Freddy León (Coordinador Fecolper pacífico) Adriana Hurtado (Presidenta Fecolper) Miguel Badillo (Lider nacional programa comunicación social Unad)
Un convenio macro nacional fue firmado por la Federación Colombiana de Periodistas – FECOLPER y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, para el desarrollo de la Maestría en Comunicación en la modalidad virtual, con descuento del 15% para afiliados a la organización periodística colombiana.
Esta Maestría que tiene una duración estimada de cuatro semestres, registro calificado a través de Resolución 05925-5 de mayo de 2015 y que otorga el título deMagíster en Comunicación, tiene el siguiente plan de estudios:
Gestión de procesos de Comunicación
Ciudadanías Comunicativas
Mediación Cultural
Educomunicación
Investigación
En total la Maestría en Comunicación consta de 48 créditos: 14 cursos (39 créditos) de formación disciplinaría específica e investigativa y 4 cursos electivos (9 créditos) que completan la oferta de cursos para el posgrado de profundización en el campo de la Comunicación.
De acuerdo al convenio, se otorga el 15% de descuento en la matrícula para profesionales afiliados a FECOLPER. Además, los aspirantes pueden sumar otros descuentos que otorga la Unad por certificado electoral (10%).
IMPORTANTE: El convenio nacional UNAD – Fecolper, solo aplica para personas con afiliación activa que reposan en la base de datos nacional de la Federación Colombiana de Periodistas. La única certificación válida para presentar ante la institución educativa, es la signada por la Presidencia Nacional de la Fecolper. Esta debe ser solicitada directamente por el presidente(a) de la organización local adscrita a Fecolper.
La metodología de la UNAD sobre periodos académicos permite que en el marco de la autonomía cada estudiante diseñe su ruta de matrícula, acorde a las oferta de matrícula en el año, a los recursos del aspirante y a sus posibilidades de dedicación con el programa. Los requisitos de matrícula son:
Requisitos de admisión – Posgrado
Hoja de vida con foto reciente.
Certificado médico.
Fotocopia autenticada original del diploma de pregrado.
Fotocopia autenticada original del acta de pregrado.
Fotocopia ampliada 120X40 de la cédula de ciudadanía.
Fotocopia libreta militar.
Dos fotocopias ampliadas y legibles del documento de identidad.
Cancelar los derechos pecuniarios por concepto de inscripción, matrícula, seguro estudiantil.
Recibo de pago donde se refleje (valor de la inscripción, valor del carnet del seguro y valor de la matrícula).
Hoja de los cursos académicos inscritos en el sistema en línea E-dunat.
Adicional a los anteriores requisitos, se solicitará a los aspirantes:
Presentación de un texto con la perspectiva de investigación, a partir de un documento que será entregado por el Programa.
Entre las actividades que podrá desempeñar el egresado se encuentran:
Gestor de procesos de planificación relacionados con el campo de la comunicación.
Gestor en procesos de construcción y ejecución de políticas públicas en el área de la comunicación
Diseñador de estrategias de comunicación en procesos de gestión cultural, educomunicación y ciudadanía
Diseñador y gestor de medios masivos, comunitarios, alternativos y basados en el uso de nuevas tecnologías.
Docente universitario o investigador en áreas como: gestión de la comunicación, estrategias de comunicación, comunicación estratégica, comunicación y educación, comunicación y cultura, ciudadanías y derecho a la información.
La Corporación de Periodistas de Barrancabermeja y el Magdalena Medio -Corpemag- rechaza los hechos ocurridos al reportero gráfico José David Martínez, a quien cariñosamente conocen como ‘El Mico’, reconocido por su larga labor en Vanguardia Liberal y quien hoy hace parte de la Oficina de Prensa de la Alcaldía de Barrancabermeja.
Los hechos:
El día 7 de julio de 2015, mientras realizaba labores de registro de proyectos en el municipio, José David, llegó hasta el barrio Lagos del Palmar, en la comuna 4, del Puerto Petrolero, allí, tres hombres abordaron al reportero, lo intimidaron con arma de fuego, lo insultaron y retuvieron, impidiendo que este realizara su labor.
Además, le quitaron su cámara para verificar qué era lo que estaba registrando, mientras le gritaban que él era “un sapo que los iba a perjudicar”.
Es así, que en el marco de estos últimos hechos y el recrudecimiento de la violencia en nuestro municipio, exigimos de las autoridades policivas, militares e institucionales, se garantice la labor de los Comunicadores Sociales, periodistas, fotógrafos, camarógrafos.
No podemos retroceder a la época en que la censura de los actores armados era el pan de cada día. Hemos superado estas situaciones y por ningún motivo permitiremos volver allí, donde no sólo se perjudica nuestro gremio, sino también toda la comunidad barranqueña que se priva de conocer qué es lo que ocurre realmente en nuestro municipio.
Peticiones:
– Pedimos una reunión a la mayor brevedad con el Comandante de la Policía del Magdalena Medio y el alcalde de Barrancabermeja, Elkin David Bueno Altahona.
– Exigimos que las autoridades brinden acompañamiento a los medios de comunicación, cuando sea necesario y lo solicitemos, para el cumplimiento de nuestra labor.
– Pedimos que nos informen lo que está sucediendo en los diferentes sectores del municipio y nos hablen de esas fronteras invisibles que al parecer,están volviendo a aparecer en el Puerto Petrolero, para de esta manera estar prevenidos a la hora de realizar nuestra labor.
– Ante todo pedimos que las autoridades realicen su labor y no permitan que Barrancabermeja siga siendo inmersa en una ola de delincuencia que cuando no se refiere a atracos, se trata de microtráfico y peleas entre las diferentes bandas que se disputan el poder en las siete comunas de Barrancabermeja.
¡Seguiremos luchando por la libertad de prensa y el No a la censura en Barrancabermeja!
