Entre las regiones con más asesinatos a periodistas se encuentran los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Bogotá y Caquetá.
Según los datos de Fecolper entre 1980 y 2015 fueron asesinados 144 periodistas en Colombia.
El conflicto armado ha impactado en la desintegración del colectivo, la desconfianza y la ruptura de relaciones sociales y políticas dentro del gremio.
En los contextos regionales es más difícil la cobertura adecuada de hechos informativos y noticiosos relacionados con el conflicto.
El cubrimiento de hechos relacionados la confrontación armada, el narcotráfico o las dinámicas de corrupción genera riesgos para los periodistas.
La afectación de los medios y periodistas regionales no siempre se ha hecho visible a nivel nacional.
La autocensura se ha consolidado como mecanismo de autoprotección de los periodistas ante contextos de riesgo.
La actividad periodística en Colombia se ha transformado como consecuencia del conflicto armado interno.
Muchas temáticas dejaron de cubrirse o investigarse en zonas de conflicto armado por temor de los periodistas a ser víctimas de agresiones.
A pesar de que las víctimas habían hecho graves denuncias y luego fueron amenazados, antes de ser asesinados, los expedientes han terminado en «suspensión de la investigación» o «auto inhibitorio».
«Los procesos judiciales por el asesinato de 16 periodistas en Colombia se encuentran suspendidos, archivados o han sido objeto de resoluciones inhibitorias por parte de los fiscales que han tenido a su cargo la responsabilidad de dar con los responsables.
Estos procesos guardan varias semejanzas: son todos crímenes cometidos en las provincias colombianas entre 1993 y 2009, cuyas investigaciones fueron asumidas por fiscales regionales o seccionales», según concluye un informe de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP, publicado en la dirección de Internet: http://www.impunidad.com/index.php?columnas=14&idioma=sp.
Al referirse al tema, Enrique Santos Calderón, presidente de la SIP, dice que «la escandalosa impunidad en los casos de crímenes es un factor que alimenta la violencia contra los periodistas».
Además, exige «mayores esfuerzos para que se haga justicia y no se siga debilitando la libertad de prensa».
Menos de un año después de ocurrido el crimen, la Fiscalía tomó la decisión de suspender la investigación o inhibirse por las muertes de: Rodolfo Julio Torres, Arquímedes Arias Henao, Hernando Rangel Moreno, Álvaro Alonso Escobar, Gildardo Ariza Olarte, Iván Dario Pelayo, Denis Sánchez Lora y Mario Prada Díaz.
Un camino similar transitaron los expedientes por los asesinatos de: Alfredo Antonio Matiz, Fabio Leonardo, John Jairo Restrepo, María Elena Salinas, Marco Antonio Ayala, Juan Carlos Benavides, José Nel Muñoz, Jaime Alberto Madero.
El último informe de la Fiscalía al respecto, indica la SIP, data de abril del 2008 y se limitó a enunciar el nombre de la víctima y la última actuación en cada caso: «suspensión de la investigación o inhibitorio».
«Desde entonces, la Dirección Nacional de Fiscalía no ofrece ningún tipo de información», afirma Diana Calderón, periodista de investigación que integra la URR en Colombia.
El perfil de los 16 periodistas asesinados, elaborado por la SIP, señala que estaban «vinculados a pequeñas emisoras o periódicos de pequeñas poblaciones en las distintas regiones colombianas, con una importante presencia de los grupos armados»
La comunicadora denunció en una rueda de prensa en París las amenazas, las ‘chuzadas’ y la persecución a las que supuestamente sometió el DAS, dependiente «exclusivamente del Presidente de la República», a más de 300 personas.
La periodista colombiana Claudia Julieta Duque pidió hoy que el Consejo de Europa investigue la responsabilidad del presidente saliente de Colombia, Álvaro Uribe, en el espionaje a defensores de los Derechos Humanos en su país y en el extranjero.
Duque denunció en una rueda de prensa en París las amenazas, las escuchas telefónicas y la persecución a las que supuestamente sometió el servicio de inteligencia colombiano -Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)-, dependiente «exclusivamente del Presidente de la República», a más de 300 personas.
«Se debe investigar al Presidente porque o conoció lo que estaba sucediendo, o lo permitió a través de un discurso hostil que ha mantenido durante los últimos ocho años contra todo lo que sea oposición», explicó la periodista de Radio Nizkor en la sede de Reporteros sin Fronteras (RSF).
Hubo una «operación gigante, no solamente contra colombianos sino también contra ciudadanos europeos y creemos que es muy importante que Europa mire la realidad de lo que sucedió», aseguró.
En Colombia, ya hay una acción jurídica en curso por este caso y, a nivel europeo, Duque solicitó al Consejo la creación de una Comisión de Investigación, similar a la que se puso en marcha con motivo de los vuelos clandestinos de la CIA, para que estudie «la responsabilidad y la ilegalidad de estos actos».
En esta dinámica, Duque se preguntó si los Gobiernos europeos conocían lo que estaba sucediendo y, en caso contrario, si están dispuestos a investigarlo.
