Cronograma del proyecto
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La Fecolper firmó convenio con el Hotel Charlotte de Bogotá, que beneficia a los afiliados de la Federación con un descuento del 10% sobre la tarifa básica de hospedaje.
FECOLPER generará una agenda de eventos zonales -acordes con su misión- los cuales serán comercializados con el propósito de que se generen recursos para las organizaciones afiliadas y a su vez para los afiliados.
El desarrollo del proceso de reparación ha evidenciado hasta el momento que es necesario preparar mejor al sujeto de reparación colectiva para su participación, de modo que pueda comprender la globalidad del proceso de reparación colectiva más allá del conocimiento de las macro-fases del mismo.
Se debe partir de reconocer que el Sujeto de Reparación Colectiva – Periodistas como víctima del conflicto armado se encuentra afectado: existe un daño a la identidad del gremio, altos niveles de dispersión, priman dinámicas individuales en el ejercicio de la profesión, existe debilidad en los procesos organizativos a nivel local, regional y nacional, hay un nivel de naturalización de las dinámicas atípicas en que hoy se ejerce la actividad periodística, por la naturaleza del tema hay un alto grado de desconocimiento de las temáticas y formas propias del proceso de reparación colectiva, la mayoría de los periodistas que han sido víctimas directas de violaciones a derechos con ocasión del ejercicio periodístico aún siente temor o desconfianza para participar en este tipo de procesos, entre otros aspectos.
Ante esta realidad y en perspectiva de cerrar la fase de Diagnóstico del Daño para dar paso a la construcción del Plan Nacional de Reparación, se hace urgente la generación de capacidades y competencias de los periodistas, para enfrentar el proceso de reparación empezando por la comprensión de algunos conceptos claves.
Con este proyecto, denominado “Fortalecimiento al Proceso de Reparación Colectiva a Periodistas, mediante acciones de formación, incidencia política y desarrollo organizativo de los/as periodistas en el país» se busca principalmente:
El poder que ejercieron los grupos en diversas zonas de Colombia fue tan fuerte que llevaron a generar miedo y dolor, causando atentados contra la vida misma y el derecho a estar informados. Es el caso de Elizabeth Obando Murcia, una mujer tolimense que fue asesinada al parecer por las FARC por vender el periódico de la región. Su historia demuestra otro episodio de las afectaciones contra la libertad de expresión en zonas de conflicto.
Por Olga Lucía Garzón Roa
Elizabeth Obando Murcia tenía 32 años de edad. Era la menor y única mujer entre cuatro hermanos. Desde muy joven tejía sacos, vestidos, cobijas y adornos en hilos y lana que vendía en su negocio propio en Roncesvalles, una población de 7 mil habitantes, ubicada en el suroccidente del Tolima, donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC fueron autoridad por tres décadas.
Por sus calles se paseaban tranquilos ‘Pablo Catatumbo’, hoy en día negociador de paz, y el mismo ex comandante de las FARC, ‘Alfonso Cano’, quien con su numeroso cuadro de guerrilleros era el que imponía la Ley, hasta el año 2000 cuando en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se comenzó a tomar posesión de la zona y estableció bases militares.
Tras la muerte de ‘Alfonso Cano’; Gustavo Bocanegra, alias ‘Donald’ y Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlon’ tomaron el mando en la región. Hoy en día, son los subversivos de más categoría del frente 21 y los más buscados por las autoridades en el Tolima.

Allí vivía Elizabeth con sus padres, -una ama de casa consagrada y un labriego estricto-. Con lo que ganaba les ayudaba a sostener los gastos del hogar. Pensando en aliviar un poco sus condiciones económicas, aceptó ser expendedora del diario tolimense El Nuevo Día en la población, sin imaginar que hacerlo iba a significarle el fin de su vida.
Ese final se lo anunció ‘Donald’, luego de publicaciones en las que el diario denunciaba que el grupo insurgente reclutaba menores, hacía extorsiones, reformas agrarias irregulares y otros hechos en contra de la comunidad.
