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RELE incluye a Colombia en Informe sobre Jurisprudencia Nacional en Materia de Libertad de Expresión

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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) presentó Informe sobre Jurisprudencia Nacional en Materia de Libertad de Expresión, en donde incluye varias sentencias de la Corte Constitucional Colombiana, especialmente en relación a los delitos de injuria y calumnia, contenidos en internet,  y discurso sobre funcionarios públicos y de interés público.

En el informe se puede consultar  apartes de la sentencia referida al caso del  periodista Luis Agustín González, absuelto de la condena por el delito de injuria,  la revocatoria de protección del derecho a la imagen e intimidad de un menor de edad, evitando medidas que imponían la obligación de desindexar un link a videos vinculados con el hecho noticioso y suprimir una frase de una columna de opinión, y otras sentencias relacionadas con  la remoción de contenidos de Internet.

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De acuerdo con los autores, el informe de sistematización realizado a partir del conjunto de casos que han sido destacados y documentados por la Relatoría Especial en sus informes anuales correspondientes al periodo 2013 – 2016, constituye un avance a nivel interno, ya sea por garantizar la tutela de la libertad de expresión de las personas directamente implicadas en el caso concreto, como por exponer lineamientos jurídicos que incorporan y desarrollan a nivel nacional los estándares interamericanos.

En el comunicado R63/17 emitido por  la RELE, se asegura que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la CIDH han reconocido reiteradamente que todos los tribunales nacionales – independientemente de los niveles y jerarquías – juegan un rol trascendental en el desarrollo e implementación de los estándares regionales en materia de derechos humanos. Según ha interpretado la Corte, los sistemas de justicia locales no sólo operan como garantía de los derechos de las personas en casos particulares, sino que a través de sus decisiones pueden ampliar y fortalecer el contenido de las normas constitucionales y las leyes nacionales vinculadas con estos derechos, y con ello, el de los propios instrumentos internacionales, como la Convención Americana”

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