LUIS CARLOS CERVANTES, CORRESponsal de Teleantioquia Noticias en Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, venía recibiendo desde hace días en su celular una serie de mensajes intimidatorios en los que lo trataban de «sapo». Hace una semana llegó la sentencia. En 72 horas, le ordenaba un nuevo mensaje, debía abandonar la población «o de lo contrario me matarían a mí, a mi familia y a mis colaboradores», según ha contado el propio Cervantes en entrevistas con medios de comunicación. La razón de la amenaza ni siquiera él mismo la tiene clara, pero todo indica que involucra al poder político municipal, al que Cervantes no le ha agachado la cabeza para ejercer su profesión como se debe.
El fin de semana pasado, Cervantes estaba encerrado en su casa y con la perspectiva de no poder siquiera llevar a su hijo de cuatro años al colegio. A pesar de la denuncia que presentó ante la Sijín y la Fiscalía, ninguna autoridad se preocupó por su seguridad. Fue una cadena iniciada ese mismo sábado por la red social Twitter y liderada por el periodista Víctor Solano, la que vino a visibilizar su caso para que los medios nacionales acogiéramos la historia y las autoridades acudieran a brindarle las protecciones mínimas.
Cervantes ha contado con suerte esta vez, aunque la amenaza sigue latente y las condiciones para continuar ejerciendo su trabajo sean adversas en extremo. Ciertamente alegra que las redes sociales hayan llegado -y ojalá para quedarse- como una nueva herramienta de protección ciudadana al trabajo de los periodistas, tanto por la exigencia a las autoridades de ofrecer protección, como por el poder disuasivo que puede ejercer sobre los criminales.
Pero el periodismo regional tiene muchas vulnerabilidades e incentivos perversos que hacen que ejercer la profesión dentro de los estándares éticos que ella exige sea cosa de verdaderos héroes. Mucho se ha escrito sobre el aberrante esquema remunerativo de los cupos de publicidad, que obligan a los periodistas a convertirse en agentes comerciales, cuando no en relacionistas públicos, para poder sobrevivir. Lo cual, sobra decirlo, es aprovechado en su favor por los poderes locales, legales e ilegales. Peor aún, existen en muchos casos verdaderos delincuentes que utilizan el periodismo como sombrilla para montar una operación extorsiva que por lo demás les resulta bastante lucrativa.
«Lamentablemente, no todo el que ejerce tan noble oficio es impoluto, pulquérrimo, sin mácula, para poder introducirse en el mundo de las múltiples versiones y, con las manos limpias, elaborar la información», decía hace unos meses un editorial de El Meridiano de Córdoba, en medio de la aparente extorsión de un comunicador local que hoy está condenado por estafa y falsedad en documento, pero que se presenta como un periodista amenazado.
He aquí, pues, dos realidades dramáticas del periodismo regional. Por una parte, el profesional convencido que, como Luis Cervantes, a pesar de que todas las circunstancias son contrarias, decide seguir adelante para hacer periodismo de verdad. Y por el otro, el negociante que se aprovecha de su oficio de periodista para montar una actividad ilegal. El uno recibe amenazas serias contra su vida, el otro mancha la profesión, con lo cual se alía con quienes no quieren una prensa independiente y crítica en las regiones. Ojalá que, ya que esta semana podemos celebrar el poder de las redes sociales en defensa de Cervantes, también éstas se puedan convertir en un control ciudadano para quienes en las regiones desdicen de esta profesión. El periodismo regional es lo suficientemente vulnerable como para que además pierda credibilidad.
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