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APA rechaza acoso judicial de funcionario de alcaldía de Itagüí contra la colega Tatiana Cárdenas

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El subsecretario de Gobierno de esa localidad, Édgar Sánchez, insiste en demandar por calumnia a la periodista.

La Asociación de Periodismo de Antioquia (APA) rechaza categóricamente el acoso judicial que viene padeciendo la periodista Tatiana Cárdenas, tras la publicación en la edición Medellín del periódico Q’Hubo de una nota sobre la protesta de venteros por unas obras viales, el 5 de febrero de 2011 en Itagüí, municipio al sur de la capital antioqueña.

El subsecretario de Gobierno de ese municipio, Édgar Sánchez Velásquez, instauró una demanda penal contra Cárdenas, que en la nota periodística registró el testimonio de Blanca Rubiela Rivera, una de las venteras afectadas, quien afirmó que: “Vinieron y nos dijeron que teníamos que desalojar, el subsecretario de Gobierno nos maltrató, nos insultó y amenazó”.

Luego de la publicación en el diario de propiedad de El Colombiano, el funcionario decidió instaurar ante la Fiscalía una demanda penal por injuria y calumnia contra Rivera y Cárdenas, pues asegura que esa afirmación falta a la verdad y afecta su derecho al buen nombre. Esa demanda la mantiene en pie después de rechazar en audiencia de conciliación, el 14 de abril pasado, los argumentos de la ventera, quien se ratificó en lo dicho.

Por su parte, la periodista solicitó en la misma audiencia ser retirada del proceso, pues el día de la protesta trató de contactar sin éxito en varias oportunidades al funcionario, lo que él negó. Además la periodista adujo que el artículo presenta la posición oficial, dada por el inmediato superior de Sánchez, Carlos Mario Vásquez. Asimismo explicó que el medio de comunicación, en el que trabajó hasta el 28 de febrero pasado, no respondió la solicitud de rectificación enviada por el funcionario.

Al ser consultado por la Asociación de Periodismo de Antioquia (APA), el Subsecretario confirmó que instauró la demanda porque no obtuvo respuesta del medio a su solicitud formal de rectificación. “Me tomé la molestia de hacer dos y tres llamadas para que rectificaran y nadie me rectificó, ni me escribió y nadie me llamó, por eso tuve que acudir a la Fiscalía (…) No sé quién tendrá que responder, si la periodista o la periodista tendrá que acudir al representante legal a donde ella trabajaba en ese momento y responderá el periódico en su momento (sic)”, agregó Sánchez.

APA consultó la posición de Rodrigo Morales, editor jefe de Q’Hubo, quien por escrito respondió: “pensamos que la periodista estaba actuando en ejercicio del derecho constitucional fundamental y prevalente de informar y que tanto ella como nuestra Casa Editorial actuaron de buena fe”. Y concluyó: “El denunciar a la periodista es una respuesta desproporcionada cuando se trata de la realización de actos informativos lícitos protegidos por la Constitución Política.  El legítimo ejercicio de un derecho no puede ser a la vez un argumento de ilicitud, como lo pretende el denunciante”.

Otro de los periodistas que estuvo en el cubrimiento de la protesta de los venteros fue Oscar Henao, corresponsal de Caracol Radio. “No fue solo la señora citada en el artículo sino otras personas las que también hablaron de agresiones y amenazas contra los venteros”, sostuvo Henao, quien junto a otros tres colegas que cubrieron la manifestación están dispuestos a atestiguar a favor de Cárdenas.

APA solicita respetuosamente al Subsecretario de Gobierno que desista de cualquier acción judicial contra la periodista Tatiana Cárdenas, a quien nunca asistió ninguna intención calumniosa ni injuriosa contra el buen nombre del funcionario.

La Asociación exhorta a El Colombiano a que preste acompañamiento jurídico a la colega Tatiana Cárdenas, quien hizo reportería y escribió la nota en razón de su vínculo laboral con esa casa editorial. Y a que presente sus argumentos en la Fiscalía que lleva el caso.

APA invita al funcionario y a la Alcaldía de Itagüí para que abra otros espacios de diálogo y reflexión sobre el quehacer periodístico respecto a la actuación de las instancias municipales. También solicita a colegas, asociaciones de periodismo del país y organizaciones defensoras de la libertad de prensa a que se pronuncien públicamente frente a este caso y manifiesten sus posiciones ante la Alcaldía de Itagüí escribiendo a los correos electrónicos alcaldia@itagui.gov.co y gobierno@itagui.gov.co.

Medellín, 23 de abril de 2010

Junta Directiva

Asociación de Periodismo de Antioquia (APA)

https://www.fecolper.com.co/alertas/20082-apa-rechaza-acoso-judicial-de-funcionario-de-alcaldia-de-itaguei-contra-la-colega-tatiana-cardenas

Periodistas, dirigentes políticos, y sindicalistas amenazados por Águilas Negras en Barranquilla

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AMENAZAS CONTRA 25 dirigentes políticos, entre ellos un representante a la Cámara y un ex alcalde, periodistas y sindicalistas, por parte de las Águilas Negras, fueron denunciadas por la Defensoría del Pueblo.

