EXCLUSIVE IFJ/FSC CC-OO SPECIAL REPORT:

Colombia: Periodista de frente a sus torturadores en busca de justicia

Today, the IFJ in cooperation with our affiliate FSC CC-OO, is publishing a special report on the extraordinary fight for justice by Colombian journalist Claudia Julieta Duque. It is part of our commitment to stand in solidarity with those who fight for justice and against impunity.

Kidnapped, psychologically tortured, placed under extreme and illegal surveillance and, along with her daughter, subjected to years of vile and persistent threats, Claudia continues to fight for justice.

But for her it is not about justice for Claudia it is about taking on those who threaten freedom of expression, independent journalism and the right of citizens to have access to fair and impartial information. She wants justice for journalism and all the victims of those who try to silence the journalist.

Our special correspondent Marvin David El Cid reports from Bogota on the latest developments in the fight for justice.

Un pequeño edificio de ladrillo, enclavado en pleno centro internacional y financiero de Bogotá es la sede por estos días de un juicio que pese a su importancia pasa desapercibido en la agenda mediática y política del país, y que avanza casi tan discreto como el lugar donde se realiza.

Al menos una vez al mes se reúnen allí, en una sala de audiencias en la sede de los juzgados especializados de la capital colombiana, una fiscal, una víctima y su abogado, para sentar en el banquillo de los acusados a miembros de los servicios de inteligencia en un caso que poco a poco ha venido develando los graves abusos del estado de vigilancia impuesto en Colombia durante la década anterior con la excusa de la lucha contra el terrorismo.

Aunque en Latinoamérica no es extraño escuchar denuncias sobre torturas y malos tratos por parte de agentes estatales contra civiles, este caso es diferente y único en el mundo: primero, porque la víctima nunca estuvo en manos de sus torturadores, con excepción de un corto secuestro que sufrió en el año 2001; segundo, porque los ataques en su contra sucedieron durante varios años y -según ella misma lo ha narrado ante el juez- se asimilaron a los infligidos por la CIA a los detenidos de Abu Ghraib o Guantánamo; y, tercero, porque ella, la sobreviviente que hoy lucha por justicia, es una periodista cuyo único delito fue investigar el crimen de Jaime Garzón, un colega de gran recordación en el país que fue asesinado en 1999.

De momento el juicio lleva más de dos años, durante los cuales los acusados han buscado -y logrado en varias ocasiones- retrasar el proceso, con justificaciones como enfermedades inexistentes de los abogados, traslados no realizados por la guardia penitenciaria, solicitudes de pruebas imposibles de obtener y testigos de la defensa citados con nombres errados y direcciones inexistentes.

José Miguel Narváez Martínez, exsubdirector y asesor del DAS; Giancarlo Auqué De Silvestri y Enrique Ariza Rivas, todos exfuncionarios del temido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia que cumplía funciones de policía secreta, son acusados por la Fiscalía de tortura agravada en la modalidad de psíquica en contra de la periodista colombiana Claudia Julieta Duque Orrego.

Por el mismo delito también tienen causa penal abierta el exdetective Ronal Harbey Rivera Rodríguez y el exdirector de Contrainteligencia Rodolfo Molina Alemán, pero la fecha de inicio del juicio en su contra ha sido pospuesta en más de siete ocasiones durante el último año, debido a dilaciones que han llevado al juez de la causa a solicitar investigaciones penales y disciplinarias contra los abogados de los acusados.

De los cinco solo guardan prisión Narváez y Rivera; Ariza se encuentra detenido en Estados Unidos pendiente de deportación; mientras que Medina y Auqué están prófugos. Auqué estaba detenido desde 2010, vinculado a otro caso, pero al cumplir esa condena recobró su libertad pese a tener orden de captura por el caso de Duque Orrego.

Las primeras denuncias de la periodista comenzaron en julio de 2001, después de que fuera secuestrada al interior de un taxi por cuatro hombres que le advirtieron que eso le pasaba por “escarbar la basura” y “querer desenterrar a los muertos”. Hacían referencia a su investigación sobre Jaime Garzón Forero, humorista político de gran recordación en Colombia, asesinado el 13 de agosto de 1999.

