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ALERTA FECOLPER: Tras terminar emisión de su programa, asesinado periodista en Buga, Valle

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Luego de terminar su trabajo como conductor del programa comunitario «Comuna L», que se emite por el canal de televisión CNC Buga, el colega Harold Humberto Rivas Quevedo fue asesinado por un sicario que le hizo cinco disparos en la funeraria que administraba, anoche a las 10:20, en el municipio de Buga, departamento del Valle.

Según testigos, el periodista de 48 años quien, además era comentarista deportivo en “Voces del Occidente” y “Radio Guadalajara de Buga”, fue víctima de un sujeto de contextura mediana que ocultaba su rostro bajo un casco cerrado. El criminal entró a la Funeraria Santa Cruz donde se velaba un cadáver y, sin mediar palabra, le hizo cinco disparos de pistola 9 milímetros al periodista, para, inmediatamente, huir en una motocicleta Yamaha RX-115 de color negro que lo esperaba con el motor encendido.

El camarógrafo David Rodríguez, explicó a la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, que Rivas llevaba ocho meses como conductor del programa televisivo «Comuna L» que se emitía los martes y jueves de 9-10 p.m., donde abordaba todo tipo de temáticas mediante entrevistas a líderes comunitarios y políticos de la región quienes respondían las inquietudes de la comunidad bugeña. Igualmente señaló que el colega nunca comentó haber recibido amenazas en su contra.

Por su parte, Rodrigo Gómez, Director del periódico El Noticiero comentó que Rivas era un periodista de comentarios agudos, que exigía compromisos concretos de las autoridades locales con la ciudadanía.

La FECOLPER condena vehemente este crimen, exige a las autoridades una investigación eficaz que permita la captura de los autores materiales e intelectuales del crimen de nuestro colega, y hace llegar sus más sentidas condolencias a su esposa, sus tres hijos, amigos y colegas de Harold Humberto.

“Estamos cansados de ver caer a nuestros colegas por informar a sus comunidades, ante la mirada pasiva de autoridades y ciudadanos”, declaró Eduardo Márquez, Presidente de la FECOLPER y Director del Centro de Solidaridad de la FIP.  “Son ya siete nuestros compañeros asesinados en lo que va corrido del año y solo hay un capturado; regiones enteras han perdido miradas críticas de nuestra realidad.  Sin embargo, el gobierno nacional intensifica su campaña internacional para vender las bondades de un modelo de protección a periodistas, ineficaz a todas luces”.

Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER

La FECOLPER representa a más de 1100 periodistas en 19 departamentos del país

Afiliada a la Federación Internacional de Periodistas, FIP

La FIP representa a más de 600.000 periodistas en 120 países

Denuncian que asesinatos de 7 periodistas colombianos en 2009 siguen impunes

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Un total de siete periodistas colombianos han sido asesinados este año, «sin que a la fecha en ninguno de los casos haya habido investigaciones serias que señalen a los responsables tanto materiales como intelectuales», informó hoy a Efe la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper).

El último crimen se registró este martes en la ciudad suroccidental de Buga, cuando Harold Humberto Rivas Quevedo, conductor de televisión regional y comentarista deportivo en emisoras de radio, fue asesinado minutos después de concluir uno de sus programas.

En septiembre pasado, según la Sociedad Interamericana de prensa (SIP), se informó de que los periodistas asesinados en Colombia suman 125 en los últimos 13 años.
La misma entidad señaló entonces que en 57 de los casos «se comprobó que los asesinatos están relacionados con el oficio».

También la SIP informó que «entre 1993 y el 2007 ha habido 16 condenas, el mismo número de procesos archivados y 25 de los casos estaban en recolección de pruebas».
Según una recopilación de Fecolper, además de Rivas Quevedo, han sido asesinados seis periodistas este año.

El 5 de febrero María Eugenia Guerrero, ex conductora del programa «Frontera Abierta», que se emite a través de Radio Integración Stéreo de Ipiales, en el departamento de Nariño (suroeste), murió a manos de desconocidos en la población ecuatoriana y fronteriza de Tulcán.

El 24 de abril fue asesinado también por desconocidos José Everardo Aguilar, periodista de la emisora Bolívar Stéreo, el canal local de El Bordo y corresponsal de Radio Súper.
El director del canal local del municipio de Curillo, en el departamento sureño del Caquetá, Hernando Salas Rojas, murió de varios disparos hechos por desconocidos el 20 de mayo.

