Organizaciones que defienden la libertad de prensa en Colombia radicaron ante el Ministerio del Interior carta abierta (Ver aquí carta completa) solicitando avanzar en la formulación e implementación de la ‘Política Pública para garantizar la libertad de expresión de las personas que ejercen la actividad periodística’.
La Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER y el Círculo de Periodistas de Valledupar, CPV, conmemorarán el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el jueves 23 de noviembre, en el hotel Sicarare de esa ciudad.
En la jornada que iniciará a las 9 de la mañana, se hará la presentación regional del libro “Sociedad, guerra y periodistas: la información en tiempos de fusiles”, publicación elaborada por la FECOLPER, y que aporta a la caracterización de la violencia a periodistas, el daño producido y las transformaciones del ejercicio periodístico a raíz de las afectaciones generadas por el conflicto armado colombiano.
“A pesar del subregistro en los casos de violencia sobre mujeres periodistas, es posible identificar algunos impactos diferenciados que daremos a conocer en este encuentro. Las mujeres enfrentan un especial riesgo en el ejercicio de la actividad periodística dada la mayor probabilidad que existe de que sean víctimas de violencia sexual y otro tipo de tratos crueles y degradantes” indicó Adriana Hurtado, presidenta de la FECOLPER.
En el marco de la actividad, que cuenta con el apoyo de Union to Union e International Media Support, también se desarrollará el conversatorio: la reparación a periodistas, desafíos territoriales para conocer la verdad, reconstruir la memoria y luchar contra la impunidad.
Yanitza Fontalvo, presidenta del CPV, aseguró que el Cesar no ha escapado a las distintas formas de violencia que han restringido la labor de periodistas y medios de comunicación, al tiempo que han limitado el derecho a la información de la ciudadanía; en estos espacios conoceremos la sistematización de expectativas de reparación colectiva y también se dialogará sobre los aportes territoriales en material de su posible implementación.
Impunidad del 98.81% en procesos por ataques a periodistas.
Villavicencio, sede del certamen organizado por la Federación Colombiana de Periodistas FECOLPER
Con la participación de conferencistas nacionales e internacionales, se desarrolló en Villavicencio (Meta) el 10 y 11 de noviembre, la Primera Cumbre Internacional de Periodismo y Comunicación. Adriana Hurtado, presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, señaló que el encuentro tuvo como objetivo sensibilizar a más de 92 comunicadores colombianos sobre la preocupante situación de impunidad en los procesos por ataques a periodistas; analizar mecanismos de acceso a la justicia y plantear acciones de lucha contra la impunidad desde los gremios de periodistas.
“Si bien es cierto, el eje fundamental de la cumbre fue poner en conocimiento de nuestros colegas las cifras de impunidad, también tuvimos la oportunidad de presentar la mirada crítica de los investigadores de derechos humanos de CODHES, la situación que viven nuestros colegas de Venezuela, seguridad informática como medida de protección de periodistas y la influencia de las encuestas electorales en el periodismo”, puntualizó la Presidenta de la FECOLPER.
El Estado está en deuda con los Periodistas Colombianos
La periodista investigadora de derechos humanos Claudia Julieta Duque, puso el dedo en la llaga sobre la forma como en Colombia los casos de ataques a la prensa quedan en la impunidad y afirmó que “La impunidad es una estrategia de Estado para acallar a los periodistas que se atreven a investigar”. Entre las cifras más importantes reveladas por Claudia Julieta en un informe para CCOO y FIP se destacan:
• Entre septiembre de 1986 y abril de 2017, solo 0,2 de cada 10 procesos de ataques contra periodistas llegaron a juicio. Es decir, el 1.19%.
• Llegaron a etapa de juicio 12 de 673 casos, de los cuales 8 tuvieron condena. 773 periodistas victimas.
• El 69% de los procesos solo alcanzó etapa de indagación preliminar, es decir nunca hubo investigación formal.
• De 304 amenazas, una sentencia condenatoria.
• De 105 asesinatos, 3 condenas.
• De 70 casos de lesiones personales, una sentencia.
