Solidaridad con familiares de Clodomiro Castilla
Periodista procesado por supuesta calumnia, exige resultados en investigación por crimen de Clodomiro Castilla
Solicitud de acciones para que el asesinato del periodista Clodomiro Castilla no se quede en la impunidad y de protección a periodistas amenazados.
Señores
EDUARDO MARQUEZ
Presidente de Fecolper
Federación Internacional de Periodistas FIP
IGNACIO GOMEZ
Presidente de Fundación para la Libertad de Prensa-FLIP
Bogotá.
Me encuentro consternado por el asesinato del colega periodista cordobés CLODOMIRO CASTILLA. Expreso mi sentido pésame a sus familiares. Solicito con vehemencia que las organizaciones de periodistas del país y de América Latina tomemos acciones más contundentes para combatir la impunidad que se cierne sobre estos asesinatos.
El miedo no nos puede inmovilizar. ¿Qué hacemos? ¿Protestar? ¿Actuar? o ¿Callarnos? Los que amamos la vida con libertad se hace un imposible silenciarnos. Los que creemos en una sociedad incluyente, se hace difícil vivir en silencio. Pero lo que más me consterna es la actitud pasiva del gremio y de la sociedad colombiana. Si la prensa se calla, la democracia se transforma en una farsa.
En la región Caribe, denunciar a los grupos armados ilegales de todo tipo y de la parapolítica, parecería un acto suicida. Enfrentarse a los grupos armados teniendo como escudo el corazón, es una condena de muerte. La protección a los comunicadores que nos enfrentamos a estos fenómenos es falaz cuando la orden ha sido emanada desde los oscuros pasadizos de las cárceles, o de las frías oficinas de quienes detentan el poder.
Si nos atrevemos hablar con la verdad y con las pruebas en las manos, nos convertimos en un blanco fijo de terroristas, pero también de la justicia que muchas veces actúa bajo el imperio de la maldad y de la perversión humana.
Lo digo por conocimiento de causa. He sufrido amenazas de muerte y procesos judiciales por atreverme a denunciar los nexos del paramilitarismo con la política como también de los actos de corrupción. En mi condición de periodista y defensor de los derechos humanos, siento una profunda tristeza cuando el Estado no nos garantiza el derecho a la vida y a la libertad de expresión. ¿Es suficiente ofrecer 50 millones de pesos para dar con la captura de los autores del execrable homicidio de Clodomiro?
¿Puede haber libertad de expresión en medio de la coacción y de la amenaza de muerte? No. Mil veces no. La protección a los periodistas no puede estar ceñida a simples declaraciones oficiales, muchas de las cuales son expresión de la hipocresía estatal. La vida de los defensores de los derechos humanos y de los que ejercemos la libertad de expresión, no solo el Estado está obligado a defenderla sino también la sociedad en su conjunto. Es triste ver que la misma sociedad se calla, no se si por temor o por complicidad, pero se calla. Como se callan los grandes medios de comunicación para no incomodar al régimen y no les afecten sus intereses particulares.
¿Por qué los grandes medios de comunicación no le dan una mirada a los procesos judiciales que algunos periodistas de las regiones sufrimos simplemente por cumplir con nuestro deber?
Si la Fiscalía General no actúa, los medios de prensa debemos pararnos en la raya y exigir que actúe, no en contra de los periodistas que nos enfrentamos a las fuerzas oscuras con la claridad de la verdad, sino contra los determinadores de los crímenes de lesa humanidad.