Jamel Torres Zamora, de 30 años, por su parte, murió el 30 de julio a manos de un vigilante de un edificio cuando el periodista le reclamó por una motocicleta que había dejado a su cuidado.

El 22 de septiembre fue asesinado el reportero y camarógrafo Diego Rojas Velásquez, del canal de la localidad de Supía, en el departamento de Caldas, que cubría especialmente deportes, algunas notas judiciales y programas comunitarios.

Y el pasado 24 de noviembre el corresponsal del diario La Patria de Manizales en la pequeña localidad de Irrá, Ferney Henao, murió por disparos de desconocidos.
Las federaciones Colombiana de Periodistas (Fecolper) y de Periodistas de Améric

a Latina y el Caribe (Fepalc), así como la misma SIP, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y otras organizaciones de prensa internacionales han reclamado a las autoridades colombianas que los crímenes no queden en la impunidad.
EFE

fuente: www.fecolper.com

Tras un nuevo asesinato, la FIP denuncia un rebrote de los crímenes contra periodistas en Colombia

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La Federación Internacional de Periodistas expresa su alarma absoluta, tras el asesinato del periodista Harold Humberto Rivas Quevedo, conductor de un programa comunitario emitido en el canal de televisión CNC Buga, en el departamento del Valle. Un sicario lo acribilló  a balazos y huyó después en una motocicleta.

Según un comunicado de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), el periodista asesinado era conocido por criticar algunos aspectos de la administración local.

“Con este asesinato, suman siete los periodistas colombianos victimados en lo que va del año en Colombia”, ha dicho Celso Schroeder, presidente de la FEPALC, quien ha concluido: “La cifra es alarmante y pone en entredicho a las autoridades que pretenden publicitar internacionalmente el modelo de seguridad para periodistas de Colombia”.

“Cuando termina 2009, no podemos aceptar el discurso oficial vigente en Colombia que pretende enmascarar la realidad”, ha dicho Zuliana Lainez, Secretaria de Derechos Humanos de FEPALC: “Por el contrario, vemos de nuevo un rebrote de los crímenes contra nuestros colegas colombianos”.

LA FIP y la FEPALC afirman que este hecho ensombrece aún más el panorama para los periodistas latinoamericanos que han sufrido la pérdida, en lo que va del año, de treinta colegas. Ambas organizaciones expresan su plena solidaridad con la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) y  se comprometen a no cejar hasta que se esclarezca el asesinato de Rivas Quevedo y los culpables de ese y otros crimenes sean detenidos, procesados, juzgados y reciban el castigo que merecen.

Manual para amenazar periodistas

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Cuando se creía que nada más escandaloso podría salir del DAS, acaba de aparecer un documento que demostraría que el organismo de inteligencia no sólo espiaba de manera ilegal a quienes consideraba opositores al gobierno, sino que también los amenazaba.

En uno de los cientos de paquetes de información que la Fiscalía obtuvo en los allanamientos al DAS, que está en revisión, se encontró un detallado manual de instrucciones elaborado en papel de uso exclusivo del DAS.

El documento se debía seguir al pie de la letra para amenazar a Claudia Julieta Duque, periodista que tras descubrir cómo el DAS entorpeció la investigación por el crimen del humorista Jaime Garzón, se convirtió en una de las víctimas de las ‘chuzadas’ ilegales de esta entidad.

El texto del manual está encabezado con los números telefónicos de la periodista, sus correos electrónicos y bajo el título de «aspectos de seguridad» dice que hay que tener especial atención, pues Duque tiene identificador de llamadas y graba sus conversaciones. Luego enumera seis recomendaciones muy precisas:

– Hacer la llamada en cercanía a las instalaciones de Inteligencia de la Policía.

– No tartamudear, ni durar en la llamada más de 49 segundos.

– Llamar preferiblemente desde un teléfono de ETB de tarjeta, en caso de que inmediatamente devuelva la llamada.

– Constatar que en el perímetro no haya cámaras de seguridad. Así sean de tránsito.

– Quien realice la llamada la debe hacer solo y desplazarse en bus hasta el sitio.

– Extremar las medidas preventivas dado que Claudia Julieta avisará inmediatamente de la llamada al coronel Novoa de la Policía Nacional (mismo que en otras oportunidades nos ha afectado institucionalmente)».

Aunque podría parecer un caso más de un escándalo que ya completa un año, en realidad este documento le suma un ingrediente de la mayor gravedad a la situación.