Este sábado al mediodía fue abordado por desconocidos que se lo llevaron hacia la zona rural de Hacarí, Norte de Santander, donde un grupo armado lo interrogó para luego dejarlo libre. Una grave violación a la libertad de prensa.
Este sábado 16 de mayo al mediodía el periodista Juan Diego Restrepo, editor de VerdadAbierta.com y columnista de Semana.com, quien se encontraba realizando una nota periodística en Hacarí, Norte de Santander, fue abordado en el casco urbano de ese municipio por varios hombres en moto quienes se lo llevaron hacia la montaña, para minutos después dejarlo en manos de un comando del Ejército Popular de Liberación (Epl), guerrilla bajo el mando de Víctor Ramón Navarro, más conocido como ‘Megateo’.
Durante varias horas cuatro guerrilleros interrogaron al periodista, al parecer para verificar su identidad, corroborar los motivos de su presencia en la región y darle a conocer sus opiniones sobre el Catatumbo. Restrepo está investigando para un reportaje sobre el conflicto en esta zona que vive bajo el control del Epl; y las expectativas de sus comunidades frente al proceso de paz. Esta región tiene restricciones para el ejercicio del periodismo dado que allí no es el Estado, sino el Epl quien ejerce control social, político y militar. Restrepo tomó las debidas precauciones para viajar, de hecho iba con otros periodistas, en el cumplimiento del deber periodístico de informar sobre aquello que afecta a las comunidades en medio de la guerra.
Aunque el Epl es una guerrilla que goza de apoyo y reconocimiento entre muchas comunidades, para el gobierno no es más que una organización dedicada al narcotráfico. Por esta razón no hay procesos de diálogo en curso con esta facción disidente de la desmovilización del grueso de ese grupo hace 20 años. Sin embargo, la pregunta que dio origen al reportaje de VerdadAbierta.com es: ¿Seguirán estas comunidades que están a merced de ‘Megateo’, aún si las Farc se desmovilizan? Reportaje que por supuesto no renunciaremos a publicar.
La retención de Restrepo, que duró seis horas, durante las cuales él dice que no fue maltratado, es el reflejo de las difíciles condiciones en las que se ejerce el periodismo en aquellas zonas donde hay presencia de grupos armados ilegales. VerdadAbierta.com rechaza radicalmente este hecho y expresa su preocupación de que el Estado, aún con todos los recursos que ha invertido en la guerra, no pueda garantizar la actividad periodística en amplias regiones del país.
La Federación Colombiana de Periodistas -Fecolper- se solidariza con Juan Diego Restrepo y verdadabierta.com, rechaza la retención de la que fue objeto, exhorta a las autoridades para que se esclarezcan las circunstancias del mismo y recuerda que el artículo 73, consagrado en la Constitución Política de Colombia, indica que «la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional».
Reporteros sin fronteras ubicó a Colombia como el segundo país en Américas donde más asesinatos contra periodistas se presentaron en los últimos 14 años. En la clasificación mundial lo ubica en el lugar 128 de 180; es decir, es el 5 país más riesgoso en el continente para el ejercicio periodístico.
En los cuatros meses del presente año, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), han registrado en Colombia dos asesinatos y un intento de homicidio; apoyaron la reubicación de un periodista en riesgo; dieron seguimiento a las amenazas contra los comunicadores indígenas del Cauca, contra medios como Canal Capital y periodistas de radio y tv. Así mismo revisaron la implementación de medidas de seguridad a cerca del 50% de los 124 periodistas que trabajan con esquemas de protección en el país.
Para acercarse aún más a este panorama del cubrimiento periodístico, RSF y la Fecolper decidieron documentar la manera cómo se informa en el departamento del Valle del Cauca, en especial en los municipios de Buenaventura y Palmira.
En una visita entre el 13 y el 15 de marzo y luego de entrevistar a más de 50 reporteros de estas dos localidades, así como a autoridades y representantes de la sociedad civil, las dos organizaciones periodísticas comprobaron que informar en estas zona del país es enfrentarse al terror impuesto, principalmente, por grupos armados al margen de la ley, como paramilitares y guerrilla.
La acción de estos grupos violentos ha obligado a los periodistas a autocensurarse, a dejar de visitar zonas vetadas para ellos, a trabajar con esquemas de seguridad suministrados por el Estado, y en muchos casos a desplazarse por miedo a ser asesinados.
Veintiocho periodistas han sido asesinados entre 1980 y 2015 en el departamento del Valle del Cauca. El número más alto de homicidios lo registra Cali, la capital, con 12; le siguen Cartago con 5, Buenaventura con 4, Yumbo con 2, y en cinco municipios más, incluido Palmira, un homicidio. El reciente asesinato de Édgar Quintero, el 2 de marzo pasado, en esta última localidad se constituye en el número 29.
“Nos autocensuramos porque acá matan a la gente. A la gente la desaparecen, aunque disminuyan los homicidios uno oye de más desaparecidos. Los delincuentes saben cuándo se va a cubrir alguna información. Hay gente que controla con el miedo. Con lo que han vivido otros periodistas que están amenazados uno se preocupa”, se indica en el informe.
Adicionalmente, los obstáculos a la libertad de información también se manifiestan en condicionamientos a través de la pauta publicitaria oficial. La financiación mediante la pauta publicitaria termina convirtiéndose para muchos periodistas en el soporte absoluto de su trabajo y sus familias. La falta de una reglamentación y de equidad en la atribución de la publicidad gubernamental sigue siendo un problema. Las autoridades continúan utilizándola para favorecer a los medios de comunicación, según su línea editorial, perjudicando al pluralismo de la prensa.
Por estas graves violaciones al derecho a la libre información, garantizado por el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, RSF y la Fecolper elaboraron una serie de recomendaciones donde se hacen llamados a las autoridades colombianas para otorgar a los comunicadores y a sus familias las garantías necesarias para preservar su vida y ejercer su trabajo de manera libre.
