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ALERTA FECOLPER: Atentado contra periodista en Caucacia y policía golpea a colega en Bogotá

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Foto tomada: google images

 

Leiderman Ortíz Berrío, director del periódico www.laverdaddelpueblo.com del municipio de Caucasia, Antioquia, y corresponsal de varios medios regionales, fue objeto de un atentado con granada, durante la madrugada de ayer 20 de mayo. Y en Bogotá, el día anterior, policía golpea a Omar Vera del periódico El Turbión, cuando cubría disturbios en la Universidad Nacional.

Eran las 4:00 de la mañana, cuando una violenta explosión despertó a la familia Ortíz: había estallado una granada contra la fachada de su residencia, atentado similar al ocurrido el martes pasado, cuando otra granada detonó entre el patio de su casa y un edificio colindante.

En conversación con la Federación Colombiana de Periodistas, el colega Ortíz cree que el atentado en su contra, puede ser una cuenta de cobro, por el cubrimiento que realizó sobre el atentado del martes, para el noticiero de televisión regional Hora 13, que atribuye a enfrentamientos entre bandas paramilitares.

Pero los problemas de seguridad del colega no comenzaron ayer. Desde hace dos semanas corre el rumor de su muerte, con tal fuerza que varias personas han llegado llorando a su casa para expresar sus condolencias, y hasta el corresponsal de una cadena nacional de televisión, se desplazó hasta Caucacia para cubrir el deceso del colega.

Leiderman Ortíz ha denunciado los atropellos cometidos por orden de “Sebastián” jefe de Los Rastrojos, Los Urabadeños del detenido “Don Mario”, y otras bandas que operan en el municipio, así como su vínculos con policías, militares y fiscales, a través de Teleantioquia, Caracol, RCN y Todelar, y los periódicos El Colombiano y El Mundo, donde colabora regularmente.

Por esto, los lugareños no dudan en afirmar que el periodista es el único que se atreve a decir la verdad sobre la grave situación de violencia del municipio. Así lo hizo, también, ante el comandante nacional de la Policía el año pasado, en su calidad de jefe de prensa de la Alcaldía –donde trabajó hasta noviembre- y que le significó dos intentos de homicidio en marzo y en abril, por parte de sicarios, uno de ellos confesó.

Policía amenaza con denuncia

Cuando Omar Vera cubría los disturbios en la Universidad Nacional del pasado miércoles, para el periódico alternativo El Turbión, observó la  captura de un joven ciclista,  por parte una docena de agentes que habían estacionado sus motos cerca de allí. Mientras el muchacho gritaba que era menor de edad, el periodista se acercó para pedirle su nombre y registrar el hecho.

Pero, casi simultáneamente, el detenido se agarró de la chaqueta del reportero, varios policías le pegaron con los cascos y, uno de ellos – que portaba el casco le número 04-7958- le dio un golpe al informador, en la cadera.

Poco tiempo después, llegaron el defensor del pueblo delegado, Ascanio Tapias, una funcionaria de la Personería de Bogotá y el Mayor de la Policía encargado del operativo externo -lo que no dependía del ESMAD-. Allí, verificaron que el detenido era menor de edad y lo trasladaron para el trámite por Policía de Menores.

Entre tanto, Vera le pidió al agresor que se identificara. El policía le respondió que se llamaba Anderson Aguilar Villa, con cédula 71’388.977 de Medellín. Y luego de hacer lo propio con el periodista, le anunció que se dirigía a la Fiscalía “a denunciarlo a usted por calumnia, por decir que yo le pegué… así como usted me puede denunciar, yo también puedo”.

“A Leiderman le expresamos la solidaridad de nuestros más de 1.300 afiliados; y a pesar que le asignaron dos escoltas de la policía, presentamos su caso ante el Ministerio del Interior, donde manifestamos nuestra preocupación con su difícil situación”, declaró Eduardo Márquez, Presidente de FECOLPER. “Con relación al anuncio del policía contra Omar Vera, el único comentario posible es que, como si fueran pocas las agresiones de uniformados contra periodistas, ahora “los pájaros le están disparando a las escopetas”.

A continuación el comunicado de nuestra organización afiliada, la Asociación de Periodismo de Antioquia:

La Asociación de Periodismo de Antioquia rechaza el atentado contra el periodista Leiderman Ortiz y alerta por el peligro que corre su vida

Este periodista de Caucasia, Antioquia, es objeto de amenazas de muerte por parte de bandas criminales. Ya son tres intentos de homicidio contra él.  

Hoy el periodista Leiderman Ortiz, director del periódico ‘La Verdad del Pueblo’, teme por su vida y la de su familia después de que en la madrugada del jueves 20 de mayo estallara una granada en la fachada de su casa, en el barrio Loma Fresca del municipio de Caucasia, Antioquia. Hecho del que por fortuna salieron ilesos él y sus seres queridos.