La denuncia fue hecha por el defensor del Pueblo, Volmar Pérez, quien dijo que apareció un panfleto amenazante, “que ha hecho circular presuntamente el autodenominado grupo armado ilegal Bloque Central Caribe Águilas Negras, contra fiscales, abogados, periodistas, sindicalistas, dirigentes políticos y servidores públicos de Barranquilla, a quienes declara objetivo militar de esa organización al margen de la ley”.

De acuerdo con información allegada a la Defensoría del Pueblo el panfleto amenazante comenzó a circular en Barranquilla desde la primera semana de abril y en el mismo declaran que por decisión del Estado Mayor de ese grupo armado ilegal “retoman las armas” para la “lucha frontal contra la subversión”.

Por las amenazas contra la vida, la integridad personal y la libertad proferidas presuntamente por el grupo armado ilegal autodenominado Bloque Central Caribe Águilas Negras contra periodistas, líderes sindicales, funcionarios públicos y dirigentes políticos, el defensor Pérez, condenó las amenazas de que han sido víctimas y solicitó de las autoridades competentes implementar con urgencia medidas adecuadas de protección para las personas señaladas en el panfleto amenazante.

El Defensor del Pueblo indicó que en razón de las amenazas que se han venido presentado en Barranquilla es urgente la reunión del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos-CRER- en la capital del Atlántico, para que se adopten medidas eficaces de protección y prevención para las personas amenazadas que les garantice el derecho fundamental a la vida y la integridad personal, y evitar la comisión de hechos de violencia.

Del mismo modo, el Defensor del Pueblo solicitó de los cuerpos de seguridad y de investigación del Estado evaluar la autenticidad del panfleto amenazante y adelantar la investigación correspondiente para establecer el origen de las amenazas e identificar a los responsables.

Las personas amenazadas en el panfleto que ha hecho circular presuntamente el autodenominado Bloque Central caribe de las Águilas Negras es la siguiente: Edgar Púa Samper, Antoc; Manuel Castro, Adea; Rubén Darío Arroyo, Aspu; Walberto Torres, Aspu; Jesús Tovar, Cut Fenaltrase; Carmen Meza Consuegra, Sintraunicol; Lourdes Insignares, personera Distrital; Óscar Contreras Amaris, fiscal 21; Walter Cabarcas, Antoc: Laura Venegas Ahumada, fiscal 78 DD.HH.

También José Humberto Torres, abogado; Gustavo López Reslen, Asojua; Bernardo Hoyos Montoya, ex alcalde; Alfonso Camerano, Polo Democrático; Alfredo Palencia Molina, secretario del interior; Jorge Cura Amar, periodista; Arturo Donado, periodista; Nestar Franco de Ferrrer, diputada; Carlos Palma Gutiérrez, Sintraunicol; Olvaldo Díaz Insignares, concejal; Tarquino Pacheco, representante a la Cámara; Tomas Ramos, Cut; José Rodríguez Peroso, sintraunicol; Raulilliche Charris, Asojua y Luis Eduardo Niebles, ex director de Cajacopi.

Ayer la Fiscalía General de la Nación designó una unidad especial para investigar las amenazas.
El defensor de derechos humanos, José Humberto Torres, sostuvo que los funcionarios de la Fiscalía llegaron a Barranquilla con el fin de adelantar la respetiva investigación.

Fuente:http://www.elnuevosiglo.com.co/politica/politica-nacional/34030-en-lo-fundamental-estamos-totalmente-de-acuerdo-santos.html

Manifiesto Marcha del Silencio

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La Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, reunida en la ciudad de Barranquilla en Asamblea extraordinaria,

ante los reiterados hechos de violación a la libertad de expresión y a la integridad de los periodistas en Colombia, a las recientes y reiteradas amenazas del denominado Grupo Bloque Capital de las Águilas Negras, contra nuestra organización y su Presidente, Eduardo Márquez, y los colegas Hollman Morris, Daniel Coronell, Marcos Perales Mendoza, Claudia Julieta Duque, así como ante las amenazas de muerte proferidas por distintos grupos de intolerantes contra Jaime García Arroyave, de Sevilla, Valle; Jaime José Daza, de Valledupar Cesar; Mónica Arcella Mujica, Lesly Cifuentes Sanguino, Sonia María González, Álvaro Gómez Vásquez y Jorge Eliécer Vanegas, de Barrancabermeja, Santander; Héctor Fabio García, Luis Fernando Gil y Raúl Parra, de Cartago, Valle; Fausto Río Betancur, de Guarne Antioquia; Edgar Astudillo, de Montería, Córdoba, desplazado en Bogotá pero hostigado de manera casi permanente; y Olver Escobar y Luis Fernando de Mariquita, Tolima.

MANIFIESTA:

1.- Su exigencia al gobierno nacional y a los organismos de seguridad del Estado, con acciones concretas para garantizar la vida, la integridad física de los periodistas y el derecho al libre ejercicio de la profesión.

2.- Su convocatoria a la solidaridad nacional el día 03 de mayo de 2011, fecha conmemorativa de la libertad de expresión, para realizar la gran Marcha del Silencio en todo el territorio colombiano, a partir de las 8:00 de la mañana, con la participación de todas las organizaciones afiliadas a FECOLPER.

3.- Su convocatoria a todas las agremiaciones de periodistas y medios de comunicación, a las instituciones educativas, al sector público y privado, a la sociedad civil y a las organizaciones de Derechos humanos, para el acompañamiento en esta jornada pacifica de repudio a la agresión al derecho constitucional de la libertad de expresión.

