Por Regina Santiago Núñez Confluencia XXI
Más vale perder una noticia que perder una vida. Esa fue la reflexión de la que partió el Acuerdo para la Discreción que adoptaron los periodistas colombianos en uno de los puntos más altos de su crisis en 1999; esa fue la idea de la que partió el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia (ACIV) que firmaron los medios mexicanos en marzo de 2011; esa es la reflexión que me impulsó a aceptar el cargo honorario de consejera en el observatorio para el cumplimiento de dicho acuerdo. Esa reflexión es también la que me mueve para tratar de aprovechar todos los foros y dirigirme hoy a los lectores de Confluencia XXI.
Asumo, junto con muchos otros, que México vive una emergencia nacional. Se trata de uno de esos momentos en los que se pone en juego la viabilidad de las instituciones; la viabilidad del pacto social; la viabilidad del proyecto de nación. No se trata únicamente de evaluar qué tan efectivas han sido las políticas para combatir el crimen. No se trata solamente de preguntarse si el uso político de la justicia puede rendir frutos en la próxima elección presidencial. Se trata de cobrar conciencia de que es necesario generar las condiciones que permitan salir de esta espiral de violencia, dolor y muerte. México necesita que nos preguntemos todos y cada uno de nosotros qué podemos hacer hoy, aquí y ahora, para salvar la vida de los individuos; para salvar la vida de nuestra nación. Ante las estrategias de propaganda del terror que buscan controlar e inmovilizar a los ciudadanos debemos construir juntos el discurso de paz que sirva como antídoto contra el miedo que pretende paralizarnos.
El propósito de este texto es continuar las reflexiones que inicié en el emblemático año 2010 sobre los retos de ciudadanos, periodistas y gobernantes para dar nuevo sentido a términos como independencia y revolución.Terminaron los actos oficiales, los fuegos pirotécnicos y el desfile de colosos. Sin embargo, para mí y para muchos otros como yo sigue teniendo sentido pensar “cuál es el México que queremos y la comunicación que necesitamos”. Ese fue el leit motiv del XV Encuentro del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (Coneicc), que tuvo lugar en la ciudad de México, del 6 al 9 de octubre de 2010. «Necesitamos una comunicación responsable», fue el clamor generalizado entre los estudiantes y profesores que asistieron al evento. ¿Cómo lograrla? ¿Cómo pueden los medios cumplir con su deber de proporcionar información útil para la toma de decisiones de los ciudadanos en estos momentos de emergencia nacional? ¿Cómo ejercer la libertad con la indispensable responsabilidad que le es consustancial? ¿Cómo construir el indispensable discurso de paz?
No hay respuestas simples para una situación tan compleja. Como señaló Federico Reyes Heroles en su texto Por un pacto ético frente al terrorismo:
“Quizá lo primero sería admitir que en esta materia (el terrorismo) todos estamos aprendiendo. Todos son, por supuesto, los comentaristas, pero también los reporteros, los directivos de los diarios, de las radiodifusoras y televisoras y las propias autoridades. Esa novatez generalizada es resultado de una enorme fortuna: México no había enfrentado actos sistemáticos de terrorismo. Distingamos: por un lado está la lucha gubernamental en contra del narcotráfico, con sus propias coordenadas; por el otro, las evidencias de una estrategia de terror en contra del Estado mexicano que nos incumbe a todos. Todos somos, en ese sentido, parte del Estado, no del gobierno. Por supuesto que los dos asuntos están íntimamente vinculados en tanto que el debilitamiento del Estado es un objetivo lateral del narco. Pero en orden jerárquico, hoy lo más riesgoso para los mexicanos no es perder la lucha contra el negocio del narcotráfico sino perder al Estado”.[1]
México acosado por las estrategias de propaganda del terror
Concuerdo con el planteamiento de Reyes Heroles. Lo que vivimos no es consecuencia de “la guerra de Calderón”. Es todo México que vive en una emergencia nacional. Así lo planteó también el poeta Javier Sicilia en las numerosas entrevistas que concedió a los medios informativos de México y de muchos otros países, a partir del 1 de abril de 2011. Lo recordó pronunciando cada palabra con la carga emotiva que sacude a un padre que acababa de perder a su hijo y a los amigos de su hijo; con la carga emotiva que sacude a un ser humano que tiene que enfrentar las consecuencias de la espiral de violencia. Aquel “¡estamos hasta la madre!” que le valió tantos espacios en los medios informativos, se dirigía no sólo a los gobernantes, sino a la clase política en general y también, de manera muy puntual, a los criminales.