Desde hace varios años Leiderman se convirtió en uno de los líderes cívicos que se atrevió a denunciar públicamente en los medios de comunicación locales, regionales y nacionales los actos terroristas y la delicada situación de orden público que atraviesa Caucasia y toda la región del Bajo Cauca Antioqueño por la presencia de bandas criminales que se disputan el negocio del narcotráfico.

De hecho, Leiderman Ortiz fue quien organizó el año pasado el año pasado dos marchas por la paz que movilizaron a cerca de nueve mil caucasianos que protestaron por las continuas extorsiones al comercio, el incremento de los homicidios y el continuo desplazamiento forzado.

Su creciente notoriedad entre la población, varios trabajos periodísticos que revelan las condiciones críticas de seguridad y convertirse en una voz crítica e independiente son los argumentos por los que Ortiz considera que hayan intentado en otras dos ocasiones acabar con su vida.

“Esto se inició a mediados del 2008, yo he venido haciendo denuncias de las bandas criminales, el Ejército, la Policía, denuncio todas las irregularidades que conozco. Yo nunca me he quedado callado, digo las verdades con nombres propios y creo que estos atentados pueden venir de las bandas criminales”, le contó Ortiz a la Asociación de Periodismo de Antioquia (APA).

A eso se suma que el martes 18 de mayo alertó a las autoridades y en los medios de comunicación regionales de la explosión de una granada en un edificio vecino a su residencia donde, al parecer, se refugiaban hombres adscritos a una de las bandas criminales que opera en Caucasia.

Frente a la situación es evidente el alto riesgo que corre Leiderman Ortiz y su familia. Desde el año pasado cuenta con escolta de la Policía, tras ser amenazado por parte de grupos armados ilegales, pero asegura este periodista de 36 años que su solicitud de ingreso al programa de protección del Ministerio del Interior le fue negada en junio del año pasado.

En esas críticas condiciones de seguridad, APA rechaza este aberrante atentado contra la vida de un reportero de las calidades de Leiderman que renunció a la jefatura de prensa de la Alcaldía local que desempeñó durante diez años para dedicarse de tiempo completo al periodismo a través de su propio medio de comunicación con versión impresa y en internet (laverdaddelpueblo.com).

Asimismo, APA hace un llamado urgente a las autoridades competentes locales, departamentales y nacionales para que le brinden de forma inmediata todas las medidas de seguridad necesarias al comunicador y su familia, a fin de que pueda continuar con su persistente y valerosa labor periodística. Y solicita a la Fiscalía General de la Nación que se adelante la investigación para dar con los autores materiales e intelectuales para que el hecho no quede en la impunidad.

Medellín, 21  de mayo de 2010

Junta Directiva

Asociación de Periodismo de Antioquia -APA-

  Periodista amenazado

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Foto tomada del Facebook Hector Gomez Arguello

Lamentablemente en Colombia decir las cosas con verdad constituye un problema. Nuevamente se vienen profiriendo amenazas contra personas decentes, ciudadanos de bien que no toleran la injusticia, que defienden el derecho a la vida, que pretenden la aplicación de la justicia social.

En el mundo son muchas las amenazas, pero casi todas del ‘más alto vuelo’, y en la mayoría de los casos, afortunadamente con el correr de los días se van diluyendo y no se pasa a mayores.

En Colombia, conforme las denuncias que se han formulado, varias decenas de periodistas han sido asesinados y precisamente hace pocos días se cumplió un acto recordatorio de la muerte aleve en Segovia, Antioquia, de Julio Daniel Chaparro Hurtado y del fotógrafo acompañante, quienes cumplían una función de reportería para el diario El Espectador.

También se han registrado hechos lamentables, y en Montería, para citar un ejemplo, fue asesinado el periodista que denunció a un funcionario del gobierno, a quien se le comprobaron actos de corrupción.

FECOLPER, la FLIP, Reporteros sin Fronteras, la SIP y otras organizaciones nacionales e internacionales han dado cuenta de lo difícil que está la situación. Si bien en Villavicencio, con poca frecuencia se han dado casos de esta naturaleza, es prudente recordar que muchos hemos tenido que autocensurarnos, dejar la profesión, huir del país o sencillamente pedirle a Dios que nos ampare.

Ahora, el amenazado es nuestro colega Héctor Gómez, del Periódico del Meta, conocido como El Porfideño, a quien se le ha notificado que tiene 7 días para salir del Meta, sino quiere lo mismo que le pasó a ‘Rubio’, quien fue asesinado por defender a la comunidad en Ciudad Porfía.

Señor comandante de la Policía: Asopemet pidió la protección para este periodista. Ordénela.

Es mejor prevenir que curar.

Alcides Jáuregui
Periodista

tomado de www.llano7días.com

La mujer a la que no le tembló la mano enfrentarse al DAS empieza a ver la luz al final del túnel

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Imagen tomada de Google images

Claudia Julieta Duque ha hecho investigaciones y denuncias sobre derechos humanos en Colombia.