APDS Asociación de Periodistas para el Desarrollo Francisco Antonio Monterrosa
ACP Asociación Cordobesa de Periodistas Domingo Cogollo Narváez
ACPS Asociación de Comunicadores Sociales Periodistas de Sucre Luz Victoria Martínez Pacheco
ACSA Asociación de Comunicadores Sociales del Atlántico Angélica Obando
APA Asociación de Periodismo de Antioquia Luz Patricia Vargas Vergara
APB Asociación de Periodistas de Barrancabermeja Fabio Hernández Laverde
APG Asociación de Periodistas de la Guajira Mario Alfonso Puello
APSM Asociación Colombiana de Periodistas Seccional Magdalena Enrique Mendoza
ASOPEMET Asociación de Periodistas del Meta Alcides Jáuregui
ASOPEQ Asociación de Periodistas del Quindío Edgar Augusto Torres Sotelo
CBP Corporación Boyacense de Periodistas Ricardo Cipagauta
CCP Corporación Caucana de Periodistas Ariadne Villota
CCPP Corporación de Comunicadores y Periodistas de Pradera Enoc Romero Beltrán
CIPEC Círculo de Periodistas de Caldas Diego Lalinde Muñoz
COOPERCOM Cooperativa de Comunicadores Sociales de la Costa Atlántica Miryam Peña de Cortina
COPAR Corporación de Periodistas de Arauca José Domingo Pitta
CORPEMAG Corporación de Periodistas de Barrancabermeja y del Magdalena Medio Luz Dary Ines Mora
CPC Fundación Círculo de Periodistas de Cartago Valle Edgar Arroyave Londoño
CPM Círculo de Periodistas del Magdalena Francisco Riascos
CPS Corporación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Santander Carlos Alberto Bermúdez
CPV Círculo de Periodistas de Valledupar Aquiles Manuel Hernández Saurith
CUPB Corporación Unión de Periodistas de Buenaventura Manuel Barrantes
PDBOL Periodistas de Bolívar Empresa Asociativa de Trabajo Ada Echenique
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL Melitza Quintero
Diva Luz Acuña
Jhon Fredy Franco
Luis Alberto Marín
Eduardo Márquez

https://www.fecolper.com.co/alertas/20081-manifiesto-marcha-del-silencio

Colombia, acusada ante la Corte Interamericana por paliza a periodista

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgará al Estado colombiano por la golpiza de militares, seguida de amenazas de muerte y un intento de secuestro, al periodista Luis Gonzalo ‘Richard’ Vélez en agosto de 1996 gresiones físicas, amenazas, obstaculizaciones a la labor periodística e impunidad de los delitos contra comunicadores, mantienen su sombra sobre la libertad de información en Colombia.

Un ejemplo reciente sobre agresiones físicas y obstaculización a la labor informativa se presentó hace menos de una semana. La Federación Colombiana de Periodistas – Fecolper denunció que el periodista Omar Vera del Periódico El Turbión resultó afectado por las granadas de gas disparadas por el Escuadrón Antidisturbios de la Policía durante unas protestas estudiantiles el 30 de marzo.

La impunidad sigue preocupando a las organizaciones no gubernamentales. El pasado 7 de abril la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP alertó a la Fiscalía por la posible prescripción de los procesos por los asesinatos de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, ocurridos el 24 de abril de 1991 en Segovia, Antioquia.

Agresiones físicas y verbales, amenazas de muerte, persecución, exilio, falta de garantías judiciales e impunidad se suman en un solo caso, el del camarógrafo Luis Gonzalo Vélez Restrepo. Estos hechos serán juzgados por laCorte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica.

El Caso 12.658, presentado en marzo de este año por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), con sede en Washington, ante la Corte Interamericana, abordará el caso de Vélez Restrepo contra Colombia. De acuerdo a la petición presentada originalmente ante la CIDH, estos hechos violan los derechos a la integridad personal, libertad de pensamiento y de expresión y garantías judiciales, entre otros.

Los hechos de este nuevo caso contra el Estado colombiano, ocurrieron el 29 de agosto de 1996, cuando Luis Gonzalo Vélez Restrepo, camarógrafo del Noticiero ‘Colombia 12:30’, fue atacado por miembros del Batallón de Infantería No.36 de la Brigada XII del ejército colombiano en el municipio de Morelia (Departamento de Caquetá) mientras realizaba el cubrimiento periodístico de la represión militar a las protestas campesinas contra la erradicación de cultivos de hoja de coca.

Señala la demanda que en ese momento, el camarógrafo fue abordado por los soldados, quienes ante su negativa de entregarles la cinta y luego de insultarlo y apuntarle con armas, lo golpearon con los cañones de sus fusiles y le lanzaron patadas. Como consecuencia de la agresión de los militares, el camarógrafo sufrió perforación del hígado, destrucción de un testículo y rotura de varias costillas.

Luego de denunciar esta agresión, comenzaron las amenazas contra el periodista y su familia. Algunas de esas amenazas se hacían en los siguientes términos: «va a morir, hijo de puta», «usted tiene el poder de la información, pero nosotros tenemos el poder de las armas. Va a morir perro». Refiriéndose a la esposa del periodista decían: «es muy bonita, la voy a dejar viuda».

