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FECOLPER en el Día de Acción por la Defensa del Periodismo

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Cuando los periodistas no estemos, ¿Quién hará las noticias?
El lunes 5 de Noviembre, es el Día de Acción por la Defensa del Periodismo, fecha en la que los más de 600.000 periodistas afiliados a la Federación Internacional de Periodistas, FIP, alertamos a la sociedad, en 116 países, sobre la degradación que padece nuestro ejercicio informativo, producto de la acción criminal de grupos de poder, la comercialización excesiva de los medios de comunicación, las presiones políticas y nuestras pobres condiciones laborales.

En esta jornada, liderada por la Unión Nacional de Periodistas del Reino Unido e Irlanda, le recordamos a los ciudadanos de todas las condiciones sociales, el rol crucial que cumplimos como garantes de su derecho a una información veraz.

También, que buena parte de las decisiones que toman sobre sus vidas, lo hacen con base a lo que les informamos sobre el acontecer local, nacional o mundial.

La Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, recientemente afiliada a la FIP, se une a esta campaña, con más de 1000 colegas colombianos en 18 departamentos del país.

“Sobrevivir”, es el verbo que hoy día guía nuestro trabajo
La insensata degradación de nuestra confrontación bélica, por una parte, y los atrabiliarios vínculos laborales que han impuesto muchos medios de comunicación, convirtieron el ejercicio del periodismo en una quimera, donde la verdad y el compromiso informativo con la comunidad, cedieron frente a la necesidad de sobrevivencia de los reporteros.
Los periodistas debemos realizar nuestro trabajo bajo el punto de mira de los intolerantes violentos de todas las layas, en medio de una casi total y complaciente impunidad: de los cerca de 130 crímenes cometidos contra nuestros colegas en los últimos 18 años, sólo 7 han sido resueltos y ningún autor intelectual ha sido capturado.

Paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, corruptos de cuello blanco e inclusive, miembros de los organismos de seguridad del Estado, nos han convertido en blanco para silenciar nuestra denuncias o investigaciones. Esto, con la desprotección de los medios de comunicación para los cuales trabajamos, que se niegan a desarrollar una cultura de seguridad en las salas de redacción.

Pero algunos civiles intolerantes también nos hostigan. Son frecuentes los ataques públicos que recibimos por parte de políticos molestos con nuestras revelaciones o de manifestantes que quieren evitar la difusión de sus desmanes.

Nuestra situación laboral: principal obstáculo para el ejercicio de la libertad de prensa
Una encuesta realizada por el Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas entre 350 colegas, de 15 regiones del país, arrojó resultados inquietantes: El 51% de los reporteros tiene ingresos que oscilan entre los 200.000 y los 800.000 pesos. Este nivel de ingresos es inferior o ligeramente superior al salario mínimo legal, lo que nos deja al mismo nivel de un obrero no calificado. Sólo un 1% de los periodistas tienen ingresos superiores a $1 millón 500 mil.

Pero la mayor parte de colombianos desconoce que estos ínfimos ingresos, generalmente son producto de la venta de cupos publicitarios, práctica a la que nos vemos obligados, pues no percibimos ni salarios, ni honorarios.

Este rol de vendedores de publicidad, dificulta nuestra independencia informativa, con un agravante: la publicidad suele ser asignada de manera discrecional, con algunos indicios de arbitrariedad, en especial frente a medios o periodistas críticos de administraciones públicas. Así el dinero estatal, propiedad de todos los colombianos, se convierte en la punta de lanza de un chantaje para silenciar periodistas.

Por su parte, los “privilegiados” corresponsales de medios con cubrimiento nacional o regional, generalmente reciben paga por nota publicada o emitida, o solicitada por el centro de noticias, pero se les exige compromiso de 24 horas. Si no hay información de interés, el periodista, el camarógrafo o fotógrafo, no perciben ingresos.
Para reducir, aún más, los costos, algunos canales de televisión inventaron un perverso sistema de pago llamado “el combo”: por la primera nota, pagan lo acordado; si la nota sale en la segunda emisión, el periodista recibe la mitad; y si aparece en la tercera emisión ¡es gratis! También es una práctica común que los costos de transporte, alquiler de cámara, teléfono fijo o celular y alimentación durante el cubrimiento, corran por cuenta del corresponsal.