• Estruendosa impunidad de 98.81%
Por su parte, Marco Antonio Ruiz, Secretario General del Sindicato Nacional de la Prensa de Venezuela, y Secretario de Comunicaciones de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, FEPALC, señaló que “En Colombia y Venezuela hay absoluta impunidad en todos los casos de agresiones o ataques mortales en contra de periodistas y trabajadores de medios de comunicación; es una tarea pendiente de las organizaciones que propendemos por la defensa de los derechos humanos en la prensa visibilizar con más fuerza los casos y aumentar las exigencias a las instituciones públicas para que ejerzan acciones ejemplarizantes”.
Para Marcos Oyaga, investigador de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, “la violencia contra los trabajadores de la prensa siempre busca acallar al periodismo, por eso es fundamental la unión gremial y presionar con informes periodísticos para que las autoridades den resultados”, dijo Oyaga al destacar que es necesario que haya justicia y memoria para poder salir de los círculos de violencia y que la sociedad tenga derecho a estar informada.
Presentado el libro “La información en tiempo de fusiles”
Durante la Cumbre Internacional de Periodismo y la Asamblea de la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, el gremio realizó la presentación del libro “Sociedad, guerra y periodismo: La información en tiempo de fusiles” en el cual se narran los casos de agresiones a periodistas, se ponen en evidencia presuntos victimarios, se enfatiza en los daños con enfoque diferencial a mujeres periodistas y medios de comunicación indígenas, se plantea la acción u omisión de las autoridades, investigaciones, procesos judiciales y el nivel de impunidad.
El libro es fruto de una ardua investigación de la FECOLPER, construida con voces de periodistas desde lo local, la colaboración de expertos en los diferentes temas, y con la contribución de USAID y CODHES.
“Presentamos nuestra propia investigación de los hechos que le han ocurrido al periodismo colombiano en el marco del conflicto armado y hemos sistematizado las expectativas de reparación colectiva con base en los daños a los periodistas, el ejercicio periodístico, los gremios de periodistas y las audiencias” anunció Adriana Hurtado, Presidenta de FECOLPER en el acto de divulgación del libro que fue entregado a los periodistas provenientes de 18 departamentos de Colombia.
Una vez más la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, logra reunir a los periodistas del país para escuchar las dificultades de sus regiones, pero a la vez entregarles herramientas para que puedan realizar sus labores con mayor seguridad y así puedan informar a la comunidad de manera libre.
Nota: Los principales momentos del certamen, pueden consultarse en redes sociales a través de #CumbreFecolper2017
La Fecolper agradece el apoyo de Union to Union, International Media Support, FIP, GHL Hotel Grand Villavicencio, Universidad del Meta, Tiuma Park y Asociación de Periodistas del Meta.
Villavicencio, 14 de noviembre de 2017
Prensa FECOLPER
La Federación Colombiana de Periodistas –FECOLPER-, realizará en Villavicencio (Meta), del 10 al 11 de noviembre, la PRIMERA CUMBRE INTERNACIONAL DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN «El periodismo de ayer, y la información de hoy».
El encuentro contará con la participación de 70 periodistas de 18 departamentos y será el escenario para el lanzamiento del libro “Sociedad, guerra y periodistas: la información en tiempos de fusiles”, publicación que aporta a la caracterización de la violencia a periodistas, el daño producido y las transformaciones del ejercicio periodístico.
Durante el mismo evento, en el auditorio de la UNIMETA, se efectuará el Foro “La impunidad de violencias a la prensa. Una deuda histórica con el periodismo. Contribuciones desde el acceso a la justicia y la reconstrucción de memoria; además, periodistas nacionales e internacionales conversarán sobre sus experiencias para informar a las audiencias de hoy, y se realizará la Conferencia “Las encuestas y la opinión pública. Tópicos de la agenda electoral y los medios de comunicación”.
En las jornadas que se cumplirán en la capital del departamento del Meta y que cuentan con el apoyo de Union to Union, IMS y FIP, también se realizará la Asamblea Anual de la FECOLPER con los presidentes de las organizaciones afiliadas, se desarrollará un taller sobre autoprotección y se conmemorará los 10 años de creación de la Federación Colombiana de Periodistas.
— IMPORTANTE —
– La jornada académica del viernes en la mañana es gratuita y dirigida a periodistas y estudiantes de comunicación social.