De igual forma, luchar contra la impunidad como una prioridad y establecer políticas que permitan sinergias y complementariedades entre las instituciones responsables de garantizar la libre información.
● Otorgar las garantías necesarias para el ejercicio de libre información como garantizada por el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
● Hacer de la lucha contra la impunidad una prioridad
● Tomar las medidas necesarias para preservar la vida e integridad de los periodistas amenazados y de sus familias
● Establecer políticas que permitan sinergias y complementariedades entre las instituciones que tienen co – responsabilidad en garantizar la libre información
A la Fiscalía General de la Nación:
● Investigar de manera imparcial, objetiva e independiente a los autores materiales e intelectuales de las amenazas, las agresiones y los asesinatos y procesarlos legalmente de estos actos
Al Ministerio del Interior:
● Establecer un verdadero mecanismo eficaz de interlocución con la Unidad Nacional de Protección
● Establecer las investigaciones internas pertinentes que garanticen el funcionamiento del programa de protección
● Incluir en la adelantada formulación de la Política Pública para la Libertad de Expresión, elementos que permitan establecer criterios efectivos y eficaces para la asignación de la pauta publicitaria oficial sin condicionamientos y el mejoramiento de las condiciones laborales de los periodistas.
A la Unidad Nacional de Protección:
● Brindar protección rápida, efectiva y adecuada a los periodistas amenazados que les permite de seguir haciendo su trabajo
● Optimizar la planeación e implementación de las medidas de protección
● Determinar mecanismos de monitoreo sobre la efectividad de las medidas seleccionadas
● Concertar medios y maneras de comunicación que fortalezcan la confianza entre los beneficiarios del programa y la entidad y que sean adaptadas a su realidad profesional y garanticen en la medida de lo posible la continuidad de su labor
A la Procuraduría General de la Nación:
● Investigar sobre posible participación de agentes estatales y miembros de la Fuerza Pública en amenazas y violaciones de libre expresión, para que, de darse el caso, sean procesados disciplinariamente y sancionados según la Ley
● Establecer las responsabilidades administrativas y disciplinarias de los casos de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Protección.
Foto1 Historia Cesar. Amparo Jiménez, periodista asesinada en Valledupar.
El crimen de la periodista, Amparo Jiménez, ocurrido en Valledupar en 1998 generó grandes cambios en la forma de hacer periodismo en esta región de la Costa Caribe de Colombia. Este hecho y otros contra la prensa regional motivaron a que el gremio se autocensurara. A ello además se suma que muchos dejaron la profesión por temor, es el caso de Josefina Jimeno, amiga de la comunicadora asesinada.
Por María Ruth Mosquera
Josefina Jimeno, podía dar testimonio de que los amigos llegan a la vida a ocupar espacios exclusivos e irremplazables, después de varios años de vivencias con quien más que amiga era su colega cercana, consejera, compañera de rutinas laborales y proyectos pensados a futuro. También había oído que cuando los amigos ya no están, dejan vacíos perpetuos que son ocupados por la ausencia, la nostalgia y el dolor. De esto también da fe hoy, tras dieciséis años de supervivencia con la desolación que entró a ocupar el espacio que en ella dejó Amparo Jiménez, asesinada en medio del conflicto armado colombiano.
“¿Ya han pasado 16 años?”. Lanza la pregunta y se muerde labios con una expresión de incredulidad en el rostro. “Es increíble que eso haga ya tanto tiempo”, insiste y guarda silencio un momento para luego confesar que “es la primera vez que yo hablo de esto. ¿Sabes? Yo aspiraba a ser una profesional brillante, tenía muchos sueños, llegar lejísimos como reportera internacional, ganar premios, ganar el Simón Bolívar, tener una corresponsalía internacional, ser una periodista reconocida, y ya iba yo posicionándome en el noticiero, pero ahí se truncó todo”.
Para finales de los años noventa, Josefina Jimeno y Amparo Jiménez trabajaban como corresponsales de los noticieros de televisión Criptón y QAP. Viajaban juntas a cubrir noticias de orden público que tenían lugar en el departamento del Cesar, para entonces con fuertes expresiones de sucesos al margen de la ley tanto de guerrilla como de paramilitares. Ambas fueron amenazadas. “Ella no tenía miedo, pero yo sí y me decía: No ‘Fina’, eso no va a pasar nada, no te dejes amedrentar, tranquila”, cuenta.
Foto1: Amparo Jiménez, periodista asesinada en Valledupar.
Relatos de viajes bajo el miedo, de llamadas telefónicas con ultimátum para abandonar el oficio, de vehículos desconocidos rondando los hogares de ellas, de censura por los enfoques dados a la información, acusaciones de periodismo amarillista, y agresiones e incluso de daño de equipos de trabajo toman lugar en el relato de Josefina Jimeno, cuyo quehacer fue desestabilizado tras las amenazas.
“Yo le dije: Amparo, por favor, vamos a retirarnos, yo asustada, pero ella me tranquilizaba, me daba ánimo; ella no creía que de verdad la iban a matar”.
Pero el 11 de agosto de 1998 en Valledupar, un sicario le propinó tres disparos en la cabeza a Amparo Leonor Jiménez Pallares. El hecho fue vinculado a las amenazas que venía recibiendo la periodista a raíz de la información que publicaba, pero también al trabajo que ven.
En ese momento, la Sociedad Interamericana de Prensa – SIP relacionó el caso con hechos acaecidos dos años antes, cuando Jiménez Pallares informó a través del noticiero QAP que paramilitares desplazaron a 170 familias de la hacienda Bellacruz, en Pelaya, un municipio al sur del Cesar, por lo cual había recibido amenazas. La noticia trascendió rápidamente y el hecho fue repudiado por varias organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas Reporteros Sin Fronteras, que informó que con Amparo ascendían a diez los periodistas asesinados desde enero de ese año en Colombia. (http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/asesinato-de-amparo-jimenez-indigna-a-reporteros-sin-fronteras/19980813/nota/18906.aspx)
Y esa, la muerte de su amiga, fue la última noticia que Josefina cubrió para el noticiero. “Eso me impresionó tanto, cuando yo a las seis de la mañana me desperté con la noticia de la muerte de Amparo, eso me marcó muchísimo, sobretodo porque a ella y a mí nos confundían porque nos parecíamos físicamente; los apellidos eran similares, ella Jiménez y yo Jimeno, ambas periodistas, estábamos en noticieros de televisión, nos habían amenazado…”.