En mi vida profesional –que raya los 30 años- he estado en peligro de muerte varias veces. La Divina Providencia me ha protegido. En este lapso de mi vida profesional he sufrido dos denuncias penales por injuria y calumnia. Una entablada por Víctor Hugo Hernández, exrector de la Universidad de Córdoba, porque hice un análisis (2005) en Vox Populi de que había alcanzado la rectoría de esa institución con el apoyo del jefe paramilitar Salvatore Mancuso. El proceso se archivó, porque el denunciante no se ratificó. Mancuso lo había incriminado en Justicia y Paz (2007) al confirmar lo que habíamos denunciado. Víctor Hugo Hernández está hoy detenido por ese caso que involucró homicidio agravado en la persona de Hugo Iguarán, con qujien disputaba la rectoría de Unicórdoba. En los hechos está involucrada también la exdirectora del CTI de Córdoba, Rosalba Negrete. Cabe recordar que me referí a Hernández luego de ser nombrado director del Cread por Sergio Hernández Gamarra, rector en ese entonces de la Universidad de Cartagena y que estuviera detenido por algunos contratos que suscribió para favorecer a grupos al margen de la ley.
La otra denuncia –y de la cual callan los grandes medios de comunicación- es la instaurada (2006) por el presidente del Congreso, Javier Cáceres Leal, quien usando todo el poder que indiscutiblemente tiene en la Fiscalía me llevó a una etapa de juicio en un tiempo record. Pero luego estancaron el proceso cuando vieron que no tenían pruebas. En seis (¡6!) oportunidades fue aplazada la audiencia de juicio porque el fiscal no se presentaba y otras veces porque había sido reemplazado. En octubre de 2006 hice en Vox Populi un análisis de la parapolítica en Bolívar. Dije que si habría que investigar a Cáceres por parapolítica –a propósito de las informaciones de prensa que hablaban sobre su relación con Jorge 40, luego del decomiso del computador que tenía alias Don Antonio- debía comenzarse por el mercado de Bazurto. En ese entonces también tenía conocimiento de que Cáceres y otros políticos y empresarios de Cartagena y Bolívar se reunían con los paramilitares para planificar la captura del Estado a través de las elecciones. En el juzgado presenté prueba de una reunión realizada en 2002 en la finca probablemente del empresario Alfonso “el Turco” Hilsaca quien asistió, lo mismo que Cáceres, Vicente Blel –condenado por parapolítica-, entre otros con el fin de definir los apoyos políticos para el Congreso y la Presidencia de la República..
¿Por qué si la Corte Suprema de Justicia, que conoce estas pruebas y otras, no le ha definido la situación jurídica al presidente del Congreso Javier Cáceres Leal, quien tiene una investigación preliminar? ¿Por qué si otros políticos, cuyas pruebas son menos contundentes, se hayan procesados o fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia, y no el honorable senador cartagenero? ¿Se declararán impedidos algunos magistrados que asistieron a una atención social -a todo dar- brindada por el presidente del Congreso en Cartagena? La Corte Suprema de Justicia ha demostrado independencia ante el poder de la parapolítica y del poder del ejecutivo. No puede retroceder por el simple hecho que haya unos lazos de afectos de algunos magistrados con el presidente del Congreso.
No quiero pensar que la justicia esté al revés en este caso particular. Sería lamentable para la sociedad. No le puedo pedir justicia a la Fiscalía , cuando la directora de Bolívar, Iveth Hernández, tiene nexos de amistad con el senador Cáceres, y éste con el Fiscal y el Procurador general. Una sobrina del procurador Ordoñez hace parte de la UTL del presidente del Congreso. Y el Procurador general le nombró a Fabio Castellanos Herrera como procurador delegado para la Moralidad Pública , quien inhabilitó al senador electo del partido Verde Jorge Londoño, y al gobernador de Bolívar Joaco Berrío. Y el hermano del Fiscal General fue nombrado por el Presidente Uribe como gobernador (e) de Bolívar de una terna que diseñó y confeccionó Javier Cáceres Leal, quien fue artífice -dado a su capacidad para la triquiñuela y la maroma- para tramitar la ley del referendo reeleccionista.Y no les hablo de Etesa para no aburrirlos pero es una historia parecida que tiene la impronta del reelecto senador de Cambio Radical Cáceres con la mejor votación de su partido. Y tampoco les hablo de cómo están manejando la gobernación de Bolívar o la ESAP.
Cordialmente,
EDISON LUCIO TORRES
CC 8.701.424 de Barranquilla
Periodista y docente de derechos humanos