Varios artículos periodísticos airaron a ‘Donald’. Uno que apareció el 21 de septiembre: “Farc harían reforma agraria en Ronces”; Al día siguiente, denunciaba que la supuesta reforma agraria ya afectaba a vecinos del municipio de Chaparral; el 21 de octubre, mostró reclutamiento de menores de edad, y comenzando enero de 2002 informó que 8 mujeres habían sido obligadas a pasearse por el municipio con carteles colgados a su cuello, en los que se leía: “por chuleras”, refiriéndose a una posible cercanía de ellas con miembros del Ejército.
Según testigos del hecho, casi dos meses después, cuando Elizabeth voceaba el diario por el parque principal de Roncesvalles, ‘Donald’ se le atravesó en el camino y le reclamó.
“Hubo una discusión muy fuerte. Él estaba furioso. Le decía que esas noticias eran buenas para ella porque vendería más periódico, y la acusó de ser quien suministraba la información. Ella le decía que solamente era la distribuidora”, recuerda Amador Ávila, poblador, quien agrega que el subversivo le lanzó la advertencia: “Si sigue distribuyendo el periódico, aténgase a las consecuencias”.
El 3 de marzo del mismo año, a través de una carta, la vendedora le comunicó al supervisor del departamento de Circulación del periódico, la amenaza de que había sido objeto: “…No lo he podido llamar porque por teléfono no puedo decir nada. Solo puedo decirle ahora que el comandante de las FARC prohibió la venta del periódico por acá…” se leía en su escrito.
Las directivas determinaron suspender la venta del diario en ese pueblo. Sin embargo, esto no impidió que Elizabeth fuera asesinada.
La comerciante había viajado a Ibagué a hacer diligencias personales. El 11 de julio, en el camino de regreso, hacia las 8:00 a.m., en un retén ilegal, al parecer hombres de la guerrilla la obligaron a descender en compañía de la personera del municipio, Ángela Yesenia Bríñez, y le ordenaron al conductor del bus de Velotax continuar el camino. Las dos mujeres fueron ultimadas en lugares distintos, posiblemente por motivos diferentes. A la comerciante le dispararon cuatro veces en el cráneo, según el dictamen médico.
“Elizabeth agonizó por varias horas abandonada en la carretera hasta que los violentos permitieron su traslado, según testimonio del entonces gerente de El Nuevo Día, Antonio Melo, a la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP.
Quien se encargó de recibir el cuerpo aún con vida en Ibagué, fue Yineth Obando, su sobrina. La joven, hoy de 35 años, estudiaba Ingeniería de Sistemas en la ciudad, y recuerda entre lágrimas, que su tía vino a comprar hilos y lanas.
“Ella me veía como la hija que nunca tuvo. Estuvimos paseando, riéndonos, y ese día antes de irse me llamó y se despidió. La trajeron al hospital Federico Lleras, luego a Girardot, donde murió. No podía hablar pero sé que me oía porque le pedía que moviera sus dedos y lo hacía. Además le salían lágrimas” recuerda Yineth.
Después de su sepelio, sus padres y hermanos debieron salir desplazados de Roncesvalles por amenazas de las FARC. “No eran ricos, pero cubrían las necesidades básicas. Perdieron no solo a su hija, sino su arraigo, sus amigos, su economía. Se fueron para Ibagué a aguantar hambre, por eso con el tiempo decidieron volver bajo su propio riesgo” afirma una vecina que prefiere omitir su nombre por seguridad.
Edilberto Obando, de 55 años de edad, el hermano mayor de Elizabeth manifiesta que en su casa prefieren no hablar del tema delante de sus papás. “Mi papá tiene 80 años y mi vieja 77. Para ellos esto ha sido su propia muerte. No nos gusta removerles porque no lo han superado. Ella era la niña consentida, la que los cuidaba, la mano derecha de los viejos” afirma.
Según Edilberto, a los pocos meses de que su hermana fue asesinada, la Red de Solidaridad Social les entregó 6 millones de pesos a cada uno como reparación, y aunque piensa que ninguna cantidad de dinero indemniza una vida, cree que la cifra es insignificante, comparada con la pobreza actual de sus padres y lo que significaba para ellos Elizabeth. Hoy en día, sobreviven con el subsidio para la tercera edad que cada dos meses otorga el Gobierno Nacional.
