El poder que ejercieron los grupos en diversas zonas de Colombia fue tan fuerte que llevaron a generar miedo y dolor, causando atentados contra la vida misma y el derecho a estar informados. Es el caso de Elizabeth Obando Murcia, una mujer tolimense que fue asesinada al parecer por las FARC por vender el periódico de la región. Su historia demuestra otro episodio de las afectaciones contra la libertad de expresión en zonas de conflicto.
Por Olga Lucía Garzón Roa
Elizabeth Obando Murcia tenía 32 años de edad. Era la menor y única mujer entre cuatro hermanos. Desde muy joven tejía sacos, vestidos, cobijas y adornos en hilos y lana que vendía en su negocio propio en Roncesvalles, una población de 7 mil habitantes, ubicada en el suroccidente del Tolima, donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC fueron autoridad por tres décadas.
Por sus calles se paseaban tranquilos ‘Pablo Catatumbo’, hoy en día negociador de paz, y el mismo ex comandante de las FARC, ‘Alfonso Cano’, quien con su numeroso cuadro de guerrilleros era el que imponía la Ley, hasta el año 2000 cuando en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se comenzó a tomar posesión de la zona y estableció bases militares.
Tras la muerte de ‘Alfonso Cano’; Gustavo Bocanegra, alias ‘Donald’ y Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlon’ tomaron el mando en la región. Hoy en día, son los subversivos de más categoría del frente 21 y los más buscados por las autoridades en el Tolima.
Allí vivía Elizabeth con sus padres, -una ama de casa consagrada y un labriego estricto-. Con lo que ganaba les ayudaba a sostener los gastos del hogar. Pensando en aliviar un poco sus condiciones económicas, aceptó ser expendedora del diario tolimense El Nuevo Día en la población, sin imaginar que hacerlo iba a significarle el fin de su vida.
Ese final se lo anunció ‘Donald’, luego de publicaciones en las que el diario denunciaba que el grupo insurgente reclutaba menores, hacía extorsiones, reformas agrarias irregulares y otros hechos en contra de la comunidad.
Varios artículos periodísticos airaron a ‘Donald’. Uno que apareció el 21 de septiembre: “Farc harían reforma agraria en Ronces”; Al día siguiente, denunciaba que la supuesta reforma agraria ya afectaba a vecinos del municipio de Chaparral; el 21 de octubre, mostró reclutamiento de menores de edad, y comenzando enero de 2002 informó que 8 mujeres habían sido obligadas a pasearse por el municipio con carteles colgados a su cuello, en los que se leía: “por chuleras”, refiriéndose a una posible cercanía de ellas con miembros del Ejército.
Según testigos del hecho, casi dos meses después, cuando Elizabeth voceaba el diario por el parque principal de Roncesvalles, ‘Donald’ se le atravesó en el camino y le reclamó.
“Hubo una discusión muy fuerte. Él estaba furioso. Le decía que esas noticias eran buenas para ella porque vendería más periódico, y la acusó de ser quien suministraba la información. Ella le decía que solamente era la distribuidora”, recuerda Amador Ávila, poblador, quien agrega que el subversivo le lanzó la advertencia: “Si sigue distribuyendo el periódico, aténgase a las consecuencias”.
El 3 de marzo del mismo año, a través de una carta, la vendedora le comunicó al supervisor del departamento de Circulación del periódico, la amenaza de que había sido objeto: “…No lo he podido llamar porque por teléfono no puedo decir nada. Solo puedo decirle ahora que el comandante de las FARC prohibió la venta del periódico por acá…” se leía en su escrito.
Las directivas determinaron suspender la venta del diario en ese pueblo. Sin embargo, esto no impidió que Elizabeth fuera asesinada.
La comerciante había viajado a Ibagué a hacer diligencias personales. El 11 de julio, en el camino de regreso, hacia las 8:00 a.m., en un retén ilegal, al parecer hombres de la guerrilla la obligaron a descender en compañía de la personera del municipio, Ángela Yesenia Bríñez, y le ordenaron al conductor del bus de Velotax continuar el camino. Las dos mujeres fueron ultimadas en lugares distintos, posiblemente por motivos diferentes. A la comerciante le dispararon cuatro veces en el cráneo, según el dictamen médico.
“Elizabeth agonizó por varias horas abandonada en la carretera hasta que los violentos permitieron su traslado, según testimonio del entonces gerente de El Nuevo Día, Antonio Melo, a la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP.
Quien se encargó de recibir el cuerpo aún con vida en Ibagué, fue Yineth Obando, su sobrina. La joven, hoy de 35 años, estudiaba Ingeniería de Sistemas en la ciudad, y recuerda entre lágrimas, que su tía vino a comprar hilos y lanas.
“Ella me veía como la hija que nunca tuvo. Estuvimos paseando, riéndonos, y ese día antes de irse me llamó y se despidió. La trajeron al hospital Federico Lleras, luego a Girardot, donde murió. No podía hablar pero sé que me oía porque le pedía que moviera sus dedos y lo hacía. Además le salían lágrimas” recuerda Yineth.
