Servidores públicos vulneran libertad de prensa en Nariño, Santander y Boyacá

Servidores públicos vulneran libertad de prensa en Nariño, Santander y Boyacá

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El 25 de febrero, cuando los periodistas Iván Benavides de ITB Noticias y Wilson Prado de Diario del Sur realizaban registro gráfico  de un cargamento de droga incautado horas antes y que era descargado del camión que la transportaba frente a la estación de Policía de Ipiales (Nariño), Benavides fue obligado por uniformados a borrar las fotografías realizadas, perdiendo el material logrado; minutos después Prado realizó el mismo registro gráfico y un sargento de Policía le exigió borrar las fotografías, a lo que el periodista se negó.

Según el comunicado originado por la Asociación Círculo de Periodistas del Sur ACPES, el coronel James Toro comandante de Distrito de Policía, sostuvo que se trató de una reacción inadecuada por parte de un miembro de la institución, quien ya ofreció disculpas a los periodistas agredidos.

De otra parte, el jueves anterior cuando periodistas de Bucaramanga se encontraban en el Parque Santander, en rueda de prensa con la senadora Claudia López, fueron estigmatizados por la servidora pública quien se exaltó cuando el comunicador  Gustavo Remolina, de la emisora La Cariñosa le preguntó que si era cierto que una campaña a la presidencia costaba más de 50 mil millones de pesos.

Usted es un periodista serio, dígame su fuente, de dónde saca que vale 50 mil millones de pesos, eso es falso… mire yo quiero pedirle aquí a la gente que no tengamos periodistas… vale sacar estos formatos que cada quién baja, eso vale, eso vale… lo que pasa es que aquí los periodistas fletados por los corruptos no denuncian a los que se roban la plata en Santander, pero ahora si vienen a decir que sacar unas fotocopias vale 50 mil millones de pesos.. no se dejen engañar mis queridos, aquí hay gente fletada”, respondió López, quien es precandidata a la presidencia de Colombia, en elecciones que se realizarán en el 2018.

Algunos periodistas de la ciudad le comunicaron a la Fecolper que después de la rueda de prensa un asesor de la congresista les llamó a indicarles que antes de entrevistar a la senadora debían entenderse con él y no abordarla como se dio en la rueda de prensa. Al respecto, al ser consultada por tuiter,  la senadora no afirmó ni desmintió sino que contestó “bastaba que como periodista preguntará antes de afirmar mentiras”

Esta no sería la primera vez que la congresista lanza improperios contra periodistas regionales, pues en Cauca ya se habían recibido informaciones similares: “El periodista Rubén Zúñiga rechazó la actuación de la senadora y expresó que al interrogarla por estar en una misma mesa con personas presuntamente investigadas por temas penales, en el respaldo a un candidato a la Gobernación, se enojó y lo señaló de apoyar una campaña. “(…) Y me trató de calanchín del periodismo.” (Ver nota completa)

También en Boyacá se presentó vulneración contra la libertad de prensa. El 15 de febrero, el presidente del Concejo de Soatá Luis Alirio Mojica, dirigió al periodista Luis Carlos Díaz comunicación en donde le restringe el ingreso: “Me permito comunicarle que para hacer presencia el noticiero STV Noticias en el Honorable Concejo Municipal  se debe aprobar por plenaria o en su efecto si lo autoriza la mesa directiva”

Según el comunicado emitido por la Corporación Boyacense de Periodistas, la emisora 95.6 fm de Boyacá se contactó con  el Presidente del Concejo para conocer la motivación de la solicitud y el mismo afirmó: “yo le pasé una carta diciéndole al señor que para transmitir la sesión del Concejo, podía hacerlo autorizado por la plenaria o por el Presidente del Concejo, ¿Qué quiere decir? A mí me enseñaron que para entrar a cualquier parte debo pedir permiso (…) ya malinterpretan las cosas, entonces tómelo como quiera y listo dejemos así sumercé, no me vuelva a llamar por favor, chao”-posteriormente, cortó la llamada”.

Respecto a las vulneraciones a los derechos a informar y a informarse, la Federación Colombiana de Periodistas rechaza vehementemente estas actuaciones y recuerda que:

  1. El material periodístico está protegido por principios internacionales de libertad de expresión. La Fuerza Pública no puede revisarlo, controlarlo ni borrarlo. La eliminación de los contenidos gráficos en Nariño constituyen un hecho agravado de censura previa.
  1. Frases como “periodistas fletados por los corruptos” o “calanchín del periodismo”, además de ser irrespetuosas con todo el gremio, estigmatizan el trabajo periodístico, deteriorando la credibilidad en la profesión, y generando que los y las periodistas queden en medio de acusaciones, que podían hacerlos víctimas de nuevas obstrucciones y amenazas. La Fecolper exhorta a la Senadora Claudia López a cesar declaraciones estigmatizadoras contra periodistas y la invita a que ofrezca las explicaciones y las disculpas a las que haya lugar.
  1. Los servidores y funcionarios públicos, por la naturaleza de sus actividades están más expuestos a la crítica y al escrutinio del público; inclusive la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha declarado que son los funcionarios públicos quienes tienen la obligación de adoptar un discurso público favorable que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas: “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.
  1. Resulta inverosímil que se solicite aprobación para el ingreso a los ciudadanos y a los medios de comunicación a una corporación  político-administrativa a sesiones de concejales con debates públicos. El ingreso de la prensa no puede imponerse a la discrecionalidad de servidores públicos que deberían facilitar la transparencia de sus actuaciones. Interferir en el trabajo de la prensa limita y censura el trabajo periodístico impidiendo el libre flujo de la información.

La Federación Colombiana de Periodistas solicita a la Procuraduría General de la Nación, actuar con base en el artículo 277 de la Constitución Política de Colombia, frente al control disciplinario del servidor público, adelantando las investigaciones y sancionando a los funcionarios que incurran en faltas disciplinarias en el desempeño de sus funciones.

Adicionalmente, la FECOLPER insta al Ministerio del Interior a dar las explicaciones pertinentes sobre la concreción de la formulación de la Política Pública para la Libertad de Expresión de las personas que ejercen la actividad periodística, en donde se contemplaban programas relativos a capacitación de servidores y funcionarios públicos frente al respeto por la Libertad de Prensa. La Federación Colombiana de Periodistas recuerda que el incumplimiento de acuerdos con el sector minan la confianza en el Estado.

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