El 6 de octubre de 1997 Vélez Restrepo logró escapar a un intento de secuestro, situación que sumada a las amenazas, le obligaron a salir de Colombia el 9 de octubre de 1997. El 29 de julio de 2005, casi nueve años después de los hechos y sin haber obtenido una respuesta satisfactoria por parte de la justicia colombiana, la víctima puso estos hechos en conocimiento de la CIDH.

Luego de estudiar los escritos de la víctima y del Estado, en el informe No. 47 de 2008, la Comisión decidió admitir la demanda de Luis Gonzalo ‘Richard’ Vélez Restrepo y familia contra el Estado Colombiano, para analizar las supuestas violaciones de sus derechos fundamentales (Petición 864-05).

La respuesta del Estado se orientó a describir la situación de orden público en el departamento de Caquetá, afirmando que las protestas campesinas estaban filtradas por miembros de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc. Además, señaló el Estado colombiano, los militares de rango medio involucrados en el intento de decomiso de la cámara de Vélez fueron sancionados y las investigaciones del Ministerio Público no determinaron la responsabilidad del comandante del Batallón No. 36. Finalmente presentó una lista de los procesos administrativos judiciales y administrativos que se han adelantado para investigar estos hechos.

Por otra parte, a pesar de que Vélez y su familia fueron cobijados por los programas estatales de protección a víctimas y testigos, sus denuncias nunca fueron debidamente tramitadas por las autoridades. En un principio, la investigación fue asumida por la Fiscalía (justicia ordinaria) pero luego fue transferida a la justicia penal militar. El juez militar encargado de la investigación fue nombrado por el Comandante del Batallón No.36, también superior de los militares protagonistas de las agresiones contra el camarógrafo.

La víctima alegó que solicitó información sobre el estado del proceso en varias oportunidades, sin haber recibido respuesta hasta la presentación de su petición ante la CIDH.

l 3 de junio de 2006 el Juzgado 67 Penal Militar le informó que el 3 de octubre de 1997 archivó la causa y que luego perdió el expediente durante un ataque de la guerrilla «resultando imposible para el Estado aportar copia de las decisiones».

Al admitir la demanda, la CIDH recordó que la jurisdicción militar no ofrece las herramientas suficientes para investigar, juzgar y sancionar violaciones a los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cometidos por miembros de la Fuerza Pública o con su colaboración o beneplácito.

Este proceso, además de continuar el debate sobre la eficacia de la justicia penal militar, seguramente abordará temas como el acceso a la información pública, la efectividad de los mecanismos de protección estatal y la impunidad por delitos cometidos contra periodistas.

Paralelo a esto surgirán preguntas, como ¿por qué no se determina la responsabilidad de los superiores militares por estos hechos? ¿Qué pasó con el general Néstor Ramírez, entonces comandante del Batallón No. 36 y quien nombró al Juez Penal Militar? ¿Actualmente los programas de protección estatales cumplen con su finalidad o son instrumento de espionaje contra periodistas?

Fuente:

http://bottup.com/201104127189/Colombia/colombia-acusada-ante-la-corte-interamericana-por-golpiza-a-periodista.html

Once periodistas y diversas estaciones de radio indígenas son blancos de los paramilitares: “La vicepresidencia debe recibir a las víctimas de urgencia”

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Desde finales del mes de febrero, tres panfletos atribuidos a diversos grupos paramilitares (Águilas Negras, Rastrojos y las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC) circulan en Popayán, Cauca (Sur-occidente), declarando como “objetivos militares permanentes” tanto a organizaciones campesinas, sindicales e indígenas, como a los medios de comunicación afiliados a tales. El ultimo de estos panfletos, del mes de marzo, firmado por el bloque central de las AUC, numera once periodistas. Entre los blancos figuran asimismo once estaciones radiales comunitarias miembros del Consejo Regional Indígena de Cauca (CRIC), quien fue visitado en mayo de 2010 por representantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y de Reporteros sin Fronteras.
“No todos estamos muertos ni todos estamos presos ni extraditados” señala uno de los panfletos advirtiendo que iniciarán “acciones militares ofensivas y represivas” contra las personas y organizaciones mencionadas. Yamir Adolfo Conejo, responsable de comunicación del CRIC, quien ha sido objeto de las amenazas, confesó a Reporteros sin Fronteras que las asociaciones del CRIC están a la espera de reunirse prontamente con el Vicepresidente, Angelino Garzón, pero no han recibido respuesta a la solicitud que realizaron.

“Las más altas autoridades del Estado deben responder la solicitud de las víctimas en esta situación de extrema urgencia. Las campañas de intimidación y de terror llevan actualmente un ritmo desenfrenado, particularmente contra periodistas y medios de comunicación, tanto a nivel comunitario como nacional (http://es.rsf.org/colombia-las-aguilas-negras-amplian-su-21-03-2011,39835.html). Solicitamos públicamente al Vicepresidente Angelino Garzón de acceder a la reunión solicitada por el CRIC y de implementar medidas de protección que se ajusten a la situación. La seguridad de la población en Cauca está en juego, un territorio que se encuentra en el corazón del conflicto armado que sigue destruyendo al país. Desafortunadamente, estas nuevas amenazas terminan por confirmar las revelaciones que nos han venido haciendo los representantes de comunidades indígenas sobre la expansión del paramilitarismo en la región y sus temibles consecuencias. La reacción de las autoridades colombianas ante este peligro se hace tardía. Esta situación demuestra además el fracaso del denominado proceso de desmovilización de los paramilitares llevado a cabo entre el 2003 y el 2006 (ver el informe:http://es.rsf.org/colombia-paramilitares-unas-aguilas-negras-22-05-2007,22240.html)”, declaró Reporteros sin Fronteras.