Cada vez son más los medios de comunicación que carecen de nóminas de planta o que realizan los contratos a través de bolsas de empleo, cooperativas o empresas asociativas de trabajo. Por otra parte, los que aún mantienen el sistema de contratación laboral, con frecuencia ofrecen salarios que no permiten satisfacer nuestras necesidades básicas.
La mayor parte de los informadores, no tenemos acceso a la salud, carecemos de vivienda y ni hablar de aportes a pensiones o contar con seguros de vida -como exige la ley- o riesgos profesionales. Mucho menos planes de actualización profesional o de recreación.
Los periodistas somos unos de los pilares de la democracia. Sin nosotros, la sociedad sería presa del rumor y de la manipulación de los más fuertes. Por lo tanto, el periodismo no es un tema exclusivo de los periodistas, es un asunto de todos.

Este 5 de noviembre hacemos un llamado a la solidaridad ciudadana y hacemos una pregunta: Cuando los periodistas no estemos, ¿quién hará las noticias?

ALERTA: FECOLPER rechaza actitud de abogado que persiste en proceso por injuria

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Renson Said Sepúlveda Vergara, crítico literario del periódico cucuteño La Opinión, publicó el 28 de marzo de 2003 una columna titulada “La República de Chacón”. Según un informe del periódico El Espectador, en esa columna, Said Sepúlveda se refiere a los escritos del abogado Pablo Chacón Medina, señalando que éste no es poeta y sus cualidades estéticas no lo ameritan[1].

El abogado Chacón denunció penalmente por injuria a Said Sepúlveda, argumentado que debido a esta columna sufrió daños en su estatus social, su profesión de abogado, su vida de escritor, su familia y su propia personalidad, agregando una estimación de daños materiales por $100’000.000 y el daño moral por $433’700.000. Además pidió que se embargaran los bienes muebles e inmuebles del columnista.

El proceso penal se inició en abril de 2003. El primero de diciembre de 2003, la Fiscalía 41 de la Unidad de Vida de Cúcuta decidió que Renson Said Sepúlveda debía ser llamado a juicio por el delito de injuria. Ahora está pendiente la sentencia de un juzgado penal de Cúcuta.

Según el informe de El Espectador, del 11 de noviembre de 2007, el abogado Chacón “sostiene que mientras Sepúlveda no se rectifique y reconozca que él es poeta e intelectual, no cesará en su demanda”[2].

Por su parte, el columnista Pedro Ecudriñez, escribió para el mismo periódico: “Si Said lo llamó: “mediocre, incapaz intelectualmente y analfabeto”, Chacón no tiene sino que demostrar con obras (literarias), no con piezas (jurídicas), que no lo es”[3].

“Hacemos nuestras las palabras de Ecudriñez, como solución a este absurdo impasse”, dijo Eduardo Márquez, presidente de la Federación Colombiana de Periodistas. “Ahora bien, queremos lanzar una voz de alerta a la sociedad, porque el demandante lo que está cuestionando -nada más y nada menos- es la libertad de expresión y de opinión de todos los colombianos”.

A continuación, el análisis del caso hecho, para FECOLPER, por el asesor jurídico del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, Andrés Monroy:

La Libertad de expresión y opinión, son derechos consagrados los artículos 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[4].

En nuestra Constitución Política, el artículo 20 garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones.

La Corte Constitucional ha señalado que «la libertad de opinión significa la posibilidad de comunicar a otros el propio pensamiento, por lo cual puede decirse que este derecho coincide en cuanto a su objeto con la libertad de expresión»[5].

En este caso concreto, existe una doble manifestación de la libertad de expresión. El abogado Pablo Chacón Medina ejerció su derecho a la libertad de expresión artística a través de sus escritos. Por parte del crítico literario Renson Said Sepúlveda, la libertad de expresión es ejercida cuando manifiesta sus opiniones respecto a la producción literaria, calificando su calidad a partir de criterios subjetivos.

La Corte Constitucional ha señalado: “No es posible que se pretenda rectificar, corregir o modificar por una autoridad pública o por un particular el contenido de una obra literaria cuya autoría es producto de la creatividad intelectual, propósito e intención del autor (…)”[6]. En el mismo sentido, puede afirmarse que tampoco es posible pretender la rectificación sobre una opinión acerca de una obra que se muestre al público como literaria, bajo unos claros parámetros de respeto por la dignidad de la persona. No calificar a un abogado como poeta, no puede considerarse como un atentado contra el honor, susceptible de penalizarse.

