasdecisiones y los procesos judiciales, sorprende que después dos rectificacionescontinúe la acción contra este medio de comunicación, y que se aplique una sancióndesproporcionada para este caso, como es el desacato.

El juez competente – de ambasinstancias – está desconociendo abiertamente el precedente constitucional,principalmente al exigirle a ‘Semana’ las condiciones exactas de la rectificación yal ordenarle aclaraciones sobre personas que no están involucradas en el proceso.

La Corte Constitucional ha dicho de manera reiterada (recientemente en la sentenciaT-626 de 2007) que la rectificación en condiciones de equidad “no supone unacorrespondencia matemática en cuanto a duración, extensión o espacio entre lapublicación inicial y su aclaración o rectificación”.

Teniendo en cuenta que este proceso involucra a un alto representante de la rama judicial, es aún más importanteque los jueces muestren su independencia y apego a los estándares de libertad deexpresión que la Corte Constitucional ha establecido, entre ellos, cabe destacar queentre el derecho al buen nombre y el derecho la honra de los funcionarios públicos,por un lado, y el derecho la libertad de expresión, por el otro, prima en principioeste último derecho.

Fuente: FLIP

ALERTA FECOLPER: Policías hostigan a periodistas en Quindío y Bogotá

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Adriana Hurtado
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Los periodistas Daniel Alejandro Restrepo Tabares y Yohanna Andrea Díaz Colorado del diario Q’Hubo, fueron agredidos por oficiales de la policía en momentos que realizaban el cubrimiento de un accidente en Calarcá que dejó como saldo a una persona muerta, el pasado martes 4 de noviembre. Dos días más tarde, en Bogotá, el colega Pedro Cárdenas, del periódico La Verdad, fue abordado por una patrulla motorizada en el barrio Yomasa para conminarlo a no realizar investigaciones periodísticas en el sector.

Agresiones continuadas

Según explicaron los reporteros de Q’Hubo al Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, los policías, entre quienes se encontraba el comandante de la Policía de Calarcá, Teniente Andrei Donato, el encargado de la Estación La Herradura, cabo Héctor Jaime Arcila Botero, y otros uniformados, los señalaron de delincuentes, y tras acusarlos de llevar armas escondidas, requisaron agresivamente al periodista e hicieron llorar a la joven reportera.

La situación fue dada a conocer por el comandante de la Policía del Quindío, coronel José Manuel Sarmiento Navas, quien de inmediato pidió una denuncia por escrito para entrar a investigar el caso.

Directivos de la Asociación de Periodista del Quindío –ASOPEQ, afiliada a la Federación Colombiana de Periodistas, expresaron su preocupación por los colegas de Q’Hubo, pues en lo que va corrido del año, han sido objeto de varias agresiones por parte de uniformados: un agente de la SIJIN borró el material gráfico de una periodista -caso que fue denunciado ante la Procuraduría General de la Nación-, y una agresión verbal de un policía motorizado contra el periodista Edgar Torres, directivo de FECOLPER. 

No quieren investigaciones periodísticas

“Nos solidarizamos con nuestros colegas del Quindío, y condenamos esta seguidilla de agresiones contra el ejercicio periodístico de la que han sido víctima –curiosamente- periodistas del mismo medio”, declaró Eduardo Márquez , Presidente de FECOLPER y Director de Ceso-FIP. “No podemos permitir que en este caso o en el del colega Pedro Cárdenas, se repita el acoso de quienes deberían velar por nuestra seguridad, así que presentaremos las quejas ante la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo hacemos un llamado de auto regulación a la Policía Nacional, pues son muchas, demasiadas, las agresiones contra periodistas durante este año”.

Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER 
La FECOLPER representa a más de 1100 periodistas en 19 departamentos del país

Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, Ceso-FIP 
La FIP representa a más de 600 mil periodistas en 120 países

Para mayor información, ingrese a: www.fipcolombia.com

 

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