Dijo Sicilia:
“El brutal asesinato de mi hijo Juan Francisco, de Julio César Romero Jaime, de Luis Antonio Romero Jaime y de Gabriel Anejo Escalera, se suma a los de tantos otros muchachos y muchachas que han sido igualmente asesinados a lo largo y ancho del país, a causa no sólo de la guerra desatada por el gobierno de Calderón contra el crimen organizado, sino del pudrimiento del corazón que se ha apoderado de la mal llamada clase política y de la clase criminal, que ha roto sus códigos de honor…
“… No hay vida, escribía Albert Camus, sin persuasión y sin paz, y la historia del México de hoy sólo conoce la intimidación, el sufrimiento, la desconfianza y el temor de que un día otro hijo o hija de alguna otra familia sea envilecido y masacrado, sólo conoce que lo que ustedes nos piden es que la muerte, como ya está sucediendo hoy, se convierta en un asunto de estadística y de administración al que todos debemos acostumbrarnos…
“… Recuerdo, en este sentido, unos versos de Bertolt Brecht cuando el horror del nazismo, es decir, el horror de la instalación del crimen en la vida cotidiana de una nación, se anunciaba: ‘Un día vinieron por los negros y no dije nada; otro día vinieron por los judíos y no dije nada; un día llegaron por mí (o por un hijo mío) y no tuve nada que decir’. Hoy, después de tantos crímenes soportados, cuando el cuerpo destrozado de mi hijo y de sus amigos ha hecho movilizarse de nuevo a la ciudadanía y a los medios, debemos hablar con nuestros cuerpos, con nuestro caminar, con nuestro grito de indignación para que los versos de Brecht no se hagan una realidad en nuestro país.” [2]
No. No debemos acostumbrarnos a la muerte. No debemos acostumbrarnos al silencio. Ni como individuos ni como sociedad debemos sucumbir ante el poder del miedo.
El pacto de los medios en Colombia (1999)
Como dice Federico Reyes Heroles, México tuvo durante mucho tiempo la fortuna de no ser objeto del ejercicio del poder por medio del terror. El propio Javier Sicilia, en sus textos y discursos, añora alguna época, quizá no tan lejana, en la que existían códigos de ética entre los criminales. Eso ya no existe; pensar que se puede reconstruir un modus vivendi es negar la realidad actual. La violencia ligada al narcotráfico ha crecido en México y en el resto del mundo. Los expertos de diversos países que participaron en la XXVIII Conferencia Internacional para el Control de las Drogas, en Cancún (abril, 2011), hicieron notar que las alianzas entre cárteles mexicanos y colombianos han ampliado su poder e influencia en Centroamérica y el Caribe, pero también al norte de África (donde incluso han participado en golpes militares). El control de territorio africano es clave para tener acceso al mercado europeo.
La situación es inédita para México, pero vale la pena reflexionar sobre lo que han hecho otras sociedades para enfrentar el reto del ejercicio del poder a través del terror. El Acuerdo por la Discreción (Colombia 1999) fue un proyecto promovido por el entonces decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de La Sabana, César Mauricio Velásquez. Logró que 19 directores de los principales medios de comunicación de Colombia se comprometieran a regular la cobertura y difusión de hechos violentos. Posteriormente, se creó un observatorio para su cumplimiento que logró reunir en el centro académico a 200 personalidades que dieron seguimiento a la manera en que se cumplía con el compromiso de directores y codirectores de medios de prensa, radio y televisión, para divulgar con exactitud, veracidad y equilibrio las noticias relacionadas con los actores al margen de la ley.
La universidad comenzó con una estrategia de sensibilización hacia los dueños de medios en la que sus profesores planteaban la necesidad de acciones para disminuir los crecientes cuestionamientos sociales hacia los comunicadores, a quienes se consideraba no sólo como reproductores, sino en ocasiones como causantes de la violencia social desbordada.
Los profesores buscaron involucrar a los dueños de medios en una reflexión conjunta para que desde el interior de los propios medios se generaran compromisos que pudieran ser viables.
