Aún retumbaban en Montería las palabras del presidente Álvaro Uribe durante la conmemoración de los 15 años del diario El Meridiano de Córdoba cuando un sicario descargó ocho tiros, siete de ellos por la espalda, en el reconocido periodista Clodomiro Castilla Ospino, director de la revista El Pulso del Tiempo, reportero radial, investigador y testigo de la parapolítica en la capital misma del paramilitarismo, donde Salvatore Mancuso y Carlos Castaño vieron crecer en cantidades sus fortunas y matanzas en las fronteras de la finca El Ubérrimo.

Clodomiro no estuvo en la celebración a la que, parafraseando a Fernando Garavito, asistieron cual “cóctel con Ivonne”, connotados líderes, ganaderos y dirigentes empresariales de la región, además de la gobernadora Marta Sáenz Correa; el coronel Pedro Ángelo Franco, comandante de la Policía en Córdoba; monseñor Julio César Vidal, obispo de Montería; Marcos Daniel Pineda, alcalde de la ciudad; y el coronel Juan Pablo Forero, comandante de la Brigada XI del Ejército, varios de los cuales antes y después del homicidio descalificaron al periodista porque, además, era “un drogadicto”.

A menos de veinticuatro horas de un repetitivo discurso presidencial sobre las bondades de su gobierno para el ejercicio periodístico, durante el cual Uribe Vélez aseguró una vez más que “la violencia no ha sido capaz de amordazar a la prensa colombiana” y que “hoy los periodistas de Colombia se sienten más libres que hace ocho años”, las balas que cayeron sobre el cuerpo de Clodomiro Castilla se convirtieron en ocho trágicas e irrefutables pruebas del manto de temor que hoy se cierne sobre el periodismo crítico e independiente del país.

¿PERIODISTA ASESINA A PERIODISTA?

Un día antes del asesinato de Clodomiro, la crema y nata de la política y la sociedad locales asistieron al evento en el que, según el diario El Mundo de Medellín quedó confirmado “el poder regional de convocatoria del matutino cordobés y de su director”, William Enrique Salleg Taboada, para quien el presidente Uribe sólo tuvo palabras de elogio y bondad.

Clodomiro Castilla y Salleg Taboada sostuvieron una dura batalla jurídica durante los últimos cinco años, y así lo demuestran las denuncias penales que iban y venían en forma constante. Castilla Ospino fue quien hizo públicas varias interceptaciones telefónicas, incluso ante la Corte Suprema de Justicia, en las que el empresario de los medios mostraba su cercanía con Salvatore Mancuso, las cuales fueron también divulgadas por el senador Gustavo Petro.

Tras a escuchar a Clodomiro como testigo contra el senador Juan Manuel López Cabrales -hoy condenado por concierto para delinquir en alianza con grupos paramilitares- en julio de 2008 la Sala Penal de la Corte ordenó a la Fiscalía investigar a Salleg Taboada y a la ex defensora del Pueblo de Córdoba y actual Cónsul de Colombia en Nueva York, Milene Andrade, por sus nexos con la cúpula de las AUC.

Precisamente el martes 24 de marzo Clodomiro tendría que haberse hecho presente en la Fiscalía 1ª Especializada de Montería para ampliar sus denuncias contra Salleg en el proceso que se le sigue por concierto para delinquir. Pero no alcanzó: fue asesinado cinco días antes.

En enero de 2009, Castilla Ospino denunció en El Pulso del Tiempo a Salleg Taboada por el arrasamiento de la finca “Nuevo Paraíso”, ubicada en el municipio de Cereté, de propiedad del ingeniero Emilio Renhals Soto, ocurrido el 28 de mayo de 2004. El periodista incluyó en la publicación fotografías que prueban la acción combinada de paramilitares y miembros de la Policía Nacional, quienes destruyeron los cultivos de pancoger, incendiaron casas, cortaron y hurtaron árboles maderables y robaron el ganado. En las fotos se observa a Salleg dirigiéndose a su camioneta, luego del que Clodomiro calificó como un “acto terrorista”.