Desde ese día de agosto, se extinguió también la vida de Josefina, como ella la había conocido hasta entonces. “Yo entré en un pánico impresionante. Fue una época muy difícil que hasta ahora yo me atrevo a expresar eso después de tanto tiempo. Me enfermé, porque yo dije esta gente está hablando de verdad, y será que la próxima soy yo. Dije esta gente a venir por mí. Al año mataron a Guzmán Quintero (18 de septiembre de 1999). Yo entré en un pánico impresionante, que en mi casa no encontraba un sitio donde me sintiera segura. No salía”.
Intentando vencer el miedo, Josefina quiso dedicarse al periodismo corporativo, en una oficina, alejada del trabajo de campo, pero las fuerzas no le alcanzaron. “Mi hermano me llevaba al trabajo; yo me tenía que camuflar, cando iba llegando a mi casa llamaba por teléfono para que me tuvieran la puerta abierta, cosa que yo no me demorara en entrar sino que pasaba directo para el cuarto, me encerraba y no salía para nada, ni a la sala, ni al patio, a nada. Cuando alguien llegaba tocando la puerta, yo me asustaba porque pensaba: Ya llegaron por mí, cualquier ruido mínimo que yo sintiera en el techo; perdí la tranquilidad, mi sueño, perdí mucho peso, perdí todo”.
En un nuevo intento, con su familia y con apoyo del noticiero en el que laboró, se trasladó a Bogotá, pero “es una ciudad muy difícil. Yo estaba allá sola, sin dinero, desempleada y mi familia me estaba manteniendo, encerrada en una habitación de hotel; dije aquí me voy a volver loca. Ya para fin de año, una época difícil sola, entonces me fui para Barranquilla, Me tocó pasar allá una Navidad donde unas primas, pero yo quería estar era en mi casa”.
Hoy esta periodista vive en Valledupar. Sin su amiga, sin sus sueños, sin sus proyectos, pero sí con el miedo, con el tiempo estacionado en un ayer que ha durado dieciséis años. Entre sus cosas, guarda un proyecto para un programa radial que se llamaría ‘Cotorreando’, cuyas protagonistas serían ellas, la Jiménez y la Jimeno, “las dos cotorras”. “Eso se quedó ahí guardado. Nunca volví a ejercer el periodismo, ni creo que lo vuelva a hacer. Eso me afectó psicológicamente… Me quitaron a mi amiga. Ese vacío, ese hueco no lo llena nadie”.
“Nunca volví a ejercer el periodismo. Como reportera, cubriendo orden público, nunca más lo hice, ni creo que lo vuelva a hacer. Yo me llené de miedo”: Amiga y colega de Amparo Jiménez.
Hoy, Josefina ha llegado a la conclusión de que no solo se mata a las personas cuando se les elimina físicamente; sabe que hay otra muerte, en la que se elimina la vida como se ha planeado, soñado, imaginado; en la que se asesina la libertad de reír, de recordar sin dolor, de paz interior, de vivir sin miedo. Esa otra muerte que sufrió ella.
Pero de esta afectación no solo ha sido víctima la amiga y colega, también se ha hecho presente en su entorno familiar, sobretodo en su hijo.
“Gustavo José tenía 12 años, estaba en séptimo grado y había ganado una beca como mejor estudiante del Colegio Santa Fe en Valledupar y ese año, a raíz de la muerte de Amparo, bajó casi al puesto 20 y perdió la beca; el colegio no le mantuvo la beca, debió habérsela mantenido por el caso que se presentó”, dice Gustavo Cuello, quien añade que “él es un niño que es poco expresivo. A raíz del golpe con la muerte de su mamá, se ensimismó. Él era un niño adulto, iba para donde iba si mamá, pero con eso todo cambió. Se afectó la mama de Amparo. A ella le habían matado a uno de los varones, al esposo, a un cuñado, han sido muchos golpes uno detrás de otro”.
El caso y la Justicia
Doce días después del asesinato, la Policía capturó en Valledupar a Libardo Humberto Prado Bayona, autor material del hecho. Entonces, el coronel Jesús Humberto Chivatá, comandante de la Policía del Cesar, precisó que habría pruebas irrefutables de que Prado Bayona había disparado contra la periodista, obedeciendo órdenes de grupos al margen de la ley que actuaban en Valledupar, sin precisar si se trataba de guerrilla o paramilitares. (http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-767150).
Tras un proceso judicial, este hombre condenado a 37 años y ocho meses de prisión. No obstante, en el año 2012, el Instituto Penitenciario y carcelario – INPEC reconoció su responsabilidad en el crimen, por cuanto al momento del hecho, Libardo Humberto Prado Bayona debía estar en prisión purgando una pena de 20 años y ocho meses. (http://flip.org.co/es/content/inpec-reconoce-responsabilidad-y-pide-perd%C3%B3n-por-el-asesinato-de-la-periodista-amparo-leonor), por lo cual el INPEC pidió perdón a la familia de la asesinada periodista, tras una decisión del Consejo de Estado. El director administrativo y financiero del Inpec, Hebert Artunduaga, dijo entonces que «inexplicablemente, el reo ya estaba en libertad para la fecha del homicidio de la periodista. Se le concedió la libertad omitiendo revisar la cartilla biográfica de Prado donde reposaba una condena a 20 años y 10 meses por el delito de homicidio… Vengo a pedir perdón en nombre del Estado a la familia de la periodista Amparo Leonor Jiménez Payares”. (http://www.elpaisvallenato.com/html/noticias/2012/febrero/16/5804497paralamuertenohay.html).