Aunque hubo quienes consideraron los acuerdos como demasiado vagos (dejando muchas cosas a la interpretación y buena voluntad de los medios), hubo también quienes reconocieron diversas aportaciones para que todos los involucrados en el proceso de comunicación (dueños, directivos y reporteros) cobraran mayor conciencia de la responsabilidad social de los medios.
Actualmente, la Universidad de La Sabana sigue desarrollando el proyecto de observación, enfocado ahora a la educación de las audiencias. La nueva dinámica de los procesos de comunicación permite que los consumidores de medios cobren conciencia de que no sólo tienen el derecho, sino el deber de exigir información de calidad que les permita tomar decisiones de calidad. Ese es un tema en el que ha trabajado especialmente el Observatorio de Medios de la Universidad Iberoamericana y sobre el que reflexionaremos ampliamente más adelante en este texto.
Normas del Acuerdo por la Discreción
Observemos un fragmento del acuerdo colombiano firmado en 1999. Decía:
1.El cubrimiento informativo de actos violentos -ataques contra las poblaciones, masacres, secuestros y combates entre los bandos- será veraz, responsable y equilibrado. Para cumplir con este propósito, cada medio definirá normas de actuación profesional que fomenten el periodismo de calidad y beneficien a su público.
2.No presentaremos rumores como si fueran hechos. La exactitud, que implica ponerlos en contexto, debe primar sobre la rapidez.
3.Fijaremos criterios claros sobre las transmisiones en directo, con el fin de mejorar la calidad de esa información y evitar que el medio sea manipulado por los violentos.
4.Por razones éticas y de responsabilidad social no presionaremos periodísticamente a los familiares de las víctimas de hechos violentos.
5.Estableceremos criterios de difusión y publicación de imágenes y fotografías que puedan generar repulsión en el público, contagio con la violencia o indiferencia ante ésta.
6.Respetaremos y fomentaremos el pluralismo ideológico, doctrinario y político. Utilizaremos expresiones que contribuyan a la convivencia entre los colombianos.
Preferimos perder una noticia antes que una vida.
La universidad de La Sabana difundió posteriormente la metodología y los resultados de encuestas aplicadas a los trabajadores de medios periodísticos para verificar si sus jefes les habían dado a conocer el acuerdo y si ellos consideraban correctas las normas establecidas.
A raíz de la firma del Acuerdo para la Cobertura de la Violencia entre medios mexicanos, la revista Procesopublicó un reportaje sobre al acuerdo colombiano.[3]
El reportero Edgar Téllez contextualiza la información destacando:
La firma del compromiso tenía como marco adicional que en aquel año en Colombia acababan de salir al aire dos canales privados de televisión, con capacidad para transmitir en directo desde cualquier lugar, lo que era aprovechado por los violentos para manejar su propia agenda.
Me detengo en este dato porque es importante subrayar que en Colombia, los grupos criminales tuvieron, desde 1999, una estrategia de propaganda que tenía por objeto imponer los temas sobre los que los medios hablaban (eso significa manejar la agenda mediática). Se menciona específicamente el caso de las transmisiones en directo por parte de las televisoras.
Cabe recordar que en México, el 26 de julio de 2010, camarógrafos de Televisa y Milenio TV, así como un periodista de Durango, fueron secuestrados para presionar a las televisoras para que transmitieran un video favorable a la causa de los secuestradores. Ese episodio mostró la falta de protocolos para tratar casos de esa naturaleza. Mientras los medios a los que pertenecían los periodistas secuestrados habían pedido a otros medios no informar sobre los hechos en tanto se realizaban las negociaciones, la CNDH fue la primera en difundir la información (así lo reportó El Universal, al explicar a sus lectores el criterio editorial que utilizó en el manejo de dicha información).[4]
Pero continuemos con el contexto que brinda el reportaje de Téllez.
La convocatoria estaba más que justificada. En 1999 el país vivía una agitación continua, provocada por noticias producidas desde diversos flancos, que mantenían agobiada a la ciudadanía.
De un lado, los reporteros de los diversos medios de comunicación enviaban reportes desalentadores sobre el desarrollo del controvertido proceso de negociación entre delegados del gobierno de Andrés Pastrana y los principales comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se desarrollaba en la zona de despeje del Caguán, en las selvas del Departamento de Caquetá, a 800 kilómetros al sur de Bogotá.