Según el investigador de la Defensoría del Pueblo del Tolima, Mauricio Navarro, quien conoció de cerca el caso, el hecho conmocionó a la población porque en la zona se podía ver normal que mataran hombres. “En este caso habían sido dos mujeres. Eso fue duro para la comunidad, generó temor y zozobra”, dice.
Para este funcionario, el Estado debe hacer presencia efectiva. “Hoy en día la comunidad no cuenta ni siquiera con Fiscalía, porque fue levantada arbitrariamente” señala.
Edwin Ballesteros, editor de El Nuevo Día recuerda que el suceso generó pánico entre el grupo de redacción, porque éste se unió a otros hechos como la salida de Margarita Gómez, periodista que cubría judiciales y quien había sido amenazada por paramilitares, y el asesinato de otro comunicador en el municipio de San Luis.
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El Nuevo Día de Ibagué, a través de una editorial rechazó el crimen de Elizabeth Obando y los hechos de violencia registrados en el Tolima
Había amenaza de instalar una bomba, el periódico era custodiado día y noche por policías, y se recomendaron medidas de seguridad extremas, que llenaban de miedo tanto a los trabajadores como a sus familias.
El Nuevo Día dejó de circular también en otros municipios del sur del departamento, como Planadas, Rioblanco y San Antonio, considerados de alta presencia de las FARC.
No se ha hecho justicia
Tras el homicidio de las dos mujeres, la Fiscalía ordenó la captura de Gustavo Bocanegra Ortegón, alias ‘Donald’, jefe de finanzas y Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlon’ comandante del frente 21, presuntos autores intelectuales, y de Arnulfo Antonio Echeverry Arango como uno de los autores materiales del doble homicidio.
Sin embargo, tras las investigaciones, el Tribunal Superior de Ibagué decidió confirmar la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado, que consistió en la absolución de los delitos, argumentando que algunos de los testimonios presentados en el juicio oral por la Fiscalía no coincidieron y, por el contrario, tuvieron muchas contradicciones, “carecían de fundamento”.
Por ejemplo, algunos de los testigos señalaron que Echeverry Arango estuvo ese día como guerrillero, pero en las descripciones entregadas al juez por los mismos, no coincidieron con las características del imputado.
El Nuevo Día volvió a circular en Roncesvalles y continúa realizando su labor periodística, aunque el miedo hizo su tarea: “Existe algo de autocensura”, dice Edwin Ballesteros quien lamenta que cuando los periodistas se abstienen de publicar información o cuando se sacrifica la verdad, las comunidades pierden una oportunidad de denunciar.
Es por esta razón que el proceso de paz actual le parece beneficioso en cuanto que si hay reconciliación, es posible que el periodismo pueda volver a hablar sin temor.
El comunicador opina que la problemática ocasionada al periodismo por causa del conflicto armado, ha generado solidaridad entre quienes hacen parte del medio, y piensa que las asociaciones cumplen una labor positiva. “Las asociaciones tratan de mantener vigentes algunos casos emblemáticos donde el ejercicio de la memoria, el hecho de recordar cada cierto tiempo, hace que la situación no se olvide”.
Para él, las autoridades deben realizar campañas para no dejar en el olvido el sacrificio de tantas personas colombianas.
El caso fue olvidado. Edilberto Obando, quien hoy en día se dedica a las labores del campo afirma que le aterra la impunidad en el caso de su hermana, pero se mantiene al margen, porque piensa que esculcar en el pasado puede ser fatal. “Prefiero no hablar con nadie, sabemos quiénes fueron y quiénes más están implicados, pero comprenda, vivo en una zona roja y estoy en peligro. No solamente yo, sino mis hijos, mis hermanos y mis papás, por eso he preferido no remover nada aunque me han insistido que lo haga” dice.
Amenazas de muerte y exilio son algunas de las situaciones que han tenido que afrontar periodistas colombianos cuando se atreven a denunciar los horrores del conflicto y la corrupción. Es el caso de Cristian Herrera, un cucuteño que en diferentes etapas de su labor periodística, ha sido señalado y estigmatizado por grupos armados ilegales y por entes de poder en Norte de Santander, su historia se tornó tan complicada que hasta tuvo que vivir el exilio. Hoy sigue afrontando amenazas y pese a su situación asegura que continuará informando.