– La FECOLPER ofrece becas para asistir con todos los gastos pagos a diez (10) de sus afiliados en todo el país. Si usted desea participar, por favor inscríbase antes del 5 de noviembre en el siguiente formulario https://goo.gl/forms/zU3YwRzBWB2Mq9Lc2
En congreso regional realizado en ciudad de Panamá, del 26 al 28 de octubre, representantes de periodistas y trabajadores de los medios eligieron para los próximos tres años la directiva de la FEPALC (Federación de periodistas de América Latina y el Caribe).
La nueva directiva quedó presidida por Zuliana Lainez, de la Asociación de Periodistas del Perú, en la vicepresidencia (FECOLPER-Colombia), acción gremial y política (FENAJ-Brasil), finanzas (FENATRAMCO-Chile), derechos humanos (SPP-Panamá), formación (SNTP-República Dominicana), actas (SNP-Costa Rica), Género (SPP-Paraguay), Comunicaciones (SNTP-Venezuela). En las vocalías fueron elegidos Haití y México.
“América Latina históricamente ha sido y es un escenario complicado para el ejercicio del periodismo, no solo por la violencia sino también por la extrema precarización…. Empezamos este nuevo reto con entusiasmo, con ganas de tener una región plural –como lo ha sido siempre- pero unida y coherente en la acción. En la sapiencia que por más que nos quieran dividir los trabajadores y trabajadoras sabemos que sólo seremos fuertes mientras actuemos como un puño ante gobiernos, empresarios y cualquier poder que quiera segmentarnos”, aseguró Lainez.
Por su parte, Adriana Hurtado, presidente de la Fecolper y delegada ante FEPALC, comentó que en el marco del encuentro se construyó el plan estratégico de la organización regional; se debatieron y aprobaron temas importantes como la paridad en órganos de gobierno y además, se aceptaron las solicitudes de afiliación de APU (Uruguay) y FENAPE (Ecuador).
La FEPALC tiene afiliados a 18.828 personas en 15 países de América Latina y el Caribe; su misión es defender, proteger y promover a nivel supranacional los derechos sindicales, laborales, sociales y económicos de los trabajadores periodistas al fortalecer el accionar de sus organizaciones, así como garantizar el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.
Cuando periodistas de la Revista Semana, El Espectador y Contagio Radio, acompañaban el pasado domingo a una comisión humanitaria conformada por la ONU y organizaciones defensoras de derechos humanos, fueron atacados con disparos y granadas de aturdimiento por parte de uniformados de la Policía Nacional, en zona rural de Tumaco (Nariño).
Según Sonia Cifuentes, comunicadora de la Asociación Minga “La Policía estaba informada que una comisión humanitaria ingresaría a la zona y pese a estar identificados y gritar que eran miembros de la misión, recibieron ataques con disparos y armas de aturdimiento. Fueron hechos muy difíciles por cuanto en medio del caos los disparos pasaban a unos dos metros, nos perdimos en el terreno y había miedo por las minas antipersonas”, aseguró Cifuentes.
De acuerdo con medios nacionales, la comisión buscaba verificar información relacionada con una masacre que como mínimo dejó seis personas muertas y cerca de 40 heridos que participaron el 5 de octubre en una protesta contra la erradicación de cultivos ilícitos. Durante estos hechos se conoció de intimidaciones a un poblador que guiaba a un equipo periodístico independiente que cubrió los acontecimientos.
Por su parte, la Policía Nacional emitió un comunicado en donde “ofrece excusas públicas” e informa que “un grupo indeterminado de personas intento ingresar a la fuerza por la parte posterior de la base, circunstancia que conllevó a que los uniformados activaran dos granadas de aturdimiento”.
La FECOLPER conoció que en la cabecera municipal de Tumaco, se cuenta con la presencia de periodistas de medios nacionales como El Tiempo, prensa alternativa como Contagio Radio, VICE, y el corresponsal de NYT, así mismo, periodistas regionales. Algunos de los comunicadores manifestaron que el ambiente en la zona es de total silencio frente a lo que está pasando, no hay acceso de prensa al hospital, las víctimas y las familias no se encuentran en el lugar.
En otros hechos sucedidos también el domingo anterior en el departamento del Cauca, la Policía Nacional fue señalada de asesinar a la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo, en territorios del pueblo Kokonuko, ubicado en Puracé (Cauca).