Si bien algunos podían llegar a justificar las ‘chuzadas’ como un procedimiento común en servicios secretos del mundo, el panorama cambia sustancialmente con estas amenazas, pues ya se estaría hablando de prácticas mafiosas llevadas a cabo con recursos públicos y al servicio del Estado.

Es sorprendente la meticulosa planeación, que además deja en evidencia cómo se buscaba enlodar a la Policía Nacional en estos actos criminales.

El coronel Luis Alfonso Novoa, a quien mencionan en el texto, era el director de Derechos Humanos de la Policía, y sus investigaciones dejaron al descubierto indicios que comprometían al DAS en instigaciones a varias personas.

La propia periodista Duque fue quien halló este peculiar manual de instrucciones cuando revisaba las carpetas que tiene la Fiscalía sobre su caso encontradas en las instalaciones del DAS.

El instructivo, como si fuera el de cualquier call center, dice:

«Saludo: Buenos días (tardes). Por favor la doctora Claudia Julieta Duque se encuentra?

Mensaje: Señora, es usted la mamá de María Alejandra (esperar contestación) Pues le cuento que no nos dejó otra salida, se le dijo de todas la formas y usted no quiso hacer caso, ahora ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir.

Nos tocó meternos con lo que más quiere, eso le pasa por perra y por meterse en lo que no le importa vieja gonorrea hijueputa….».

La amenaza no se quedó en el papel. La llamaron el 17 de noviembre de 2004 a las 7:52 de la noche, como consta en las denuncias que la periodista puso en su momento ante las autoridades y como lo registraron los medios de comunicación.

Y sólo dos días después de que el gobierno le había aprobado un fuerte esquema de seguridad que incluía carro blindado y equipos de comunicaciones.

El agresor de Duque, además de lo previsto en el libreto, agregó que iban a violar y asesinar a su hija de 10 años.

çEn uno de los apartes dijo: «Su hija va a sufrir, la vamos a quemar viva, le vamos a esparcir los dedos por la casa». Ante esta situación, la periodista no tuvo más opción que irse del país.

La vida de Claudia Julieta Duque cambió desde cuando decidió investigar el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón.

Sus indagaciones, realizadas desde el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, le sirvieron a esta organización de importante insumo en sus actuaciones como parte civil en el crimen del humorista y fueron determinantes para probar cómo el DAS había desviado la investigación de ese crimen.

Pero este hallazgo la marcó. A la par que la periodista avanzaba en las pesquisas, su situación de seguridad se hizo crítica.

Las alertas comenzaron cuando detectó que la seguían y que había movimientos sospechosos a su alrededor. Luego se agravó cuando tuvo indicios de que sus comunicaciones eran interceptadas y hubo situaciones que afectaron su seguridad, lo que ella interpretó como hostigamientos.

Pero que las autoridades veían como hechos aislados de delincuencia, a pesar de que vehículos sospechosos de vigilancia estaban registrados a nombre del DAS.

Como si no fuera suficiente el acoso, las denuncias de la periodista sobre su situación de seguridad también le generaron líos jurídicos.

La reacción del DAS llegó a tal punto, que mientras ella daba una entrevista en La W, para contar su situación, el entonces sudirector del DAS, Emiro Rojas, llamó a la emisora para interrumpirla y al aire anunció que la iba a denunciar por injuria y calumnia.

Según él, la periodista había dicho que a su paso por la dirección del DAS de Antioquia había estado involucrado en el caso de Jaime Garzón y que además ahora estaba diciendo que tenía un plan para matarla. Cinco años después, en febrero de este año, la investigación precluyó a favor de la periodista.

Paradójicamente, mientras a la periodista la ponían contra la pared, ninguna autoridad atendía la orden impartida por el juez que condenó al paramilitar Carlos Castaño por el crimen de Jaime Garzón, pero que añadió en su fallo que se debía investigar a todos los miembros del DAS que desviaron la investigación del crimen e hicieron un montaje.

La situación de la señora Duque llegó a ser tan extrema, que su caso le sirvió al senador Gustavo Petro como hilo conductor en su denuncia ante el Congreso a raíz del escándalo de las ‘chuzadas’ del DAS.

Con el tiempo se probó además cómo los agentes asignados para protegerla al mismo tiempo eran parte del esquema de vigilancia que le habían montado.

La Corte Constitucional ordenó al DAS entregarle toda la información que la entidad hubiera recaudado sobre ella, así fuera de inteligencia o estuviera bajo reserva. Pero la entidad no ha cumplido.