Por Karina Judex Balaguera
La muerte, la extinción de la vida, el final, el paso terminal que consiste en la conclusión del proceso homeostático de un ser vivo. Esa, a la que algunos le temen y otros respetan, compañera fiel e incansable de Cristian Herrera Nariño en su labor periodística, fue forzada por terceros desde 2004 a intimidarlo, perseguirlo.
Herrera Nariño, periodista Judicial de Q’hubo y La Opinión en Cúcuta, recordando lo sucedido en esa época, donde el paramilitarismo estaba en furor, la guerrilla luchaba por mantener el poder en la región del Catatumbo y la zona de frontera nortesantandereana con Venezuela, se convertía en el epicentro de la corrupción y el conflicto, decide contar su caso.
Se sienta en la sala de entrevistas del diario, suelta la cámara, se afloja el chaleco y limpia sus lentes. Su cara se torna seria, pero no refleja miedo, más bien está tranquilo. Sonríe y dice: “Delincuencia azota a Cúcuta, ese fue el titular de la nota publicada el 26 de febrero de 2004, con la que empezaron a amenazarme”.

Desde ese día las llamadas amenazantes, las obstrucciones a su trabajo y hasta un montaje jurídico atormentaron su libertad de expresión. En el artículo, Cristian revelaba un aumento considerable en el robo de vehículos en la ciudad, cifra que había sido manipulada por las autoridades para mitigar la importancia del hecho.
“La Policía empezó a manejar sus famosas estadísticas, pero eran unas estadísticas arregladas, pues entonces yo descubrí una falsedad en información que ellos tenían… Decían que eran como 2 carros y 17 motos, pero yo me conseguí una fuente y las estadísticas reales daban 247 o 267 vehículos robados en prácticamente esos 2 meses del año, eso despertó muchas espinas, con la Policía y con el mismo alcalde”, contó.
El mismo día de la publicación, como respuesta a la noticia, el alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, citó a una rueda de prensa y refiriéndose al trabajo de Herrera manifestó: «acá hay periodistas que están interesados en volver mierda a la ciudad (….) periodistas que le hacen el juego al terrorismo».
Para la época, estaba casado y mantenía relación constante con sus padres. En los siguientes meses, Herrera empezó a recibir llamadas en donde le decían: “Sapo HP, lo mejor es que se quede callado”. Las amenazas se fueron intensificando hasta que un día empezaron a rodearlo personas extrañas donde vivía, lo que lo forzó a buscar nuevos lugares para pasar la noche.
La realidad, era una sola, Cristian se vio amenazado por el líder local de ese entonces, Ramiro Suárez Corzo, y las autoridades judiciales que en muchas ocasiones le impidieron acercarse al lugar de los hechos para registrar la noticia.
“A mí el mismo alcalde cuando me amenazó me dijo: -Usted ya sabe quién soy yo, y yo respondí, pues usted es el alcalde y yo soy el periodista mire a ver cómo va a hacer”, recordó Cristian.
Esta amenaza de Cristián se sumó a casos similares que vivían otros periodistas de la región.
Un informe publicado por la Flip en 2004, se mostraba la constante represión e intimidación a la que habían sido sometidos varios periodistas de esta zona fronteriza, como el caso de Jorge Corredor que sufrió un atentado el 22 de abril, allí murió su hijastra porque un sicario entró a su casa disparando para matarlo. El 7 de mayo del mismo año, Jesús Montes, otro reportero, tuvo que salir de la ciudad luego de enterarse que ese mismo día lo iban a matar, y el 8 de junio tres periodistas de RCN Radio fueron víctimas de amenazas por medio de un panfleto que llegó a la sede de la emisora.
A 10 de junio de 2004, Herrera ya había vivido un viacrucis, tenía una denuncia por pánico económico y fue señalado por una falsa testigo como cómplice de los paramilitares, pero ese día, un hecho marcó su vida periodística. Fue agredido junto al reportero gráfico que lo acompañaba, mientras tomaban fotos de un presunto narcotraficante, en el transcurso de una operación policial en Cúcuta. “HP si llega a sacar alguna foto los pelamos», les gritó un agente de la Dijín.
