Cómo será de dramática la situación de la Comisión Nacional de Televisión, que uno de sus cinco miembros no titubea a la hora de decir: «Es mejor cerrarla.

Así como está, es mejor cerrarla». Lo dice Ricardo Galán, representante del presidente Uribe en la Comisión y quien fue reelegido hace unas semanas para un nuevo período de dos años.

A diferencia de otros casos en que una entidad cae de un día para otro en desgracia ante la opinión, no se puede decir que este organismo esté en el nivel de desprestigio más bajo de su historia, porque la verdad es que nunca ha sabido lo que es gozar de la simpatía del pueblo en las encuestas.

Desde cuando nació en 1995 lo hizo con el pie izquierdo, una de sus primeras decisiones fue cerrar noticieros, como QAP, que en ese momento le hacían oposición al gobierno.

Lo que pasa es que últimamente ha caído aun más bajo.

Una vez más, al país le toca ser testigo de un espectáculo deplorable con la elección de un nuevo comisionado, de los dos cupos a los que tienen derecho los periodistas, actores y productores de televisión, y las asociaciones de padres de familia y universidades.

Cada año se repite la misma parodia, los candidatos, en su gran mayoría, son unos perfectos desconocidos para los gremios que dicen representar.

Su gran ventaja radica en que desde hace cerca de 10 años encontraron una fórmula perversa para hacerse elegir: crear asociaciones de papel en todo el país, de supuestos padres de familia y supuestos productores de televisión, para que sean ellas las que los elijan.

En su momento, hace cerca de seis años, se armó gran escándalo cuando se descubrió que Malambo, un pueblo de Atlántico con 190.000 habitantes, tenía una asociación con decenas de productores de televisión. Pero de ahí no pasó nada más.

Y lo peor es que como la red de asociaciones de fachada queda intacta, sus creadores -el controvertido Alberto Pico es uno de ellos- pueden elegir y reelegir a su comisionado de turno las veces que quieran.

Pero este año los dueños del esquema se han descarado. Los nombres con mayor opción para reemplazar a Fernando Álvarez, que deja el cargo, son ahora más que nunca unos completos desconocidos o personajes cuestionados del gremio de periodistas, actores y productores de televisión, a los que dicen representar.

Como lo anticipó el diario El Espectador, se trata de Adriana Saldarriaga, subdirectora legal de la Comisión, cuyos méritos mayores parecen ser su cercanía con el ex senador Mario Uribe, hoy detenido por para-política, y no ser lo suficientemente ágil para cobrar miles de millones de pesos que cable operadores le deben al Estado; Zulma Constanza Casas, también empleada de la Comisión y novia del comisionado Álvarez, y Tatiana López, novia del cuestionado Alberto Pico y asesora del despacho del hoy comisionado Alberto Guzmán.

Por eso, un funcionario conocedor del medio le dijo a esta revista que «los ocho empleados de la Comisión que están de candidatos son todos testaferros».

A eso se sumó la aparición de unos correos electrónicos bastante comprometedores entre Pico y el ex comisionado Jorge Figueroa, revelados por La W, en los que Pico se destapa como uno de los dueños de la masa del electorado al escribir que «para la próxima elección pongo a jugar más de 350 asociaciones de padres».

Ese capítulo está claro. La falta de idoneidad de los comisionados elegidos en este carrusel de votantes fantasmas los hace sujetos fáciles de intrigas particulares.

No solamente la razón de ser de la Comisión, que es la independencia, queda borrada de un solo tajo, sino que la opinión pública se enardece al ver que estas personas ganan salarios de cerca de 20 millones de pesos, nombran burocracia y devengan viáticos como los del año pasado, que fueron bastante jugosos, por cuenta de los viajes que hicieron para estudiar los diferentes estándares de televisión digital del mundo.

Ante un panorama tan dramático como este, el presidente Álvaro Uribe dijo el viernes en Medellín que va a «eliminar» la Comisión y que en su reemplazo operará «una comisión técnica de regulación de telecomunicaciones».

¿Por qué apenas ahora, 14 años después y tanto escándalo de por medio, a un mandatario se le ocurre acabarla? El propio Uribe dijo que él ya lo había intentado y en el Congreso había fracasado.

Pero hay quienes, como el propio comisionado Galán, tienen otra explicación: «A cualquiera de los interesados en el sector le conviene tener una comisión débil, que es fácilmente manipulable.

Para tomar las decisiones importantes que son dos o tres cada 10 años».

Y es que lo más paradójico de todo -o tal vez lo mejor, en estas circunstancias- es que al final del día no es la Comisión de Televisión la que toma las decisiones clave.

A nadie se le ocurre que sea una persona diferente al Presidente de la República la que decida quién se queda con el canal de televisión o cuánto se les va a cobrar a los canales por la prórroga de sus contratos.

La Comisión termina siendo, entonces, un aparato desproporcionado para el papel que en últimas cumple.

Todos los que no tienen un interés particular en ella están entonces de acuerdo en acabar con la Comisión.

Pero el problema es que no basta acabar con un órgano que en su creación estaba lleno de buenas intenciones y juega un papel en el equilibrio democrático.

Los honorables constituyentes que se encargaron de reformar la estructura del Estado en 1991 le dieron al manejo de la televisión la misma estatura que la de un organismo de tanto prestigio como la Junta del Banco de la República.

Ellos consideraron que así como la política cambiaria y monetaria del país necesitaba un grupo de economistas de primera línea para ponerla al margen de los avatares políticos del gobierno de turno, la televisión, por ser un poderoso instrumento para crear opinión y su impacto en la cultura, merecía un tratamiento similar.

Sin embargo, y a pesar de las buenas intenciones, ni los constituyentes, ni el Congreso encontraron la mejor receta para darle forma a la idea de la Comisión.

Y esta terminó convertida en un verdadero Frankenstein: nace de una idea noble, pero se convierte en un verdadero monstruo.

La Constitución ordena que de los cinco miembros, sólo dos sean nombrados por el Presidente de la República -para garantizar independencia del gobierno y evitar el uso propagandístico del medio-, uno por los canales regionales y los otros los deja a discreción de la ley.

Y el Congreso, a su vez, llena esos dos cupos con representantes de las comunidades.

La alternativa de convertir esta Comisión de Televisión, con la envergadura de rango constitucional, en una comisión de regulación de carácter legal e integrada por técnicos en el tema, como la plantea el presidente Uribe, no es una propuesta descabellada.

Pero puede haber otras propuestas más interesantes. Se abrirá todo tipo de polémicas sobre qué tan independiente sería del gobierno.

Pero hay dos razones para pensar que puede ser mejor: una, que ningún escenario resultaría peor que el de hoy, y dos, que a la vuelta de unos pocos años este tipo de comisiones se tendrá que ampliar para regular no sólo la televisión, sino los contenidos que circulan en las nuevas tecnologías, como Internet y los teléfonos móviles.

 Fuente: Revista Semana