Desde principios del año 2011, según el CRIC, 18 personas provenientes de las mismas comunidades han sido asesinadas en el Cauca, tres de ellas bajo la figura de los falsos positivos (ver el informe de misión :http://es.rsf.org/colombie-chuzadas-las-grandes-orejas-de-27-05-2010,37575.html), mediante acciones atribuidas a los paramilitares y en ocasiones al ejército.

El panfleto del mes de marzo pasado – del que Reporteros sin Fronteras recibió una copia- menciona los nombres de periodistas locales, pero también nacionales que han hecho eco de las denuncias del CRIC: Silvio Sierra,Fredy Calvache, Antonio Palechor, Ricardo Mottato, Eli Alegría, Gustavo Molina, Carlos Pito, Gustavo Alzate, José Fernando Conejo, Carlos Andrés Gómez et Dario Patiño.

Las once estaciones radiales afiliadas al CRIC son (medios, pueblo, localidad) :
1. Guambía Estéreo, pueblo Misak, municipio de Silvia
2. Uswal Nasa Yuwe, Nasa, Caldono
3. Nuestra Voz Estéreo, Nasa, Morales
4. Renacer Kokonuco, Kokonuco, Puracé
5. Radio Nasa de Tierradentro, Nasa, Belalcazar
6. Aires del Pueblo Yanacona, Yanacona, Almaguer
7. Radio Payumat, Nasa, Santander
8. Radio Libertad, Totoró, Totoró
9. Voces de Nuestra Tierra, Nasa, Jambalo
10. Nasa Estéreo, Nasa, Toribio
11. Radio Inzá, Nasa, Inzá

Fuente:Reporteros sin Fronteras Comunicado de prensa

Atacados periodistas por el ESMAD en Bogotá y amenazados periodistas en Tolima

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Dos impactos con granadas de gas disparadas por el ESMAD, sufrió el colega Omar Vera, director del Periódico El Turbión, esta mañana en inmediaciones de la Universidad Nacional de Bogotá. Y en Mariquita, los periodistas Olver Escobar, director de Radio Lumbí, y Luis Fernando Montoya, director del periódico El Puente, han sido objeto de amenazas de muerte en las que les exigen retirar la denuncia hecha ante la Fiscalía por el intento de linchamiento del colega Escobar.

Granadas a mansalva 

Cuando se encontraba cubriendo los desórdenes que protagonizan estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, luego que el gobierno anunciara el ánimo de lucro que debe tener la educación pública, el periodista Omar Vera fue atacado con granadas de gas, en dos ocasiones, una de ellas por uniformados que se desplazaban en la tanqueta 727, en la carrera 30 con calle 45. La primera granada, disparada a las 11:50, se incrustó y quemó el bolso que Vera llevaba en la espalda, y la segunda, activada 5 minutos después, a menos de 6 metros, lo impactó en el pecho.

Según explicó Vera a FECOLPER, a su lado, realizando el cubrimiento, se encontraban un periodista de la cadena norteamericana CNN y el fotógrafo independiente Manuel Fierro, nieto del legendario fotógrafo Manuel H., todos plenamente identificados como miembros de la prensa.

“Se ha vuelto costumbre que la policía ataque a los periodistas que cubren desordenes en varias parte del país, con la clara intención de impedir que esa información llegue a los ciudadanos”, comentó Eduardo Márquez, Presidente de la Federación Colombiana de Periodistas. “Pero atacar periodistas con disparos hechos a corta distancia, a mansalva con un truflay, y no en forma parabólica como exigen las normas internacionales, es una violación del Código Penal que condenamos y exigimos investigar, para evitar una futura tragedia”.

 Amenazas criminales

Son ya más de ocho las amenazas de muerte mediante llamadas y mensaje de texto que, desde la semana pasada, han recibido los colegas Olver Escobar, director de Radio Lumbí, y Luis Fernando Montoya, director del periódico El Puente, de Mariquita, Tolima.  Tal como, en su momento informó FECOLPER, El pasado 18 de abril, cuando cubría unas refriegas producidas por la mala calidad de los servicios públicos prestados por la empresa Espumas, el colega Olver estuvo a punto de ser linchado por una turba de aproximadamente 100 personas que lo golpeó.

En las amenazas contra el director de Radio Lumbí, que se extendieron hasta el pasado lunes, los criminales exigen, con palabras soeces, que retire la denuncia hecha ante la Fiscalía por la golpiza recibida. Por su parte, al director de El Puente, en medio de parrafadas ofensivas, le anuncian que “(…) ya es hora de que los sapos mueran. A usted y los dos sapos de Mariquita, les llegó la hora”. Llama la atención que cuando los improperios han sido telefónicos, el sujeto que habla utilice un distorsionador de voz; esto podría ser indicio de informaciones que señalan la participación del microtráfico en medio de las protestas ciudadanas.

