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Policía Nacional ataca a periodistas y es señalada de asesinar a comunicadora indígena.

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Cuando periodistas de la Revista Semana, El Espectador y Contagio Radio, acompañaban el pasado domingo a una comisión humanitaria conformada por la ONU y organizaciones defensoras de derechos humanos, fueron atacados con disparos y granadas de aturdimiento por parte de uniformados de la Policía Nacional, en zona rural de Tumaco (Nariño).

Según Sonia Cifuentes, comunicadora de la Asociación Minga “La Policía estaba informada que una comisión humanitaria ingresaría a la zona y pese a estar identificados y gritar que eran miembros de la misión, recibieron ataques con disparos y armas de aturdimiento.  Fueron hechos muy difíciles por cuanto en medio del caos los disparos pasaban a unos dos metros, nos perdimos en el terreno y había miedo por las minas antipersonas”, aseguró Cifuentes.

De acuerdo con medios nacionales, la comisión buscaba verificar información relacionada con una masacre que como mínimo dejó seis personas muertas y cerca de 40 heridos que participaron el 5 de octubre en una protesta contra la erradicación de cultivos ilícitos. Durante estos hechos se conoció de intimidaciones a un poblador que guiaba a un equipo periodístico independiente que cubrió los acontecimientos.

Por su parte, la Policía Nacional emitió un comunicado en donde “ofrece excusas públicas” e informa que “un grupo indeterminado de personas intento ingresar a la fuerza por la parte posterior de la base, circunstancia que conllevó a que los uniformados activaran dos granadas de aturdimiento”.

La FECOLPER conoció que en la cabecera municipal de Tumaco, se cuenta con la presencia de periodistas de medios nacionales como El Tiempo, prensa alternativa como Contagio Radio, VICE, y el corresponsal de NYT, así mismo, periodistas regionales. Algunos de los comunicadores manifestaron que el ambiente en la zona es de total silencio frente a lo que está pasando, no hay acceso de prensa al hospital, las víctimas y las familias no se encuentran en el lugar.

En otros hechos sucedidos también el domingo anterior en el departamento del Cauca, la Policía Nacional fue señalada de asesinar a la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo, en territorios del pueblo Kokonuko, ubicado en Puracé (Cauca).

La Organización Indígena de Colombia, ONIC, emitió un comunicado donde asevera que la comunicadora fue asesinada por el ESMAD (Escuadrón de la Policía Nacional) durante la represión a una manifestación indígena en “defensa y liberación de la madre tierra” y que tres comuneros resultaron gravemente heridos en el mismo suceso.  Adicionalmente, fuentes consultadas por FECOLPER señalaron que Efigenia generalmente acompañaba las manifestaciones para enterarse de los hechos y colaborar con información en la emisora Renacer Kokonuko 90.7 FM.

Respecto a los lamentables acontecimientos del fin de semana anterior, la Federación Colombiana de Periodistas condena todos los hechos donde se obstruya la labor de la prensa y se afecte la vida e integridad de los comunicadores. Además, rechaza el clima de silencio y censura que limita y restringe el ejercicio de la libertad de prensa, con el consecuente resultado de la violación del derecho a la información de la sociedad en su conjunto.

Adicionalmente, la FECOLPER le recuerda al Estado colombiano las obligaciones que tiene de  instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto a los medios de comunicación, así como también la obligación de prevención y protección en contextos generalizado de violencia.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha expresado que “forma parte del campo de actividades periodísticas cubiertas por el derecho a la libertad de expresión el visitar comunidades afectadas por situaciones de conflicto armado, documentar sus condiciones de vida, recoger testimonios y denuncias de violaciones de sus derechos humanos por las autoridades y cualquier atentado o represalia por las autoridades como consecuencia el ejercicio de estas actividades es una violación del derecho a la libertad de pensamiento y expresión”.

Finalmente, la Federación Colombiana de Periodistas, exige a las autoridades nacionales realizar investigaciones serias e imparciales así como también  esclarecer, juzgar y sancionar de manera efectiva a los responsables de los ataques a periodistas y del asesinato de la comunicadora indígena.

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