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Grupo Planeta no podrá controlar dos canales de televisión en Colombia

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La Comisión Nacional de Televisión de Colombia (CNTV) advirtió hoy que si el grupo español Planeta gana la licitación para adjudicar el tercer canal privado de alcance nacional, deberá devolver la frecuencia de la estación local Citytv, de Bogotá, del que es accionista.

El organismo gubernamental recordó que en mayo próximo se adjudicará la licencia para operar el tercer canal privado de televisión y que entre los interesados figura un consorcio en el que participa el conglomerado editorial Planeta.

La presidenta de la CNTV, María Carolina Hoyos, presentó un informe de actividades de los últimos dos años y se refirió al proceso para prorrogar por diez años las licencias otorgadas en 1998 a los canales privados Caracol y RCN y la licencia para un tercer canal privado nacional.

«Si el adjudicatario del tercer canal es el grupo Planeta, la ley es clara, en el sentido que solamente puede tener un título habilitante», declaró la funcionaria.

En octubre pasado la CNTV admitió como ofertantes para la licencia del tercer canal privado a tres consorcios en los que participan los grupos Prisa y Planeta, de España, y la organización Cisneros de Venezuela.

Planeta participa en la sociedad Canal 3 Televisión de Colombia, conformada por Antena 3 de España, Antena 3 Colombia, Casa Editorial El TiempoTv, RTI Televisión y el diario ‘El Heraldo de Barranquilla’.

El grupo editorial español adquirió en agosto del 2007 el 55% de la Casa Editorial El Tiempo, formada por el diario más importante de Colombia, el canal CityTV y otras empresas.

FECOLPER y Ceso-FIP alertan sobre acoso judicial contra periodista y Diario La Nación en el Huila

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Un aparente nuevo episodio de acoso judicial se registra en el departamento del Huila, ubicado a 292 kms al suroccidente de la capital del país.

El diario La Nación y su jefe de redacción y miembro de la Federación Colombiana de Periodistas, Ricardo Areiza, enfrentan un proceso judicial por supuestos delitos de calumnia e injuria.

La acción fue interpuesta por la ex Secretaria General de la Fiscalía, la abogada Zaidy Mora Quintero, a raíz de publicaciones relacionadas con el escandaloso episodio del mentalista que trabajaba en la Fiscalía General de la Nación, Armando Martí, conocido como el ‘Brujo de la Fiscalía’.

En septiembre del 2006, la Revista Semana dio a conocer informes y declaraciones de Martí alegando anomalías e irregularidades en la institución, que involucran a Mora Quintero. La historia mereció titulares en los principales medios nacionales e internacionales.

El periódico huilense, cumpliendo con su deber de informar, publicó una investigación y reprodujo artículos de la agencia de noticias Colprensa sobre el caso.

Curiosamente, La Nación es el único medio de comunicación demandado por la abogada huilense quien saliera de la Fiscalía tras el sonado escándalo.

“Tememos que este sea un episodio más de acoso judicial, un intento por silenciar a la prensa y quitarle a la ciudadanía la posibilidad de conocer una verdad”, advirtió Eduardo Márquez, Presidente de la FECOLPER y Director del Ceso-FIP. “Nos extraña que la acción judicial se haya interpuesto solamente contra La Nación, cuando la noticia tuvo un equiparable o mayor despliegue en medios nacionales.  ¿Existirán intereses políticos tras esta denuncia?”, se preguntó Márquez.

 “Conocemos el profesionalismo que ha caracterizado la trayectoria periodística de Ricardo Areiza. Respaldamos de manera rotunda al colega y a La Nación y exigimos un proceso con las debidas garantías”, dijo José Ignacio Valencia, Presidente de la Asociación de Periodistas del Huila, ASPEHU, afiliada a la FECOLPER.

Ricardo Areiza cuenta con más de 20 años de trabajo periodístico, más de 10 años en la cadena radial RCN, hace 11 años participó en la fundación del Diario La Nación, luego ejerció como jefe de prensa del Diario del Huila y desde el 2005 labora para La Nación.

Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER

La FECOLPER representa a más de 1.250 periodistas en 19 departamentos de Colombia

Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, Ceso-FIP

La FIP representa a más de 600 mil periodistas en 120 países

Tutela en contra del decreto 4850 de 2008 sobre elección en la CNTV

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El 19 de enero de 2009, el Ministerio de Comunicaciones publicó en su página web el auto admisorio de las tutelas presentadas por Federación de Artistas y Trabajadores de la Cultura –Fedecultura (Radicado 233161 oficio 001-2009-0004, Tutela No. 2009-0004) y por el Círculo de Periodistas de Bogotá – CPB (Radicado 233163, oficio 0016-2009-0008, Tutela No. 2009-0008).

Uno de los aspectos principales de estas acciones de tutela, es la denuncia que se presenta por la violación por parte del Ministerio de Comunicaciones al derecho a la igualdad en los siguientes términos:

El Decreto 4850 de 2008 contempla como grupos electores a las asociaciones profesionales y sindicales legalmente constituidas y reconocidas con personerías jurídicas vigentes de los gremios que participan en la realización de la televisión: actores de televisión, directores y libretistas de televisión, productores de televisión, técnicos de televisión y periodistas de televisión y críticos de televisión.

Los demandantes argumentan que esta clasificación constituye un mecanismo restrictivo y excluyente frente a los gremios que agrupan a personas que realizan el oficio de manera general en diferentes medios.

Piden que se tenga en cuenta la “absoluta movilidad de los periodistas en su desempeño profesional”, además que “su pertenencia al gremio de periodistas no es intermitente según trabajen o no en televisión, pues su derecho a la libre asociación lo ejercen en tanto periodistas, que es su actividad universal y no en tanto al medio de trabajo”.

También se afirma que esta clasificación desconoce la legitimidad de las asociaciones gremiales de actores, directores , libretistas y periodistas para participar en el proceso electoral para la escogencia del Comisionado Nacional de Televisión, además de consagrar limitaciones para el ejercicio de los derechos electorales de estas asociaciones, cuando exigen como requisitos para participar, que cuente con no menos de 50 asociados y que éstos tengan una antigüedad mínima de un año dentro de la respectiva asociación.

Los accionantes reconocen que es lógico restringir que los productores y técnicos si pertenezcan al campo específico de la televisión, dadas las características de la entidad a la que pretenden ingresar (CNTV).

Andrés Monroy Gómez
Asesor
Ceso-FIP

Para mayor información ingrese a:
http://www.mincomunicaciones.gov.co/mincom/src/index.jsp

Conforme instrucción contenida en oficios de radicado 233163 y 233161, se procede a la publicación de los autos admisorios y demandas de que tratan los documentos adjuntos, para que los (se cita) presidentes de las asociaciones y agremiaciones profesionales y sindicales de trabajadores al servicio de la televisión como terceros con interés legítimo de intervenir ejerzan los derechos de contradicción y defensa en el término de 2 días según el caso.

Licitación pública Radio Comunitaria

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Se informa a los interesados en el proceso de Licitación 01 de 2008, cuyo objeto es determinar la viabilidad a comunidades organizadas para la prestación del servicio de radio comunitaria, en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla; que El Ministerio de Comunicaciones estará enviando las solicitudes de aclaraciones a las propuestas presentadas, a partir del 28 de enero de 2009.

Las Comunidades que reciban dicha comunicación tendrán hasta el 10 de febrero de 2009 para dar su respuesta.

El informe preliminar de evaluación será publicado por la Entidad en su página web y en el portal de contratación el 12 de marzo de 2009, y hasta el 23 de marzo los proponentes podrán presentar sus observaciones.

El Ministerio de Comunicaciones publicará el informe definitivo hacia el 11 de mayo de 2009. Cualquier cambio a las fechas establecidas serán previamente publicadas en la página web de la entidad.

Fuente: http://www.mincomunicaciones.gov.co/mincom/src/index.jsppe

El Peligro de Escribir

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En Roma hay una plaza que es sagrada, curiosamente no para el catolicismo (de hecho es la única plaza romana donde no hay ninguna iglesia) sino para el movimiento mundial a favor de la libertad de expresión.