Por aquellos días la negociación llevaba cerca de cuatro meses congelada y cada vez eran más frecuentes las denuncias sobre la manera como los rebeldes utilizaban los 42,000 kilómetros desmilitarizados para cometer todo tipo de fechorías, entre ellas organizar ataques contra la fuerza pública y llevar allí a decenas de personas que secuestraban en otras regiones.
Entre tanto, los grupos paramilitares de extrema derecha continuaban su avance incontenible en la ocupación a sangre y fuego de los territorios que les arrebataban a las guerrillas y en el asesinato selectivo de quienes consideraban sus enemigos.
Detengámonos nuevamente para analizar la información.
El recuento de Téllez señala que había una serie de hechos que mantenían agobiada a la ciudadanía. Sin embargo, el diagnóstico que presentaron los académicos colombianos para justificar la promoción del acuerdo fue más crítico: el uso que los grupos criminales estaban haciendo de los medios había alejado a la ciudadanía del consumo mediático pues existían sospechas sobre la colaboración de algunos medios con los criminales.
Continúo con la narración de Téllez, porque es muy importante profundizar sobre la información que proporciona el contexto colombiano, no porque en México se repita exactamente el mismo fenómeno, pues aunque la globalización y el vínculo entre cárteles pueden borrar muchas barreras de tiempo y distancia, hay 12 años de distancia y prácticas que se han modificado. Hoy las estrategias criminales consideran el uso intensivo de internet,YouTube, Blogs y las redes sociales.
Dejemos hablar a Téllez:
Cuando los medios de comunicación suscribieron el “Acuerdo por la Discreción”, Colombia no se reponía del atroz asesinato del periodista y reconocido humorista político Jaime Garzón, baleado por sicarios la mañana del 13 de agosto de 1999, cuando llegaba a laborar en la cadena radial Radionet, en el occidente de Bogotá.
También eran prolíficas las historias relacionadas con la reciente confesión, el 30 de octubre, de Luis Alfredo Garavito, quien les reconoció a investigadores de la Fiscalía su responsabilidad en las muertes de al menos 140 menores de entre ocho y 16 años de edad. La historia de este asesino en serie y la manera como ejecutaba a sus víctimas ocupó amplios espacios en los medios de comunicación.
Una aportación del reportaje de Téllez que puede ser particularmente útil para la experiencia mexicana que significa la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia es el balance de los resultados del pacto colombiano.
Dice el reportaje de Proceso:
En 2006, siete años después de la firma del pacto, la especialista en Ciencias de la Información, Yeni Serrano, publicó un extenso documento en el que examinó el desarrollo del “Acuerdo para la Discreción” y concluyó que los seis puntos planteados allí “no pueden ser efectivos, principalmente porque no describen contingencias claras para regular el comportamiento profesional de los periodistas y, en segundo lugar, porque desconocen las condiciones que a nivel del medio de comunicación y a nivel del periodista como individuo determinan la producción del discurso informativo”.
La crítica de que las normas propuestas se elaboraron desde los escritorios académicos también la ha recibido el acuerdo mexicano. Más adelante señalaremos la manera en que el consejo del observatorio intentará solucionar este problema.
Pero el reportaje de Téllez también incluye la autoevaluación, que desde luego tiene conclusiones más optimistas aunque no exentas de autocrítica. A diez años de que se suscribió el acuerdo, el Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana produjo un documento titulado La libertad de prensa en Colombia, entre la amenaza y la manipulación. Entre sus conclusiones destaca que los medios de comunicación hicieron el ejercicio genuino de reflexionar sobre los contenidos que transmiten a sus audiencias, pero insistió en la necesidad de realizar constantes tareas pedagógicas en las redacciones (quizá retomando la crítica del reporte de Yeni Serrano).
Pero más allá de los documentos, vale la pena considerar los testimonios que recabó el corresponsal de Proceso, Edgar Téllez.
Ignacio Gómez, subdirector del Noticiario de Televisión Noticias Uno y a la vez presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip): “Fue una lección que nos sirvió para tomar un respiro y reflexionar sobre la muerte. Y aun cuando los violentos intentan imponer su agenda en los medios de comunicación y justificarse ante la sociedad, en Colombia desde hace años ya no es sexi entrevistar narcos o guerrilleros de postín…
… la opinión pública colombiana ya tiene claro quién es el delincuente, que ya no es bienvenido ni tiene cabida. A ningún medio de comunicación se le ha ocurrido hacer un perfil o mostrar a un capo como Comba haciendo obras de beneficencia”.