Hay que tener en cuenta que cuando una persona somete al conocimiento público las producciones de su intelecto, se enfrenta a la posibilidad de obtener opiniones favorables o desfavorables al respecto. Es impensable pretender la unanimidad positiva en torno a una producción artística, o que se presente como tal. De acuerdo a lo anterior, podemos retomar a la Corte Constitucional cuando señala que “(…) la sociedad tiene la carga de soportar opiniones que causen molestia o afecten el amor propio de las personas”[7].

En palabras de Juan Gabriel Vásquez, columnista de El Espectador: “Para eso está la crítica, para opinar, y para eso están los libros y también sus autores: para aguantar las opiniones”[8].

A continuación transcribimos el texto de una carta de solidaridad con el crítico literario Renson Said Sepúlveda Vergara[9].

Manifiesto por la libertad de expresión y el derecho al libre ejercicio de la crítica

Los abajo firmantes: poetas, artistas, librepensadores, gestores culturales, artesanos de la palabra, dramaturgos, mendigos, periodistas, cantantes, bailarinas y gente del común, rechazamos de manera unánime la demanda penal por injuria y calumnia que el abogado y poeta Pablo Chacón Medina entabló contra el crítico literario Renson Said Sepúlveda por haber emitido un juicio sobre su poesía.

La columna de opinión que escribió el crítico Renson Said en marzo de 2003 merecía una refutación inteligente en el campo de la polémica, y no la celada cobarde de una demanda judicial en la que el poeta ofendido pide la indemnización de 500 millones de pesos y una retractación pública.

Semejante despropósito no sólo marcha en contravía de la libertad de opinión, del libre ejercicio de la crítica literaria, del artículo 20 de la constitución política colombiana, sino que además sienta un precedente nefasto que haría temblar al mismísimo Goebbels. Las ideas se discuten, no se aplastan con artimañas. Y en el campo de la literatura, donde todo es subjetivo, pretender que un crítico emita obligadamente un juicio favorable a una obra cualquiera, es volver a un periodo de oscurantismo, es borrar de un trazo todas las conquistas sociales de la humanidad y los fundamentos de la civilización en cuyo nombre existimos: los principios del derecho, heredados de Roma; el humanismo conquistado por la Italia del Renacimiento; la libertad de conciencia ganada a sangre por el protestantismo, las libertades proclamadas por la Revolución Americana de 1776; los derechos humanos impuestos por la Revolución Francesa de 1789; y la plataforma de toda sociedad democrática como es la posibilidad de disentir.

Elevamos todas nuestras voces de protesta y exigimos el respeto a las humanidades Rensond Said.

Anexos:

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 19

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
________________________________________

[1] Rivas G. Enrique. Juicio a crítico literario. Publicado en El Espectador. Semana del 11 al 17 de noviembre de 2007. Página 11 A .

[2] Ibìdem.

[3] Escudriñez, Pedro. ¿Quién le teme a Renson Said?. Sábado, 17 de noviembre de 2007. Fuente: www.elespectador.com

[4] Manual de calificación de conductas violatorias. Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Volumen I. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Bogotá, 2004. Página 367.

[5] Corte Constitucional. Sentencia C-616-97 Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.

[6] Corte Constitucional. Sentencia SU-056 de 16 de febrero de 1995. Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell.

[7] Corte Constitucional. Sentencia T-1319 de 2001. Magistrado Ponente: Rodrigo Uprimny Yepes. Tomado de: Lombana Villalba, Jaime. Injuria, calumnia y medios de comunicación. Segunda Edición. Bogotá, 2007. Página 268.

[8] Vásquez, Juan Gabriel. La crítica al juzgado. Publicado en El Espectador. Semana del 18 al 24 de noviembre de 2007. Página 17 A .

[9] Recibida desde el correo vistazoscriticos@yahoogroupes.fr

Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER

FECOLPER representa a más de 1.000 periodistas en 18 departamentos de Colombia 

Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, CESO-FIP

La FIP representa a más de 600.000 periodistas en 120 países

Se alista convocatoria para segunda etapa de emisoras comunitarias en capitales

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Bogotá, 19 de noviembre de 2007.
El 26 de noviembre, el Ministerio de Comunicaciones dará a conocer los términos de referencia definitivos para otorgar las licencias de radiodifusión comunitaria, correspondiente al segundo grupo de capitales, que incluye las ciudades de Armenia, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar y Villavicencio.

