El equipo periodístico del noticiero La Lupa Araucana, denunció que cuando se encontraban en el Puente Internacional José Antonio Páez documentando las medidas de control adoptadas en la frontera con Venezuela fueron obstruidos en su labor. Según Carlos Pérez, además corresponsal de Caracol Noticias “Llegamos al puente a grabar y un vigilante haló el chaleco del camarógrafo para impedir el trabajo periodístico; posteriormente la Policía Fiscal Aduanera nos indicó que no podíamos hacer registros fílmicos y nos solicitó los documentos de identificación para entre tanto intentar detener la grabación”.
De otra parte, la emisora comunitaria Sarare FM emitió un pronunciamiento denunciando abuso de autoridad por parte de un agente de la Policía que ingresó a las instalaciones del medio de comunicación e intentó sacar a la fuerza a Jadaniel Vanegas, colaborador de uno de los programas que se realizan en la emisora.
Según Emiro Goyeneche, director de Sarare Stereo, los agentes se encontraban realizando actividades de control frente a las instalaciones del medio, pero nadie escuchó que se les hubiera llamado para una requisa, razón por la cual según el policial ingresó para realizar el procedimiento. Además, afirmó que casualmente esa mañana la emisora realizó una denuncia sobre dos jóvenes que fueron golpeados por policías y que en otras ocasiones también extrañamente la Policía ha ubicado retenes frente a las instalaciones cuando se emite información sobre esa entidad, considerando que ya parece es una política de amedrantamiento al medio de comunicación y sus colaboradores.
La Federación Colombiana de Periodistas, insiste en su preocupación por cuanto nuevamente hechos de vulneraciones al ejercicio periodístico involucran a la fuerza pública como responsable. Es de advertir que según #InformeFecolper “Sorprende que el Estado, con la sumatoria de los casos atribuibles a funcionarios públicos y la fuerza pública, con 83 casos en conjunto (25% del total de casos), encabece la tabla de agresores contra la libertad de prensa en 2017”
La Fecolper rechaza estos hechos de obstrucción al trabajo periodístico, solicita a las autoridades correspondientes la investigación sobre las denuncias y recuerda además, que según el artículo 21 de la Ley 1801 de 2016, las actividades de la Policía son de carácter público y la autoridad “que impida la grabación de que trata este artículo sin la justificación legal correspondiente incurrirá en causal de mala conducta”.
