Ya son siete los casos de periodistas asesinados por grupos paramilitares confesados en el proceso de Justicia y Paz. Hasta el momento la Fiscalía investiga 20 crímenes revelados por ex miembros de las autodefensas que involucran desde políticos hasta funcionarios del Estado.
«Concejal, no puedo acompañarlo. En estos momentos voy rodando para el monte, y si no vuelvo es culpa del señor Julio César Ardila«, le dijo el periodista Emeterio Rivas, poco antes de ser asesinado, a un concejal que lo llamó.

Rivas nunca regresó de su cita y en enero de 2009 el ex alcalde de Barrancabermeja Julio César Ardila, quien antes trabajaba para la Defensoría del Pueblo, fue condenado a 28 años y 8 meses de prisión por pagar 150 millones de pesos a los ‘paras’ del bloque Central Bolívar por su asesinato.

Como parte del mismo proceso el Juzgado Primero Penal de Bucaramanga condenó a 26 años de prisión al entonces secretario de Obras Públicas de la alcaldía Fabio Pajón Lizcano y al dirigente político Abelardo Rueda Tobón por estar involucrados en el crimen que cegó la carrera de uno de los periodistas más respetados del sur de Santander.

Emeterio Rivas fue asesinado el 6 de abril de 2003 en el corregimiento Meseta de San Rafael por un grupo de paramilitares que lo citó a las afueras del casco urbano. El periodista asistió puntual a la reunión, en compañía de cuatro personas. Todos fueron masacrados.

Rivas había recibido amenazas tras denunciar presuntas irregularidades en la contratación de la ciudad a favor de los paramilitares que por ese entonces ejercían dominio territorial en la zona. Desde hacía algunos meses el comunicador publicaba noticias relacionadas con el manejo irregular del presupuesto de la alcaldía de Barrancabermeja en su programa Fuerzas Vivas de la emisora “Calor Estéreo”.

Entre los casos que el periodista hizo públicos se encontraban la adjudicación de un contrato en el corregimiento de Meseta San Rafael, donde fue asesinado, a nombre de un hermano de alias ‘Harold’, que era uno de los jefes de las AUC en la zona. Tres días antes de su asesinato, el periodista sindicó públicamente a la administración municipal en cabeza del alcalde Ardila Torres, de haberse aliado con los ‘paras’ y advirtió haber recibido amenazas en su contra.

La sentencia judicial señala que en la Meseta de San Rafael, los paramilitares Bolmar Said Sepúlveda, Pablo Emilio Quintero, alias ‘Bedoya’ y Jhon Fredy Zapata le pidieron al alcalde Ardila Torres 300 millones de pesos para asesinar a Rivas, a lo que el mandatario respondió que “con tal de quitarse ese mugre de encima” pagaba solo 150 millones de pesos.

Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’ex comandante paramilitar del bloque Central Bolívar reconoció por cadena de mando el asesinato del periodista en versión libre.

El caso de Emeterio Rivas adquiere un papel protagónico en Colombia, donde los crímenes contra comunicadores permanecen, en la mayoría de los casos, silenciados por una justicia que toma su tiempo en dictar medidas judiciales en contra de los responsables.
“Se trata de un hecho muy significativo porque por primera vez en mucho tiempo se condena al autor intelectual de un crimen contra un periodista”, asegura Enrique Santos Calderón, presidente de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa).

En Colombia, tal como lo recopila un reporte de la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP- entre 1991 y 2006, 98 periodistas han sido asesinados en razón a su profesión. De esta estadística, según la FLIP, campea la impunidad y son contados los casos en los que los que paramilitares han sido judicializados.

Además, la organización indica que los procesos judiciales por crímenes diferentes a asesinatos no arrojan ningún resultado. “Violaciones a la libertad de prensa con menos impacto social que el homicidio, pero con un efecto igualmente inhibitorio para informar, pasan desapercibidas. Las amenazas registradas por la FLIP, por ejemplo, aumentaron 64% de 2004 a 2005, y 20% de 2005 a 2006.”

A pesar del trabajo diligente y concienzudo que realizan este tipo de entidades sin ánimo de lucro por proteger los derechos de los periodistas en Colombia, es evidente que queda aún mucho por hacer en orden de proteger la labor de los comunicadores, sobretodo a nivel regional, donde con frecuencia los periodistas se ven obligados a lidiar con el peligro cara a cara.

