Carlos Enrique Villamizar Gómez, director del semanario El Democrático fue demandado a través de acción de tutela por parte del aspirante a la Alcaldía de Barrancabermeja, Elkin Bueno Altahona, a propósito de un artículo publicado a principios de septiembre en el que se retomaron los cuestionamientos hechos al candidato por parte de la Corporación Nuevo Arcoiris. El pasado 29 de septiembre, el Juzgado primero promiscuo de familia concedió la tutela a favor de Bueno Altahona, y ordenó al periodista rectificar la nota.
Rectificación infundada
En la edición No 99, fechada del 1 al 15 de septiembre, fue publicado en “El Democrático”, el artículo “Elkin David Bueno Altahona: acusado en el país por tener vínculos con las “Águilas Negras”. Corporación Arcoiris alerta el riesgo en elecciones a la alcaldía de Barrancabermeja”. En él, se retomó una nota periodística del diario El Espectador[1], publicada el 28 de agosto, en la que se divulgaron los resultados del informe entregado por la Corporación Nuevo Arcoiris al Ministerio del Interior y de Justicia, relacionado con los riesgos electorales que identificaron para los comicios del próximo 30 de octubre.
Dentro del artículo de El Democrático se mencionó que 41 aspirantes a Alcaldías de 37 municipios fueron “señalados por la corporación de tener antecedentes peligrosos para que la justa democracia se desarrolle bajo el amparo de la ley”. Entre ellos se aludió al candidato Bueno Altahona quien fue señalado en el informe por “corrupción, investigado por parapolítica y acusado de tener vínculos con Edgar Ignacio Fierro, alias “don Antonio”, jefe de finanzas de las Águilas Negras, en el Magdalena Medio”.
En vista de la gravedad de estas denuncias, al final de su nota, el periódico hizo un llamado al aspirante al cargo de elección popular y a los partidos que lo respaldaban para que “aclaren la veracidad de estos señalamientos”.
La respuesta del candidato a este artículo fue la interposición de una acción de tutela, en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la honra, el buen nombre e incluso la vida, al considerar que la publicación fue temeraria al supuestamente presentarlo como responsable de la comisión de un delito. De acuerdo con Bueno Altahona, la información divulgada tenía fines proselitistas, estaba basada en mentiras y especulaciones, y tenían el único propósito de perjudicar su buen nombre e incluso presionar al electorado, por lo cual solicitó que se retirara de circulación la edición, y se rectificara la información divulgada aclarando que no tenía ningún vínculo con grupos armados.
En su fallo, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, de forma desafortunada decidió darle la razón, ya que era “evidente” que el medio de comunicación desconoció los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de Bueno Altahona, ya que en el artículo “se le atribuyen vínculos con grupos al margen de la ley (…) haciéndolo parte implícitamente de éstos”. En razón de lo anterior, el Juzgado ordenó la rectificación de la información con un despliegue informativo equivalente.
Para la Federación Colombiana de Periodistas FECOLPER, resulta preocupante que los periodistas del país continúen siendo víctimas de acoso judicial por presentar ante la sociedad sus informaciones de relevancia pública, y más aún, como en este caso, en donde el periodista hizo alusión a la publicación de la Corporación Arco Iris, que efectivamente refirió los señalamientos en contra del candidato a la Alcaldía de Barrancabermeja.
FECOLPER rechaza las malinterpretaciones que se vienen haciendo a los artículos periodísticos por parte de algunas autoridades colombianas, especialmente cuando se restringe la circulación de información que es necesaria para la vigencia de un sistema democrático.
En contravía de lo reconocido en jurisprudencia nacional e internacional, se ha hecho caso omiso a la especial protección que tiene la información divulgada en relación con servidores públicos o personas que aspiran serlo, puesto que ésta cumple un papel esencial para la formación de un electorado participativo e informado, el fomento un control democrático de lo público, y la transparencia de las actividades de quienes aspiran a hacer parte del Estado.
[1] Diario El Espectador. “Las cuentas pendientes de los candidatos a Alcaldías”. Ver en:http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-295173-cuentas-pendientes-de-los-candidatos-alcaldias