El último episodio de esta historia se dio la semana pasada. El DAS citó a Duque en sus instalaciones para una indagación preliminar en un proceso que desconoce.

Ella se presentó acompañada por miembros de las Brigadas de Paz, una organización internacional cuyos voluntarios acompañan inermes a personas en alto riesgo de ser agredidos, y quienes ahora la apoyan en su seguridad.

Allí radicó una carta en la que se niega a declarar ante una institución que la ha investigado ilegalmente. «¿Cómo olvidar todo lo que ha sucedido?», dice Claudia Julieta Duque mientras se le quiebra la voz.

Secretario General del Sindicato de Inglaterra e Irlanda, en Colombia

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Foto tomada de pressgazette.co.uk

El Secretario General de la Unión de Periodistas del Reino Unido e Irlanda, Jeremy Dear, realizó una visita al país, como integrante de una misión especial para documentar la situación del movimiento sindical y libertad de prensa en Colombia.

El líder gremial destacó los esfuerzos de los periodistas por organizarse para afrontar las dificultades y peligros de la profesión. “Lo que encontramos en Colombia en el 2002 durante una misión con la Federación Internacional de Periodistas fue aterrador: reporteros cumpliendo con su trabajo bajo miserables condiciones laborales mientras afrontaban a diario amenazas de fuerzas legales e ilegales. No tenían una organización nacional que los respaldara, tampoco contaban con apoyo internacional”, recordó Dear.

El dirigente sindical se reunió con el Presidente de la Federación Colombiana de Periodistas y el equipo del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas para discutir los avances y retos de la agremiación nacional y alianzas estratégicas con el Centro. Su agenda incluyó visitas a los principales medios de comunicación en la capital.

“Estamos complacidos con el crecimiento de la FECOLPER, iniciativa que la Unión de Periodistas del Reino Unido e Irlanda se siente orgulloso de respaldar, como lo hizo desde el primer día con la promoción de la apertura del Centro de Solidaridad en Bogotá”.

Dear anunció una visita el próximo año al país y reiteró su compromiso con el trabajo de la FECOLPER en Colombia. “Atravesamos momentos de crisis en las empresas mediáticas, momentos de peligro para la supervivencia del periodismo en medio de importantes avances tecnológicos”, afirmó Dear. “Hay debates inevitables que debemos reforzar sobre la financiación de los medios, el desarrollo de nuevos medios de comunicación, la defensa de la información como bien público y la reinvención del sindicalismo. Las organizaciones gremiales son fundamentales para alcanzar las transformaciones que necesitamos”, concluyó.

Otro fallo de tutela contra un periodista

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De nuevo, el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura José Alfredo Escobar, tiene en líos jurídicos a un periodista.

Esta vez se trata del columnista de El Tiempo Mauricio Vargas, quien después de haber rectificado afirmaciones que Escobar había reprochado, recibió una orden de arresto de tres días. El argumento del Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá fue que, como lo alegó el Magistrado, Vargas no había rectificado tal y como se lo había ordenado una tutela. Es decir, la desacató.

En noviembre de 2008, el periodista publicó la columna ‘Jueces en el lugar equivocado’ en la que cuestionó al magistrado, que en aquel momento había logrado que un juez ordenara la detención del director de Semana, Alejandro Santos.

Escobar había alegado que Santos también había desacatado una tutela que ordenaba una rectificación, cuando en la revista sí se hizo. Finalmente, un fallo de última instancia tumbó la orden de arresto contra Santos y dejó en firme que la rectificación de Semana había cumplido las exigencias del equilibrio en la información. Esa insistencia contra la revista hizo que otros periodistas se pronunciaran sobre el caso. Lo hicieron María Jimena Duzán, Rodrigo Pardo y Mauricio Vargas, en sendas columnas publicadas en Semana, Cambio y El Tiempo.

El magistrado Escobar emprendió procesos judiciales de nuevo. Vargas tuvo que rectificar y fue cuando publicó la columna ‘Escobar no nos tapó la boca’. Pero Escobar no quedó contento y alegó ante la justicia desacato de la tutela. Ahora, el Juzgado 31 Penal le da la razón al magistrado.

El proceso

Pero el caso no termina ahí. El juez que acaba de fallar a favor de Escobar es el mismo que en primera instancia falló la tutela que inicialmente puso el magistrado en la que decía que Vargas debía retractarse de todo lo que dijo en la primera columna, la titulada ‘Jueces en el lugar equivocado’.

