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Imagen tomada de cromos.com.co

Como hoy, hace 22 años cayó miércoles y ese 17 de diciembre de 1986 fue asesinado el director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza.

La historia reconoce que la orden provino del jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, pero en los anaqueles de la justicia el caso terminó en impunidad.

Únicamente el pagador del magnicidio, Luis Carlos Molina Yepes, purgó seis años de prisión en calidad de cómplice.

El autor material murió acribillado. Los autores intelectuales pasaron de agache.
El pasado 24 de diciembre, a raíz de una publicación de este diario que daba cuenta de cómo en el expediente habían quedado cabos sueltos que demostraban los tentáculos financieros del condenado Molina Yepes, el fiscal Mario Iguarán ordenó la reapertura del caso y comisionó a un fiscal delegado ante los jueces penales para que investigara esos nexos.

Un año después, la iniciativa no registra avance alguno, a pesar de que se sigue ratificando que, más que un simple cómplice, Molina era una pieza clave del engranaje criminal.

No sólo resultó ser el verdadero administrador de la cuenta corriente del Banco de Crédito y Comercio desde la cual se giraron los $3.500.000 que le cancelaron al asesino de Guillermo Cano, sino que en otras se descubrieron exorbitantes depósitos, impensables para una actividad lícita.

Por ejemplo, en una de sus múltiples cuentas, en sólo tres meses se movieron más de $2.000 millones de la época y, como lo admitió el propio Molina Yepes, manejaba dineros en los bancos Ganadero, de Crédito y Comercio, Industrial y Occidente.

Es más, cuando fue escuchado en indagatoria, antes de que se evadiera de la justicia en marzo de 1988, Molina Yepes reconoció ser promotor de negocios de propiedad raíz, comisiones, cambio de moneda extranjera, cambio de cheques, industria de carnes e importador de licores, además de ser propietario de varios apartamentos, acciones en diversas empresas y sociedades, terrenos inmuebles y negocio de ganado.

Pero lo más diciente, en su momento (1988) llegó a reconocer que había sido el principal accionista del Banco Ganadero.

En otras palabras, el pagador del magnicidio de Guillermo Cano era un magnate con claros nexos con el cartel de Medellín.

De hecho, en sus cuentas corrientes aparecieron relacionados, entre otros, Roberto Escobar, Marina Escobar, Óscar Gaviria, Hernando Gaviria, Carlos Henao, Carlos Gaviria, Victoria Henao de Escobar, Gustavo Gaviria Rivero, todos familiares directos del capo de capos. Eso, sin referirse a otros personajes cercanos a la estructura criminal, como Héctor Barrientos, administrador de la finca Nápoles.

Uno de los narcoterroristas al servicio de Escobar, el confeso John Jairo Velásquez, lo admitió en mayo de 1994: “Todos cambiábamos cheques donde Molina porque él nos conocía (…). La mayoría de los miembros de la organización cambiaban los cheques allí, familiares de Escobar, familiares de nosotros…”.

Como lo escribió el abogado de la familia Cano, Héctor Giraldo, en uno de sus memoriales antes de ser asesinado en marzo de 1989: “Basta mirar los depósitos de sus cuentas, con cifras tan grandes que no caben en las hojas de los extractos del banco, para deducir su responsabilidad”.

Y no sólo en el expediente quedó abundante información sin desarrollo. Por la época en que la Fiscalía reabrió el caso Cano, salió a la luz el libro Nuestro hombre en la DEA, del periodista Gerardo Reyes, que, basado en fuentes del narcotráfico, expresa que Molina era “un narcotraficante y lavador de dólares, dueño de casas de cambio en Medellín y muy cercano a Escobar”.

El libro revela que gracias a su amistad con El Patrón, se logró liberar al narco Juan Gabriel Úsuga, secuestrado por Escobar a cambio de un millón de dólares.

El mismo texto señala que después de la libertad de Úsuga, de quien Escobar sospechaba que había tenido que ver con la muerte de su primo y socio Gustavo Gaviria en 1990, este narcotraficante ideó el envío de droga en tanques de transporte de químicos reforzados con marcos de metal.

Este nuevo plan de los carteles de la droga, denominado La Gorda, fue inaugurado en 1992 con 120 kilos de coca.
Según Gerardo Reyes, el salvador de Úsuga, Luis Carlos Molina Yepes, “contribuyó con la financiación de los cargamentos de prueba”.

En otras palabras, a Luis Carlos Molina Yepes, capturado en febrero de 1997, y quien apenas purgó seis años de cárcel como cómplice del magnicidio de Guillermo Cano, sólo se le investigó por la cuenta desde la cual se giró el dinero para perpetrar el crimen.

Sobre sus nexos con el mundo de la droga o el origen de sus multimillonarias utilidades o negocios de cambio de dinero sin licencia oficial de funcionamiento, poco o nada se indagó. En su caso no se aplicó la Ley de Extinción de Dominio, ni hubo rastreo de los beneficiarios de sus capitales.

La impunidad quedó a salvo.