Importante que un medio como Proceso haya publicado este señalamiento que podría interpretarse como una crítica directa al criterio editorial del semanario, que el 3 de abril de 2010 llevó en portada la entrevista de Julio Scherer al narcotraficante Ismael Zambada.[5] Proceso no firmó el acuerdo mexicano y su colaborador, Jenaro Villamil, ha sido de los críticos más vehementes.
El acuerdo para la cobertura de la violencia (México 2011)
El jueves 24 de marzo de 2011, más de 700 medios de comunicación de todo el país firmaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia. Su objetivo explícito es tener un marco de referencia común que permita garantizar la libertad de expresión en un entorno de criminalidad y violencia como el que se da en México.
El acuerdo se basa en la autorregulación y la corregulación que, como sabemos, son fuertes antídotos en contra de la censura. Aunque no se mencione de manera explícita, entre los elementos que hicieron posible la firma de este pacto está el recuerdo del secuestro de los comunicadores en Durango y las amenazas que denunciaron reporteros de Zacatecas para imponerles criterios editoriales por parte de organizaciones criminales. Dichas amenazas produjeron una primera manifestación conjunta de condena por parte de los medios.[6] También está latente el leit motiv del pacto colombiano: más vale perder una noticia que perder una vida.
A continuación las líneas fundamentales del acuerdo:[7]
Objetivos
v Proponer criterios editoriales comunes para que la cobertura informativa de la violencia que genera la delincuencia organizada con el propósito de propagar el terror entre la población no sirva para esos fines.
v Establecer mecanismos que impidan que los medios se conviertan en instrumentos involuntarios de la propaganda del crimen organizado.
v Definir criterios para la protección de la identidad de las víctimas de la violencia generada por la delincuencia organizada.
v Establecer mecanismos para la protección de los periodistas en situaciones de riesgo.
v Promover el respeto a la legalidad, el combate a la impunidad y la participación ciudadana.
v Sumar al más amplio número de medios al acuerdo y, de manera especial, a aquellos que se encuentran en las zonas de mayor conflicto.
v Crear mecanismos de seguimiento del acuerdo que permitan conocer el grado de apego al mismo.
Los principios rectores del acuerdo
- El respeto a las libertades de expresión y de prensa.
- La independencia editorial de cada medio de comunicación.
- La obligación de los medios para informar con profesionalismo.
- La responsabilidad social de los medios sobre lo que informan.
Los criterios editoriales del acuerdo
1) Tomar postura en contra de la violencia.
2) No convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada.
3) Dimensionar adecuadamente la información.
4) Atribuir responsabilidades explícitamente.
5) No prejuzgar culpables.
6) Cuidar a las víctimas y a los menores de edad.
7) Alentar la participación y la denuncia ciudadana.
8) Proteger a los periodistas.
9) Solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios.
10) No interferir en el combate a la delincuencia.
De acuerdo con lo señalado en los objetivos del acuerdo, el 5 de mayo de 2011 se instaló el observatorio del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, que será coordinado por el comunicador José Carreño Carlón e integrado por:
- Héctor Aguilar Camín, director deNexos.
- Carlos Elizondo Mayer-Serra, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
- Saúl López Noriega, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
- Federico Reyes Heroles, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México.
- Regina Santiago Núñez, académica de la Universidad Iberoamericana.
Cómo opera el Observatorio del Acuerdo de medios mexicano
El viernes 13 de mayo tuvo lugar la primera reunión de consejeros. Entre los asistentes quedó claro que la firma del acuerdo fue el punto de arranque para la toma de conciencia de muchos medios sobre la gravedad de la emergencia nacional que vive México y los grandes retos que se vislumbran.
Con base en la experiencia colombiana, los consejeros acordamos impulsar mecanismos de participación ciudadana para que el mecanismo de observación del acuerdo se complemente con las aportaciones de ciudadanos en lo particular o instituciones con experiencia en la observación del comportamiento de los medios.