La Organización Indígena de Colombia, ONIC, emitió un comunicado donde asevera que la comunicadora fue asesinada por el ESMAD (Escuadrón de la Policía Nacional) durante la represión a una manifestación indígena en “defensa y liberación de la madre tierra” y que tres comuneros resultaron gravemente heridos en el mismo suceso. Adicionalmente, fuentes consultadas por FECOLPER señalaron que Efigenia generalmente acompañaba las manifestaciones para enterarse de los hechos y colaborar con información en la emisora Renacer Kokonuko 90.7 FM.
Respecto a los lamentables acontecimientos del fin de semana anterior, la Federación Colombiana de Periodistas condena todos los hechos donde se obstruya la labor de la prensa y se afecte la vida e integridad de los comunicadores. Además, rechaza el clima de silencio y censura que limita y restringe el ejercicio de la libertad de prensa, con el consecuente resultado de la violación del derecho a la información de la sociedad en su conjunto.
Adicionalmente, la FECOLPER le recuerda al Estado colombiano las obligaciones que tiene de instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto a los medios de comunicación, así como también la obligación de prevención y protección en contextos generalizado de violencia.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha expresado que “forma parte del campo de actividades periodísticas cubiertas por el derecho a la libertad de expresión el visitar comunidades afectadas por situaciones de conflicto armado, documentar sus condiciones de vida, recoger testimonios y denuncias de violaciones de sus derechos humanos por las autoridades y cualquier atentado o represalia por las autoridades como consecuencia el ejercicio de estas actividades es una violación del derecho a la libertad de pensamiento y expresión”.
Finalmente, la Federación Colombiana de Periodistas, exige a las autoridades nacionales realizar investigaciones serias e imparciales así como también esclarecer, juzgar y sancionar de manera efectiva a los responsables de los ataques a periodistas y del asesinato de la comunicadora indígena.
El Juez Tercero Especializado de Neiva, impartió sentencia de 47 Años 2 meses y 6 días, contra Juan Camilo Ortiz, alias «El Loco”, responsable del asesinato de la Periodista, Flor Alba Núñez Vargas, perpetrado a las 11.34 am del 10 de septiembre de 2015, en la entrada principal de la estación radial La Preferida, en Pitalito Huila.
Este fallo proferido 24 meses después de cometido el atroz crimen, fue recibido con satisfacción y euforia por organizaciones gremiales de las Comunicaciones, como La Corporación de Periodistas, Comunicadores Sociales y Trabajadores de los Medios de Comunicación del Huila – CORPEHUILA- y La Federación Colombiana de Periodistas – FECOLPER - , consideran que en esta ocasión, el crimen no quedó impune, respecto a la condena al autor material, como si acontece en buena parte de los casos donde un Periodista es la víctima.
Para el caso de Flor Alba Núñez Vargas, la sentencia fue drástica, contundente, ejemplarizante y concreta, a imponer una pena de 47 años, 2 meses y 6 días de detención en centro reclusión, sin ninguna posibilidad de beneficio de casa por cárcel o modificación alguna conforme lo estiló El Togado al develar el contenido del fallo emitido en audiencia del 9 de septiembre de 2017 a las 11.03 am de la sala Uno de audiencias del Palacio de Justicia de Neiva.
EL FALLO
En la sala de audiencias se encontraban los padres de la Periodista asesinada, varios familiares y Periodistas de Medios de Comunicación y en una pantalla de TV vía Sky se observó al sindicado, desde la cárcel Picaleña de Ibagué, cuando el Juez sentenció
Primero. Declarar penalmente responsable a Juan Camilo Ortiz, identificado con la cédula de ciudadanía 1.083.866.381 de Pitalito – Huila, como coautor del delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, partes, y municiones agravado, de que tratan los artículos 103 y 104 numeral sétimo y décimo y 365 del Código Penal, este último modificado del artículo 19 de la ley 1453 de 2011, con circunstancias agravantes del inciso tercero numeral quinto del mismo artículo, según acusación que le formulara La Fiscalía Cuarta Especializada de Neiva, y en consecuencia condenado a la pena principal de 566 meses y 6 días de prisión y a la pena accesoria de la de anulación para el ejercicio de dichas funciones públicas por un lapso de 20 años.
Segundo. Declarar que por el momento no hay lugar a poner en perjuicio, conforme a lo indicado en la continuidad de la respuesta.