Ya para entonces Clodomiro había renunciado a la escolta policial, tras denunciar la implicación del entonces subcomandante de esa entidad en un plan de asesinato en su contra. En forma premonitoria, Clodomiro se despidió de varios miembros de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper):
 
“a ustedes les agradezco todo lo que han hecho por salvar mi vida, pero estoy cansado del comportamiento del gobierno, de la doble moral del Estado. Aquí, donde se crían  y engordan las mejores vacas y caballos del presidente de la República, donde él considera que es el sitio más seguro, a un periodista lo quieren matar y desestabilizar por decir la verdad y mostrar esa otra cara del departamento que no aparece en los grandes medios promocionales”.

El director de El Meridiano de Córdoba fue procesado por perturbación a la propiedad privada, amenazas de muerte y constreñimiento, y aunque fue precluído en primera instancia, a finales del año 2009 un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Córdoba, Alfonso Marimón Isaza, emitió resolución de acusación en su contra al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte civil. En la actualidad, Marimón afronta una denuncia penal por prevaricato instaurada por el propio Salleg.

En forma extra rápida el caso llegó a juicio y en enero de 2010 la juez Primera Penal Municipal, Mercedes Usta de León, absolvió a William Salleg Taboada bajo el argumento de que éste era un “ignorante invencible” y no sabía que sus actos constituían delito.

El caso fue apelado por el representante de la parte civil en el proceso, el defensor público Raúl Benítez Hernández, quien a los pocos días de esa acción jurídica sufrió un atentado que por poco le cuesta la vida. De acuerdo con Rafael Gómez, director de la Voz de Montería, para la cual laboraba Clodomiro, el periodista decía constantemente que el próximo sería él.

NOTICIAS CON TINTES MAFIOSOS 

El 20 de febrero de 2010 Clodomiro Castilla presentó una nueva denuncia penal contra Salleg por el delito de amenazas, la cual fue asignada a la Fiscalía Quinta Seccional. En ella el periodista aseguró que a raíz de sus publicaciones en contra de la gobernadora Martha Sáenz, William Salleg y el empresario Pedro Guisay Chadid por vínculos con paramilitares, comenzó a recibir llamadas anónimas amenazantes a su celular y una “amenaza personal del señor Pedro Guisay desde su celular (…) donde textualmente me dijo que si yo no desistía de las denuncias en su contra él, a pesar de que era un hombre cristiano, podía mandarme a matar porque tenía plata para eso”.

Castilla Ospino dejó constancia en su escrito de que “yo hice un desistimiento, lo autentiqué y se lo envié al señor Guisay pero no lo satisfizo plenamente”. De acuerdo con Castilla, el empresario también era investigado por lavado de activos y testaferrato.

Pero Clodomiro fue más allá y aseguró: “las otras amenazas las atribuyo de manera directa al señor William Salleg Taboada. director del Meridiano de Córdoba, quien inclusive presentó una acción de tutela en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito para impedir que yo siguiera publicando aspectos oscuros de su vida que constituyen flagrantes violaciones al Código Penal y contradicen la ética y la pulcritud que debe guardar un director de periódico (…) lo que está sucediendo me hace presumir que hay una manguala que debe investigarse (…) para atentar contra mi vida. (…)”.

De acuerdo con Castilla, harían parte del complot en su contra: 1) Manuel Troncoso Álvarez, ex secretario de Salud de Córdoba y cuñado de Salvatore Mancuso; 2) Juan Manuel y Libardo López Cabrales; 3) Mercedes Usta de León y 4) Martha Sáenz, gobernadora de Córdoba.