“Sólo tenemos palabras de rechazo para lo que está sucediendo en Mariquita, por inaudito y arbitrario”, dijo el Presidente de FECOLPER. “Que tanto Radio Lumbí como El Puente tengan publicidad de la cuestionada empresa Espumas, no significa complicidad editorial con quienes maltratan a los ciudadanos con un mal servicio. Los periodistas registramos los hechos y nuestra vocación está junto a los más débiles. Exigimos que cesen las amenazas”, concluyó el dirigente gremial.

https://www.fecolper.com.co/alertas/20037-atacados-periodistas-por-el-esmad-en-bogota-y-amenazados-periodistas-en-tolima

ALERTA FECOLPER: oleada de agresiones contra periodistas en Santander, Tolima y Sucre

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Dos periodistas y un camarógrafo estuvieron a punto de ser linchados por particulares en Mariquita, Tolima, y California, Santander, el pasado viernes 18;  una periodista  fue amenazada de muerte por los “Urabeños” en Barrancabermeja, Santander, el jueves 17,  y director de emisora es golpeado en San Marcos, Sucre, por familiar del alcalde, el miércoles 16; y el grupo paramilitar Águilas Negras, en nuevo comunicado, reitera amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Herido por tumulto

Serían casi las 11 de la noche del pasado viernes, en Mariquita Tolima, cuando en medio de una de las refriegas que se presentaron todo el día entre quienes protestan por la mala calidad de los servicios públicos y la policía, el colega Olberg Escobar, director del noticiero de Radio Lumbí, fue perseguido por un grupo cercano a 100 personas.

El periodista alcanzó a correr varias cuadras pero, finalmente, fue detenido por la turba que la emprendió a golpes, pedradas y varillazos en su contra, mientras le reclamaban no haber cubierto de manera favorable las protestas contra la empresa privada Espumas que ya llevan 22 días. El colega fue rescatado por varios ciudadanos y un celador, quienes evitaron un linchamiento seguro.

Horas atrás, otro periodista, Rodrigo Callejas, del canal comunitario de TV, había servido de garante para que fueran liberados 9 funcionarios que habían quedado encerrados en la alcaldía, luego que los manifestantes se amarraran con cadenas a las puertas. En declaración a Radio Lumbí, Eduardo Márquez, Presidente de la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, rechazó, categóricamente, esta expresión de intolerancia ciudadana e hizo un llamado a las manifestantes a acabar con los ataques, pues, según argumentó, los periodistas son aliados naturales de la ciudadanía.

 Cobarde gavilla

Ana Mercedes Ariza y el camarógrafo, Armando Camelo, corresponsales de los noticieros CM& y Noticias Uno en Bucaramanga, fueron atacados en el municipio de California, Santander, por una veintena de personas a golpes y pedradas, cuando intentaban realizar una nota sobre el fin del proyecto de explotación minera en el páramo de Santurbán, por parte de la empresa canadiense Greystar.

Inicialmente fueron tres ciudadanos que increparon  a los comunicadores señalándolos de ser culpables del cierre de fuentes de trabajo pero, inmediatamente, unas quince personas salieron de las oficinas de la multinacional Greystar y golpearon y apedrearon a los dos colegas. La oportuna intervención de la policía nacional evitó que la agresión se convirtiera en un homicidio.

La colega Ariza recibió golpes en la cabeza, un brazo y una pierna que la dejaron incapacitada, y el reportero gráfico, además de una pedrada en la cabeza vio como le rompían su herramienta de trabajo, la cámara de video. En este momento la periodista se encuentra interna en el Hospital Chicamocha, donde se recupera de las heridas y de un cuadro severo de estrés postraumático. El Presidente de FECOLPER condenó, vehemente, este ataque, y manifestó su preocupación por la frecuente ocurrencia de estas expresiones de intolerancia en las que grupos de ciudadanos se transforman en criminales para protestar por hechos ajenos a la voluntad de los informadores; igualmente hizo un llamado a las autoridades a dar una castigo ejemplar a los atacantes capturados.

 Amenaza paramilitar

Cuando la colega Mónica Arcella, de Enlace Televisión de Barrancabermeja, se encontraba descansando en su casa, el pasado jueves, recibió una llamada, a las 7:50 p.m., en la que un sujeto que se identificó como miembro del grupo paramilitar de extrema derecha, Los Urabeños, y luego de darle cuatro horas para salir de la ciudad, le aseguro que él había sido comisionado para asesinarla.

En un comienzo, la periodista pensó que se trataba de una broma, pues hacía mucho tiempo no cubría orden público, pero  en el transcurso de la conversación, cayó en cuenta que había realizado una nota periodística sobre la pésima situación de infraestructura y servicios públicos de un barrio popular controlado por el grupo criminal.

Por otra parte, trascendió que el grupo paramilitar Águilas Negras, emitió un nuevo comunicado en el que reitera las amenazas de muerte contra un grupo de periodistas, entre quienes se encuentra el Presidente de FECOLPER, y varios ONG y activistas por la defensa de los derechos humanos. La comunicación amplía el número de organizaciones y de personas declaradas objetivo militar.

Justamente ese jueves, la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, FEPALC,  manifestó su inconformidad con el silencio gubernamental frente a esta amenaza colectiva e instó a la Fiscalía General de la Nación, a presentar los resultados de la investigación a que se comprometió durante la última reunión del comité de protección de periodistas del Ministerio del Interior.