Para las respectivas aclaraciones a los términos, el Ministerio programó una audiencia pública, el 29 de noviembre a las 10:00 am en el quinto piso del Edificio Murillo Toro de Bogotá.

Los interesados en presentarse a esta convocatoria podrán hacerlo hasta el 25 de abril de 2008. A partir del 26 noviembre y hasta la fecha de cierre de la convocatoria se realizarán capacitaciones sobre los pliegos y las condiciones del servicio de radiodifusión comunitaria en las ciudades convocadas.

De igual manera, el Ministerio informó que para el 30 de este mismo mes, se dará a conocer el borrador de los términos de la convocatoria de radiodifusión comunitaria para las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Este borrador de términos de referencia estará disponible para comentarios del sector hasta el 15 de febrero de 2008.

Las comunidades organizadas de todo el país que deseen información sobre las diferentes convocatorias de radiodifusión comunitaria pueden consultar la página Web del Ministerio www.mincomunicaciones.gov.co, en donde encontrarán toda la información relacionada con estas convocatorias.

Soraya Bayuelo coordina un sueño en Montes de María

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Colectivo de Comunicaciones Montes de María
«Yo sólo coordino un sueño», dice Soraya Bayuelo, líder del Colectivo de Comunicaciones Montes de María. Esta mujer optimista, de carcajadas amplias, como buena costeña, le ha dado a la conflictiva región que une 17 municipios de Sucre y Bolívar una alternativa de comunicación distinta. Ese sueño, que nació en 1994, ya cuenta con 18 emisoras escolares, un centro de producción radiofónica, un canal de televisión, Línea 21, y un cineclub itinerante, tiene una hoja llena de reconocimientos.

En la lista figuran un Premio Nacional de Paz en 2003, una Beca AVINA de Investigación Periodística para el Desarrollo Sostenible, con un proyecto seleccionado entre 660 propuestas del continente, y una Beca de Creación de Medios Audiovisuales del Ministerio de Cultura, entre otros. «Lo que queremos es formar mejores seres humanos, crear un imaginario en la región que no sea el de la guerra y apostarle a la vida», dice esta comunicadora de 49 años.

Hasta hoy, en su escuela de periodismo para el cambio social, como ella la llama, ha capacitado a más de 4.500 jóvenes, 150 padres de familia y a casi 100 profesores de los Montes de María, en talleres de producción de radio comunitaria y manejo del lenguaje audiovisual con énfasis en temas como cultura ciudadana, medio ambiente, derechos humanos y resolución pacífica de conflictos. «Mi objetivo siempre ha sido que esta experiencia de comunicación alternativa convierta a los niños, jóvenes y mujeres, sobre todo desplazadas, en sujetos políticos y transformadores, más que en periodistas».

Pero su tarea no ha sido fácil. Ha tenido que soportar el recrudecimiento de una violencia que en los años 90 dejaba miles de muertos en masacres y atentados, y apagones casi todos los días, y aguantar semanas de pobreza en un pueblo que en pleno siglo XXI no tiene acueducto ni alcantarillado. Pero ahí está. Con el corazón firme y decidido para seguir demostrando que la comunicación es más fuerte que la guerra, que el diálogo vence a las armas y que siempre hay que soñar para derrotar a los más incrédulos. Por eso en los Montes de María todos saben que el sueño de Soraya Bayuelo, ese sueño que ella coordina, hace muchos años se convirtió en realidad y ya no hay nada ni nadie que lo detenga.

Foro distrital de política pública de comunicación comunitaria

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La Facultad de comunicación social de la Universidad Central, el Instituto distrital para la participación y acción comunal, Idpac, la Mesa bogotana de comunicaciones y la Fundación red social de medios de comunicación, RedSocial, realizarán el “Foro distrital de política pública de comunicación comunitaria”.

Este evento se llevará a cabo el próximo 23 y 24 de noviembre en la Sala Fundadores de la Universidad Central a las 8:00 a.m.

El objetivo del foro es recoger insumos para la construcción de la política pública de comunicación comunitaria para Bogotá e integrar las mesas de trabajo con representantes de los medios de comunicación comunitarios de la capital.

La actividad está abierta para medios de comunicación escolares, universitarios, comunitarios y alternativos, para ONG, organizaciones sociales y colectivos de comunicación, periodistas cívicos y todas las personas interesadas en el tema.