En cuanto al tema de reparaciones, Gustavo Cuello explica que “la familia demandó al Estado a nombre del hijo de Amparo. Eso surtió sus efectos normales porque hubo la doble investigación, penal y civil. Lo penal lo fallaron aquí en el Tribunal Superior a favor y le metieron una pena al criminal de más de 30 años; con base en esa sentencia, se produjo un nuevo fallo del Contencioso Administrativo, que había sido en contra porque no existía un fallo penal. La familia apeló ante el Consejo de Estado para la indemnización y este dio la razón; hace unos dos años les reconocieron la indemnización, al niño, a la abuela y a los hermanos de Amparo”.
Pero pese a estas decisiones judiciales, familiares, amigos y colegas siguen preguntándose por el o los autores intelectuales del crimen de Jiménez Pallares.
“Había una Fiscalía de Derechos Humamos en Bucaramanga que estaba investigando sobre las causas de la muerte de Amparo. Venían permanentemente a Valledupar porque estaban recopilando la información para esclarecer las causas y llegar a identificar a los autores intelectuales del crimen”, relató Gustavo Cuello, quien censura al Estado por haber dejado solo a su hijo en su orfandad.
“Yo recuerdo que Redepaz hizo muchas promesas de ayudas para el niño y ninguna de esas promesas se cumplieron; ni el Gobierno se interesó por él, ni siquiera Reinserción le pagó el sueldo de Amparo al niño, se negaron a pagarle el sueldo porque no estaba legalizado el contrato. Entre su abuela y yo lo mandamos a la universidad a estudiar, terminó su carrera y el Estado en vez de hacerle un seguimiento a ver cómo seguía, no se preocupó más nunca por él; debían haberlo educado y buscado un empleo”.
Una verdad sacrificada
El testimonio de Josefina Jimeno es sólo una muestra de la gran afectación que causó el asesinato de Amparo Jiménez al periodismo del Cesar, pues éste, sumado al del jefe de redacción del Diario, Guzmán Quintero Torres, un año después, cobijaron con miedo al gremio, generando una transformación en la manera de informar el acontecer de la región, de modo que otra de las sacrificadas fue la verdad y el derecho de la comunidad de estar informada.
El homicidio de Amparo Jiménez generó grandes cambios en las noticias informadas por los periodistas, ya que fue sacrificada la verdad y con ella, el derecho de la comunidad a estar bien informada
“Pienso que el periodismo que se está ejerciendo ahora no es como el que hacíamos nosotros; actualmente se hace un periodismo más superficial. Nosotros éramos más investigativos, nos arriesgábamos más, expusimos muchas veces nuestras vidas, ahora el periodismo no es igual, tal vez las cosas cambiaron por la muerte de Amparo y la de Guzmán. Ya uno siente como ese temor”, dice Josefina.
El presidente del Círculo de Periodistas de Valledupar, Aquiles Hernández Saurith, considera que el periodista es un ciudadano de a pie, con todas las debilidades que puede tener en el ejercicio de su profesión, entonces cualquier amenaza externa o interna que le llegue, sin duda afecta la calidad de trabajo periodístico.
“Yo diría que el conflicto afectó tanto a las agremiaciones como personas el miedo y el miedo no razonable, sino el miedo real, por la muerte y las amenazas cumplidas con algunos periodistas de la ciudad. Y diríamos que el postconflicto nos trae el postmiedo también porque seguimos dándonos cuenta de que muchas estructuras criminales están vivas y eso obliga al periodista a autocensurarse”, manifiesta Hernández Saurith.
A lo planteado por Hernández se suma la opinión del periodista Gustavo Cuello, quien asegura que “el conflicto armado ha amordazado al periodismo, hay mucho temor y el que se ha atrevido lo han matado o está amenazado”.
También Mildreth Zapata, ex jefe de redacción de Vanguardia Valledupar y fundadora del periódico virtual Quinto Poder, quien dice que “un periodismo lleno de temor y autocensura fue el generado tras las situaciones de conflicto vividas en el país, donde el miedo ocasionó que muchas de las historias escritas revelaran verdades a medias, por eso la memoria dejada a la sociedad estuvo en muchos casos llena de omisiones y verdades que sólo hasta ahora comienzan a relucir en trabajos periodísticos y libros. La situación fue mucho peor en las regiones, donde todos vieron y prefirieron callar por físico miedo a morir a manos de los violentos”.
Por su parte, Yelene Cuan Pertuz, jefe de redacción del periódico El Pilón, cuenta que ella también fue amenazada y que sigue ejerciendo su labor con mucho cuidado para proteger su vida y la de sus seres queridos.
“Tenemos la limitante para poder informar cómo debe ser la noticia; hay algunos datos que uno tiene, pero por ese temor por el cual ya uno pasó, uno se cohíbe de decirlo o indagar más allá. Entonces, mientras menos uno sepa, es mejor porque tú no te vas a atrever a decirlo. Yo tuve una limitante, en mí caso que fueron las amenazas y más por una información que publiqué, ya no me atrevo a ir a buscar siquiera esa información. Esa ha sido la coraza que a mí me pusieron para no investigar más y no estar destapando tantas ollas. Eso afectó mucho mi parte personal, mi familia a mis hijos los tenían vigilados; entonces cuando se meten no tanto con uno sino con los hijos, uno dice quédate quieto”.
El daño no solo fue a la verdad, según periodistas del Cesar, el conflicto armado también reventó el tejido social de este gremio.