Durante 2008 la FLIP registró 130 violaciones a la libertad de prensa en Colombia. Esta cifra representa una disminución de aproximadamente 20% en comparación con 2007, año en el que la FLIP registró 162 violaciones. Los 130 casos registrados en 2008 involucraron 181 víctimas: 133 hombres, 35 mujeres y trece medios de comunicación. (ver informe completo)

Contrario a lo que podría pensarse, el asesinato de periodistas es un tema que pasa desapercibido generalmente. A pesar de existir en los registros de los medios de comunicación casos tan difundidos como el del Jaime Garzón, son pocas las ocasiones en las que la sociedad civil rechaza categóricamente el asesinato de quienes todos los días arriesgan su vida para informar sobre el orden público nacional.

El caso de Jaime Garzón fue confesado en versión libre por el ex jefe del bloque Bananero, José Éver Veloza, alias ‘H.H’. El proceso judicial culminó en 2004 con la condena del comandante de las AUC, Carlos Castaño Gil, como autor intelectual del hecho. El fallo nunca se hizo efectivo, y el mismo año de la decisión judicial el líder paramilitar fue asesinado dejando por fuera a los autores materiales.

Buscando los responsables
El Proceso de Justicia y Paz con las autodefensas se ha convertido en una fuente valiosa de información relacionada con los asesinatos y la intimidación de periodistas que día a día son confesados en las versiones libres de los miembros postulados. Las cifras más recientes de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía señalan que al menos han sido confesados 20 crímenes contra periodistas, que a su vez han sido compulsados a la justicia ordinaria para iniciar las investigaciones respectivas.

A pesar de esto, el número de casos resueltos en contra de los autores materiales de los asesinatos, especialmente aquellos relacionados con grupos paramilitares, aún hoy, permanecen sumergidos en la impunidad y los responsables apenas comienzan a ser investigados. Es el caso del asesinato del periodista Martín Larrota Duarte, quien fue asesinado el siete de febrero del 2004, en el municipio de San Alberto, César.

En versión libre el ex jefe paramilitar del Frente Héctor Julio Peinado, Juan Francisco Parada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, confesó que dio la orden de asesinar al periodista porque según él, a través de la emisora “Palma Stereo”, invitaba a la población a que no pagara las vacunas que las AUC exigían a la población civil.

‘Juancho Prada’, quien fue extraditado a los Estados Unidos en mayo del año pasado, aseguró a un fiscal delegado que en repetidas ocasiones le mandó “razones” al periodista a través de sus hombres para que se abstuviera de poner a la población civil en contra de las autodefensas, pero Larrota nunca se dejó intimidar. Ante la negativa del periodista el ex jefe paramilitar tomó la decisión de ordenar su asesinato a alias ‘Mauricio’.

Los “jefes” asesinos

Como ‘Juancho Prada’ son varios los ex jefes de las AUC que han reconocido ordenar el asesinato de aquellos periodistas que en función de su trabajo se volvieron una piedra en el zapato para los intereses de las autodefensas o los poderes locales con los que mantenían alianzas.

Es así como Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’, aceptó por línea de mando el asesinato de dos periodistas realizados por el bloque Vencedores de Arauca en versión libre. Se trata de los comunicadores Efraín Varela Noriega y Luis Eduardo Alfonso Parada, quienes fueron asesinados el 28 de junio del 2002 y el 18 de marzo del 2003 respectivamente.
Efraín Varela Noriega era un reconocido periodista y abogado de la Universidad de Granada que para la época de su asesinato se desempeñaba como director de la emisora “Meridiano 70”. En múltiples ocasiones el comunicador denunció haberse convertido en blanco de amenazas de grupos de autodefensa como consecuencia de los contenidos del programa que conducía en la emisora.

Un juzgado de ese departamento determinó que Andrés Darío Cervantes Montoya, un miembro del bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas, fue el autor material del crimen. Cervantes afirmó ser el autor material y haber estado bajo las órdenes de Félix Cruz Bata, alias ‘Tolima’, jefe paramilitar de la zona que para ese entonces, según información de policía judicial, trabajaba como guardaespaldas del ex gobernador de Arauca, Julio Acosta Bernal.

En circunstancias similares, los hombres comandados por ‘El Mellizo’ Mejía, terminaron con la vida de Luis Eduardo Alfonso Parada, quien pertenecía a la lista del Programa de Protección a Periodistas del Gobierno Colombiano.

Alfonso fue asesinado a las 4:40 de la mañana en la puerta de la emisora “Meridiano 70” en la ciudad de Arauca, donde remplazaba a su colega Efraín Varela Noriega, quien murió en manos grupos de autodefensa.