Esta plaza se llama Campo dei Fiori, y ha llegado a tener este significado porque era allí donde la Santa Inquisición, a través de su brazo secular, solía quemar en la hoguera a los herejes.

En la mitad de esta plaza, exactamente en el sitio donde ardió el escritor y filósofo Giordano Bruno (con la lengua amarrada con un bozal para que no pudiera hablar), hay una estatua suya que mira torvamente hacia el Vaticano.

Bruno fue quemado vivo el 17 de febrero del año 1600, después de negarse a abjurar de algunas ideas suyas, como que la Naturaleza no era una creación divina, ni el alma era inmortal, ni la tierra un astro inmóvil.

Giordano Bruno, que tuvo que vagar por toda Europa en busca de un lugar donde no fuera perseguido por su pensamiento, tiene quizás el récord mundial de los anatemas, ya que fue excomulgado sucesivamente por las tres mayores confesiones europeas: la calvinista, la católica y la luterana. Un siglo y medio después, Diderot mismo se encargaría de redactar el artículo sobre Bruno en la Enciclopedia y allí declara que, sin tantas persecuciones, Bruno habría podido organizar su obra desordenada y dispersa, que estaría al lado de las de los más grandes filósofos.

La suerte de Bruno puede parecernos extraña y perfectamente anacrónica para nuestros días.

Pues bien, Salman Rushdie y Roberto Saviano, dos escritores contemporáneos amenazados de muerte por sus escritos, vendrán a Colombia en los próximos días, y podrán recordarnos que no es así, pues la lucha por la libertad de pensamiento y de expresión no es todavía, ni mucho menos, una batalla ganada.

El próximo 14 de febrero (cuatro siglos después de Bruno) se cumplirán 20 años desde que el Ayatollah Jomeini lanzó la fatwa (condena a muerte) contra Rushdie, por considerar que su libro Los versos satánicos, contiene blasfemias en contra del Islam.

Cualquier musulmán que mate a Rushdie, recibirá una recompensa de varios millones de dólares.

Y aunque Gran Bretaña llegó incluso a romper relaciones con Irán a causa de la amenaza contra este escritor anglo-indio, el gobierno iraní no ha revocado completamente la sentencia, amparándose en la triquiñuela de que solamente quien lanzó la fatwa la puede revocar, y el Ayatollah Jomeini ya está muerto.

Rushdie vivió un decenio escondiéndose, o rodeado de guardaespaldas, y no sería extraño que ahora que viene a Cartagena, por el Hay Festival, al visitar el Palacio de la Inquisición recuerde a los herejes que en el pasado corrieron una suerte parecida a la suya.

La obra de Rushdie (nacido en Bombay, pero con nacionalidad británica), tiene mucha influencia de García Márquez y en general del realismo mágico latinoamericano.

Su primer libro exitoso, Midnight’s Children (Los hijos de la media noche), recibió el Booker Prize en 1981 y es considerada una de las mejores novelas inglesas de la segunda mitad del siglo XX.

Salman Rushdie se ha interesado por la realidad latinoamericana y de hecho escribió un libro sobre la experiencia sandinista en Nicaragua, La sonrisa del jaguar.

Será interesante saber qué piensa ahora de la cleptocracia instaurada allí por el otrora sandinista Daniel Ortega, quien últimamente también se ha dedicado a perseguir escritores, concretamente a Ernesto Cardenal.

El otro escritor amenazado que viene a Colombia, Roberto Saviano, es un joven italiano de la Campania, como Giordano Bruno, sólo que nacido hace menos de 30 años, en 1979.

La sentencia de muerte contra él no viene de ningún gobierno o líder religioso, sino de la camorra, la mafia napolitana, y tiene origen también en un libro que por suerte o por desgracia para Saviano ha vendido en Italia más de un millón de ejemplares.

El título del libro es Gomorra, como la ciudad bíblica arrasada por Dios, pero su tema es la camorra, el hampa organizada de su región, centrada en especial en los negocios ilegales de la moda falsificada, los basureros fraudulentos y el tráfico de drogas. Colombia, como era de esperarse, tiene su pedacito en este libro.