Dos galardones internacionales que recibió la periodista Claudia Duque volvieron a llamar la atención sobre su caso, que tiene que ver con los controvertidos seguimientos del DAS.

Esta semana, Claudia Julieta Duque ganó dos premios internacionales de periodismo: uno otorgado por la oficina sueca de Reporteros sin Fronteras, y otro por la International Women’s Media Foundation.

Ambos reconocen el coraje que les ha puesto a sus investigaciones en el tema de derechos humanos y especialmente en el caso del asesinato de Ahora los sucesos parecen girar en su favor: se han hallado pruebas que ratificarían sus denuncias.

Usted ha denunciado que su caso tiene origen en 2001, y que se relaciona con su investigación sobre el asesinato de Jaime Garzón…

En el trabajo que yo hacía, descubrimos que la investigación se había desviado con el fin de dar una falsa ilusión de justicia. Se usaron testigos falsos.

La muerte de Garzón es un crimen de Estado, y en tales casos todo el Estado se mueve para garantizar la impunidad.

Sus denuncias indican también que luego se añadieron nuevos motivos a las persecuciones…

A lo del caso Garzón se suma que, tras regresar al país, asumí la coordinación del Congreso Mundial de la Federación Internacional de Derechos Humanos, cuando el Presidente tildaba a los defensores de derechos humanos de «traficantes».

Además, estaba yo investigando la infiltración del paramilitarismo en la Fiscalía.

Pero el ensañamiento contra mí tiene origen en el caso de Jaime Garzón, y se agrava porque yo siempre supe que el responsable de los ataques contra mí era el DAS, y así lo dije.

¿Qué opinión le merecen hoy los últimos directores del DAS, empezando por Jorge Noguera?

Noguera es un hipócrita. Y además es un presunto criminal. Es un hipócrita porque en 2003, cuando mi situación se agravó, le dirigimos una carta para exigir que cesaran los ataques.

Noguera nos contesta y niega que el DAS tenga intención de atacarme.

Se reúne con nosotros y nos pide las pruebas. Le entregamos fotos, números de placas…. Y mientras él fingía interés en nuestro caso, seguía la arremetida.

Y sobre Maria del Pilar Hurtado

Durante su período se reúne conmigo su subdirector, Joaquín Polo, y al igual que Noguera, niega que haya algo contra mí en el DAS, me pide que confíe en él y expresa deseos de ayudarme.

El acta de esto hundirá a Polo por encubridor, y por supuesto a Maria del Pilar, su directora.

Mientras Polo se reunía con nosotros, las labores de Inteligencia contra mí continuaban.

Andrés Peñate ha tenido una carrera destacada en el gobierno y en la empresa privada. Su imagen no es la misma que la de otros directores del DAS…

Al nombrar directores del DAS, desde Noguera hasta Muñoz, el gobierno ha escogido gente que sabe administrar muy bien la cara de inocente.

Hay testimonios comprometedores contra Andrés Peñate, que lo involucran con órdenes contra Piedad Córdoba y Gustavo Petro.

Además, creó una «comisión de la verdad» que fue una comisión de mentiras y sólo propuso pañitos de agua.

¿No cree que Muñoz está comprometido con depurar y reformar la institución?

Cuando la Corte Constitucional ordena al DAS entregarme toda la información que tiene acerca de mí, en una sentencia histórica y valiosa, Joaquín Polo niega que la información exista.

Y luego Felipe Muñoz entrega la información a la Fiscalía: esto prueba que la información existía, pero Muñoz nunca cumplió la sentencia que ordenaba entregármela. Eso también se llama encubrimiento.

Muñoz habló recientemente sobre el tema en el Congreso…

Él dice que yo he tenido una relación tormentosa y difícil con el DAS.

Eso es cierto: me han torturado psicológicamente, me han amenazado, me han interceptado, me han seguido, han elaborado informes sobre mí. Él dice que si el uno por ciento de lo que yo denuncio es verdad, merezco una disculpa.

Pues resulta que en mi caso hay la mayor carga probatoria que la Fiscalía tenga en el caso del DAS.

¿Qué instituciones o qué personas funcionaron correctamente en su caso?

Logré sobrevivir gracias a gente que cumplió con su deber de manera correcta.

Destaco al coronel de la Policía Luis Alfonso Novoa: me salvó la vida en la peor época de mi caso.

Siempre dio la pelea por mí. El patrullero de la Policía Wilson Pérez acompañaba a mi niña todo el tiempo después de las amenazas contra ella.

Y lo hizo con gran humanidad: en el colegio, al tiempo que organizaba juegos con los niños, planeaba rutas de evacuación.

Fabio Cepeda, un sargento de la Policía que hacía rondas por la casa, confirmó que existían los seguimientos contra mí.

¿Cómo ha actuado la Fiscalía?

Mis denuncias están en la impunidad desde 2001. Incluso el expediente de mi primera denuncia, de mi secuestro, desapareció.