Años después, en 2004, a pesar de las graves amenazas y un primer exilio, la labor de la periodista -en conjunto con el abogado de la familia Garzón- logró develar un sofisticado montaje judicial diseñado por el DAS para desviar la investigación en el marco de la cual dos hombres fueron acusados de ser los autores materiales del asesinato. Además, llevó a que el juez ordenara investigar a todos los funcionarios que habían propiciado eso que Claudia Julieta llamaba las “DAS-viaciones” y la “impunidad disfrazada de justicia”.

En esa histórica sentencia, del 10 de marzo de 2004, se dio la primera condena contra el autor intelectual del crimen de un periodista en el país: el jefe de los grupos paramilitares de Colombia, Carlos Castaño, fue sentenciado a 38 años de prisión. Sin embargo, un mes después desapareció -la versión más aceptada, incluso judicialmente, indica que fue asesinado por sus compañeros-.

Para la periodista, ese triunfo se convirtió en pesadilla. Tanto, que en marzo de 2016 declaró ante el juez: “la única persona que está pagando esa sentencia soy yo, llevo ya 15 años de graves ataques, a mí me sentenciaron por haber develado la verdad”.

Luego vinieron dos exilios más (Perú y España entre el 2004 y el 2005, e Italia en 2008) a los que partió junto a su hija debido a las constantes amenazas telefónicas, seguimientos, campañas de descrédito, acosos que incluyeron el envío de quesos podridos a su residencia y ramos florales con las flores enterradas, e intimidaciones de todo calibre, la más grave de las cuales ocurrió el 17 de noviembre de 2004, cuando a Duque le advirtieron que violarían y quemarían a su niña, para entonces de 10 años.

Frente al juez

Del 1 al 3 de marzo de 2016, Duque dio su testimonio frente al Juez Segundo Especializado de Bogotá, ante quien narró la forma en que fue hostigada, intimidada y torturada por integrantes del DAS.

Las lágrimas brotaron y su voz se entrecortó en más de una ocasión, “no fue fácil, pero tenía que hacerlo”, relata la periodista casi un año después al ser entrevistada en Bogotá.

En su narración Duque dijo: “cuando he leído los análisis y la descripción de las torturas psicológicas que sufrieron los detenidos en Abu Ghraib -prisión en Irak-, he identificado métodos de tortura que fueron aplicados en mi contra: por ejemplo, la privación del sueño. A mí el DAS me quitó el sueño, en el 2004 yo dejé de dormir durante ocho meses por la angustia que me estaba generando esta situación y ese es un método de tortura psicológico clásico”.

“También está documentado objetivamente como método de tortura psicológica el someter a una persona a confinamiento y yo fui sometida a confinamiento absoluto, aunque nunca estuve detenida ni presa por estos tipos, sí tuvieron el dominio sobre mí para impedirme, incluso, movilizarme a un parque a sacar a mi perra a orinar, no podía salir de la casa, estuve durante meses encerrada”, contó.

Durante su exposición, Duque también identificó otros métodos de tortura psicológica que, según dice hoy, “fueron calcados de manuales militares de Contrainteligencia usados por la CIA”: “las amenazas directas contra miembros de la familia, el destierro y el aislamiento, la incapacidad de hablar con la gente, pues como todo el mundo se burlaba y pensaba que yo estaba loca y paranoica decidí no volver hablar con nadie. Ese aislamiento lo viví en carne propia”.

Diez meses después, en una entrevista en Bogotá, la periodista recuerda el arduo aprendizaje que ha debido realizar en cada paso dado en busca de justicia.

“Pasó mucho tiempo antes de que yo pudiera entender que el cuerpo del delito soy yo, mi ser, mi proyecto de vida truncado, y aunque doliera yo tenía que demostrar que el daño existió, y que más allá del dolor hay razones objetivas para concluir que hubo tortura en mi contra. Al entenderlo, solicité a la Fiscalía que me sometiera a un peritaje psíquico forense, porque concluí que allí tendrían que encontrarse las secuelas, las huellas, esas heridas invisibles que son tan difíciles de contar y tan imposibles de mostrar”.

