• Seis empresas que representan 18 medios de comunicación en el país, fueron denunciadas ante el Ministerio de Trabajo por prácticas con ocasión del Covid-19 que vulneran derechos de los trabajadores.
• Gobierno de Colombia debe materializar de manera contundente el mecanismo  de “Fiscalización laboral rigurosa a las decisiones laborales de empleadores durante la emergencia sanitaria”, contemplado en la Circular 022 del 19 de marzo de 2020, del Ministerio del Trabajo.

La FECOLPER  y la Federación Internacional de Periodistas, rechazan y repudian prácticas de algunos empleadores  en Colombia que desmeritan los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras del sector de medios de comunicación, violando la normativa nacional y desconociendo los tratados ratificados por el país, en detrimento del empleo de periodistas y del derecho a la información como un servicio público esencial.

La Plataforma de Atención a Periodistas de FECOLPER, en su campaña para detectar posibles abusos laborales, revisó contratos de trabajo, recolectó evidencias documentales y las analizó según el ordenamiento jurídico vigente, detectando en materia laboral las siguientes irregularidades con ocasión del COVID-19:

1. La imposición de licencias no remuneradas de manera unilateral, con coacción o bajo condicionamientos de empleadores. Se advierte que las licencias no remuneradas son una alternativa ante la emergencia sanitaria por COVID-19, pero el trabajador necesariamente debe manifestar su voluntad libre, espontánea y sin apremios para tomarla. La Fecolper evidenció que algunos empleadores obligaron a trabajadores a firmar este tipo de licencias, otros amenazaron con no pagar el salario de sus trabajadores si no las firmaban, siendo esto prácticas ilegales.

2. La modificación de la jornada laboral con una disminución en un valor o en un porcentaje del salario del trabajador, exigiendo la misma cantidad de trabajo o incluso, una mayor.

3. La sobrecarga de trabajo y la asignación de actividades fuera del horario habitual del trabajador. Según el derecho laboral colombiano, el empleador debe respetar el volumen y horario del trabajador que está en teletrabajo o trabajo en casa, es decir, estas condiciones deben ser similares a las que tenía el periodista cuando realizaba sus actividades de manera presencial en el medio de comunicación.

4. La disminución del salario del trabajador en la modalidad de teletrabajo, exigiendo la realización de las mismas labores y el mismo rendimiento.

5. La suspensión de los contratos de trabajo argumentando configuración de fuerza mayor o caso fortuito sin dar aviso al Ministerio de Trabajo y sin analizar otras alternativas más favorables al trabajador que le permitan seguir ejecutando la labor periodística en medio de la pandemia. Se observó que algunos empleadores afirmaron que era “imposible” que los periodistas realizaran sus actividades, sin embargo, el único funcionario que puede resolver si se configura o no la situación de caso fortuito o fuerza mayor es el juez laboral.

6. El aprovechamiento injustificado de la coyuntura para realizar despidos y terminar unilateralmente contratos de trabajo directos y de trabajadores en misión, desconociendo todos los derechos y beneficios otorgados por la legislación laboral.

7. El despido individual y masivo de trabajadores sin ningún tipo de indemnización. No obstante, en Colombia, el COVID-19 no ha sido declarado como fuerza mayor ni como una situación que permita despedir a los trabajadores con justa causa.

8. La ausencia de condiciones óptimas de salubridad y de medidas para la prevención y mitigación del virus en las instalaciones de los medios de comunicación, exigiendo a los periodistas comprar con sus propios recursos los elementos de higiene y bioseguridad para la protección personal.

9. La exigencia de cubrir noticias respecto del COVID-19 y otra información de interés público que implica el desplazamiento de periodistas por las ciudades y municipios, sin proporcionarles herramientas como tapabocas, alcohol, gel antibacterial, material instrumental y para el cuidado de los equipos necesarios en el desarrollo de servicios de reportería.

10. La imposición de funciones y obligaciones posteriores a las firmadas inicialmente en órdenes de prestación de servicios con contratistas (Periodistas), las cuales desbordan el ámbito de lo pactado. Si bien los contratos de prestación de servicios en Colombia se rigen por la legislación civil, el contratante debe respetar las clausulas pactadas y las condiciones establecidas de común acuerdo.