La fiscal que tiene ahora el caso está actuando de manera peligrosa: dilata la consecución de pruebas, y, tras solicitar nosotros la declaración de Carlos Alberto Arzayús, ordena que se reciba en el sitio donde está recluido junto con José Miguel Narváez, en una instalación militar.

Ahora nos toca a las víctimas ir a donde ellos están recluidos a entrevistarlos. Eso para mí es un nuevo acto de intimidación.

¿Cuáles son sus expectativas de justicia?

Le pedí al Fiscal General que se compulsen copias para investigar al Presidente de la República, por la teoría de que él es el jefe máximo del DAS, y, como tal, por acción u omisión tiene que estar respondiendo judicialmente por lo que sucedió.

No en los medios de comunicación sino ante la Justicia, y que sea la Justicia la que determine si es inocente o no.

Con relación a este tema, ¿cuáles son sus expectativas frente al próximo cambio de gobierno?

Creo que si Juan Manuel Santos llega al poder esto va a ser el acabose; va a haber una línea para que esto siga en la impunidad.

Mockus por lo menos vende el lema de la legalidad. Con Petro, el gran problema sería que él quiere justicia y verdad, pero está dispuesto a negociar justicia por verdad.

Hecha la salvedad de que nada justifica las mencionadas acciones de persecución, es cierto que un sector de la población ve a las ONG de derechos humanos como simpatizantes o auxiliadoras de la guerrilla. ¿Qué piensa usted al respecto?

Con el rastreo tan microscópico que se nos hizo, si esa teoría fuera cierta, esos supuestos vínculos habrían sido descubiertos y judicializados.

Por el contrario ellos hablaban de «sembrar pruebas». Hay un acta de Jorge Noguera y Arzayús donde la queja es que no se han encontrado pruebas.

¿Cómo recibe los premios que le han otorgado recientemente?

Nunca he creído mucho en los premios, pero estos vienen de organizaciones de periodistas, y por tanto son un respaldo fundamental.

Los recibo con gratitud y humildad, y se los dedico a mi hija, una víctima inocente.

¿Hacia quiénes siente especial gratitud?

A las directivas del colegio de mi niña por su apoyo; a todos los amigos que nos dieron refugio en sus casas; a las Brigadas de Paz; al pueblo kankuamo, uno de cuyos mamos bajó de la sierra a hacerme una aseguranza; a los medios de comunicación, porque si esto no se hubiera hecho público yo no habría salido con vida; al Colectivo de Abogados; a mi familia; a muchas organizaciones internacionales, y a mis compañeros de Radio Nizkor.

¿Empezará ahora una etapa más tranquila en su vida?

Me gustaría ser optimista. Pero esto sigue pasando.

POR ANDRES MEJÍA V.

 

ALERTA FECOLPER: golpeados camarógrafo y periodista por inspectora y policía en  Barranquilla

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Foto tomada de article.wn.com

Durante un extraño y frustrado intento de desalojo, el camarógrafo Manuel Martínez y el periodista Jhony Romero, de Las Noticias que se emite por Telecaribe, fueron golpeados, el primero,  por la Inspectora X de Policía, Gloria Baena, y el segundo, por un policía que cumplió órdenes de la inspectora, ayer por la tarde, en el sector de San Pachito, al norte de Barranquilla.

A las 8 de la mañana, los dos informadores se ubicaron frente a un lote de 1.700 mts2, en la carrera 67 con calle 72, para registrar el desproporcionado uso de la fuerza por parte de la policía que intentaría desalojar, por tercera vez,  a una señora de la tercera edad y sus tres hijos, uno de ellos discapacitado: cuatro camiones del ESMAD, un  bus y una tanqueta que, en total, movilizaron a 65 efectivos.

Desde que vio a los colegas, la inspectora manifestó su incomodidad con la presencia de los dos comunicadores que se mantenían a 8 metros de la diligencia. Pero fue solo después de almorzar que, por la persistencia de los colegas y ante el registro que hicieron de su negativa a aceptar los testigos que favorecían a la anciana, la inspectora Baena empujó el lente de la cámara, en dos ocasiones, mientras gritaba: “¡Lárguense de aquí! ¡La prensa no tiene nada que hacer en esta diligencia!”.

Al ver agredido a su compañero, quien quedó lesionado en el ojo derecho, el periodista intervino, pero en ese momento la funcionaria dio la orden de expulsar a los comunicadores. Entonces uno de los uniformados le dio una cachetada al periodista, al tiempo que le asegura iba romper su cabeza, ante un impávido y mudo Personero, el funcionario Jhon Molinares.

Finalmente, el desalojo que se quería realizar desconociendo un proceso de pertenencia tramitado en el juzgado VI -pues la anciana vive en la casa-lote hace 20 años-, no se puedo efectuar. Y más tarde, cuando los noticieros nacionales nocturnos emitieron las imágenes de la agresión contra los periodistas los vecinos de la anciana, indignados, iniciaron una manifestación que llenó más de tres cuadras. Pero la policía actuó de nuevo, esta vez con gases y bolillo, y todo termino en graves enfrentamientos.

