Esta semana se vivió un capítulo más de la discusión del estatuto que desarrolla la Reforma Política en el Congreso.
Esta Ley tiene como propósito establecer las sanciones a los partidos políticos que permitan la infiltración de las mafias, hacer más transparente la contabilidad de las organizaciones políticas, regular los aportes del Estado en las campañas de los candidatos y partidos, y darle más facultades al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que vigile y controle los procesos de elección.
Un tema polémico del proyecto ha sido una proposición que busca impedir que el gobierno adjudique concesiones seis meses antes de las elecciones.
La razón es que como el presidente Álvaro Uribe podría ser un candidato más de la baraja -en caso de que el referendo reeleccionista sea aprobado- tendría amplias ventajas frente a los otros competidores.
Este jueves, el vicepresidente del Congreso, Efraín Torrado (de La U) le envió una carta al Presidente pidiéndole que congele la entrega en concesión del tercer canal.
«Teniendo en cuenta que avanza la actual campaña electoral con miras a los comicios de marzo para elegir senadores y representantes y, en el mes de mayo para Presidente de la República, creo firmemente que su Gobierno debería estudiar la posibilidad de congelar la entrega de la concesión del nuevo canal de televisión, prevista para enero», escribió Torrado en la carta.
El mensaje de esta carta encarna el sentir de una buena parte de los congresistas y directores de partidos, que ven con preocupación una nueva concesión de televisión en una coyuntura preelectoral.
Mientras sigue sin definirse si habrá Presidente-candidato, el Ejecutivo sigue haciendo contrataciones, utilizando los medios oficiales y repartiendo recursos en los consejos comunitarios, consiguiendo así una franca ventaja en la competencia por la Presidencia.
En ese escenario, tienen razón quienes afirman que no está garantizada la campaña en condiciones de igualdad.
Por esta razón, en la discusión de la Ley que desarrollará la Reforma Política algunos congresistas lanzaron la audaz proposición de impedir que el gobierno entregue concesiones antes de seis meses.
Otros, como el representante conservador Heriberto Sanabria, proponen que el tiempo de inhabilidad del gobierno se reduzca a cuatro meses.
Para la evaluación de esa propuesta, la semana pasada las comisiones primeras de la Cámara y el Senado crearon una subcomisión integrada por representantes de todos los partidos.
De aprobarse esta proposición, la entrega en concesión del tercer canal de televisión debería suspenderse.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Televisión ya ha avanzado en el proceso de licitación: emitió el pliego de condiciones para los concursantes, ha convocado audiencias públicas, ha recibido sugerencias de los competidores por el canal y está a la espera de que los proponentes presenten las propuestas económicas y de programación que ofrecerán.
La discusión por el canal
El representante conservador, Telésforo Pedraza, quien fue uno de los artífices de la proposición de inhabilitar al gobierno para la entrega de concesiones antes de las elecciones, dijo a Semana.com que “esta no es una propuesta personalizada.
No se trata de interferir en el proceso de licitación del tercer canal, sino de darle garantías a los candidatos”.
Esta misma semana la Procuraduría emitió un nuevo concepto para acompañar la discusión de la licitación.
El Ministerio Público dijo que no es posible que un actual concesionario renuncie al contrato vigente, en caso de que se gane la licitación del tercer canal, y por ende que no puede participar en el proceso.
La razón: perjudicaría el derecho de los ciudadanos al servicio de televisión y al propio Estado.
Con esto, la Procuraduría sugiere que se cierren las puertas a proponentes como Planeta y el grupo Pacsa que tienen espacios en televisión, el primero en el canal City TV y el segundo con el noticiero CM&.
Sin embargo, el Consejo de Estado ha esgrimido otros argumentos que contradicen las sugerencias de la Procuraduría.
En un concepto, este Tribunal dijo que los concesionarios, en caso de que se ganen la licitación del tercer canal, podían renunciar a una concesión vigente con el Estado.
El otro proponente es el Grupo Cisneros (grupo venezolano) a quien también se le pusieron reparos esta semana para su participación en la licitación.
El abogado del grupo Planeta argumentó en una audiencia pública que las condiciones de inversión en Colombia y Venezuela eran desiguales.
Se basó en el hecho de que la legislación permite que en Colombia un inversionista tenga hasta el 40 por ciento de participación en una sociedad, mientras que en Venezuela, una empresa colombiana solo puede participar en el 20 de una sociedad.
La Ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, esta semana también dijo que era necesario que el Grupo Cisneros precise quiénes serán los socios en la licitación.
En RCN Radio advirtió que «la normas colombianas establecen que el 60 por ciento de la inversión debe ser de inversionistas colombianos».
No obstante, la Comisión Nacional de Televisión es la que tiene la última palabra en la adjudicación, que de todas maneras ha estado rodeada de suspicacias por la cercanía de Planeta con el gobierno.
La CNTV ha calculado que para febrero el país contará con el tercer canal. Pero, de prosperar la proposición de los congresistas preocupados por las garantías del debate electoral, la adjudicación deberá esperar.
fuente:www.cne.gov.co/