El periodista apeló esa decisión y una instancia superior decidió que había partes de su columna que Vargas debía rectificar y otras que no, como lo hizo en su segundo artículo, titulado ‘Escobar no nos tapó la boca’. De hecho, el título se debe a que la justicia defendió el derecho de Vargas a emitir opiniones con ciertas palabras que no debió rectificar, como lo había ordenado el juez inicial.

Entonces, como el fallo reciente es tan diferente al que había emitido el tribunal de segunda instancia, Vargas tiene un recurso más para defenderse y por esto la orden de arresto no se hará efectiva aún.

FECOLPER manifiesta preocupación por seguimientos a periodista en Medellín

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El periodista Oscar Castaño, director y realizador del programa “Oriéntese” que se emite por el canal de televisión Cosmovisión, de Medellín, viene siendo objeto de seguimientos por parte desconocidos, situación que le hace temer por su seguridad.

El colega, quien debió exiliarse de 1987 a 1995 bajo la protección de Naciones Unidas por amenazas relacionadas con su activismo sindical, ha detectado la presencia de sospechosos, en momentos que realiza el acopio de información para la serie “Conflicto armado paz y reconciliación”.

Esta semana mostró a FECOLPER, un video donde es posible ver a dos hombres que lucen camisetas de una misma empresa, realizando desplazamientos incoherentes pero que tenían como objeto conocer los términos de una entrevista que realizaba Castaño. También el colega manifestó como, durante una conferencia que dictó en la Universidad de Antioquia, fue objeto de seguimientos por parte de sujetos que le tomaron varias fotografías.

Finalmente, el colega Cataño, mostró a FECOLPER cómo, marcando su número de teléfono celular pero cambiando los dos primeros dígitos, respondían en Inteligencia de la Policía Nacional.

La FECOLPER, hace un llamado a las autoridades de Antioquia para que informen sobre eventuales acciones de inteligencia en contra del colega afiliado a nuestra Federación y directivo de la Asociación de Periodismo de Antioquia, APA, y en caso positivo permitir la aclaración de cualquier malentendido. De no existir ninguna investigación en su contra, solicitamos se realicen averiguaciones sobre estos seguimientos.

Declaran inocente a presunto asesino de periodista José Everardo Aguilar en el Cauca

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Juez Primero Penal Especializado de Popayán dejó en libertad a Arley Manquillo Rivera.
En momentos en que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) han alertado por los niveles de impunidad en los casos de crímenes contra periodistas, el asesinato del corresponsal de Radio Súper, en Cauca, dio un polémico giro que tiene desconcertadas a la familia del comunicador y a la misma Fiscalía.
El juez, Víctor Narváez, desestimó la principal prueba de la Fiscalía en este caso: el testimonio de Magnolia Aguilar, hija del comunicador, quien presenció el asesinato el 24 de abril de 2009 en su casa, ubicada en El Bordo.

Magnolia hizo un retrato hablado y luego reconoció a Manquillo Rivera como el asesino de su padre. Sin embargo, el juez consideró que su testimonio perdía credibilidad porque se trataba de una persona «perturbada» por el crimen.

El juez tampoco tuvo en cuenta la versión inicial de otro testigo que, aunque se negó a comparecer en el juicio por supuestas amenazas, fue quien identificó a Manquillo el 8 de julio del 2009, cuando las autoridades ofrecían por él una recompensa de 50 millones y lo señalaban como miembro de ‘Los Rastrojos’.

En el juicio, la defensa, la madre y una vecina entregaron unas actas que dejaban constancia de presencia del sindicado en una reunión de Acción Social en Popayán el mismo día del crimen.

Pero la Fiscalía cree que se trata de documentos falsos. El fallo, dictado el viernes pasado, será apelado.
Martín y Magnolia Aguilar, hijos del periodista, manifestaron su preocupación por la suerte de la investigación.

«El juez no aceptó el retrato hablado ni mi testimonio, cuando yo fui quien estuvo en ese momento. Es horrible ver que la persona que asesinó a mi padre queda libre», dijo Magnolia.

Su hermano Martín señaló que «la impresión es fuerte». «Han pasado siete meses desde el crimen de mi padre y ahora que este señor queda libre lo único que vemos es impunidad».

Durante el juicio, la Procuraduría también había pedido la condena del señalado asesino del periodista.

fuente: www.fiscalia.gov.co

Fiscalía colombiana anuncia apelación en caso de muerte periodista

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Delegados de la Fiscalía General apelarán un fallo absolutorio de un hombre acusado por el asesinato de un periodista en abril, el primer caso conocido contra un reportero en el país en el 2009.