“Esa arbitraria inspectora es sólo la muestra de una nueva realidad expuesta por la Federación Colombiana de Periodistas, el pasado 9 de febrero, día del periodista: que durante los últimos años, el mayor agresor de los informadores en Colombia es el propio Estado”, declaró Eduardo Márquez, Presidente de FECOLPER. “Presentaremos nuestra queja ante la Procuraduría General de la Nación para que sancione a la Inspectora X de Policía y al uniformado agresor,  e investigue todas las irregularidades que, evidentemente, rodean a esta frustrada acción judicial”.

En lucha por tercer canal, El Tiempo ataca a RCN y CARACOL

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‘Rating’ para todos

La semana pasada, la Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación formal contra los canales RCN y Caracol, Ibope Colombia y la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias () por infringir presuntamente normas que garantizan la libre competencia.

Al ente de vigilancia lo preocupa un acuerdo hecho entre las empresas y entidades mencionadas para la realización de un estudio de medición de audiencias televisivas en el país.


Representantes de varios canales locales e internacionales, incluyendo a esta Casa Editorial, que es propietaria de Citytv, han expresado legítimas inquietudes sobre las características y alcances del convenio.

Según este, los dos canales privados financiarían la mitad del estudio de audiencias hecho por Ibope, decidirían la metodología y podrían determinar a quién vendérselo, en qué condiciones y a qué tarifas.

El problema radica en que la información proveniente de esas mediciones -el rating de los programas- es la base principal del mercado publicitario, que determina, a su vez, los ingresos en el negocio de la televisión.

No es la primera vez que los dos medios televisivos de mayor audiencia -aproximadamente un 95 por ciento de la TV abierta en Colombia- buscan el control de la única fuente independiente de medición de sintonías.

El año pasado, RCN y Caracol se retiraron del estudio Ibope para presionar la exclusión de la porción de la televisión por suscripción y así contar con ratings más favorables para la definición de la pauta.

El carácter duopólico del que gozan les permite imponer acuerdos de este tipo, convenientes para sus finanzas, pero nefastos para el resto de canales locales, regionales e internacionales.

Por fortuna, la Superintendencia de Industria y Comercio comparte las alarmas de una parte del sector al ordenar la apertura de la investigación por prácticas comerciales restrictivas contra estas empresas y algunos de sus directivos.

Lo que le preocupa a este ente de control es que el convenio podría terminar limitando el acceso de otros medios televisivos y empresas a la información sobre las audiencias, vital para su planeación económica y su supervivencia financiera.

Como RCN y Caracol pueden definir hoy las metodologías y establecer las condiciones de comercialización de estos estudios, semejante posibilidad es real.

Sin desconocer el derecho de defensa que tienen las dos empresas mencionadas, Ibope y la Ucep, se espera que los investigadores de la Superindustria tengan libertad y tranquilidad en el desarrollo de sus averiguaciones.

Como quedó demostrado en el proceso de licitación del tercer canal el año pasado -en el que participó el grupo Planeta, propietario de este diario-, los dos canales acostumbran desplegar sin rubor sus aparatos informativos a la par de sus baterías jurídicas y de cabildeo en beneficio de sus intereses legales y sus privilegios económicos.

Ojalá esta justa investigación no caiga víctima de una agenda noticiosa manejada por unos pocos.

Tales son los típicos fenómenos que genera la existencia de férreas estructuras duopólicas.

En el caso de la televisión abierta, es muy diciente la pobre oferta de canales que soportan los colombianos.

Países mucho más pequeños disfrutan de un abanico de opciones, entre las cuales el público tiene la potestad de elegir la programación que más le gusta, en un escenario de franca competencia.

Al contrario, en Colombia, los dos canales privados, propiedad de poderosos grupos económicos, protegen su rentable negocio al incurrir en prácticas censurables como la que es objeto de investigación, aparte de obstaculizar el trámite de la licitación para un necesario tercer canal.

Entre tanto, televidentes y anunciantes están obligados a ver un solo modelo de televisión, cuando piden a gritos más opciones y alternativas.

FUENTE: http://www.eltiempo.com/opinion/forolectores/rating-para-todos_7704027-1 

 

Periodista colombiana dice que en documental sobre sicarios en Pereira hay testimonios falsos

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Según Ángela María Villegas, a los jóvenes les ofrecieron trabajo a cambio de contar mentiras.

En declaraciones a ‘La W’, Villegas aseguró que «ninguno de los jóvenes entrevistados es sicario, ninguno ha disparado un arma y eso es lo que dice un expediente. Un juez me dijo que no son sicarios».

La periodista reveló que elevó una queja ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y su directora, Elvira Forero, decidió delegar a tres especialistas para investigar el caso.

«Le estoy siguiendo los pasos al periodista español y le contabilicé unas 100 mentiras», dijo Villegas, quien presentó las grabaciones de las entrevistas que hizo con algunos de los protagonistas del documental, entre los que hay un desmovilizado de un grupo armado ilegal.