Tercero. Declarar que el sentenciado no se hace acreedor a la condena de ejecución condicional ni a la prisión domiciliaria ni a ninguno de los mecanismos sustitutivos de la pena que son irrogadas, debiendo continuar privado de la libertad en establecimiento penitenciario que para el cumplimiento de la pena designe el INPEC.
PRIMERA BATALLA
El fallo condenatorio, reviste especial relevancia por (1) la drasticidad en la sentencia, convirtiéndolo en ejemplarizante, según, José Ignacio Valencia Gutiérrez, Presidente de CORPEHUILA, en razón a que se establece inclusión carcelaria sin ningún tipo de beneficio para el futuro, como la casa por cárcel o disminución de condena. Pero en (2) el contenido de la sentencia se especifica claramente, que se impuso la sanción por el delito de asesinato de Periodista Colombiana en ejercicio pleno de sus funciones, y de conformidad a las leyes que establecen la protección a quien ejerce esta profesión en el suelo nacional. A lo anterior (3) la celeridad, en el proceso, como quiera que trascurrieron 24 meses, tiempo en el que se allegaron las pruebas y se impartió sentencia, cuando en otros casos, los procesos no avanzan pese al correr de los años, ejemplo Nelson Carvajal, también en Pitalito.
Para Valencia Gutiérrez, este fallo, es apenas una batalla ganada, más no la guerra, porque tanto para la agremiación periodística regional, como para FECOLPER a nivel Nacional y la Federación Internacional de Periodistas FIP, la investigación debe continuar, para identificar a los responsables intelectuales del crimen, en razón a que éstos continúan muy cerca de los Periodistas en ejercicio y en cualquier momento y por cualquier excusa asestan un nuevo golpe.
CORPEHUILA
Corporación de Periodistas, Comunicadores Sociales y Trabajadores de los Medios de Comunicación del Huila
Elmer Agudelo Vidales, reportero gráfico y corresponsal en Palmira de los diario El País y Q Hubo fue asesinado este domingo cuando se encontraba en la puerta de su casa en el barrio El Sembrador de Palmira.
El hecho se registró hacia las 12 y 30 del día cuando un sicario que se desplazaba en moto lo abordó en la puerta de su residencia y sin mediar palabra le disparó con arma de fuego tres veces a Elmer Agudelo, quien fue trasladado a la Clínica Palmira donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.
El comandante del Distrito Especial de Palmira, Valle, Teniente Coronel Alberto García Cifuentes, confirmó el deceso del reportero, e informó que al parecer el hecho estaría relacionado con un problema personal, previamente denunciado en la Fiscalía General de la Nación y anunció que las autoridades ofrecen una recompensa de 10 millones de pesos por el autor o autores de este crimen.
En su trabajo de documentación la Fecolper conoció que el reportero efectivamente había tenido inconvenientes personales y que en un restaurante de su propiedad se había presentado un grave incidente; sin embargo, tanto la Federación Colombiana de Periodistas –FECOLPER- como su organización filial, el Círculo de Periodistas de Cali –CPC-, rechazan el homicidio de Elmer Agudelo e instan a las autoridades a no desestimar la hipótesis de que su asesinato pueda estar relacionado con su ejercicio de reportería.
“Si bien Elmer Agudelo cubría noticias principalmente deportivas y judiciales, y no había reportado hechos de peligro al medio de comunicación, nos sorprende que nuevamente la Policía de Palmira, antes de 24 horas prácticamente descarte las labores periodísticas, tal como sucedió en marzo de 2015, con el último periodista asesinado en ese municipio, Edgar Quintero” señaló Adriana Hurtado, presidente de FECOLPER (Ver aquí información relacionada)
Por su parte, Audrey Bahamon, presidente del CPC, indicó que históricamente en el pacífico colombiano de manera reitrativa se presentan anualmente episodios de amenazas; según los informes anuales de FECOLPER en los últimos 10 años el pacífico ha permanecido en el segundo lugar de riesgo para el ejercicio periodístico. Las agremiaciones de Cauca, Chocó, Nariño y Valle pertencientes a FECOLPER fomentarán en la región pacífica una campaña por el respeto a la vida y el ejercicio periodístico con el apoyo de las entidades y organismos que manifiesten su disposición.