“Luego, empecé a leer manuales militares que mis colegas de Nizkor me enviaban para que comprendiera lo sucedido como parte de estrategias de persecución que no son nuevas ni únicas, que han sido diseñadas y son aplicadas de manera fría e ilegal por agentes estatales en muchísimos lugares del mundo. Y finalmente, tuve que decírselo al juez y a la fiscal en mi testimonio de marzo, para que el tema de la tortura deje de ser el llanto que me causaron y el dolor que me hicieron sentir, para que la justicia logre identificar el aparato criminal puesto en marcha para, en términos de la Convención Internacional contra la Tortura, ‘castigarme’ por haber cometido una investigación periodística”.

“Me gustaría que la gente deje de ver mi historia desde el sufrimiento, desde lo anecdótico y el pobrecita, cómo ha llorado”, asevera.

Y es que el caso de Claudia Julieta Duque es el primero en el mundo que llega a la justicia penal por el delito de tortura psicológica cometida desde un organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia de la República de un país que, como Colombia, presume de ser la democracia más antigua del continente americano. Aunque hace pocos días la Corte Suprema de los Estados Unidos dio vía libre a un juicio similar contra dos psicólogos que apoyaron a la CIA en el diseño del “programa de interrogatorios” clandestinos, en ese caso también se juzga la comisión de vejámenes físicos.

En el año 2014, tres exfuncionarios del DAS, entre ellos un exdirector de Inteligencia, se declararon culpables y confesaron haber cometido torturas en contra de la periodista. Uno de ellos, Jorge Armando Rubiano, dio cuenta de la existencia de un grupo de operaciones psicológicas dentro del DAS, cuyos miembros y forma de operar aún se encuentran en la impunidad.

En septiembre de ese mismo año, la Fiscalía solicitó investigar al expresidente Álvaro Uribe -máximo superior jerárquico del DAS- por su presunta responsabilidad en las torturas infligidas contra la periodista Duque, orden que no se ha cumplido hasta la fecha.

Otros cuatro exfuncionarios del DAS fueron vinculados a la investigación en mayo de 2016. Uno de ellos, Juan Carlos Sastoque, se encuentra asilado en los Estados Unidos desde el año 2006 y desde hace cuatro meses tiene orden de captura internacional de la Interpol. Uno más, William Alberto Merchán, es funcionario de la misma entidad que lo investiga.

El avance más reciente se dio en noviembre de 2016, cuando fueron capturados Emiro Rojas Granados, exsubdirector del DAS entre 2003 y 2005 (a quien la periodista señaló de ser uno de los principales autores del montaje del caso Jaime Garzón) y Néstor Pachón Bermúdez, exdetective del Grupo de Verificación del DAS, a cargo de uno de los taxis que seguían a la periodista en el año 2001.

Duque se enfrentó con Rojas Granados en noviembre de 2004 durante una entrevista radial, tan solo una semana después de que el DAS amenazara a su hija, tal como está probado hoy. Pero el entonces funcionario minimizó al aire sus llamados para que se investigara lo que estaba sucediendo al interior de ese organismo de inteligencia y ese mismo día la denunció por injuria y calumnia. Airado, Rojas acusó a Duque de ser una “fachada de periodista” e insinuó que la existencia de carros del DAS identificados en los seguimientos en su contra era una “casualidad”. Cinco años más tarde la Fiscalía consideró que esa querella era infundada.

Aunque Pachón y Rojas eran parte del DAS no pertenecían al Grupo Especial de Inteligencia 3 (G-3), contrario al resto de investigados. En 2003, el G-3 se creó como un poderoso grupo con múltiples funciones ilegales para espiar a políticos de oposición, sindicalistas, periodistas, defensores de derechos humanos y magistrados, entre otros.

Está documentado el uso de gastos reservados de inteligencia por parte del G-3 para seguir a los hijos de los denominados “blancos” del DAS, como la hija de Claudia Julieta Duque y otros defensores de derechos humanos; la infiltración en organizaciones; la realización de escuchas ilegales y amenazas directas; la circulación de panfletos desestabilizadores contra periodistas críticos y ONG, así como muchas más acciones cuyo objetivo, según las pruebas existentes, era “neutralizar las acciones desestabilizadoras de las ONG de Colombia y el mundo”. En el caso de Duque, el G-3 fue más allá y realizó actividades de “inteligencia ofensiva” que la desestabilizaron y han sido calificadas como tortura.