Uno de los jóvenes, identificado como Carlos Andrés, aseguró que en el documental dijo pertenecer a una ‘escuela de sicarios’ pero luego le reconoció a la periodista colombiana que todo había sido «mentira».

«Les conté (a los periodistas españoles) cosas que no eran», se le escucha decir a Carlos Andrés en la grabación. El joven, además, asegura que le ofrecieron «trabajo» a cambio de contar su historia en el documental.

La versión de la periodista fue rechazada de inmediato por el periodista Beriain, quien también en diálogo con ‘La W’,  defendió su trabajo y aseguró que se hizo con las autoridades de los centros correccionales presentes.

«He entrevistado a los Talibanes en Afganistán y a las Farc en Colombia. No ofrecemos trabajo a nadie, no ofrecemos otros intereses. Los jóvenes dijeron todo eso libremente y sin que les implicáramos para nada. No es nuestra política incitar a nadie a decir nada», afirmó Beriain.

Y agregó: «en todo mi trabajo hago entrevistas kilométricas en las que no intento inducir preguntas. Ahí están las 30 horas que grabamos en Pereira, para quien quiera consultarlas. Lo que me preocupa es que al final hablamos más del reportaje que de la situación de los jóvenes».

El documental se llama ‘Baby sicarios’  y fue realizado para el Canal 4 de España por el periodista español David Beriain en la ciudad de Pereira

Tras conocer  el documental, Villegas, oriunda de la capital de Risaralda, decidió entrevistar de nuevo a los jóvenes que hablaron con el periodista español. Y en su investigación, los presuntos sicarios le aseguraron que hubo mentiras y ofrecimientos de trabajo a cambio de un testimonio.

fuente:

http://www.eltiempo.com/colombia/ejecafetero/denuncian-que-en-documental-sobre-sicarios-en-pereira-se-usaron-testimonios-falsos_7681014-1

ALERTA FECOLPER: Turba enfurecida estuvo a punto de incinerar a periodista en Soledad, Atlántico

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Imagen tomada de flip.org.co

Para el colega William Colina, tomar fotografías del cadáver de un pandillero asesinado con arma de fuego en la mitad de una calle, es parte de su rutina informativa en el periódico El Día de Barranquilla; pero el pasado sábado, a eso de las 2:00 de la tarde, el hecho de violencia urbana, originado en barrio Las Ferias del municipio de Soledad, pero sobre todo, la intolerancia ciudadana, estuvieron a punto de costarle la vida.

Según explicó Colina a la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, cuando sacó su cámara a la entrada de la urbanización Costa Hermosa, en cuyo CAI de la policía estaba detenido el presunto asesino del pandillero abatido en el barrio vecino, varios lugareños le dijeron que no entrara porque lo podían quemar.

El reportero gráfico hizo caso omiso a la particular advertencia, pues el deber periodístico casi siempre está por encima del temor. A los pocos metros se encontró, entonces, con una turba de entre 80 y 100 personas que exigía la entrega del presunto criminal y amenazaba con incendiar el CAI.

Cuando la riada humana se percató de una cámara fotográfica, rodeó al colega William, para impedir su trabajo y agredirlo verbalmente, en particular la hermana del muerto. Entonces, el comandante del CAI, el Mayor Díaz, se metió en la trifulca, tomó al reportero del brazo y lo llevó hasta la sede policial mientras le decía: “¡Pilas! Que te echaron gasolina”. Y en efecto, Colina pudo darse cuenta que tanto su bolso fotográfico como su camisa, estaban empapadas con el combustible y que tras él, un sujeto manipulaba un encendedor.

“Este grave acto criminal, protagonizado por una ciudadanía desbordada, es el reflejo de la esquizofrenia social frente al rol de los periodistas: mientras se nos reclama que digamos la verdad, cuando intentamos hacerlo quieren eliminarnos, como ha sucedido ya con tres colegas en lo que va corrido del año”, declaró Eduardo Márquez, Presidente de la FECOLPER. “Rechazamos con vehemencia el intento de homicidio de nuestro colega y exigimos a las autoridades capturar y judicializar a los responsables que están plenamente identificados”.

 Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER

La FECOLPER representa a más de 1300 periodistas en 21 departamentos del país

 Afiliada a la Federación Internacional de Periodistas, FIP

La FIP representa a más de 600.000 periodistas en 125 países

 Para mayor información, ingrese a: http://fipcolombia.com/noticiasVer.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigan agresión de la Policía a periodistas durante cubrimiento de marcha en Bogotá

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Foto tomada de caracol.com.co

Dos comunicadores, de Caracol Radio y La FM, denunciaron la agresión de las autoridades.

La situación se presentó esta tarde cuando varios estudiantes de la Universidad Distrital adelantaban una protesta en la calle 34 entre carreras 13 y 14, para exigir tarifas preferenciales en el sistema de TransMilenio.