Para conocer el facsímil de la orden del fiscal Mario Iguarán de investigar nuevamente el magnicidio de Cano, haga clic AQUÍ.

Como hoy, hace 22 años cayó miércoles y ese 17 de diciembre de 1986 fue asesinado el director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza.

La historia reconoce que la orden provino del jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, pero en los anaqueles de la justicia el caso terminó en impunidad. Únicamente el pagador del magnicidio, Luis Carlos Molina Yepes, purgó seis años de prisión en calidad de cómplice.

El autor material murió acribillado. Los autores intelectuales pasaron de agache.

El pasado 24 de diciembre, a raíz de una publicación de este diario que daba cuenta de cómo en el expediente habían quedado cabos sueltos que demostraban los tentáculos financieros del condenado Molina Yepes, el fiscal Mario Iguarán ordenó la reapertura del caso y comisionó a un fiscal delegado ante los jueces penales para que investigara esos nexos.

Un año después, la iniciativa no registra avance alguno, a pesar de que se sigue ratificando que, más que un simple cómplice, Molina era una pieza clave del engranaje criminal.

No sólo resultó ser el verdadero administrador de la cuenta corriente del Banco de Crédito y Comercio desde la cual se giraron los $3.500.000 que le cancelaron al asesino de Guillermo Cano, sino que en otras se descubrieron exorbitantes depósitos, impensables para una actividad lícita.

Por ejemplo, en una de sus múltiples cuentas, en sólo tres meses se movieron más de $2.000 millones de la época y, como lo admitió el propio Molina Yepes, manejaba dineros en los bancos Ganadero, de Crédito y Comercio, Industrial y Occidente.

Es más, cuando fue escuchado en indagatoria, antes de que se evadiera de la justicia en marzo de 1988, Molina Yepes reconoció ser promotor de negocios de propiedad raíz, comisiones, cambio de moneda extranjera, cambio de cheques, industria de carnes e importador de licores, además de ser propietario de varios apartamentos, acciones en diversas empresas y sociedades, terrenos inmuebles y negocio de ganado.

Pero lo más diciente, en su momento (1988) llegó a reconocer que había sido el principal accionista del Banco Ganadero.

En otras palabras, el pagador del magnicidio de Guillermo Cano era un magnate con claros nexos con el cartel de Medellín. De hecho, en sus cuentas corrientes aparecieron relacionados, entre otros, Roberto Escobar, Marina Escobar, Óscar Gaviria, Hernando Gaviria, Carlos Henao, Carlos Gaviria, Victoria Henao de Escobar, Gustavo Gaviria Rivero, todos familiares directos del capo de capos.

Eso, sin referirse a otros personajes cercanos a la estructura criminal, como Héctor Barrientos, administrador de la finca Nápoles.

Uno de los narcoterroristas al servicio de Escobar, el confeso John Jairo Velásquez, lo admitió en mayo de 1994: “Todos cambiábamos cheques donde Molina porque él nos conocía (…). La mayoría de los miembros de la organización cambiaban los cheques allí, familiares de Escobar, familiares de nosotros…”.

Como lo escribió el abogado de la familia Cano, Héctor Giraldo, en uno de sus memoriales antes de ser asesinado en marzo de 1989: “Basta mirar los depósitos de sus cuentas, con cifras tan grandes que no caben en las hojas de los extractos del banco, para deducir su responsabilidad”.

Y no sólo en el expediente quedó abundante información sin desarrollo. Por la época en que la Fiscalía reabrió el caso Cano, salió a la luz el libro Nuestro hombre en la DEA, del periodista Gerardo Reyes, que, basado en fuentes del narcotráfico, expresa que Molina era “un narcotraficante y lavador de dólares, dueño de casas de cambio en Medellín y muy cercano a Escobar”.

El libro revela que gracias a su amistad con El Patrón, se logró liberar al narco Juan Gabriel Úsuga, secuestrado por Escobar a cambio de un millón de dólares.

El mismo texto señala que después de la libertad de Úsuga, de quien Escobar sospechaba que había tenido que ver con la muerte de su primo y socio Gustavo Gaviria en 1990, este narcotraficante ideó el envío de droga en tanques de transporte de químicos reforzados con marcos de metal.

Este nuevo plan de los carteles de la droga, denominado La Gorda, fue inaugurado en 1992 con 120 kilos de coca.

Según Gerardo Reyes, el salvador de Úsuga, Luis Carlos Molina Yepes, “contribuyó con la financiación de los cargamentos de prueba”.

En otras palabras, a Luis Carlos Molina Yepes, capturado en febrero de 1997, y quien apenas purgó seis años de cárcel como cómplice del magnicidio de Guillermo Cano, sólo se le investigó por la cuenta desde la cual se giró el dinero para perpetrar el crimen.

Sobre sus nexos con el mundo de la droga o el origen de sus multimillonarias utilidades o negocios de cambio de dinero sin licencia oficial de funcionamiento, poco o nada se indagó. En su caso no se aplicó la Ley de Extinción de Dominio, ni hubo rastreo de los beneficiarios de sus capitales. La impunidad quedó a salvo.

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