Durante el año 2025, el ejercicio del periodismo en Colombia continuó desarrollándose en un entorno adverso, marcado por la persistencia de agresiones y la transformación de sus mecanismos. Este contexto refleja una situación estructural en la que informar sigue implicando riesgos significativos, especialmente en territorios atravesados por conflictividad armada, presiones políticas y economías ilegales.
En términos cuantitativos, el balance de 2025 permite dimensionar la magnitud de la violencia contra la prensa en Colombia, con más de 450 casos de agresiones que afectaron a cerca de 300 periodistas en todo el país, según registros de Fecolper y de otras publicaciones disponibles de organizaciones como la FLiP, que monitorean la libertad de prensa. De este total, las amenazas concentraron alrededor del 40 % de los casos, consolidándose como el principal mecanismo de presión, seguidas por la estigmatización, el acoso, el acoso judicial y la obstrucción al trabajo periodístico, así como por el desplazamiento forzado y el exilio, que evidencian impactos directos sobre la permanencia de periodistas en sus territorios.
Estas cifras confirman una transformación en las dinámicas de violencia. Aunque se observan variaciones en el número total de casos frente a periodos anteriores, los hechos registrados durante 2025 presentan mayores niveles de persistencia, impacto y capacidad de silenciamiento, configurando escenarios de censura y autocensura que limitan el ejercicio informativo y afectan el derecho de la ciudadanía a acceder a información veraz y oportuna.
En este contexto, las amenazas se mantuvieron como el principal mecanismo de presión contra la prensa, consolidándose como una herramienta eficaz de censura que impone límites al cubrimiento de temas sensibles como la seguridad, el conflicto armado, la corrupción y la gestión pública. Este tipo de agresión no solo afecta la integridad de los periodistas, sino que condiciona sus rutinas, restringe sus agendas informativas y, en muchos casos, los obliga a optar por el silencio. A ello se suma la persistencia de discursos estigmatizantes que desacreditan el trabajo periodístico y aumentan el nivel de exposición al riesgo, especialmente cuando provienen de actores con poder político o institucional.
De manera paralela, durante 2025 se evidenció el fortalecimiento de formas indirectas de censura, particularmente a través del acoso judicial. El uso recurrente de acciones legales contra periodistas y medios de comunicación ha derivado en procesos de desgaste económico, emocional y profesional que buscan frenar investigaciones de interés público. Estas prácticas configuran un patrón en el que la justicia es instrumentalizada como mecanismo de intimidación, afectando de manera directa la libertad de expresión y el ejercicio independiente del periodismo.
Este panorama de agresiones presenta una clara concentración territorial. Durante 2025, los mayores niveles de violencia contra la prensa se registraron en regiones como Norte de Santander, Bogotá, Arauca, Magdalena, Antioquia, Córdoba, Huila y Valle del Cauca, territorios en los que confluyen dinámicas de conflicto armado, economías ilegales y tensiones político-institucionales. En particular, zonas de frontera y corredores estratégicos evidencian una mayor presión de actores armados sobre el ejercicio periodístico, mientras que en centros urbanos se destacan formas de estigmatización y presión institucional. Esta distribución territorial confirma que la violencia contra la prensa en Colombia no se presenta de manera homogénea, sino que responde a contextos locales específicos donde informar implica enfrentar riesgos diferenciados, lo que exige respuestas igualmente focalizadas por parte del Estado.
El impacto de la violencia contra la prensa se expresa también en el desplazamiento forzado y el exilio de periodistas, quienes se ven obligados a abandonar sus territorios o el país como medida de protección. Estas situaciones no solo implican rupturas personales y profesionales, sino que debilitan el acceso a la información en regiones donde la presencia de medios resulta fundamental para la vida democrática.
Los patrones identificados durante 2025 permiten concluir que la violencia contra la prensa en Colombia no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino una problemática estructural que involucra múltiples actores, incluidos grupos armados ilegales, bandas criminales, particulares y, en algunos casos, funcionarios públicos. Estas agresiones no solo buscan afectar a periodistas de manera individual, sino que generan impactos extendidos sobre sus familias, los medios de comunicación y las comunidades que dependen de su labor informativa.
La violencia se agrava con los ataques contra la vida de periodistas. El asesinato del periodista Óscar Gómez Agudelo, ocurrido en enero en Armenia, Quindío, constituye el hecho más grave registrado durante el año. El comunicador fue atacado cuando se disponía a iniciar su jornada laboral en una emisora comunitaria, en un contexto marcado por su trabajo de denuncia sobre asuntos públicos.
En este contexto, la Federación Colombiana de Periodistas reitera que la violencia contra la prensa tiene consecuencias directas sobre la democracia. Cuando un periodista es amenazado, desplazado o asesinado, no solo se vulnera su integridad, sino también el derecho colectivo de la sociedad a estar informada. Por ello, hace un llamado al Estado colombiano para avanzar de manera decidida en la investigación oportuna y la sanción efectiva de las agresiones contra periodistas, especialmente en casos de amenazas, atentados y homicidios, entendiendo que la impunidad favorece la repetición de estos hechos y debilita la confianza en las instituciones; asimismo, insta a establecer lineamientos claros que prevengan la estigmatización desde el poder público, promoviendo un entorno de respeto hacia la prensa; y subraya la necesidad de consolidar una política pública con enfoque territorial que responda a las condiciones específicas de riesgo en regiones como Norte de Santander, Arauca y el Pacífico colombiano, incorporando medidas diferenciales para mujeres periodistas y comunicadores comunitarios.