Según los testimonios recogidos por la FLIP, el Instituto Prensa y Sociedad y Reporteros sin Fronteras, el periodista fue abordado por dos hombres en moto que le dispararon en tres oportunidades causando su muerte. Esto ocurrió mientras el periodista esperaba que el celador de la emisora le abriera la puerta.

Luis Eduardo Alfonso Parada era codirector del noticiero “Actualidad Informativa” que se transmite de 6 a 8 de la mañana y de 12 a 1 de la tarde; también prestaba sus servicios como corresponsal del diario El Tiempo y era colaborador de prensa del congresista Adalberto Jaimes.

Varela y Alfonso habían recibido amenazas el 9 de septiembre de 2001. En esa oportunidad a través de un correo electrónico, el naciente grupo paramilitar de ‘El mellizo’ Mejía señalaba a los periodistas de la región como objetivos militares.

Posteriormente a la muerte de Varela, el 2 de julio, Alfonso, junto con tres periodistas más, salió de la región por la inminencia de un ataque contra sus vidas.

El 4 de julio el periodista envió una carta a la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, informándoles del peligro que corría. Ese mismo día puso una denuncia ante la División Seccional de Fiscalías en Bogotá en la que relataba los hechos que lo hacían temer por su vida, en especial el asesinato de Varela, con quien había trabajado desde octubre del 2000.

El 25 de septiembre el caso de Alfonso fue analizado en el Comité de Evaluación y Reglamentación de Riesgos – CRER – para periodistas y comunicadores sociales, un organismo encabezado por el Ministerio del Interior y conformado por distintas organizaciones civiles de libertad de prensa.

Ante el resultado del estudio de seguridad y conociendo la gravedad de los hechos denunciados por el periodista, el Comité solicitó a la Policía hacer un estudio de seguridad en la zona. La solicitud que se hizo en ese comité fue «notificar a las autoridades de su presencia en Arauca para que le brinden la protección necesaria», según el acta de la reunión.

Después del asesinato del periodista la FLIP e IPYS hablaron con el Comandante de la Policía en Arauca, Coronel Luis Alcides Morales, quien dijo que tenía conocimiento de la situación de riesgo de Luis Eduardo Alfonso «al igual que de cerca de 300 personas amenazadas en Arauca» y que la Policía no podía «poner un escolta a cada una de ellas».

Otro jefe paramilitar que ha reconocido por línea de mando el asesinato de periodistas es Ramón María Isaza Arango, alias ‘el Viejo’, que comandó uno de los primeros grupos de autodefensa del país en el Magdalena Medio desde 1978.

El ex jefe paramilitar, que actualmente rinde versión libre ante la Fiscalía en el proceso de Justicia y Paz, fue imputado recientemente por el homicidio de Arquímedes Arias Henao, quien se desempeñaba como director de la estación local de radio “Fresno FM” y fue asesinado en las instalaciones de la emisora por un paramilitar que le disparó en tres ocasiones delante de sus compañeros de trabajo.

Según aseguró Ramón Isaza el 7 de mayo del 2008 en versión libre, el periodista era señalado por las autodefensas de colaborar con la guerrilla de las Farc; información de policía judicial muestra que el comunicador había tenido discusiones con Evelio de Jesús Aguirre Hoyos, alias ‘Tajada’, uno de los cabecillas del grupo paramilitar que patrullaba en la zona de Ibagué.

Arquímedes Arias fue asesinado en julio del 2001 en el municipio de Fresno, Tolima, a pesar de las descripciones físicas que han aportado los testigos de su muerte el autor material del homicidio no ha sido identificado.

La verdad de los extraditados
La distancia tampoco ha sido un problema para que el país conozca la verdad sobre los crímenes cometidos contra periodistas. Desde Florida, hace apenas unas semanas, el ex jefe paramilitar del bloque Libertadores del Sur, ‘Pablo Sevillano’, confesó al fiscal cuarto de la Unidad de Justicia y Paz, el asesinato del comunicador Flavio Bedoya. El ‘para’ extraditado confesó a la Fiscalía el homicidio del periodista del periódico “Voz Proletaria”, quien fue asesinado el 27 de abril de 2001.

Según el ex jefe paramilitar las autodefensas decidieron asesinar al comunicador porque presuntamente “colaboraba con la guerrilla”. En versión libre Jorge Enrique Ríos Córdoba, alias ‘Sarmiento’, un paramilitar postulado a la ley de Justicia y Paz por el bloque Libertadores del Sur también reconoció haber participado en el crimen.

Flavio Bedoya, era un periodista de 54 años que se desempeñaba como corresponsal del periódico “Voz Proletaria” y también trabajaba en programas locales y emisoras en Tumaco, Nariño.