La apelación será presentada el 4 de diciembre en la ciudad de Popayán, capital del departamento de Cauca y a unos 370 kilómetros al suroeste de Bogotá, donde se adelanta el proceso judicial por la muerte del periodista José Everardo Aguilar.

 El fiscal del caso, Darío Fernando Mosquera, explicó en diálogo telefónico que en esa fecha de inicios de diciembre fue cuando el juez Víctor Narvaez de Popayán fijó la audiencia para dejar en firme su fallo del pasado 12 de noviembre, cuando se pronunció por la absolución del acusado, alegando falta de pruebas.

Aguilar, de 72 años y quien era corresponsal de Radio Súper Popayán, fue baleado la noche del 24 de abril en su casa en la localidad de Patía, en el Cauca. El veterano reportero estaba junto a la mayor de sus 10 hijos, Agnolia, quien más tarde hizo un retrato hablado del atacante, según han dicho las autoridades.

El pasado 10 de julio y en base al testimonio de testigos, un hombre identificado como Arley Manquillo Rivera fue detenido por las autoridades por la presunta autoría material del asesinato. El detenido fue identificado hace dos meses en una prisión de Popayán por la hija del periodista.

«Mi hermana lo identificó (a Manquillo) plenamente», dijo en entrevista telefónica Martín Aguilar, también hijo del periodista. «Ahora quedamos en cero, sin autor material, ni intelectual», agregó Martín, quien como las autoridades presume que el crimen fue cometido debido a las constantes denuncias sobre corruptelas que había hecho el reportero.

Los hijos del periodista y la Fiscalía expresaron su confianza en que se pueda revetir la decisión.

Según la organización no gubernamental Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) al menos 136 periodistas fueron asesinados en Colombia en los últimos 30 años. Los dos últimos asesinatos de reporteros se presentaron en el 2007, no hubo ninguno el año pasado y el caso de Aguilar sería el primero en 2009.

fuente: www.lasdosorillas.com

Equipo periodístico es agredido por guardia carcelario en Palmira, Valle del Cauca

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El pasado 4 de noviembre en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, el periodista Carlos Gutiérrez y su camarógrafo Edison Ardín fueron agredidos por un guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. Los comunicadores hacen parte del espacio ‘Uninoticias’ que se transmite por el canal regional Telepacífico.

Los hechos ocurrieron cuando miembros de la Policía de Carreteras realizaban un operativo para revisar que los conductores estuvieran cumpliendo con las normas de seguridad vial. De pronto, los agentes le solicitaron a un motociclista que se detuviera debido a que transitaba sin casco ni chaleco reflexivo, pero este hizo caso omiso y siguió de largo. Los oficiales lo persiguieron, mientras tanto los periodistas hicieron lo propio para registrar los hechos.

Según lo narró el periodista Gutiérrez, una vez fue detenido el motociclista los agentes se percataron de que se trataba de Eddy Pineda Martínez, guardia de la cárcel de Palmira. Pineda, al ver que estaba siendo grabado por el camarógrafo, se abalanzó contra él, lo insultó y con su mano le volteó la cámara. Cuando Gutiérrez intentó intervenir el guardia lo recibió con un puño en la cara.

En diálogo con la FLIP, el coronel Luis Alberto Montenegro, comandante de la Policía de Carreteras del Valle del Cauca, confirmó que el agresor era un funcionario del Inpec. “(El guardia) se molestó al ver que estaba siendo grabado y por eso su reacción contra el camarógrafo”, señaló el oficial, quien agregó que los agentes le colocaron a Pineda un comparendo debido a su infracción de tránsito.

Por su parte, Ana María Escobar, jefe de prensa del Inpec, aseguró a la FLIP que si el guardia se encontraba uniformado, tendría a lugar una denuncia ante la Procuraduría por su fuero de funcionario público. En efecto, el periodista le confirmó a la FLIP que Pineda se encontraba con el uniforme y todos los distintivos de la entidad.

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La FLIP manifiesta su preocupación por los hechos que se constituyen en una grave violación a la libertad de prensa. Según los registros de la FLIP, cada vez son más frecuentes las agresiones a los periodistas cuando realizan este tipo de cubrimientos, pero resulta aún más delicado que estas agresiones provengan de funcionarios públicos. La FLIP solicita a la Procuraduría General de la Nación investigar la actuación del guardia y al Inpec hacer las investigaciones internas pertinentes.

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