Finalmente, la FECOLPER y el CPC, repudian este nuevo crimen contra un periodista, se solidarizan con la familia de Elmer Agudelo y el gremio periodístico, e instan a la Fiscalía General de la Nación a investigar y judicializar a los autores materiales e intelectuales.
La Corporación Boyacense de Periodistas (CBP) es una organización gremial que tiene dentro de sus objetivos velar por el respeto a la libertad de prensa y el derecho de los periodistas y comunicadores de Boyacá a informar con independencia sobre los sucesos que interesan a las audiencias del departamento.
En ese orden de ideas reiteramos nuestro rechazo al memorando interno de El Periódico, propietario del periódico Extra Boyacá, del 19 de julio pasado, en el que se condiciona a su entonces editora Gina Juliet Rojas para que publique una noticia semanal de todo lo que está haciendo el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, y se abstenga de criticarlo a él o a su administración.
La CBP ha actuado en consecuencia con su misión, y tanto en este caso como en el de la llamada ‘espiral del silencio’ le ha pedido al gobernador de Boyacá, en reuniones formales, pronunciarse sobre su eventual relación, o la de personas de su gobierno, con las circunstancias que comprometen la integridad y el bienestar profesional de la periodista Gina Rojas y con aquellas en las que funcionarios de rango alto y medio evaden suministrar información pública.
La primera reunión con el gobernador se realizó el día 2 de mayo de 2017 y la segunda el día primero de agosto del mismo año y en los dos encuentros ha participado el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Pedro Vaca. En ambos casos el gobernador Carlos Andrés Amaya ha negado que las circunstancias anómalas anteriormente descritas obedezcan a instrucciones suyas o que correspondan a una estrategia de su administración.
Sobre los dos eventos el mandatario se ha mostrado dispuesto a colaborar para identificar si existe al interior de la Gobernación una ‘rueda suelta’ que con oscuros intereses pretenda limitar el trabajo periodístico y comprometer su gestión al frente del departamento.
En relación con tales hechos, la Corporación Boyacense de Periodistas está trabajando articuladamente con la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) con el propósito de exponer la situación de la periodista Gina Rojas ante escenarios desde los cuales se investigue la vulneración a sus derechos laborales y profesionales.
De la misma manera, Fecolper y la CBP definirán estrategias que permitan fortalecer las capacidades del gremio periodístico en términos de sus responsabilidades y de sus derechos.
Finalmente, y aunque la CBP no representa a todos los periodistas del departamento, esta organización está fundada en el compromiso de abogar por el derecho de los periodistas a informar libremente y de los ciudadanos a estar informados integralmente sobre lo que ocurre en el departamento.
GERMÁN GARCÍA BARRERA
Presidente
El pasado 18 de julio, el Círculo Profesional de Periodistas del Tolima (CPPT), dirigió una carta al alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, rechazando declaraciones en medios de comunicación donde asegura que periodistas crean pánico con noticias y hace llamado para que “no deterioren la imagen de la ciudad con escándalos”
Específicamente hace referencia a un robo a la sucursal de un banco en Ibagué ocurrido el 13 de julio. Según el alcalde, considera que se han magnificado los hechos porque no se habían robado tantos millones como inicialmente se dijo y asegura que “ustedes tratan de conseguir información para crear pánico en donde no existe, sean más ibaguereños, defiendan esta ciudad”, según se escucha en grabación suministrada a la Fecolper y en alusión a los periodistas de la localidad.
De acuerdo con el CPPT, desde el inicio del actual gobierno, se han presentado diferentes manifestaciones del alcalde en las que ataca sistemáticamente al gremio con palabras displicentes en las que se refiere de manera general a los medios como “mermelados” o “comprados”.
La Federación Colombiana de Periodistas, respalda la comunicación dirigida por su organización afiliada, el Círculo Profesional de Periodistas del Tolima, e invita a alcalde a dar respuesta a la misma, así como también le recuerda que es deber del periodismo dar a conocer los diferentes hechos y noticias de la ciudad, y va en contravía de la libertad de prensa cuestionar o señalar de generadores de pánico a los trabajadores de los medios por divulgar información que considera que afecta la imagen de la ciudad. Es obligación de los servidores públicos evitar señalamientos que puedan producir estigmatizaciones y prejuicio contra los periodistas.
