A pesar de que las víctimas habían hecho graves denuncias y luego fueron amenazados, antes de ser asesinados, los expedientes han terminado en «suspensión de la investigación» o «auto inhibitorio».
«Los procesos judiciales por el asesinato de 16 periodistas en Colombia se encuentran suspendidos, archivados o han sido objeto de resoluciones inhibitorias por parte de los fiscales que han tenido a su cargo la responsabilidad de dar con los responsables.
Estos procesos guardan varias semejanzas: son todos crímenes cometidos en las provincias colombianas entre 1993 y 2009, cuyas investigaciones fueron asumidas por fiscales regionales o seccionales», según concluye un informe de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP, publicado en la dirección de Internet: http://www.impunidad.com/index.php?columnas=14&idioma=sp.
Al referirse al tema, Enrique Santos Calderón, presidente de la SIP, dice que «la escandalosa impunidad en los casos de crímenes es un factor que alimenta la violencia contra los periodistas».
Además, exige «mayores esfuerzos para que se haga justicia y no se siga debilitando la libertad de prensa».
Menos de un año después de ocurrido el crimen, la Fiscalía tomó la decisión de suspender la investigación o inhibirse por las muertes de: Rodolfo Julio Torres, Arquímedes Arias Henao, Hernando Rangel Moreno, Álvaro Alonso Escobar, Gildardo Ariza Olarte, Iván Dario Pelayo, Denis Sánchez Lora y Mario Prada Díaz.
Un camino similar transitaron los expedientes por los asesinatos de: Alfredo Antonio Matiz, Fabio Leonardo, John Jairo Restrepo, María Elena Salinas, Marco Antonio Ayala, Juan Carlos Benavides, José Nel Muñoz, Jaime Alberto Madero.
El último informe de la Fiscalía al respecto, indica la SIP, data de abril del 2008 y se limitó a enunciar el nombre de la víctima y la última actuación en cada caso: «suspensión de la investigación o inhibitorio».
«Desde entonces, la Dirección Nacional de Fiscalía no ofrece ningún tipo de información», afirma Diana Calderón, periodista de investigación que integra la URR en Colombia.
El perfil de los 16 periodistas asesinados, elaborado por la SIP, señala que estaban «vinculados a pequeñas emisoras o periódicos de pequeñas poblaciones en las distintas regiones colombianas, con una importante presencia de los grupos armados»