La periodista consideró necesario, asimismo, que el Gobierno español abra una investigación sobre la creación en Valencia de una falsa Organización No Gubernamental (ONG), en el marco de las acciones del DAS, cuyo objetivo era neutralizar a otras defensoras de los Derechos Humanos.
La periodista, amenazada desde 2001 por investigar el caso de un colega asesinado y por lo que se ha tenido que exiliar en tres ocasiones, abandonó París tras el acto para reunirse en Bruselas con la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Isabelle Durant.
Duque, que renunció a la protección que recibía del Estado porque sus guardaespaldas informaban al DAS y que contó que vive su día a día en Colombia con grandes medidas de seguridad, cree que las operaciones de espionaje se siguen llevando a cabo.
EFE.
20160217.— José Gómez Daza, director del informativo Las Noticias 6:30 de Telecaribe, fue amenazado a través de un panfleto que circula desde el pasado lunes en la ciudad de Barranquilla, y que presuntamente firma la Bacrim Los Rastrojos.
“…Hasta guerrillos son solo sirven para explotar al estado les damos 72 horas para salir de la ciudad o los buscamos donde se escondan ratas”, se advierte en el panfleto en el que además amenazan a defensores de derechos humanos y sindicalistas.
En diálogo con la Fecolper, José Gómez indicó: “Es extraño que yo sea el único periodista amenazado en este panfleto, yo no pertenezco a ningún partido político, ni tengo relación con las otras personas mencionadas. Recientemente en el medio de comunicación realicé una denuncia sobre un atentado contra un concejal en donde el presunto autor intelectual no ha sido judicializado, también informé sobre una licitación en Albania, La Guajira, en la que se iban a adjudicar 5.000 millones de pesos a una persona, y después, este proceso se desbarató”
La Asociación de Comunicadores Sociales de Atlántico, ACSA, recordó que el año anterior también circuló un panfleto en donde amenazaban a periodistas del Atlántico y Magdalena; además, solicitó a las autoridades competentes investigar los orígenes de las intimidaciones y judicializar a los responsables.
Sumado a este nuevo hecho de amenaza, en Yopal, al oriente de Colombia, Javier Alonso Gaviria, periodista de La Voz de Yopal, recibió dos llamadas; una a su celular personal y la otra al master de la emisora, en donde un hombre expresó: “¿Todavía está ahí el periodista que huele a pescado muerto?, porque si no estaba oliendo a muerto, va a empezar a oler a muerto y la emisora también va a oler a muerto si lo siguen escondiendo”
En la otra llamada, una mujer le dice: “Deje en paz al funcionario, déjelo trabajar o si no se va a atener a los problemas”. Al respecto, Gaviria comentó a la Federación Colombiana de Periodistas, que en días anteriores publicó información sobre tres denuncias por acoso sexual contra menores de edad, en el que se investiga a Wbeimar Nairoby Yurgaki, director del Instituto para el Deporte y la Recreación de Yopal.
La Fecolper, además tuvo acceso a un comunicado oficial de la Alcaldía de Yopal, publicado hoy en la web de la entidad oficial y referido en el diario El Extra, en donde el mandatario municipal advierte revisiones a la emisora comunitaria Manantial Stereo y desprestigia dos periodistas.
“A Miguel Ángel Cristancho, Hugo Montes y a Manantial Estéreo toca hacerles una revisión minuciosa, porque es una emisora comunitaria no desinformativa. Yo me pregunto qué problema tienen con los afros, si tienen algún problema pues denuncien, así como lo dice Wbeimar Nahiroby si creen que el hizo actos ilícitos pues denuncien pero dejen de hacer show”.
La Federación Colombiana de Periodistas, condena estos nuevos hechos de intimidaciones a comunicadores -que elevan a 13 el número de amenazas a periodistas en lo corrido del 2016- e insta a las autoridades a garantizar medidas de protección eficientes y ratifica su llamado a la Fiscalía General de la Nacional para investigar y judicializar a los responsables.
Además, la Fecolper reprocha que continúen los actos de estigmatización del alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, contra medios y periodistas del municipio, y le recuerda que los estándares internacionales sobre libertad de expresión prohíben restricciones indirectas a los medios de comunicación, e indican que con relación a los funcionarios públicos estos “se someten voluntariamente al riesgo de que sus actividades o su vida privada sean objeto de mayor difusión… En esa medida, estas personas «deben soportar un mayor nivel de injerencia en su intimidad, a diferencia de las personas privadas o simples particulares, al existir un interés legítimo de la sociedad de recibir información sobre ese personaje público y, por ende, de los medios de comunicación social, de difundirla, en aras del libre debate público”
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La Fecolper es una organización de base social que agrupa a 29 asociaciones de periodistas, y a más de 1200 comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación en Colombia. Promueve mejores prácticas para un periodismo libre, responsable y seguro, especialmente en narrativas para la paz y el posconflicto. Hace monitoreo a los casos de violaciones a la libertad de prensa, desarrolla acciones para la protección de periodistas y lucha por mejores condiciones laborales para el periodismo.