Pero incluso cuando nuestro país no figura, uno ve en la camorra un reflejo parecido de lo que aquí ha ocurrido con mafia, paramilitares y complicidad del Estado.

Desde 2006 Saviano empezó a recibir amenazas, pero en octubre del año pasado, después del éxito de una excelente película basada en su libro, se confirmó que la camorra tenía un plan concreto para asesinarlo antes de Navidad.

Por eso, como antes le ocurrió a Rushdie, la vida de Saviano ha pasado a ser semiclandestina, y su cotidianidad un calvario de precauciones, guardaespaldas y cambios repentinos de residencia y ciudad.

El valor civil de este escritor ha sido muy grande, por el tamaño de sus denuncias, y en contra de las amenazas ha habido un inmenso movimiento de apoyo internacional, que incluye a varios premios Nobel como Pamuk (otro amenazado de muerte por los islámicos), Szymborska, Levi Montalcini, etc.

Hace poco Saviano anunció que pensaba marcharse definitivamente de Italia, por el peligro que corre allí su vida.

Gomorra, el libro por el que la camorra lo quiere matar, es la primera novela de Saviano. Decir novela, sin embargo, es bastante inexacto.

El libro mezcla la investigación periodística con trozos de ficción, los personajes reales con otros inventados.

Su valor testimonial es muy importante, y a pesar de cierto desorden narrativo, el libro es muy eficaz en el relato de la mentalidad criminal camorrista.

En vista de la dificultad para encuadrar este libro dentro de un género literario, Gomorra ha sido enmarcada por algunos críticos en una nueva categoría, la de los UNOs, es decir, Unidentified Narrative Objects, u Objetos Narrativos no Identificados. Así como los Ovnis, ahora hay Onnis.

La visita de los dos escritores amenazados más famosos del mundo contemporáneo hace que Colombia se convierta en estas semanas en el sitio donde más se hablará de libertad de expresión. Tampoco aquí estamos particularmente bien.

Se recordarán las amenazas a Fernando Garavito y a Daniel Coronell, que tuvieron que irse al exilio, y más recientemente los injustos líos judiciales de los periodistas Alfredo Molano y Alejandro Santos.

Tampoco sobraría recordar —en estos tiempos en que se han escrito tantos ditirambos sobre Cuba, con motivo de los 50 años de la Revolución—, que en una cárcel de La Habana se pudre desde el año 2003 el periodista Ricardo González Alfonso, que cometió el delito enorme e imperdonable de criticar el régimen de Fidel.

Salman Rusdhie nació en Bombay el 19 de junio de 1947. A los 14 años, en 1961, Rushdie fue enviado por sus padres al Reino Unido, donde estudió en Rugby School, uno de los más prestigiosos internados británicos.

Es caballero de la Orden del Imperio Británico y director del PEN Club Americano. Además de ‘Los versos satánicos’ (1988), es el autor de novelas como ‘Niños de medianoche’ (1981) y de algunos cuentos para niños ((Haroun and the Sea of Stories).

Su más reciente novela, ‘The enchantress of florence’ será publicada en español coincidiendo con la celebración del Hay Festival en Cartagena.
Es profesor honorario de humanidades en el Massachusetts Institute of Technology y miembro de la Royal Society of Literature. Sus libros han sido traducidos a 25 lenguas.

El escritor británico estará en el Teatro Heredia el domingo 1° de febrero de 3:30 p.m. a 4:30 p.m. y conversará con el escritor y director del Instituto Cervantes en Nueva York, Eduardo Lago.

Al siguiente día, 2 de febrero, el autor estará en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Bogotá de 6 a 7 de la noche. Conversará con Peter Florance

Héctor Abad Faciolince

Fuente:Elespectador.com

Condenan a ex alcalde de Barrancabermeja por homicidio de periodista

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El ex alcalde de Barrancabermeja, Julio César Ardila torres, fue condenado en primera instancia, como autor intelectual del homicidio del periodista Emeterio Rivas.

El juzgado segundo penal de Bucaramanga condenó, en primera instancia, al ex alcalde de Barrancabermeja, julio cesar Ardila torres, a 28 años de cárcel, por la muerte del periodista Emeterio Rivas.