“SERÉ ASESINADO”

Clodomiro continuó sus denuncias y en la última edición de El Pulso del Tiempo dio cuenta de lo que él consideraba la manipulación del proceso judicial contra el director de El Meridiano de Córdoba, pese a una sanción por desacato -emitida por la misma juez que absolvió a Salleg- a una decisión de tutela que le había prohibido mencionarlo en forma alguna.

En un nuevo artículo titulado “¿Quién ordenó el asesinato del abogado Raúl Benítez?”, Castilla Ospino denunció la presunta injerencia del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt Chaljub, en el proceso penal contra Salleg. La revista fue “recogida” o comprada en su totalidad al poco tiempo de salir a la venta.

Castilla Ospino tenía claro que su muerte era inminente. El 3 de marzo, envió un mensaje de texto desde su celular al comandante de la Policía de Córdoba, en el que le informaba que el sargento Helmer, responsable del CAI, le había negado la protección. En el mismo mensaje, el periodista decía: “(…) lo entiendo, no es conveniente que se indisponga con William Salleg  -director del diario El Meridiano de Córdoba a quien Castilla denunció por paramilitarismo- (…) respetuosamente lo responsabilizo de cualquier acción criminal en mi contra”.

Hora y media antes de ser asesinado, Clodomiro informó al presidente de Fecolper, Eduardo Márquez, que había recibido en forma indirecta una solicitud de rectificación por parte del jurista: “El doctor Pretel, Magistrado de la Corte Constitucional me llamó a través del Procurador en lo Penal, Guido Gómez Ordosgoitia, y escuché atentamente sus descargos y los publicaré. Buenas noches”.

En realidad Gómez Ordosgoitia es bien conocido en Montería. Fue presidente del Festival Nacional del Porro de San Pelayo y en los años 90 fue juez segundo penal del circuito de Montería, donde fue investigado porque fue visto en un restaurante con el ex alcalde de la ciudad, Juan Bautista González Petro, sindicado de peculado, días antes de que el propio Gómez dictara un fallo en su favor. También trabajó en la Contraloría regional y hasta diciembre de 2009 se desempeñó en la Procuraduría seccional, de la que fue declarado insubsistente sin mayores explicaciones.

Por su parte, Pretelt Chaljub, también monteriano, se hizo famoso el pasado mes de febrero como uno de los dos únicos magistrados de la Corte Constitucional que salvaron su voto en la declaratoria de inexequibilidad del referendo reeleccionista que hubiera abierto la puerta a un tercer mandato del presidente Álvaro Uribe.

$50 MILLONES POR LOS ASESINOS DE UN DROGADICTO

Un día después del asesinato de Clodomiro Castilla, el Meridiano de Córdoba publicó la noticia del homicidio con un recuento del pasado de drogas y agresiones que había vivido el periodista. El titular de la noticia bien hubiera podido ser “asesinado delincuente en el barrio Sinú”.

Asimismo, otro periodista, firmante además del Pacto de Santafé de Ralito, José Antonio Sánchez Jr., publicó en su blog una nota en la que afirmaba: “Cuando una persona decide irse a jugar a la ‘Liga’ de la delincuencia y el bandidaje, tiene sólo dos maneras de terminar sus días: preso o muerto. Porque en este mundo los criminales dirimen sus diferencias, tumbes o venganzas con el gatillo, son criminales y no tienen otra manera de actuar. (…) hay personajes que se amparan en el oficio que desempeñan para llevar una doble vida. Una, aparentemente, en la legalidad y otra, semiclandestina, en el chantaje y la extorsión. Al permitirse que el periodismo sea un mero oficio ha dado entrada a unos personajes que cogen esta labor para mimetizar sus verdaderos propósitos, que son el de la extorsión y el chantaje”.

En años anteriores, el obispo de Montería, Julio César Vidal, el mismo que a comienzos del año se vio involucrado en diálogos y acuerdos desautorizados con bandas neo-paramilitares y narcotraficantes, había también desechado las denuncias del periodista afirmando “puedo expresar que goza de poca credibilidad en la ciudadanía por el hecho de haber sido un drogadicto”.
 