Fecha: noviembre 23 y 24 de 2007
Hora: 8 a.m.
Lugar: Sala Fundadores de la Universidad Central (Calle 22 Nº 5-87, 2º Piso).
Entrada libre, previa inscripción.
Mayores informes e inscripciones: (1) 340 2300, de Planeta Paz,
Correo electrónico inscripcionescomunitaria@gmail.com

La voz de los medios

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Autocensura, amenazas de muerte, desconfianza en las cifras oficiales… Una encuesta realizada con más de 200 periodistas en 30 ciudades revela sorprendentes datos sobre la situación de la prensa en Colombia.

La mitad de los periodistas del país no le creen a la información que el Congreso de la República les entrega. El 90 por ciento de los comunicadores están convencidos de que los datos que reciben de las entidades del Estado relacionada con el conflicto armado está manipulada. Más de la mitad de quienes ejercen el periodismo en la costa Atlántica han pensando en abandonar la profesión por diversas circunstancias, especialmente por presiones y amenazas. En el occidente, el 48 por ciento de los periodistas se ha abstenido de publicar información que consideraba relevante por temor a perder el puesto. Las Farc, los paramilitares y los políticos son los principales grupos que amenazan e intimidan a los comunicadores. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría son las entidades públicas a las que más les creen los periodistas colombianos.

Estos son tan sólo algunos de los resultados de un estudio que acaba de terminar el Observatorio de Medios de la facultad de comunicación de la Universidad de la Sabana. Entre el primero y el 30 de septiembre pasados se realizaron 235 entrevistas a periodistas de radio, prensa y televisión en 29 ciudades del país. La encuesta arroja resultados inquietantes.

Para comenzar, el 88 por ciento del total de los encuestados considera que en Colombia está amenazada la libertad de prensa. Pero lo que más aterra no es el alto porcentaje, sino que en Bogotá el 84 por ciento piense lo mismo, pues esto contradice un poco la idea de que las interferencias indebidas existen ante todo en zonas de conflicto, donde los periodistas están a tiro de fusil de los actores armados. No deja de ser preocupante que el 34 por ciento de los comunicadores en Colombia ha sido amenazado de muerte por lo menos una vez. El 8 por ciento del total asegura que en este momento se encuentran amenazados y, aun más sorprendente, el mayor porcentaje está en Bogotá (12 por ciento), por encima de la Costa (9 por ciento) y el oriente (8 por ciento).

Otro dato preocupante es que, para los periodistas encuestados, los obstáculos para ejercer su profesión a cabalidad no sólo están en el terreno, sino en las propias salas de redacción. El 31 por ciento del total reconoce que, por miedo a perder el puesto, han tenido que sacrificar principios profesionales (léase éticos) en el manejo de la información. Esta cifra es alarmante en el occidente, donde casi la mitad (48 por ciento) reconocen que han acudido a la autocensura por temor a perder el puesto.

La credibilidad en los comunicados de prensa del Estado también es muy baja. Sólo un 9 por ciento le otorga un nivel alto a los comunicados del Congreso. Al Ejército, Fuerza Aérea y Policía, 11 por ciento. Al gobierno nacional, 12 por ciento. A la Armada y al DAS, 13 por ciento. La gran mayoría confía a medias en esta información oficial (entre un 43 por ciento al Congreso y 67 por ciento al gobierno nacional) y los porcentajes de baja credibilidad oscilan entre 48 por ciento a la información del Congreso y 10 por ciento a la que ofrece la Defensoría del Pueblo.

El 81 por ciento considera que el gobierno nacional tiende a manipular la información, cifra que sólo supera el Ejército, con un 83 por ciento.

Por homicidio de camarógrafo asegurados jefes de las FARC

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Bogotá, 13 de noviembre.- La Fiscalía profirió medida de aseguramiento en contra de tres integrantes de la cúpula de las Farc, por el homicidio agravado del camarógrafo Pablo Enrique Medina Mota.

De acuerdo con la decisión adoptada por un fiscal de Derechos Humanos y DIH, Pedro Antonio Marin, Noel Mata Mata, y Rodrigo Londoño Echeverri, también son presuntos responsables de los delitos de terrorismo, secuestro extorsivo, tentativa de homicidio, hurto agravado, daño en bien ajeno y rebelión.