La justicia lo consideró autor intelectual del asesinato ocurrido el 6 de abril del 2006.

El ex alcalde, que se encuentra privado de la libertad en la cárcel modelo de Bucaramanga, fue vinculado a este proceso por las declaraciones de Reiner Enrique Brocate, un antiguo integrante de las AUC, quien aseguró que julio césar Ardila se había reunido con ‘bedoya’, un jefe de las autodefensas del magdalena medio, para planear la muerte del reconocido locutor.

Fuente: Vanguardia de Barrancabermeja

Ocultarle información a la opinión pública sugiere que ésta es el enemigo

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Es decir, actuó como si pensara que la opinión pública es un enemigo.
Por: Elisabeth Ungar Bleier

LA FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA gestión pública y la corrupción siguen ocupando un lugar muy relevante en la agenda política en Colombia y son dos de los principales obstáculos para lograr el fortalecimiento institucional y una sólida gobernabilidad democrática.

Aunque son muchas las causas que originan estas prácticas, expertos en el tema coinciden en que las más importantes son la precariedad de la información pública, las dificultades de la ciudadanía para acceder a ella y la poca disposición de los funcionarios para darla a conocer.

En Colombia, este último es sin duda uno de los mayores obstáculos para una efectiva rendición de cuentas.

Si bien se han logrado avances importantes para mejorar la información de las entidades y funcionarios del Estado, muchos de ellos en respuesta a normas y compromisos nacionales e internacionales existentes sobre la materia, con frecuencia éstos se ven limitados por la falta de una real voluntad política de los gobernantes de rendir cuentas. Dos ejemplos ilustran lo señalado.

En el marco de una investigación académica que vengo realizando, hace unos meses presenté un derecho de petición al Secretario General de la Presidencia de la República solicitando las fechas de los consejos de ministros realizados desde el 7 de agosto de 2002, los nombres de los Ministros del Despacho y de otros funcionarios que hubieran asistido y los órdenes del día.

La negativa a esta consulta se sustentó en una ley expedida hace ochenta y seis años —la Ley 63 de 1923.

Sobra decir que esta norma es anterior a la Ley 594 de 2000 sobre Acceso y Consulta de Documentos, a la Constitución de 1991 y al Código Contencioso Administrativo, que contemplan y consagran el derecho a la información.

El pasado 2 de diciembre, Huguette Lubelle, presidenta de Transparencia

Internacional, le envió una carta al presidente Álvaro Uribe con motivo de la elección de magistrados a la Corte Constitucional.

Entre otras cosas le solicitaba “establecer y divulgar los criterios que guiarán la selección de los candidatos que a usted le corresponde nominar” y señalaba que “esto constituiría un aporte trascendental en favor de la transparencia de este tipo de procesos, y daría ejemplo no sólo a los demás entes nominadores de candidatos a magistrados de las altas cortes colombianas, sino incluso a actores vinculados con la selección de miembros de la judicatura en otros países de la región”.

En una escueta respuesta, el Secretario General de la Presidencia le respondió que oportunamente se publicarían las hojas de vida de los candidatos en la página de internet de la Presidencia de la República.

Pero sobre los criterios, que sin éxito ya le habían solicitado las organizaciones que conforman el proyecto Elección Visible Corte Constitucional, no se pronunció.

En ambos casos el Gobierno se limitó a un rígido acatamiento de la ley, pero no dio muestras de una real disposición para mejorar la información pública, para facilitarle a la ciudadanía el acceso a ella y para que haya una verdadera y efectiva rendición de cuentas.

Condenan al asesino de una colaboradora de medios de Bogotá

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Un juez de Bogotá condenó a 20 años y 6 meses de cárcel a Cristian Alejandro Muñoz González, alias «Diablo», quien asesinó a la empresaria y colaboradora de medios de comunicación, Evelyn Rivas, en junio de 2008.

La justicia halló responsable a Muñoz González de homicidio agravado, luego de que el delincuente hubiera reconocido ante las autoridades su participación en el asesinato de la joven Evelyn Rivas.

Los hechos ocurrieron en 15 de junio de 2008, cuando Rivas salió de un bar ubicado en la Zona Rosa de Bogotá.