“Todo aquello que unía e integraba el tejido social en el colectivo periodístico se vio resquebrajado y afectado por causa del conflicto armado, por ello es importante el reconocimiento por parte de los agresores de la acción causada, solicitando el previo perdón, tal y como lo ha planteado el Gobierno; pero también es fundamental que los afectados acepten ese perdón, hagan la catarsis del caso y puedan llevar una vida sin temores y en paz. A lo anterior sumo el desarrollo de procesos formativos que contribuyan a la orientación para hacer frente a estas situaciones, y devuelva la confianza al colectivo”, expresa Mildreh Zapata.
Mencionan periodistas consultados que la reparación colectiva planteada por el Estado colombiano, es algo válido, pero hacen énfasis al irreparable daño psicológico y en el restablecimiento de las garantías para ejercer el oficio del periodismo, como el restablecimiento de la tarjeta profesional, aplicar las leyes ya establecidas como la libertad de prensa, para que sirva de blindaje al riesgoso ejercicio del periodismo, proteger al periodista antes de la amenaza o la muerte.
“De pronto la reparación económica está bien, que me imagino que en cualquier momento me la van a dar y que eso puede compensar el tiempo cesante que he tenido porque yo todavía no estoy trabajando; sin embargo, creo que sería bueno que quede algo simbólico, que uno pueda por ejemplo generar empresa porque ese daño psicológico no tiene reparación”, concluye Josefina Jimeno.
Bogotá, 9 de febrero de 2015. Al celebrarse hoy el Día del y la Periodista, la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) llama la atención de la sociedad colombiana sobre las riesgosas condiciones para el ejercicio de este oficio.
Informar es cada vez más una profesión peligro y ello se refleja en crímenes como asesinatos, atentados, amenazas, destrucción de instalaciones o equipos, interceptaciones ilegales, detenciones ilegales, desplazamiento forzado y acoso en sus distintas manifestaciones.
Estas violaciones a la vida y al derecho universal y constitucional a la libertad de expresión han sido recogidas por la Fecolper en el Informe sobre la situación del periodismo y la libertad de prensa durante 2014 (Ver informe abajo).
En el 2014 la Fecolper documentó 146 agresiones contra periodistas en Colombia que representa un total de 184 víctimas. Con respecto al 2013, se presentaron 20 agresiones más, y 35 víctimas adicionales. Las amenazas fueron el delito más común, con un 42,5 %, seguido de las agresiones físicas y/o verbales con el 22,6 %, y la obstrucción al ejercicio periodístico con el 15,1 %.
El 76 % de los hechos violentos corresponde a periodistas (140), seguidos de trabajadores de medios (28), equipos periodísticos e infraestructura del medio.
El 75 % de estas agresiones fueron en contra de hombres (138), mientras que un 16 % contra mujeres (19).
El 80,2 % de las violaciones o afectaciones se produjeron contra medios privados (comerciales); 9,3 % contra medios alternativos (populares); 5,2 % contra comunitarios y 5,2 % contra gubernamentales (oficiales).
Las poblaciones más inseguras para ejercer el periodismo son: Bogotá, con el 24 %; Antioquia (13%), Valle del Cauca (8%), Bolívar (5 %) y Huila (4%).
Es alarmante que el 34,2% de los ataques provino de desconocidos. El mismo calificativo aplica, con mayor reproche y rechazo, para el segundo principal agresor: la Fuerza Pública, autora del 21,2% de los casos, que equiparó a los a particulares, y se situó muy por encima de funcionarios y/o servidores públicos (11%), paramilitares y/o bandas criminales (6,8 %), guerrillas (2,1%), delincuencia común (2,7%) y exfuncionarios públicos (0,7%).
La Fecolper ve con preocupación que en la mayoría de los casos reina la impunidad, lo que se constituye en un motivo para que los enemigos de la verdad no cesen en su intención de acallar a los informadores.
Es urgente que el Gobierno y que la sociedad en general reflexionen y actúen en favor de los periodistas como fortalecedores y garantes del Estado de derecho y guardianes de la democracia. Los derechos constitucionales de la prensa no pueden seguir siendo letra muerta, sino que deben ser recuperados y cuidados con celo principalmente desde la institucionalidad.
La Fecolper seguirá acompañando a los comunicadores en el ejercicio de su labor, denunciando los hechos que atenten contra este, y sobre todo, exigiendo verdad, justicia y reparación para los afectados.
Edgar “Quintín” Quintero, director del espacio de opinión Noticias y Algo Más, en la emisora Radio Luna, filial de Todelar, en Palmira (Valle del Cauca, al suroeste de Colombia), fue asesinado anoche, cuando se encontraba en una panadería, minutos después de terminar su programa que se transmitía de 6 a 7 de la noche.
Quintero, fue impactado con seis tiros que le propinó un sicario, quien ingresó al local comercial y empezó a disparar. De acuerdo con versiones de personas de la zona “el periodista herido intentó caminar, pero el hombre lo alcanzó y siguió disparando, hasta producirle la muerte”.
En junio de 2004, Quintero y ocho periodistas más habían denunciado amenazas en su contra: “revelaron ser víctimas de constantes hostigamientos por parte del ex alcalde Miguel Motoa Kuri y de gente allegada a él. Las amenazas tendrían su origen en las acusaciones periodísticas por corrupción que, desde hace varios años, recaen sobre la administración de la entonces autoridad municipal”.
“Extrañamente aquí se cierran programas críticos que informan sobre presuntos hechos de corrupción y de inseguridad en el municipio. Hay veedores ciudadanos que han denunciado cómo al parecer se amordaza a la prensa, pero la realidad es que aquí en Palmira pareciera que no pasa nada, pues son muy pocos los periodistas que como Edgar Quintero se atrevían a controvertir”, concluyó el comunicador.
Con respecto a las investigaciones sobre este homicidio, el coronel William López Castro, comandante del Distrito de Policía de Palmira, dijo que “Por el momento no hay ninguna hipótesis sobre las causas de muerte del periodista. La dueña de la emisora y la familia dicen que desconocían si Quintero tenía amenazas de muerte”, informó el oficial.