 ¿Pedrada municipal?

Luego que Camilo Uribe Carriazo, director de la emisora Radio Chipilin Estéreo, de San Marcos, Sucre, terminara una conversación con el Personero sobre un contrato, que aparece ejecutado, para el mejoramiento de unas vías que siguen en el mismo estado, fue abordado por el cuñado del Alcalde, quien además es su conductor, para agredirlo verbalmente, el pasado miércoles 16.

Luego que el colega Uribe se defendiera de los señalamientos sobre supuesta persecución, el sujeto tomo una piedra y la lanzó contra la cabeza. El periodista fue llevado a urgencias del hospital de Sahagún, donde le fueron cogidos cuatro puntos.

Desde hace 12 años Camilo se dedica al periodismo, y en la última etapa de su vida profesional, desde la emisora le ha hecho seguimiento al manejo administrativo de la alcaldía municipal, por lo que ha denunciando algunos casos de aparente corrupción.

“Frente a este caso, las autoridades sólo tienen un camino: el sujeto debe ser capturado y juzgado por su peligrosidad. Atacar a un periodista que hace seguimiento a los recursos del municipio, es atacar a la propia comunidad que tiene derecho a conocer el destino que el alcalde le da a su dinero”, declaró el Presidente de FECOLPER.

En archivo adjunto los comunicados emitidos por nuestras organizaciones afiliadas en Santander, la Corporación de Periodistas de Santander, CPC, y la Corporación de Periodistas del Magdalena Medio, CORPEMAG.

CORPORACION DE PERIODISTAS DE BARRANCABERMEJA Y EL MAGDALENA MEDIO

CORPEMAG

Afiliada a la Federación Colombiana de Periodistas FECOLPER y a la Federación

Internacional de Prensa FIP


AMENAZADA PERIODISTA EN BARRANCABERMEJA CORPEMAG RECHAZA LAS INTIMIDACIONES Y PIDE A LAS AUTORIDADES PROTECCION PARA LA PERIODISTA

CORPEMAG rechaza las amenazas de las que fue objeto la periodista MONICA ARCELLA, del canal local Enlace Televisión de Barrancabermeja. Este tipo de acciones intimidatorias atentan contra la libertad de expresión y a su vez contra el derecho que tienen los ciudadanos a ser informados.

Según dio a conocer la periodista, a las 7:50 de la noche del jueves 17 de marzo, cuando ya descansaba en su casa recibió una llamada a su celular, de un hombre quien se identificó como la persona que habían asignado para asesinarla por parte del grupo delincuencial “Los Urabeños”, manifestó el hombre que le daban cuatro horas para salir de Barrancabermeja, que si a la quinta hora continuaba en la ciudad sería asesinada: De inmediato la comunicadora se puso en contacto con la policía nacional, quienes reaccionaron de manera rápida, le garantizaron seguridad y la acompañaron a poner la respectiva denuncia.

Mónica Arcella se ha desempeñado como Periodista de diferentes medios de comunicación en la ciudad y es miembro de la Corporación de Periodistas de Barrancabermeja y el Magdalena Medio, se ha caracterizado por ser una profesional, responsable, íntegra y con una gran responsabilidad social.

CORPEMAGhace un llamado a las autoridades para que investiguen el origen de las amenazas y a la vez garanticen la seguridad del periodista. “Una sociedad democrática depende de unos medios de Comunicación vibrantes, que estén libres de hostigamiento e intimidaciones, los ataques y amenazas en contra de periodistas le hacen daño a la Ciudad y ponen en peligro su democracia” Vivanco Barrancabermeja, marzo 18 de 2011

CORPORACIÓN DE PERIODISTAS DE BARRANCABERMEJA Y EL MAGDALENA MEDIO

CORPEMAG


CPS rechaza y condena agresión a periodistas de CM&

Bogotá , Marzo 19_RAM_.. Por considerar que es un atentado contra la libertad de prensa y el derecho a informar y ser informado, consagrado en el Artículo 20 de Constitución Política de Colombia, la Corporación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Santander -CPS-, rechaza y condena en forma enérgica la agresión de que fue víctima la periodista Ana Mercedes Ariza y su camarógrafo, Armando Camelo, corresponsales de los noticieros CM& y Noticias Uno en Bucaramanga, por parte de un grupo de personas del municipio de California (Santander) partidarias de que la empresa canadiense Greystar ejecute el proyecto de explotación minera en el páramo de Santurbán.

Según la versión conocida por la CPS, algunas de las personas que agredieron, con palos, piedras y otros elementos contundentes, a la periodista Ana Mercedes Ariza y a su camarógrafo, expresaron que “por culpa de la difusión que han hecho los medios de comunicación sobre la inconveniencia de adelantar la explotación del proyecto aurífero Angosturas, fue que la empresa Greystar desistió de su solicitud de licencia ambiental para ejecutar este proyecto, situación que deja a la población de la región sin fuentes de trabajo”.

Ana Mercedes Ariza fue sometida a revisión médica y a valoración por parte de Medicina Legal para determinar las lesiones sufridas. Además, el vehículo donde se transportaba la periodista y su camarógrafo, lo mismo que los equipos que usaban para desarrollar su trabajo (cámara y micrófono) fueron deteriorados por los agresores.