Según el periodista Leonardo Sierra de Caracol Radio, en declaración a la misma emisora, los policías «nos insultaron, nos dijeron que éramos unos ‘sapos’ y que nos fuéramos».

Posteriormente, según relató el comunicador, uno de los uniformados le tiró el carné al piso y le pegó con el bolillo en el estómago, la cara y una pierna.

El colega de la emisora La FM, Juan Pablo Murcia, trató de interceder y las autoridades lo llevaron a una tanqueta, pero lo soltaron quince minutos tras conocer que era un periodista.

El coronel Gildardo Pico, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, dijo a EL TIEMPO que se está investigando el incidente aunque señaló que «los periodistas no portaban en ese momento su identificación en un lugar visible y los uniformados los subieron a una tanqueta para preservarles la vida».

El coronel Pico agregó que la Policía envió una unidad de atención al usuario para que los comunicadores instauren la respectiva queja. El secretario (e.) de Gobierno, Andrés Restrepo, aseguró que el hecho será materia de investigación.

http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/investigan-supuesta-agresion-de-la-policia-a-periodistas-en-bogota_7672230-1

 

Controversia por TV pública

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foto: google imagenes

El gerente de RTVC dice que gasta US$ 10 millones en redes y el resto en producciones.

Este año RTVC ha fortalecido la programación infantil  y ha obtenido reconocimientos por sus productos en este segmento.

El reciente llamado de la Contraloría General de la República a la Comisión Nacional de Televisión y al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para que exploren un “modelo más eficaz y eficiente” para la televisión pública, con miras a eliminar los déficits de audiencias y a reducir los costos de RTVC  (Radio Televisión Nacional de Colombia), tiene con los nervios de punta a esa entidad.

Apenas 24 horas después de que el contralor delegado para las Telecomunicaciones, César Torrente, pidiera una “revisión profunda” a la situación de RTVC, su gerente Douglas Velásquez dijo que los datos de la Contraloría son equivocados y defendió el manejo que la entidad le está dando a los US$ 25 millones que maneja anualmente.

El organismo de control se había mostrado preocupado por la “caída en la audiencia de la televisión pública nacional, en cabeza de RTVC, entidad que recibe la mayor parte de las transferencias (de este sector)”.

Y había argumentado que la televisión pública regional, “a pesar de recibir menos recursos” tenía un mayor nivel de audiencia al que registraba RTVC.

“Es un costo social muy alto asignar recursos públicos perteneciente a todos los colombianos en inversiones como, por ejemplo, las redes de televisión digital del operador público, con la alta incertidumbre que existe sobre su impacto”, aseguró Torrente.

Ante la lluvia de cuestionamientos Velásquez le dijo a El Espectador: “No me parece ni justa ni adecuada la interpretación con la que se está midiendo la TV pública”.

Explicó que el problema de las bajas audiencias no corresponde a la realidad que atraviesa actualmente RTVC. “Señal Colombia fue el tercer canal de mayor sintonía en los primeros 90 días del año, por primera vez en su existencia, dentro de las mediciones del iwks (de audiencias de televisión).

Superamos al Canal Uno y a todos los locales y regionales”.

El gerente de la entidad dice que ese crecimiento se debe a la política de grandes eventos que vienen transmitiendo como el Campeonato Suramericano Femenino Sub-20, los Juegos Olímpicos de Invierno y el Festival Iberoamericano de Teatro.

Sobre el tema del despilfarro económico, Velásquez desmintió enfático esta afirmación e incluso expuso las cuentas de la entidad.

Sostuvo que el presupuesto anual de RTVC  US$15 millones se destinan anualmente a las producciones y US$10 millones al mantenimiento de la red.

“Eso ha hecho que las redes que eran viejas (de aproximadamente 12 años) estén hoy en buen estado y podamos ofrecerlas incluso a los licitantes del tercer canal”.

fuente:

http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso199590-controversia-tv-publica

Juan Gossaín, sorprendido por las prácticas de gobierno

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Las voy a leer textualmente, porque hablan por sí solas. Son tan terribles que son elocuentes. Oiga esto: “Operaciones: Amazonas, Transmilenio, Bahía: Estrategia: Desprestigio medios de comunicación, encuestas, chat. Calles: Distribución de panfletos, grafitis, volantes, afiches, libros. Creación de páginas web, comunicados, denuncias, montajes”.

Luego dice: “Sabotaje: terrorismo, explosivo, incendiario, servicio público, tecnológico. Presión: amenazas y chantaje.” Ese es uno de los documentos, oigan otro. “Desinformar a la población que se encuentra a favor de los detractores del gobierno. Generar división al interior de los movimientos de oposición.

Impedir la materialización de escenarios convocados por la oposición. Transbordo ideológico”.

Luego otro documento, también decomisado por la Fiscalía en el allanamiento al DAS. “Departamento Administrativo de Seguridad. Dirección General de Inteligencia Subdirección de Operaciones. Libertad y orden. Junio de 2005.