Hubo forcejeo y discordia, luego el silencio invadió no solo su cabeza, sino su trayecto de regreso al trabajo. En muchas ocasiones le habían recomendado salir del país, pero su terquedad y bravura, dominaban el miedo que puede llegar a sentir una víctima. “Él no quería dar razones, ya recorría los diferentes escenarios judiciales en compañía de dos escoltas, no lo consideró necesario”, dijo uno de sus conocidos.
De repente fue alertado por una fuente paramilitar que le dijo que se fuera “porque ese man podría contratar a alguien por 500 mil pesos para que me matara, le echaban la culpa a ellos y yo quedaba muerto”, recordó.
Esas palabras retumbaron en su cabeza, por eso Cristian no dudó en buscar apoyo.
El Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas (Ceso Fip), Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys), Unidad de Respuesta Rápida Colombia Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Organización para los Estados Americanos (OEA), ya estaban al tanto de lo sucedido.
“Me sentí reparado y protegido por las organizaciones de periodistas, siempre estuvieron conmigo, me apoyaron y gracias a lo que ellos hacían se aumentaban mis ganas de seguir trabajando y salir adelante, estaba protegido”, enfatizó Herrera.
De ahí en adelante, un tenso ambiente inundó el periodismo de la región, muchos recurrieron a la autocensura y los avezados reporteros cubrieron con tacto la noticia porque sabían que un desliz los podía llevar a la tumba.
Hoy, Rafael Camperos, un reportero que ejerce su labor en Cúcuta, confirmó que hacer periodismo en esta ciudad es complicado, y más si se tocan algunos entes de poder. “Yo no nací el día de los temblores, gracias a Dios, pero la situación aquí es delicada porque no hay transferencia y poca o nula labor de los entes de control”, resaltó el periodista.
Temporalmente abandoné mi pasión
En ese momento, Cristian fue uno de los tantos periodistas que abandonan el país. Su nuevo destino fue Chile. Se radicó en la ciudad de Santiago (capital del país chileno) y permaneció ocho meses lejos de su patria y de su ciudad natal.
Allí, estudió inglés, luego viajó como turista, pero regresó en 2005 porque se dio cuenta que su pasión por el periodismo era más fuerte.
“El hijo de Herrerita”, como muchos lo conocieron al inicio de su carrera periodística, pues su padre fue el primer reportero gráfico del diario La Opinión y quien le sembró esa pasión por el periodismo, regresaba a Colombia para continuar informando.
Seis meses, desde que retornó al país, duró alejado del mundo informativo. En ese lapso de tiempo, trabajó como gerente en un hotel y realizó varios cursos y diplomados en La Javeriana, pero en su sangre la noticia lo llamaba.
“A mí me hacía falta el periodismo, así que yo le dije a mi esposa vámonos para Cúcuta allá yo busco algo en La Opinión, llegué en agosto y en noviembre volví a oler el impreso”, relató.
La Opinión es el diario regional más importante de Norte de Santander, que trata todos los temas de interés general y ha estado informando a la frontera por más de 50 años. Cristian Herrera, lleva 10 años, en su mayoría dedicados al periodismo judicial.
En su piel blanca, cada peca resalta las varias jornadas de sol que debió soportar para cubrir una noticia. Con su cuerpo robusto y alto, se ideaba una y otra estrategia para encontrar la información y conocer a fondo los acontecimientos de cada suceso.
Una nueva amenaza
A Cristian, de 38 años, el 2014 lo tomó por sorpresa, con dos caras, como las de la moneda. El nacimiento de su segundo hijo, que le permitió completar su familia y traerle alegrías al seno de su hogar, alegría que empezó a difuminarse tras un panfleto amenazante que dejaron miembros del grupo delincuencial ‘Los Rastrojos’.

El comunicado de una sola página, fue arrojado por debajo de la puerta del periódico Q’hubo en Cúcuta, donde le advertían si en 24 horas no abandonaba la cuidad, sería declarado objetivo militar. “La tensión se sintió en toda la oficina, todos sabían del panfleto, pero nadie se atrevía a mencionar lo sucedido en voz alta”, recuerda Gabriel Moncada, un armador del diario Q’Hubo.