Ante este hecho que va en contra de la libertad de prensa en Colombia, la CPS solicita a las autoridades correspondientes que investiguen, identifiquen y castiguen a los responsables de estas acciones vandálicas, y al mismo brinden la protección necesaria a los periodistas, quienes tienen derecho de viajar y estar en cualquier parte del país en cumplimiento del sagrado derecho de informar.

La Corporación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Santander -CPS- informa sobre estos hechos, ocurridos este viernes 18 de marzo, a la Federación Colombiana de Periodistas -FECOLPER- y a la Federación Internacional de Periodistas -FIP

https://www.fecolper.com.co/alertas/20035-alerta-fecolper-oleada-de-agresiones-contra-periodistas-en-santander-tolima-y-sucre

Representantes de genero de FECOLPER condenan agresión contra Ana Mercedes Ariza, corresponsal de televisión en Santander, Colombia

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foto tomada de:google images

La Federación Colombiana de Periodistas FECOLPER, a través de la representante por Colombia, ante el Consejo de Género de la FIP y sus representantes ante la Red de Género de la Fepalc, Diva Luz Acuña Mena, Melitza Quintero Suarez y Glemis Mogollón, condenamos la agresión física de que fue victima, nuestra Colega y corresponsal del Noticiero CM&, ANA MERCEDES ARIZA, en la población de California, en el departamento de Santander, por parte de pobladores, que acusan a los medios de comunicación de contribuir a la suspensión del proyecto de explotación minera en el Páramo de Santurbán en Santander,
La Periodista, Ana Mercedes Ariza, es atendida en un centro asistencial de la ciudad de Bucaramanga, bajo vigilancia medica, debido a los golpes que recibió de los pobladores de la región, junto a su cámarografo.
El Presidente de la Corporación de Periodistas de Santander, Carlos Alberto Bermudez, informó que luego de restablecerse de los golpes, nuestra colega, deberá recibir asistencia psicológica, para superar el trauma de la agresión.
«Este hecho se presenta precisamente en el mes de Marzo, cuando las Mujeres conmemoramos los 100 años de celebración del Día de la Mujer en el mundo», manifestó la Vicepresidenta de Fecolper, Diva Luz Acuña Mena, al tiempo que pidió a las autoridades de la región castigar a los culpables de la agresión.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS.
Diva Luz Acuña Mena
Representante ante la Consejo de Género de la FIP.

Alcalde condenado por asesinato de periodista, ahora es destituido por corrupción

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Foto tomada de flip.org.co

Esneider Mayorga Corrales fue condenado en octubre de 2010 a 40 años de prisión por el asesinato del periodista Hernando Salas Rojas en el municipio de Curillo, Caquetá.

Ahora, la Procuraduría General de la Nación, en fallo de segunda instancia,  confirmó la sanción de destitución e inhabilidad por 10 años para el ejercicio de cargos públicos, al Mayorga Corrales, en su condición de Alcalde Municipal de Curillo.

Lea aquí artículo de El Espectador sobre la condena en octubre de 2010 contra Esneider Mayorga por el asesinato de Hernando Salas .

Lea aquí comunicado de la Procuraduría sobre destitución de Esneider Mayorga de marzo de 2011

Fuente: http://proyecto-si.blogspot.com/2011/03/alcalde-condenado-por-asesinato-de.html

 

FEPALC, a un mes de amenazas de muerte a periodistas, exige al gobierno colombiano resultados de investigación

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foto tomada de: google images

A un mes de las amenazas de muerte contra los periodistas Eduardo Márquez González, Presidente de la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER), Hollman Morris, Daniel Coronell, Marcos Perales Mendoza y Claudia Julieta Duque, la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) demanda al Gobierno colombiano resultados de la investigación.

Han transcurrido cuatro semanas de denunciado el hecho y hasta la fecha, ni los afectados ni las organizaciones de periodistas que manifestamos nuestra alarma por lo ocurrido, hemos recibido información oficial de las autoridades colombianas respecto a los avances de la investigación, que se demandó cumpla con el principio de celeridad.

La FEPALC, recurre, con especial énfasis a la Fiscalía General de la Nación, instancia con asiento ante el comité de protección de periodistas del Ministerio del Interior en Colombia, ante el que se comprometió a actuar diligentemente. Resulta irónico que, conocida la amenaza, el propio Comité, en el que tiene asiento Márquez González, uno de los amenazados, exigiera una serie de formalidades para empezar a investigar en una situación que es literalmente de vida o muerte.

Según información con la que cuenta la FEPALC el autodenominado Comité Central de las Águilas Negras, autor de la amenazada,  sería el grupo paramilitar más ideologizado de extrema derecha.

En razón a ello la FEPALC les reitera a los enemigos de la libertad de prensa, a los grupos al margen de la ley y al propio Estado colombiano que estamos vigilantes de la seguridad de nuestros colegas y los responsabilizamos de manera directa de cualquier ataque que contra su integridad física pudieran sufrir. Los Estados, lo sostiene la propia Organización de Estados Americanos (OEA) tienen el deber de prevenir e investigar las amenazas a comunicadores sociales, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.

Celso Schroder
Presidente FEPALC

Zuliana Lainez
Secretaria Derechos Humanos FEPALC

FEDERACIÓN DE PERIODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (FEPALC)

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