Evelyn Rivas tomó una buseta donde fue abordada por varios hombres que la apuñalaron y dejaron su cadáver abandonado en el barrio Girardot, al nororiente de la capital.

Cristian Alejandro Muñoz González, quien participó en el asesinato de Evelyn Rivas, tiene 20 años de edad y desde los 12 años figura en las bases de datos de las autoridades por sus actividades delincuenciales.

Fuente:Caracol

Agentes de policía coartan la libertad de prensa y detienen a periodistas

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El periodista Yesid Edgardo Torres Colmenares, afiliado al Colegio Nacional de Periodistas, redactor del diario ?Q?hubo Cesar? y del noticiero ?Magazín 95.7 de Camposerrano Radio? fue detenido porque no le quiso entregar la cámara de fotografía a agentes de la Policía motorizada identificados con los chalecos 11282 y 11922, cuando éste se disponía a hacer unas tomas fotográficas en la actuación de unos universitarios que adelantaban un trabajo actoral en una de  las esquinas de la localidad.

El periodista fue abordado por los agentes en mención cuando hacía tomas fotográficas en la carrera 12 con calle 5, siendo las 7:35 de la noche del 31 de diciembre,  solicitándose le la cámara fotográfica para borrar las dos últimas  fotografías.

Solo había tomado dos fotografías y me disponía a buscar otro ángulo para seguir tomando fotos del sitio de la escena donde estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, UIS, montarían un espectáculo callejero.

De pronto se apareció la patrulla policial y abusando de la autoridad me solicitó que le entregara la cámara de fotografía que porto como periodista local y  reportero de Q´hubo Cesar? y de la pagina Bloger  Aguachica-Aldia.Blogspot.com;  además, al rato llegó una patrulla  comandada por el cabo Barreto y una patrulla de la Sipol, que me  dijo eres muy verraco y te subo a la patrulla como sea, cogiendo mi pantalón por la parte trasera a la altura de la pretina ultrajándome como un vulgar delincuente y montándome en la camioneta,  reteniéndome por casi tres horas?, contó el periodista.

Aseguró un  alumno de la Universidad Industrial de Santander que el periodista  fue arrestado por el cabo Barreto de la Policía, quien llegó al  lugar agrediéndolo verbalmente, violando la ley 906 teniendo en  cuenta que su artículo 308 habla de los casos de captura en  flagrancia, y tomar una fotografía en un sitio público, no es ningún  delito, por lo que el caso fue también denunciado al FLIP.

Según indicó el periodista Yesid Edgardo Torres Colmenares, todo obedece a que ha cuestionado la poca celeridad de la actuación policial y de los abusos de autoridad por parte de algunos de ellos y de la poca  capacidad que los comandantes han tenido para atender este tipo de
situaciones.

Ante los hechos denunciados por el periodista y confirmados por testigos, el comité Aguachica del Colegio Nacional de Periodistas CNP hizo un enérgico llamado para exigir la libertad de prensa y seguridad de quienes cumplen la labor periodística ya que no es la primera vez que se arremete contra un comunicador.

Dijo  además el CNP que consideramos que el derecho a la información es una condición fundamental para el desarrollo pleno de la democracia  y que los periodistas y las empresas deben contribuir a que se  respeten los derechos humanos.

Obstaculización al libre acceso a información pública.

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Una cadena radial nacional denunció que “Los investigadores del presidente Álvaro Uribe en la Cámara de Representantes, por el escándalo de la Yidispolítica, siguen negándole a la prensa el acceso al expediente que según la ley es público.  Ante la negativa, los periodistas que cubren información en el Congreso radicaron una nueva solicitud, en la que además piden la intervención del Procurador General para que garantice el derecho de los ciudadanos a conocer todas las versiones del proceso.  Los investigadores del presidente adujeron inicialmente que el expediente es secreto mientras no haya involucrados. Pero posteriormente dijeron que no tienen un consenso para definir qué significa la palabra «público», que expresa la ley” Expediente de la Yidispolítica sigue «secreto» en la Comisión de Acusación. En:  http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=659433.