“Por lo único que temo es por mis hijos y por mi esposa, ellos son inocentes y no están metidos acá. Yo soy el que estoy poniendo el pecho”, enfatizó.
Este periodista aseguró que todo comenzó por una información publicada que revelaba que en una operación policial habían sido capturados 15 miembros de ‘Los Rastrojos’ entre el corregimiento de Aguaclara y el municipio de Puerto Santander.
Para él con tantos años en el oficio periodístico, fue decepcionante que al realizar las denuncias en la Policía Metropolitana de Cúcuta, las autoridades sólo le hubieran hecho acompañamiento en su registro ante la Fiscalía, y agradece a la Flip por su gestión y su apoyo en el refuerzo de su esquema de seguridad.
“Ellos me preguntaron ¿Se va a ir a otra ciudad?, pero uno dice ¿Por qué me tengo que ir?, yo no estoy delinquiendo o haciendo algo malo, yo estoy cumpliendo con mi misión”.
Y aunque sabe que no hay enemigo pequeño, dice no tener miedo, porque está haciendo su trabajo con el corazón y con la verdad.
Un periodismo afectado
A pesar de llevar varias amenazas de muerte sobre sus hombros, el periodista cucuteño, Cristian Herrera Nariño asegura que seguirá trabajando en su profesión y espera continuar descubriendo verdades así se hieran susceptibilidades, obviamente tomando medidas para proteger su vida y la de sus seres queridos.
Siente que las amenazas contra él, su salida del país y los diversos señalamientos, de alguna u otra manera han afectado la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados.
“Yo nunca solicité reparación ni nada, porque creo que esa reparación es más para la gente que ha vivido en carne propia, carne de cañón y ha estado en poblaciones del conflicto. Me duele mucho ver a la gente que no tiene nada que ver con la violencia convertirse en víctimas y sufrir por ello, y también me puede cuando uno tiene que tomar decisiones como dejar de tocar un que otro tema”, aseguró Herrera.
Sobre su historia, hoy considera que es de suma importancia establecer garantías de protección para la familia, ajena al conflicto; y el acceso al trabajo, en caso de que se vea obligado a salir de su entorno nuevamente. También espera tener la oportunidad de reseñar lo sucedido en un libro, pues considera importante escribir su historia, sus vivencias y lecciones aprendidas al trabajar y cubrir en zonas golpeadas por el conflicto armado.
El Instituto Popular de Capacitación – IPC de Medellín, fue la primera organización de derechos humanos reconocida como sujeto de reparación colectiva, debido a las permanentes y sistemáticas agresiones que ha sufrido como consecuencia de su labor de defensa de los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno.
El 28 de noviembre de 2013, en la ciudad de Medellín, se realizó la entrega del acto administrativo a través del cual se formalizó el inicio del proceso y se inscribió al IPC como sujeto de reparación colectiva.
Entre las agresiones sistemáticas documentadas como parte de la identificación del daño a la organización de derechos humanos se encuentran: el allanamiento y la detención ilegal de 4 integrantes de la organización, por parte del Ejército Nacional en 1989; el secuestro de cuatro investigadores del Observatorio de Derechos Humanos del IPC el 28 de enero de 1999; el atentado con carro bomba a la sede de la organización en el 2000; las amenazas a los integrantes del Observatorio de Derechos Humanos del IPC el mismo año; y el asalto a la sede de la organización en el 2012.
En octubre de 2015, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) se convirtió en la primera organización de derechos humanos con un plan aprobado de reparación colectiva por parte de la Unidad para las Víctimas. Las medidas de reparación están orientadas, entre otros propósitos, al fortalecimiento institucional, la recuperación de la memoria de la organización, el fomento de su proyecto político, la formación de investigadores y el impulso de agendas de promoción de los derechos humanos.
Según datos de la Flip entre 1977-2014 prescribieron 62 casos de asesinatos de periodistas por razón de su oficio.
Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica más del 50% de los crímenes contra periodistas han prescrito.
Entre las regiones con más asesinatos a periodistas se encuentran los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Bogotá y Caquetá.
Según los datos de Fecolper entre 1980 y 2015 fueron asesinados 144 periodistas en Colombia.