Medina Mota, camarógrafo de TeleGarzón, fue asesinado el 3 de diciembre de 1999 en un retén de las Farc, cuando se dirigía a cubrir la toma del municipio de Gigante, Huila, cometida por la columna móvil “Teófilo Forero” y el frente 48 de las Farc.

Por homicidio de camarógrafo asegurados jefes de las FARC

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Bogotá, 13 de noviembre.- La Fiscalía profirió medida de aseguramiento en contra de tres integrantes de la cúpula de las Farc, por el homicidio agravado del camarógrafo Pablo Enrique Medina Mota.

De acuerdo con la decisión adoptada por un fiscal de Derechos Humanos y DIH, Pedro Antonio Marin, Noel Mata Mata, y Rodrigo Londoño Echeverri, también son presuntos responsables de los delitos de terrorismo, secuestro extorsivo, tentativa de homicidio, hurto agravado, daño en bien ajeno y rebelión.

Medina Mota, camarógrafo de TeleGarzón, fue asesinado el 3 de diciembre de 1999 en un retén de las Farc, cuando se dirigía a cubrir la toma del municipio de Gigante, Huila, cometida por la columna móvil “Teófilo Forero” y el frente 48 de las Farc

Taller sobre responsabilidad social e independencia en el periodismo

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El Ministerio de Comunicaciones, a través de su Fondo de Comunicaciones y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, ofrecerá 10 talleres de formación dirigidos a periodistas en ejercicio de diferentes medios de comunicación nacional y local de Barranquilla, Bucaramanga, Montería, Neiva, Valledupar, Pasto, Manizales, Cúcuta, Cali y Medellín. Este taller se ha denominado Responsabilidad social e independencia: retos del periodismo.

Los talleres buscan propiciar una reflexión en torno a la ética, la definición de contenidos, la responsabilidad social y la independencia, partiendo de un contexto donde los periodistas enfrentan todos los días dilemas éticos derivados de los conflictos de intereses producidos generalmente entre periodismo, política y mercado. Además, en el caso colombiano, éstos se agudizan con las acciones de los grupos armados que obstaculizan el ejercicio libre e independiente del periodismo.

Las reuniones en las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Pasto, Cúcuta y Neiva ya se realizaron. Los talleres restantes se realizarán en las siguientes fechas:

Nov. 17. Cali y Montería.
Nov. 24. Manizales.
Dic. 01. Medellín.

Mayores informes: Universidad de Antioquia.
Centro de Investigación y Extensión.
Facultad de Comunicaciones.
Teléfono en Medellín: (4) 210 6295.

E-mail: talleresperiodismo@comunicaciones.udea.edu.co

En Bogotá: APROBADO ACUERDO SOBRE COMUNICACIÓN COMUNITARIA

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Bogotá, Planeta Paz. Noviembre 2 de 2007.

Con 26 votos a favor y 3 en contra, este viernes 2 de noviembre fue a probado el acuerdo 175 y 226 de 2007, por medio del cual se establecen lineamientos de política pública en materia de Comunicación Comunitaria en el Distrito Capital.

Esta reglamentación es pionera en política pública en comunicación para Bogotá y para el país. Contó con el apoyo de amplios sectores y partidos del Concejo de Bogotá y fue presentada por el Concejal Gustavo de Roux y Leo César Diago.

Durante su discusión se manifestó por parte de algunos Concejales la mejora del acuerdo en cuánto a su redacción jurídica y su competencia en legislación de carácter nacional. Finalmente, para la mayoría este Acuerdo en un primer avance en al apoyo a medios locales y comunitarios que también merecen tener voz.

La política tiene como finalidad promover y fortalecer procesos comunitarios, distritales o locales, de comunicación en la ciudad, y está orientada por el propósito de impulsar la equidad en el acceso a los espacios y medios de comunicación y de fomentar la circulación democrática de opiniones e informaciones.

El acuerdo propone desarrollar nueves estrategias y líneas de acción para implementar la política, al igual que un reconocimiento especial anual para estos medios y la constitución de una mesa de trabajo conformada por diferentes instancias del gobierno distrital, por cuatro delegados de los sectores de los medios comunitarios de la ciudad y uno de la academia.

Queda pendiente la sanción de Alcalde Garzón y que la próxima administración implemente y desarrolle de manera participativa, la política pública en comunicación comunitaria para Bogotá.

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