Sí. Clodomiro fue drogadicto. Sí, Clodomiro lo gritaba a voz en cuello y dictaba charlas sobre su oscuro pasado, las dificultades que había afrontado y su historial non-santo. También contaba cómo a pesar de su rehabilitación tenía recaídas. Ninguno de quienes lo conocieron podría negar su difícil temperamento y constantes altibajos emocionales.

No es de extrañar que en un país como Colombia, donde se lanzan acusaciones de borracheras falsas contra el Registrador nacional para ocultar el inocultable desgreño, la consolidación de un fraude fraccionado por departamentos y candidatos, la compra descarada de votos y la clara responsabilidad estatal en el “caos” de las votaciones del 14 de marzo, una figura imperfecta como la de Clodomiro Castilla haya sido usada para desdeñar también sus denuncias periodísticas. En su momento les pasó a Rimbaud, Wilde, Tolouse-Lautrec, Picasso, Hemingway y tantos otros. Le sucedió en Colombia al hoy rector de la Universidad Distrital, Carlos Ossa Escobar. Y de seguro les sucedería a varios funcionarios del Estado, de no ser por la doble moral que mide el rasero de cada cual según sus padrinos en la política nacional.

El Ministerio del Interior salió al paso a las críticas por la lentitud en la reevaluación del riesgo del periodista, a través de un comunicado en el que afirmó que “la actitud del señor Castilla Ospino dificultó el debido cumplimiento de las medidas de protección asignadas, tanto así que se sugirió y realizó, por recomendación del Comité, una valoración especializada, con miras a mejorar la disposición del periodista hacia la protección brindada por el Estado”. En realidad se trató de una evaluación psiquiátrica, con la que el Mininterior pretendió dar por cumplido su deber de proteger la vida de un periodista amenazado.
 
Como bien lo asegura el abogado Andrés Monroy, experto en temas de libertad de expresión, “Clodomiro fue irreverente y desafiante en su ejercicio periodístico. Fue criticado por eso y como en otros casos, surgen explicaciones sobre este crimen bajo el perverso argumento de la peligrosidad de su estilo o su difícil personalidad.  De esta manera se brinda el grotesco espectáculo de la evasión a la responsabilidad por permitir o patrocinar esas agresiones, o por la reprochable omisión al momento de proteger a los comunicadores”.

Monroy afirma que el homicidio de Clodomiro Castilla debe servir de alarma “frente al predominio de la forma sobre la sustancia en cuanto al deber estatal de protección a periodistas. Clodomiro fue incómodo para políticos corruptos y parapolíticos constantes, codiciosos empresarios, agentes estatales inmersos en su burocrática desidia y gobernantes cuestionados que lo descalificaron desde cómodos escritorios y alentaban la animadversión de Clodomiro frente al Programa de Protección. El exceso de trámites, sumado a la apatía y desinterés de algunos funcionarios públicos dio inicio a la fractura de la confianza de Clodomiro en la protección estatal”.

Nada ha dicho hasta ahora la gobernadora de Córdoba, Martha Sáenz, otra de las denunciadas por Castilla, y quien a través de otro absurdo fallo judicial logró algo impensable: que en Colombia se rectificara una caricatura.

Hoy resuenan las palabras del presidente Álvaro Uribe durante el evento más importante de Montería en lo que va corrido del año 2010:“¿cómo en medio de tanta violencia ha logrado Colombia que florezca y se consolide un periodismo libre e independiente de la calidad del nuestro que hoy se refleja en el Meridiano?”. La única respuesta que parece posible es la recompensa de cincuenta millones de pesos ofrecida por el gobierno para esclarecer el asesinato de otro periodista, cuya libertad e independencia le costaron la vida.

Por Claudia Julieta Duque
Radio Nizkor / Equipo Nizkor
24 de marzo de 2010