Para la FECOLPER y la FIP, todas las prácticas descritas anteriormente y que han sido aplicadas por algunos empleadores durante el periodo de emergencia nacional, son letales para los periodistas y demás trabajadores del sector.  Resulta sorprendente que a la fecha de este pronunciamiento solo se esté atendiendo una  denuncia del total de instauradas, lo que manifiesta la poca celeridad del sistema de fiscalización en Colombia, mientras que, lamentablemente, los derechos de los trabajadores siguen siendo vulnerados.

MANIFIESTO

En representación de los trabajadores y las trabajadoras del sector de medios de comunicación, las organizaciones:

• Expresan que la reducción de la publicidad es una realidad que afronta el sector, pero, de ninguna forma, la solución puede focalizarse en medidas que afecten los derechos laborales protegidos por el ordenamiento jurídico. Resulta inadmisible que muchas empresas se escuden en la indiscutible baja de sus ingresos, por la reducción o ausencia de publicidad, para vulnerar las condiciones de los trabajadores de los medios nacionales y regionales.
• Instan a los empleadores de periodistas y de otros trabajadores del sector, a abstenerse de incurrir en prácticas lesivas que pueden llegar a generar significativas sanciones pecuniarias, agravando la difícil situación económica que atraviesan la mayoría de medios de comunicación.
• Advierten que de persistir una situación como la descrita, los daños para el empleo y la actividad periodística serán irreversibles. En circunstancias tan impredecibles como las que actualmente se afrontan, el empleador debe abstenerse de realizar prácticas abusivas y de tomar decisiones arbitrarias, porque en estos momentos de dificultad es donde con mayor razón debe mantener la solidaridad y el respeto con todos sus trabajadores y sus respectivas familias, que son la fuerza laboral que impulsa el desarrollo de sus medios de comunicación.
• Recuerdan que el derecho a la información es un servicio público esencial, y, la realización de actividades periodísticas y de divulgación de información, puede desarrollarse a través de canales digitales, que no desmeriten en ningún momento las prerrogativas con que cuenta el trabajador en vigencia de la relación laboral.
• Aseguran que a la realidad del empleo formal, se suma la crítica situación de los trabajadores independientes que no cuentan con los recursos suficientes para seguir asumiendo el pago de sus aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y mantener especialmente la cobertura en salud en estos tiempos de crisis.
• Exigen que todos los empleadores de empresas públicas y privadas tomen las medidas pertinentes y promuevan el ejercicio periodístico, protegiendo a todos sus trabajadores mediante la conservación del empleo y la adopción de medidas de precaución, ya que se trata de una actividad de alto riesgo y con mayor exposición al virus, tal como ha sido  advertido por el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo.
• Valoran las denuncias que de manera confidencial, anónima y reiterativa, aportaron periodistas de todo el país y que confiaron en la Federación Colombiana de Periodistas  para denunciar graves actuaciones por parte de sus empleadores, en detrimento de sus derechos laborales.
• Se comprometen a hacer seguimiento a las denuncias presentadas, así como también a revelar los resultados de la investigación que mide las condiciones de trabajo decente de periodistas en Colombia, bajo los cuatro objetivos estratégicos que lo componen: oportunidades de empleo, derechos fundamentales en el trabajo, protección social y diálogo social.

— ENGLISH—

COLOMBIA: Journalists are imposed working conditions equal to or more harmful than the Covid-19 pandemic

• Six companies representing 18 media outlets in the country were reported to the Ministry of Labor for practices on the sidelines of Covid-19 for a breach on workers’ rights.
• The Government of Colombia must cogently materialize the mechanism of “Rigorous labor inspection of employers’ labor decisions during the health emergency”, contemplated in Circular 022 of March 19, 2020, of the Ministry of Labor.

FECOLPER and the International Federation of Journalists reject and repudiate practices performed by some employers in Colombia which downplay the labor rights of workers in the media sector, breaching national regulations and disregarding the treaties ratified by the country, in detriment to the employment of journalists and the right to information as an essential public service.

The FECOLPER Platform for Attention to Journalists, in its campaign to detect possible labor abuses, reviewed employment contracts, collected documentary evidence and analyzed them according to the current legal system, detecting the following irregularities in labor matters on the occasion of COVID-19:

1. The imposition of unpaid licenses unilaterally, with coercion or under constraints of employers. It is noted that unpaid leave is an alternative to the health emergency due to COVID-19, but the worker must necessarily express his/her free, spontaneous and without urgency will to take it. Fecolper highlighted that some employers forced workers to sign these types of licenses, others threatened not to pay their workers’ wages if they did not sign them, this being illegal practices.