“Estamos muy preocupados porque este es el segundo crimen que en lo corrido del 2015 ocurre a un periodista en Colombia, con este nuevo hecho ya son 145 homicidios, de los cuales solo hay una condena efectiva sobre el autor intelectual del asesinato a un comunicador. Repudiamos este hecho, e instamos a la Fiscalía General de la Nación a investigar y judicializar a los autores materiales e intelectuales”, dijo Adriana Hurtado, presidente de la Federación Colombiana de Periodistas.
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Estos son algunos de los mensajes que se encuentran publicados en el Facebook de Edgar Quintero:
Carlos Felipe Saa Paz en la tumba de un valiente y verdadero periodista, son muchos en Palmira quienes deberían aprender de su coraje.
Martha Nubia Cespedes Sanchez Cada momento que compartimos lo llevo en el corazón, te nos adelantaste amigo , como decias en LA despedida en tu programa. DIOS PRIMERO Y YO CON EL, EL ADELANTE Y YO DETRAS DE EL. Siempre te recordaremos paz en tu tumba..
Zurany Marcela SalazarPalmira esta de luto porque hoy hemos perdido a un hombre que siempre estuvo del lado de la verdad y nos informo de una forma especial, honesta y con gran sentido del humor…que triste que personajes como Edgar Quintero tengan que dejarnos de esta manera..por la cruel violencia..que Descanses en paz colega, siempre te llevaremos en nuestros corazones.
Luis Antonio y Sofía se encontraban sentados en el andén de su residencia –donde además funciona la emisora- y sobre las 5:30 de la tarde de este sábado, fueron impactados por dos hombres que se transportaban en una motocicleta.
Luis Antonio era el director de Informativo Linda Stereo, que se transmite una vez al día, de lunes a viernes, por la emisora 95.1 FM. De acuerdo con trabajadores de la estación radial, el periodista permanentemente informaba sobre las afectaciones de las empresas mineroenergéticas y de hidrocarburos a la comunidad, hacía seguimiento a las inversiones de obras de infraestructura en la región y denunciaba presuntos hechos de corrupción de la administración municipal y gerentes de empresas de servicios públicos.
El 28 de agosto de 2010, la Fecolper documentó que la emisora estuvo expuesta a un atentado: “Cuando se aprestaba abrir la puerta de la emisora Linda Estéreo, filial de Caracol en Doncello Caquetá, el locutor que inicia sus actividades a las 4 de la mañana, se percató de una extraña caneca llena de arena con unos cables […] Luego de desactivar el explosivo, el coronel Jaime Moreno, comandante de Policía de Caquetá, informó a los medios que la caneca tenía una carga de 25 kilos de anfo, 20 metros de cordón detonante y un sistema de activación ligado a un teléfono celular”.
“En días pasados, Luis Antonio nos había comentado su intención de presentar su nombre a la Alcaldía de El Doncello, por el Partido Centro Democrático, y nos relató que estaba ayudando a reconstruir la escuela El Morrocoy ubicada en el sector”, señaló un periodista del Caquetá.
“Luis Antonio era oriundo del Huila, tuvo 4 hijos (1 mujer y 3 hombres; uno de ellos es locutor). Fundó la emisora en 1998 y hasta 2010 fue filial de Caracol; llamó la emisora “Linda” porque quería que fuera la más visible, la más organizada, la de mayor infraestructura. En la estación radial trabajan 8 personas”. Estamos consternados por su deceso y exigimos justicia, expresó José Agustín Lozano, presidente de la Asociación de Trabajadores de Medios de Comunicación del Caquetá “ASOTMEC”
En diálogo con la Federación Colombiana de Periodistas –Fecolper-, el coronel William Alberto Boyacá, actual comandante Departamento de Policía Caquetá, informó que se están revisando cámaras de seguridad, y anunció recompensa de 50 millones de pesos para quienes den información que permita establecer los móviles y autores del asesinato.
“Repudiamos y condenamos este nuevo hecho criminal, e instamos a las autoridades para que consideren especialmente la hipótesis de que este homicidio estaría relacionado con razones del oficio periodístico; a la Fiscalía General de la Nación le hacemos llamado a investigar y judicializar a los autores materiales e intelectuales» dijo Adriana Hurtado, presidenta de la Fecolper.
La Jueza del Juzgado Segundo Promiscuo del Municipio de Caucasia, Ana Cristina Rendón, restringió labores periodísticas de comunicadores que se disponían a cubrir la audiencia pública de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento a personas señaladas de asesinar a integrantes de la comunidad LGBTI en dicho municipio. (Ver abajo nota complementaria)
De acuerdo con los periodistas Omar Martínez y Leiderman Ortiz, la funcionaria pública impidió a los comunicadores hacer grabaciones y registros visuales, argumentando que “tiene entendido que el periodismo lo ejercen personas que tienen título universitario y que quienes están en la audiencia son empíricos”. Adicionalmente, informó que para hacer grabaciones, los periodistas deben enviar con anterioridad la certificación del MinTic en donde se haga constar que son periodistas y además, una certificación laboral de un medio de comunicación nacional.
Entre los afectados, también se encuentran periodistas freelance de Alemania e Inglaterra que están realizando un documental periodístico sobre Violencia y terrorismo en la región.
La Federación Colombiana de Periodistas, rechaza esta obstrucción al trabajo periodístico y lamenta el desconocimiento de algunos jueces en materia de libertad de expresión.
“Los principios y funciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones atañen al ordenamiento de las TIC, entre las cuales no se encuentra otorgar la calidad de periodista a ningún ciudadano colombiano o extranjero”, señala concepto de Claudia Acevedo, Jefe Oficina Asesora Jurídica del MinTic.
“Es importante reiterar que la exigencia de título profesional o tarjeta de periodista fue declarada inconstitucional, según C-087 de 1998 y que el artículo 73 de la Constitución Política de Colombia, indica que “la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”, dijo Adriana Hurtado, presidenta de la Fecolper.