Al hacer el levantamiento de su cuerpo las autoridades encontraron una libreta, a escasos metros del lugar en donde falleció, en la que el comunicador tenía escritos los alias de algunos paramilitares que supuestamente lo estaban siguiendo. Dentro de la libreta hay un apunte con fecha de abril 17 del 2001, diez días antes de su homicidio, en la que Bedoya escribió: “hoy a las 12:30 p.m. me interceptaron dos sicarios en una moto, me dicen que no me meta con ellos o si no me hacen joder”.

De igual forma las autoridades también encontraron en la libreta un panfleto de las Farc, en el que se hablaba de la toma de Llorente, dirigido al periódico “Diario del Sur”. Verdad Abierta consultó con la Fiscalía sobre los alias de los presuntos responsables por la muerte del periodista, entre ellos figuran los paramilitares ‘Calimán’, ‘César’ y ‘Manuel’.

Según el despacho 4 de la Unidad de Justicia y Paz, existen más casos de intimidaciones contra periodistas en el departamento de Nariño. Actualmente la Fiscalía adelanta investigaciones por amenazas en contra de Oscar Torres, jefe de redacción del periódico “Diario del Sur”, Cristina Castro de RCN, Germán Arcos de Caracol y Alfonso Pardo del semanario “Voz Proletaria”.

Intimidación durante el cubrimiento
Lamentablemente, a pesar de la Ley de Justicia y Paz, los crímenes en contra de periodistas a manos de grupos paramilitares y bandas emergentes continúan en diferentes partes del país.

Cifras recientes de la FLIP arrojan un total de 109 violaciones en contra de periodistas (amenazas, asesinatos, exilios, secuestros, obstrucciones y trato inhumano) que dejan al menos 119 víctimas directas desde el 2004, año en el que las autodefensas comenzaron a someterse al proceso de desmovilización con el Gobierno Nacional. (ver estadísticas)

En otro informe especial realizado por la Alianza FLIPYS, entre la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) – Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), en el 2007, se reconoce que los periodistas encargados de cubrir las audiencias judiciales de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Medellín, lo hacen en medio de la zozobra.

“Con mayor frecuencia, su labor está siendo observada y documentada – a través de grabaciones y fotografías – con fines desconocidos. Adicionalmente, reciben mensajes y respuestas intimidantes en las entrevistas que llevan a cabo afuera del centro administrativo de esa ciudad, donde se realizan las diligencias. Además de autocensurar a los periodistas, este espiral de miedo y desconfianza comenzó a silenciar a las víctimas de las AUC, quienes habían salido del anonimato para exigir verdad y reparación.”

“Normalmente, en este tipo de eventos los periodistas se encuentran en el lugar mientras hacen ‘lobby’ para conseguir entrevistas. Como no pueden ingresar a los recintos donde los paramilitares rinden sus testimonios a los fiscales de Justicia y Paz, esperan afuera, donde confluyen familiares de víctimas y amigos de los mismos paramilitares”, explicó Semana.com en un artículo publicado el 8 de junio del 2008 sobre la manera como se hace el cubrimiento.

Es allí donde algunos desmovilizados de las AUC y desconocidos allegados a este grupo han registrado de manera sutil la actividad de los periodistas. Con algo de recelo y miedo, los comunicadores se acostumbraron a la extraña vigilancia: rondas en moto, fotografías y apuntes.

Fernando Cifuentes, periodista de Teleantioquia y Presidente de la Asociación de Periodistas de Antioquia (APA) califica dichas prácticas como forma amedrentamiento e intimidación a la labor periodística: “No creemos que esas fotos se tomen para hacer una memoria o un libro histórico. Son fotos e imágenes individualizadas de cada uno de los periodistas”.

La amenaza sigue siendo la forma más frecuente para coartar la labor de los periodistas y medios de comunicación. Aún así, disminuyó: la FLIP registró en el 2008, 13 casos, 12 menos que en 2007 cuando tres periodistas se vieron obligados a dejar el país.

La prensa juega un papel muy importante en el proceso de Justicia y Paz, los derechos de los periodistas son el canal fundamental sobre el que la sociedad, víctimas y victimarios, pueden compartir sus testimonios y reconciliar sus diferencias. Nada justifica que en el marco de un proceso de Verdad, Justicia y Reparación, existan prácticas dirigidas al castigo de la libre expresión.

*Este artículo contó con la colaboración de la FLIP (Fundación para la Libertad de prensa www.flip.org.co)
Fuente: Verdad Abierta – Publicación de Revista Semana