Después de su sepelio, sus padres y hermanos debieron salir desplazados de Roncesvalles por amenazas de las FARC. “No eran ricos, pero cubrían las necesidades básicas. Perdieron no solo a su hija, sino su arraigo, sus amigos, su economía. Se fueron para Ibagué a aguantar hambre, por eso con el tiempo decidieron volver bajo su propio riesgo” afirma una vecina que prefiere omitir su nombre por seguridad.
Edilberto Obando, de 55 años de edad, el hermano mayor de Elizabeth manifiesta que en su casa prefieren no hablar del tema delante de sus papás. “Mi papá tiene 80 años y mi vieja 77. Para ellos esto ha sido su propia muerte. No nos gusta removerles porque no lo han superado. Ella era la niña consentida, la que los cuidaba, la mano derecha de los viejos” afirma.
Según Edilberto, a los pocos meses de que su hermana fue asesinada, la Red de Solidaridad Social les entregó 6 millones de pesos a cada uno como reparación, y aunque piensa que ninguna cantidad de dinero indemniza una vida, cree que la cifra es insignificante, comparada con la pobreza actual de sus padres y lo que significaba para ellos Elizabeth. Hoy en día, sobreviven con el subsidio para la tercera edad que cada dos meses otorga el Gobierno Nacional.
Según el investigador de la Defensoría del Pueblo del Tolima, Mauricio Navarro, quien conoció de cerca el caso, el hecho conmocionó a la población porque en la zona se podía ver normal que mataran hombres. “En este caso habían sido dos mujeres. Eso fue duro para la comunidad, generó temor y zozobra”, dice.
Para este funcionario, el Estado debe hacer presencia efectiva. “Hoy en día la comunidad no cuenta ni siquiera con Fiscalía, porque fue levantada arbitrariamente” señala.
Edwin Ballesteros, editor de El Nuevo Día recuerda que el suceso generó pánico entre el grupo de redacción, porque éste se unió a otros hechos como la salida de Margarita Gómez, periodista que cubría judiciales y quien había sido amenazada por paramilitares, y el asesinato de otro comunicador en el municipio de San Luis.
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El Nuevo Día de Ibagué, a través de una editorial rechazó el crimen de Elizabeth Obando y los hechos de violencia registrados en el Tolima
Había amenaza de instalar una bomba, el periódico era custodiado día y noche por policías, y se recomendaron medidas de seguridad extremas, que llenaban de miedo tanto a los trabajadores como a sus familias.
El Nuevo Día dejó de circular también en otros municipios del sur del departamento, como Planadas, Rioblanco y San Antonio, considerados de alta presencia de las FARC.
No se ha hecho justicia
Tras el homicidio de las dos mujeres, la Fiscalía ordenó la captura de Gustavo Bocanegra Ortegón, alias ‘Donald’, jefe de finanzas y Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlon’ comandante del frente 21, presuntos autores intelectuales, y de Arnulfo Antonio Echeverry Arango como uno de los autores materiales del doble homicidio.
Sin embargo, tras las investigaciones, el Tribunal Superior de Ibagué decidió confirmar la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado, que consistió en la absolución de los delitos, argumentando que algunos de los testimonios presentados en el juicio oral por la Fiscalía no coincidieron y, por el contrario, tuvieron muchas contradicciones, “carecían de fundamento”.
Por ejemplo, algunos de los testigos señalaron que Echeverry Arango estuvo ese día como guerrillero, pero en las descripciones entregadas al juez por los mismos, no coincidieron con las características del imputado.
El Nuevo Día volvió a circular en Roncesvalles y continúa realizando su labor periodística, aunque el miedo hizo su tarea: “Existe algo de autocensura”, dice Edwin Ballesteros quien lamenta que cuando los periodistas se abstienen de publicar información o cuando se sacrifica la verdad, las comunidades pierden una oportunidad de denunciar.
Es por esta razón que el proceso de paz actual le parece beneficioso en cuanto que si hay reconciliación, es posible que el periodismo pueda volver a hablar sin temor.
El comunicador opina que la problemática ocasionada al periodismo por causa del conflicto armado, ha generado solidaridad entre quienes hacen parte del medio, y piensa que las asociaciones cumplen una labor positiva. “Las asociaciones tratan de mantener vigentes algunos casos emblemáticos donde el ejercicio de la memoria, el hecho de recordar cada cierto tiempo, hace que la situación no se olvide”.
Para él, las autoridades deben realizar campañas para no dejar en el olvido el sacrificio de tantas personas colombianas.
El caso fue olvidado. Edilberto Obando, quien hoy en día se dedica a las labores del campo afirma que le aterra la impunidad en el caso de su hermana, pero se mantiene al margen, porque piensa que esculcar en el pasado puede ser fatal. “Prefiero no hablar con nadie, sabemos quiénes fueron y quiénes más están implicados, pero comprenda, vivo en una zona roja y estoy en peligro. No solamente yo, sino mis hijos, mis hermanos y mis papás, por eso he preferido no remover nada aunque me han insistido que lo haga” dice.