Los periodistas no pueden ingresar a una audiencia preliminar que tenga el carácter de reservado. Las demás audiencias son públicas y pueden entrar como cualquier ciudadano. En este caso puntual la jueza no mencionó causal que restrinja la información, como por ejemplo, estar relacionadas con menores de edad o aquellas que pueden afectar la defensa o seguridad nacional, aseguró Azael Carvajal, coordinador del Comité de Legislación de Fecolper.
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Según la Jueza de conocimiento «La Fiscalia dejó muy claro que desconocían los móviles del homicidio, por tanto no puede asegurarse que son las personas que vienen cometiendo homicidios en contra de la comunidad LGBTI»
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* Al termino de la publicación de esta información, la Señora Juez de Conocimiento, Ana Cristina Rendón, hizo llegar a la Fecolper, por conducto del Consejo Superior de la Judicatura, lo siguiente:
«… Le aclaro la situación que se presentó con los periodistas Leiderman y Omar el día de hoy.
Los señores antes mencionados llegan a la sala de audiencias sin indicarme quienes eran las personas que lo acompañaban, diciendo que necesitaban filmar la audiencia y tomar fotografías, aclaro que en ningún momento me pusieron de presente que se trata de un documental con personas de Freelance de otros países. Mi respuesta enfática fue que a mí ni me tomaran fotos ni me filmaran, que de resto fuera de la sala podían tomar sus fotos, filmar lo que quisieran y que podían entrar a la audiencia pues es una audiencia pública; que para filmar y tomar fotos dentro de la audiencia, me debían exhibir o mostrar a qué medio de comunicación estaban adscritos, para que en caso de una rectificación de la información, realizar las gestiones pertinentes. Nunca les dije que por no ser periodistas graduados no podían entrar, y siempre les dije que por mi seguridad no me tomaran ni fotos ni filmaran y que al menos en mis audiencias no se tomaban ni fotos ni se filmaba por razones de seguridad, y que lo podían hacer en la entrada y el corredor; tanto así, que uno de los que dijo ser integrante de la Universidad de la Sabana, quien no se identificó con ningún documento que lo acreditara como tal, me dijo que si antes de comenzar la audiencia podía filmar y le dije que claro, que podía hacerlo mientras no estuviera yo en la sala y que durante la audiencia, podían hacer las tomas desde afuera, eso sin enfocarme a mí ni a las partes.
Tengo entendido que para realizar el documental, debían gestionar primero con la oficina de comunicaciones ya fuera en Medellín o Bogotá, por tanto no se les violó ningún derecho fundamental a la expresión ni a la prensa, derechos que tengo muy claros pues funjo como Juez Constitucional.«
Adicionalmente, también después de la publicación, la Fecolper recibió información complementaria sobre lo sucedido, en donde la señora Jueza, Ana Cristina Rendón, hace alusión a que la calidad de periodista la da un título universitario y que los medios de comunicación deben estar debidamente acreditados ante el Ministerio para saber si es un medio serio y fundado. Adicionalmente reitera que en sus audiencias no permitirá que se grabe ni se tome fotografías.
Leiderman Ortiz Berrio y Edgar Astudillo, periodistas en Caucasia (Antioquia) y Montería (Córdoba) respectivamente, fueron señalados como “Periodistas agitadores” en un panfleto atribuido presuntamente a la banda criminal “Los Rastrojos” y en el que se les incluye con 22 personas más en lo que denominan “comienzo del plan pistola”.
“No aprendieron la lección y siguen dedicados al proselitismo pro farucho, han cogido de banderas los derechos humanos, la defensa de las víctimas, la restitución de tierras y la paz … Quedan notificados, si continúan su proselitismo político, sindicalista, pacifista, izquierdista contra nuestras organizaciones pagarán las consecuencias. Ellos saben que nuestra paciencia tiene límite”, se indica en el panfleto que se encuentra en proceso de verificación por parte de las autoridades.
Leiderman Ortiz Berrio, es uno de los periodistas más amenazados en Colombia. Es reconocido por sus “denuncias valientes” a través del periódico “La Verdad del Pueblo” que circula en el bajo cauca antioqueño y su trabajo como defensor de derechos humanos. Ha sido objeto de atentados con artefactos explosivos, uno, cuando en mayo de 2010 lanzaron una granada contra la fachada de su residencia, atentado similar al ocurrido, cuando otra granada detonó en medio del patio de su casa y un edificio colindante. Actualmente cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH.
Por su parte, Edgar Astudillo, es un periodista investigativo que en 2009 denunció el accionar de la banda criminal “Los Paisas” en Montería, y cuyos informes periodísticos provocaron que fuera amenazado y desplazado. En 2011 regresó a Córdoba, dirige un programa radial y es integrante del Comité Nacional de Impulso del Proceso de Reparación Colectiva a Periodistas.
En diálogo con la Federación Colombiana de Periodistas, Ortiz Berrio, solicitó que la Fiscalía opere con mayor eficiencia para determinar los culpables y que la Unidad Nacional de Protección «reevalúe su seguridad y la de su familia» y cumpla con los más de 80 periodistas protegidos que como él hoy tienen restricciones para realizar trabajos periodísticos debido a que no cuentan con los viáticos para los desplazamientos de los hombres de protección.
Astudillo, rechazó las amenazas y expresó que es lamentable que se pretenda coartar la libertad de prensa: “Quienes figuramos en este listado somos amigos del proceso de paz, amigos de los diálogos y de una salida negociada al conflicto y no somos terroristas. Somos víctimas, recontra victimizadas”.
La Federación Colombiana de Periodistas –FECOLPER- solicita al gobierno colombiano tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida de los periodistas, así como las de sus familias, y exige a la Unidad Nacional de Protección soluciones prontas y duraderas para garantizar la vida e integridad de los comunicadores.