República de Colombia. Amazonas –el nombre de una de las operaciones según dije al comienzo –. Objetivo general: Promover acciones en beneficio del Estado para las elecciones del año 2006. Blancos: Partidos políticos opositores al Estado, Corte Constitucional.

Frente Social y Político, Carlos Gaviria Díaz: Generar vínculos con ONT-Farc. Partido Liberal Colombiano, Piedad Córdoba: Generar vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia. Horacio Serpa Uribe: Generar vínculos con el ELN.

Polo Democrático Independiente, Gustavo Petro: Generar vínculos con las Farc. Antonio Navarro: Generar vínculos con el M19 y el narcotráfico. Wilson Borja: Generar vínculos con infidelidad sentimental. Samuel Moreno: Demostrar relación con desfalcos financieros”.


Me permito recordarle, entre paréntesis, al bárbaro que hizo esto, que asilo se escribe con s, por lo menos. “Comunicados: desvinculación del esquema de protección del DAS Operación Internet: Objetivo: generar controversia a cerca, en torno, a las ONG.

Estrategias: desprestigio. Acción: emisión de comunicados a través de las páginas Corporación Verdad y Justicia y Servicio Colombiano de Información y Estadística para la Prevención del Conflicto”.

Esto es escuetamente lo que dicen esos terribles y monstruosos documentos. Son las 7 y 22. Divulgados esos documentos, permítanme ustedes, ya que estamos en la sección de mi editorial, y digo mí editorial porque no me compromete sino a mí, a nadie más.

Mis opiniones me comprometen a mí, déjenme decir lo siguiente: esto no son chuzadas, esto es el espionaje más horrendo y asqueroso y repugnante del mundo, con atentados terroristas, como dice ahí, inclusive atacando camiones que reparten libros, con desprestigios de las personas, con ataques a sus familias. Esto no son chuzadas, señores, esto es muchísimo más grave que eso.

Esto es un plan de un organismo del Estado para acabar con el país, eso no es más, lo que dice ahí es eso. Quién le dijo al DAS, quién les dijo a los funcionarios del DAS que el gobierno y el Estado son lo mismo. Por ejemplo, aquí dice: “Establecer vínculos con delincuentes de parte de los opositores del Estado”.

No. En una democracia la gente tiene derecho a oponerse al gobierno, sea cual sea el gobierno. Quién le dijo al DAS que aquí hay delito de opinión o el delito de discrepar o el delito de disentir del gobierno. Quién les dijo que uno puede ir al colegio de los niños a perseguir a los hijos de los opositores.

Quién le dijo que uno puede acostarse en este país y no amanecer en su cama porque a la media noche sin proceso, sin justicia, sin pruebas, sin una orden judicial, aparecen a cogerlo a uno en su casa. Quién les dijo eso.

No solo los colombianos, no solo le estamos pidiendo a la Fiscalía, a la Corte Suprema o todo el sistema judicial, no solo estamos pidiendo que nos digan quién hizo esto, quién lo ordenó, quién lo aprobó, quién lo llevó a cabo, quién, conociendo lo que el DAS estaba haciendo, se volvió encubridor de esto y no lo denunció ante las autoridades.

No solo lo pedimos, lo exigimos. Los colombianos tenemos derecho a saber quién fue el que convirtió al país en un Estado de policías y terroristas del Estado, quién intentó convertir esto en una nación de espías, quién fue el que concibió el macabro plan de convertir a opositores reales o imaginarios como si fueran delincuentes, quién, quién está detrás de esto.

¿Tres detectives del DAS? No me hagan reír, hombre. Queremos y necesitamos y exigimos saber que esto llegue hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga. Miren, el cáncer no se cura con mejorales, dice el pueblo, esto lo que necesita es una alta operación de cirugía, esto no se cura con analgésicos.

Queremos saberlo, porque queremos saber si el DAS es una institución respetable del Estado o es una cueva de bandidos. Esto no lo hacen sino los bandidos, perseguir a los demás, poner bombas para hacer creer que fue la oposición, como ellos la llaman, perseguir adversarios, intentar manipular las elecciones, como lo dicen ahí mismo los documentos del DAS que acabamos de leer.

Yo no sé si el país tenga, como yo, la indignación que estoy sintiendo, pero por lo menos a título único como si estuviera aquí clamando en el desierto pido, exijo, como ciudadano colombiano, porque ese es mi derecho, que me digan quién hizo esto.

Quién lo hizo, quién lo planeó, quién lo concibió, quién lo escribió, quién lo llevó a cabo, quién lo aprobó, qué funcionario del Estado, sea quien sea, sabiendo que el DAS los estaba cometiendo estos delitos, no los denunció o no hizo nada por impedirlo.

Eso es lo que queremos saber. Vuelvo y repito con San Juan el Evangelista cuando tenía apenas 24 años, era casi un niño el Evangelista cuando escribió esos textos magníficos, repito con él: “Conocer la verdad, porque solo la verdad nos hará libres”.

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