Voces que confirman

Tras nueve meses de retrasos injustificados en el caso, el juicio reinició hace dos meses con la presentación de testigos por parte del abogado de Duque. Entre noviembre y diciembre de 2016 declararon dos exdirectores de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), un excoronel de la Policía de Colombia, la directora del colegio donde estudió la hija de la reportera, un primo suyo y el director del Equipo Nizkor, organización española de la que Claudia Julieta es representante en Colombia.

Cada uno de ellos respaldó en la audiencia judicial lo que Duque había denunciado durante años sobre las agresiones, amenazas e intimidaciones realizadas por los integrantes del DAS.

El primero en hablar fue el periodista Ignacio Gómez, fundador de la FLIP, quien dijo: “fui testigo de los ataques estructurados contra Claudia Julieta y de la angustia que esta situación generaba en su vida y la de su hija”.

Gómez, periodista reconocido mundialmente, aseveró que “como activista de libertad de expresión tanto en Colombia como en el exterior no he visto una situación de tortura psicológica e intento de destrucción de la persona tan brutal como de los que ella fue víctima en el año 2004”.

Como en otros casos, una de las secuelas más graves de la tortura es la forma en que ésta influye en la personalidad de la víctima. Según el psiquiatra Juan Pablo Villamarín, primo de Duque, el impacto de lo sucedido en la periodista fue “tan fuerte que alteró un modelo biológico y la convirtió en otra persona”.

Novoa, el protector

Una nota publicada por la Revista Semana el 12 de diciembre de 2009 titulada: “Manual para Amenazar” detalló las instrucciones que utilizaba el DAS para hostigar psicológicamente a Claudia Julieta Duque.

En el texto se hace referencia a un memorando interno del DAS del año 2004 que contenía las recomendaciones dadas a los detectives para intimidar a la periodista y que fue utilizado para amenazarla el 17 de noviembre de ese año. En el documento se menciona también al coronel Luis Alfonso Novoa, para la época director de Derechos Humanos de la Policía, sobre quien debían tomarse precauciones pues sus investigaciones “comprometían” el trabajo ilegal del DAS.

Precisamente fue Novoa quien en más de una ocasión acudió a la casa de Duque para brindarle su ayuda y colaborar con ella para que tomara medidas de precaución, pues él sabía que la vida de la periodista corría riesgo.

Así lo hizo saber en su declaración del 9 de noviembre de 2016, cuando acudió al juzgado como testigo solicitado por el abogado de Duque.

“Descubrí que uno de los carros que seguían a Claudia Julieta pertenecía al DAS y fui objeto de actividades de inteligencia por mi labor”, relató Novoa.

Las alertas de Novoa hacia la periodista fueron constantes durante años. Ante el juzgado, confirmó: “escuché grabaciones de amenazas que llevaron a Claudia Julieta Duque a un estado emocional crítico. El patrón era similar, iban contra su hija”.

“Era tal la gravedad de lo que estaba sucediendo, que yo asumí de forma personal la coordinación de la protección de la periodista y su hija”, explicó frente al juez.

La versión de los acusados

A lo largo del proceso los acusados en el caso han tratado de demostrar de distintas formas que son inocentes de los señalamientos. Su negativa sistemática parece corresponder a la aplicación de lo que en el argot de los servicios secretos se conoce como negación plausible, una vieja técnica implementada en los años 50 por la Central de Inteligencia Americana (CIA) que consiste en “negar el conocimiento de cualquier verdad que pueda existir”, según enseñara en los años 50 el exdirector de ese organismo, Allen Dulles.

Las estrategias legales de los procesados han variado en el tiempo: desde negar la existencia del delito de tortura a aceptarla sin reconocer su responsabilidad, hasta acusarse mutuamente, basados incluso en las investigaciones de la propia periodista sobre el caso del DAS.