El derecho a acceder a los documentos públicos consagrado en el artículo 74 de la Constitución, es considerado como una modalidad del derecho fundamental de petición y como instrumento necesario para el ejercicio del derecho a la información. La Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso) en el artículo 332 establece lo siguiente: “El representante Investigador, ordenará y practicará las pruebas conducentes al esclarecimiento de los hechos, las circunstancias en que ocurrieron y descubrir a los autores o partícipes que hubieren infringido la ley.

Parágrafo. Cuando la investigación se refiera al Presidente de la República el expediente será público. Las deliberaciones de la Comisión de Investigación y Acusaciones, así como las Plenarias de la Cámara serán igualmente públicas.  La ordenación y diligencias de práctica de pruebas seguirán las normas del Código de Procedimiento Penal.  En estas investigaciones no podrán trasladarse testimonios con reserva de identidad. Sin embargo, salvo en lo referente al Presidente de la República, se mantendrá la reserva sobre las piezas procesales de actuaciones en curso que por solicitud del Representante Investigador hubieren sido trasladadas al proceso que se sigue ante la Cámara, cuando a juicio del funcionario competente obligado a remitirlas, su publicidad pueda desviar o entorpecer la actuación o el éxito de otra investigación en curso” (Subrayado fuera de texto).

Según la Corte Constitucional Colombiana, “el derecho a acceder a documentos públicos supone la posibilidad de conocer sin restricciones, salvo aquellas fijadas en la ley y que resulten compatibles con la constitución, documentos públicos. En esta misma línea se encuentra la protección y el deber de promoción del acceso a la cultura y la ciencia, lo que en últimas implica un derecho a acceso a determinada información” (Corte Constitucional, Sentencia T-227/03).

Según la Organización “Artículo 19”, “Información pública” es toda información del Estado que es de interés común y no está protegida por otro tipo de legislación. Todos los organismos públicos deben brindar este tipo de información.  La libertad de “investigar y recibir informaciones” es parte de la libertad de opinión y expresión, según establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). A su vez, la difusión pública de información gubernamental es parte de la transparencia de los Estados, según establece la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (en vigencia desde 2005), que llama a los Estados a adoptar procedimientos o reglamentaciones que permitan obtener información sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de toma de decisiones de la administración pública, y sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban al público, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los datos personales (Informe para la transparencia en América Latina: El acceso a la información pública. En: http://www.article19.org/pdfs/publications/latin-am-access-public-info.pdf)

En el comunicado de prensa Nº 175/07, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a los Estados un mayor compromiso para asegurar el acceso a la información. De acuerdo al pronunciamiento de la Relatoría, el acceso a la información es un derecho humano que ayudada a la consolidación de las democracia en los siguientes términos: «El acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestras democracias, signadas por una cultura de secretismo y por organismos públicos cuyas políticas y prácticas de manejo físico de la información no están orientadas a facilitar el acceso de las personas a la misma» (Fuente: http://www.cidh.oas.org/relatoria )

Un hecho que no puede pasar por alto, y que constituye un riesgo para el ejercicio periodístico en zonas de conflicto, es el desconocimiento de normas humanitarias cuando los militares  suplantaron  periodistas durante la “Operación Jaque”. Este operativo militar logró la liberación de quince personas, incluida la colombo-francesa Ingrid Betancourt. Desde que los militares utilizaron los logos de medios de comunicación para suplantar a los periodistas durante sus operativos,  se generó un riesgo a los verdaderos periodistas encargados de cubrir las noticias del conflicto armado colombiano.Ver:

-La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y su organización regional, la Federación de Periodistas de América Latina (FEPALC), expresaron  su reprobación por este método utilizado por los militares colombianos http://www.fipcolombia.com/noticiaAmpliar.php?noticia=2256-Ministro Santos admitió uso ilegal de logo TeleSUR durante »Operación Jaque».http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/30478-NN/ministro-santos-admitio-uso-ilegal-de-logo-telesur-durante-operacion-jaque/La suplantación de militares por periodistas y cooperantes humanitarios es contraria al Derecho Internacional Humanitario. http://periodistasenguerra.blogspot.com/2008/07/la-suplantacin-de-militares-por.html.  

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