Para que el acuerdo funcione deberá convertirse en un punto de encuentro eficaz de los académicos, los comunicadores y las audiencias críticas. Habrá de ser un mecanismo que esté en constante autoevaluación y adecuación de acuerdo con las circunstancias específicas de la evolución de las situaciones de violencia y propaganda del terror.
Los consejeros acordamos establecer mecanismos de diálogo directo con los comunicadores, que permitan conocer de primera mano los retos que enfrentan al definir sus criterios editoriales sobre la cobertura de la violencia.
También se dejó en claro que el observatorio de ninguna manera debe percibirse como un órgano de censura. Es, por el contrario, un espacio de reflexión cuyo objetivo es contribuir a mejorar las prácticas periodísticas. La mejor manera de disipar las dudas respecto a la labor del observatorio será transparentar sus criterios para la evaluación del cumplimiento del acuerdo.
En lo personal me he entrevistado ya con los directores, jefes de información y reporteros de diversos medios. De lo más destacado de esta práctica de observación ha sido la conciencia en algunos medios de que lo que está en juego con sus decisiones editoriales muchas veces es la vida de un reportero o de una fuente. Esto se da principalmente con medios que operan en provincia o con medios que tienen corresponsales en estados con altos índices de violencia. En los medios que operan principalmente desde la capital de la República la preocupación es mucho menor.
Para algunos directores de medios la importancia del acuerdo está en fijar estándares de calidad en la cobertura de la información. Sin embargo, hacen notar que la labor de los medios se dificulta cuando las autoridades no tienen políticas claras de comunicación y en ocasiones son las primeras en violar la ley (mediante filtraciones o presentación de personas acusadas de delitos pero que aún no han sido juzgadas con el debido proceso).
Fruto de las reflexiones que en los últimos años hemos realizado en el Observatorio de Medios de la Universidad Iberoamericana (OMCIM) estoy convencida de que en estos momentos México necesita comprometerse con el ejercicio de una comunicación responsable. Para ello, los medios de comunicación deben transparentar sus criterios editoriales; las autoridades deben transparentar sus políticas de comunicación y respetar las reglas; los órganos de observación también deben transparentar sus criterios de evaluación de la calidad informativa; los ciudadanos tienen el derecho y el deber de exigir una información de calidad.
Actualmente existen mecanismos de interacción con los propios medios. Habrán de aprovecharse para mejorar la calidad de la información. México necesita un periodismo que pueda ejercer su profesión con libertad, con responsabilidad y sin poner en riesgo la vida.
El Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia es un buen intento, pero no es el único. Lo importante no es firmar un documento, sino comprometerse a mejorar las prácticas periodísticas. Incluso los medios que no firmaron deberían comprometerse a transparentar sus criterios editoriales. Eso facilitaría la toma de decisiones de sus audiencias y de sus anunciantes. Me parece alentador que MVS haya nombrado a Gerardo Albarrán como defensor de su audiencia. Ojalá logre propiciar un debate interno que beneficie a sus periodistas y a su audiencia. Ojalá también que otros medios abran el diálogo con sus audiencias y expliquen criterios.
Por lo pronto, desde la academia, hay quienes piensan que hay que denunciar la forma en que operan las estrategias de propaganda del terror para que los periodistas y los ciudadanos podamos rechazarlas. Pero hay también que complementar esas denuncias con acciones que contribuyan a la construcción del discurso de paz.
Hay que sumar esfuerzos; hay que crear conciencia; hay que tener presente que más vale perder una noticia que perder una vida.
Ficha curricular
Regina Santiago Núñez es académica de la Universidad Iberoamericana; responsable de contenidos del Observatorio Ciudadano de Medios (OMCIM); consejera del Observatorio del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia; socia fundadora y directora general de Consultores en Investigación y Análisis de Medios; ha colaborado en diversos medios nacionales e internacionales en el análisis del tratamiento periodístico de la información (CNN en Español, Excélsior, La Razón, Agenda Pública, Antena Radio, entre otros).
Publicaciones relacionadas:
“Acuerdo contra la violencia: por un periodismo del lado de la sociedad”, en “Acuerdo entre medios: ¿Cómo informar sobre la violencia en México? Blog OMCIM.
Fuente:http://culturadelalegalidad.wordpress.com/2011/07/24/comunicacion-responsable-y-construccion-de-paz/