Uno de los acusados, el hoy fugitivo Giancarlo Auqué de Silvestri, fue director de Inteligencia del DAS entre 2003 y 2004. Mientras estuvo detenido, negó su participación en los hechos y el conocimiento de la existencia del G-3, pese a la existencia de memorandos en los que felicitaba a funcionarios de ese grupo por su labor y la existencia de un diagrama elaborado por el propio DAS sobre quiénes recibían la información de ese grupo. Por su parte, el también exdirector de Inteligencia Enrique Ariza Rivas, huyó del país tras los primeros escándalos en la entidad.

El más famoso de los acusados, José Miguel Narváez, es según la Fiscalía, uno de los más peligrosos e importantes ideólogos del paramilitarismo en Colombia. Además del caso de Duque, está a la espera de sentencia en el proceso de Jaime Garzón, acusado de ser el principal instigador del homicidio.

En el año 2002 Narváez dirigió el equipo de transición entre Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, presidentes saliente y entrante de Colombia, en el área de seguridad: fuerzas militares, policía, fuerza aérea y DAS. Sin embargo, su nombre siempre estuvo a la sombra de asesorías discretas a ganaderos y empresarios y a diversas áreas del Estado hasta su nombramiento en 2005 como subdirector del DAS, institución de la que salió cinco meses más tarde en medio de un escándalo que sería el preludio de una larga lista de señalamientos en su contra.

Su nombre no hubiera salido a la palestra pública de no ser por las confesiones de varios comandantes paramilitares a partir del año 2008, quienes lo señalaron de ser un importante instructor e ideólogo de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia. Desde ese momento, ha sido procesado por los homicidios de Jaime Garzón y el senador Manuel Cepeda, el secuestro de la senadora Piedad Córdoba, las escuchas ilegales del DAS y la tortura contra Claudia Julieta Duque.

En su defensa, Narváez Martínez siempre se ha declarado víctima de un complot paramilitar por cuenta de sus supuestas denuncias desde el DAS.

El 14 de enero de 2016 declaró en el juzgado donde se le procesa por el caso de Duque y describió parte de su trabajo en el Ejército de Colombia -que había sido ocultado por años y fue develado por la periodista y su abogado- y negó una vez más su responsabilidad en las torturas.

Al admitir haber prestado asesoría al DAS en temas de inteligencia estratégica previo a su nombramiento como subdirector, Narváez indicó respecto a Duque: “soy presunto victimario, yo no dudo que le hicieron daño, pero yo no fui. (…) A mí no me pueden acusar de que las apreciaciones de inteligencia estratégica incluían personas”.

Narváez, quien lleva más de siete años detenido en una base militar, siempre ha asegurado que se encuentra privado de la libertad en forma injusta.

“Dicen que José Miguel Narváez era el asesor, el niño consentido de Carlos Castaño, el ideólogo de los paramilitares. Eso es falso. El Narváez que sí es, es un tipo decente ya achacado, injustamente privado de la libertad, que nunca va a negociar ni va a aceptar la culpa de nada, yo me muero y les dejo a mis hijos la herencia de que voy a luchar por mi inocencia. El Narváez que sí es, es un tipo convencido de una patria a la que le dio la vida… creo en la democracia, creo en la libertad, no me gustan los delitos como el que le infligieron a la doctora (Duque)».

Antes de que se diera a conocer su rol en los servicios de inteligencia de Colombia, Narváez siempre se defendió aduciendo que dedicaba su vida a fabricar medias para bebé junto a su entonces esposa, en una empresa llamada Momi Limitada, nombre que surgió de juntar el suyo y el de su entonces pareja (Mónica y Miguel). Esta labor, según él, era combinada con cátedras universitarias y la gerencia de varias empresas.

Pero la hoja de vida que presentó para ingresar al DAS, incluida dentro del expediente del caso de Duque como evidencia digital desde 2014, muestra una faceta muy diferente: la de un hombre que llegó a ser mayor de la reserva del Ejército y comandante de varias áreas, condecorado con múltiples medallas por servicios a la fuerza pública y profesor durante más de 25 años de brigadas, batallones y varias escuelas militares de Colombia en temas como “operaciones psicológicas”, “guerra política”, inteligencia e ideologías políticas.