2. The modification of the working day with a decrease in a value or in a percentage of the worker’s salary, demanding the same amount of work or even a greater amount of it.

3. The overload of work and the assignment of activities outside the usual hours of the worker. According to Colombian labor law, the employer must respect the volume and the schedule of the worker who is teleworking or working at home, meaning, these conditions must be similar to those that the journalist had when he/she carried out his/her activities in person in the media outlet.

4. The decrease of the worker’s salary in the telework modality, while demanding the same tasks and the same performance.

5. The suspension of employment contracts arguing the configuration of force majeure or fortuitous case without giving notice to the Ministry of Labor and without analyzing other alternatives more favorable to the worker that allow him/her to continue executing journalistic work in the midst of the pandemic. It was observed that some employers affirmed that it was “impossible” for journalists to carry out their activities, however, the only official who can decide whether or not the situation can be configured by force majeure or fortuitous case is the labor judge.

6. The unjustified use of the situation to make dismissals and unilaterally terminate direct employment contracts and of workers on mission, disregarding all the rights and benefits granted by labor legislation.

7. The individual and massive dismissal of workers without any type of compensation. However, in Colombia, COVID-19 has not been declared as force majeure or as a situation that allows workers to be dismissed with just cause.

8. The absence of optimal health conditions and of measures for the prevention and mitigation of the virus in the media facilities, requiring journalists to buy with their own resources the hygiene and biosafety elements for personal protection.

9. The requirement to cover news regarding COVID-19 and other information of public interest that involves the movement of journalists through cities and municipalities, without providing them with tools such as face masks, alcohol, antibacterial gel, instrumental and equipment care material necessary in the development of reporting services.

10. The imposition of functions and obligations subsequent to those initially signed in orders for the provision of services with contractors (Journalists), which go beyond the scope of the agreement. While the contracts for the provision of services in Colombia are governed by civil law, the contractor must respect the agreed clauses and the conditions established by common agreement.

For FECOLPER and FIP, all the practices described above and that have been applied by some employers during the period of national emergency, are lethal for journalists and other workers in the sector. It is surprising that, as of the date of this pronouncement, only one complaint from the total number of instants is being talked, which reveals the lack of speed of the inspection system in Colombia, while, unfortunately, the rights of workers continue to be violated.

MANIFIEST

Representing workers in the media sector, the organizations:

• Express that the reduction of advertising is a reality that the sector faces, but in no way can the solution focus on measures that affect the labor rights protected by the legal system. It is inadmissible that many companies hide behind the indisputable drop in their income, due to the reduction or absence of advertising, to violate the conditions of workers in the national and regional media.
• Urge employers of journalists and other workers in the sector to refrain from engaging in harmful practices that can lead to significant pecuniary sanctions, aggravating the difficult economic situation experienced by most of the media.
• Warn that if a situation like the one described persists, the damage to employment and journalistic activity will be irreversible. In circumstances as unpredictable as those currently faced, the employer must refrain from abusive practices and from making arbitrary decisions, because it is in these difficult times when, with greatest reason, solidarity must be maintained and respected with all the workers and their respective families, who are the workforce that drives the development of the media.
• Remember that the right to the information is an essential public service, and the realization of journalistic activities and the dissemination of information can be carried out through digital channels, which do not at any time downplay the prerogatives that the worker has in force of the employment relationship.
• Ensure that the reality of formal employment is compounded by the critical situation of independent workers who do not have sufficient resources to continue to assume the payment of their contributions to the Comprehensive Social Security System and especially maintain health coverage in these times of crisis.
• Demand that all employers of public and private companies take the appropriate measures and promote journalistic practice, protecting all their workers by preserving employment and taking precautionary measures, since it is a high-risk activity and with greater exposure to the virus, as warned by the Attorney General of the Nation and the Ombudsman.
• Value the complaints that journalists from all over the country made confidentially, anonymously and repeatedly, and that they trusted the Colombian Federation of Journalists to denounce the serious actions taken by their employers, in detriment of their labor rights.
• Pledge to follow up on the complaints presented, as well as to reveal the results of the investigation that measures the decent work conditions of journalists in Colombia, under the four strategic objectives that comprise it: employment opportunities, fundamental rights in the work, social protection and social dialogue.