Un testigo propuesto por Narváez

Hace pocas semanas, el 11 de enero de 2017, declaró ante el juzgado Ronal Harbey Rivera Rodríguez, quien fue propuesto como testigo por la defensa de Narváez. Según su hoja de vida, Rivera -también acusado por las torturas a Duque y detenido en la cárcel de La Picota- perteneció al área de Contrainteligencia del DAS e hizo parte del G-3. Su nombre aparece debajo de una fotografía que el DAS tomó de la periodista, al igual que de otras víctimas del DAS. Sin embargo, el exdetective ha negado incluso conocer la definición de conceptos básicos de inteligencia y hasta las funciones propias del DAS.

Por eso su testimonio de enero sorprendió a todos, cuando después de una serie de contradicciones y balbuceos Rivera admitió ante el juez especializado que José Miguel Narváez “daba pautas e impartía orientación” al G-3 y, por tanto, tenía mando sobre el mismo.

“Esas pautas eran sobre los frentes subversivos de la guerrilla que cercaban a la ciudad de Bogotá”, afirmó, al tiempo que aceptó haber conocido al exsubdirector del DAS antes de que fuera nombrado en ese cargo. “Lo conocí siendo parte del G-3. Quien nos relacionó fue Jaime Ovalle [coordinador del G-3 fallecido en 2010]. Era asesor de la dirección del DAS”.

De esta manera, Rivera, calificado por Narváez como “un excelente funcionario”, dio al traste con la defensa de su exjefe, quien en todas sus salidas procesales había afirmado haber conocido al investigador como “parte de un grupo de análisis diferente al G-3”.

Los privilegios de Narváez

Durante las audiencias en el Juzgado Segundo Especializado de Bogotá, Narváez siempre es privilegiado en los tratos. Contrario a los otros detenidos, llega sin ser esposado y tiene libertad para moverse por el edificio, mientras los dos guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que lo custodian lo observan a una distancia de 10 metros.

Narváez se encuentra detenido en el Cantón Militar de Telecomunicaciones, una brigada del ejército ubicada a 36 kilómetros al occidente de Bogotá en el municipio de Facatativá, mientras que el resto de capturados están recluidos en la cárcel La Picota al sur oriente de la capital colombiana.

Cuando los exfuncionarios del DAS son trasladados al edificio judicial las medidas de seguridad se extreman considerablemente, según lo cuentan los mismos guardias. Pero además la Policía dispone de un cordón especial de protección para la periodista Duque, que en 2015 fue objeto de graves hostigamientos en zonas aledañas al juzgado.

Pese a que los juicios en Colombia son públicos, para la realización de este trabajo periodístico no fue posible registrar en videos ni fotografías lo que sucedía en el juzgado. Por disposición de las autoridades judiciales, el trabajo de los periodistas debe limitarse solo a tomar notas, observar y grabar en audio.

Lo que sigue

El juicio en contra de los señalados por las torturas de Duque lleva más de dos años y podría extenderse a lo largo de 2017.

Para el 6 de febrero está previsto el comienzo de las audiencias en el caso de Ronal Rivera y Rodolfo Medina, pero ni la periodista ni su abogado son optimistas. Han pasado casi dos años desde que los dos exfuncionarios fueron acusados y sus abogados continúan encontrando estrategias para retrasar el comienzo de la etapa de juzgamiento.

En el caso de Narváez, Auqué y Ariza el juicio debe reiniciarse el 1º de marzo próximo con los testigos de los procesados, casi todos antiguos funcionarios del DAS ya sentenciados por las escuchas ilegales masivas, la mayoría de los cuales ya ha recuperado su libertad. También ha sido llamada la investigadora de la Fiscalía que encontró la documentación que da cuenta de las acciones ilegales del DAS.

Y aunque se trata de más de una decena de personas, el juez Sergio León Martínez ha solicitado a las partes preparar sus alegatos de conclusión para el mes de abril. En septiembre de 2016, cuando fue nombrado en el cargo, Martínez dejó constancia de la vulneración de los derechos de la víctima debido a los retrasos y maniobras dilatorias que llevaron a Duque a estar “arrinconada en un segundo plano”. Desde entonces el jurista ha ordenado investigaciones contra el INPEC y varios abogados y ha manifestado su compromiso de terminar el caso lo antes posible, pues en sus palabras “la mejor garantía es el término razonable de la actuación de la justicia”.

Por el momento, Claudia Julieta Duque sigue esperando.