Policía Nacional ataca a periodistas y es señalada de asesinar a comunicadora indígena.

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Cuando periodistas de la Revista Semana, El Espectador y Contagio Radio, acompañaban el pasado domingo a una comisión humanitaria conformada por la ONU y organizaciones defensoras de derechos humanos, fueron atacados con disparos y granadas de aturdimiento por parte de uniformados de la Policía Nacional, en zona rural de Tumaco (Nariño).

Según Sonia Cifuentes, comunicadora de la Asociación Minga “La Policía estaba informada que una comisión humanitaria ingresaría a la zona y pese a estar identificados y gritar que eran miembros de la misión, recibieron ataques con disparos y armas de aturdimiento.  Fueron hechos muy difíciles por cuanto en medio del caos los disparos pasaban a unos dos metros, nos perdimos en el terreno y había miedo por las minas antipersonas”, aseguró Cifuentes.

De acuerdo con medios nacionales, la comisión buscaba verificar información relacionada con una masacre que como mínimo dejó seis personas muertas y cerca de 40 heridos que participaron el 5 de octubre en una protesta contra la erradicación de cultivos ilícitos. Durante estos hechos se conoció de intimidaciones a un poblador que guiaba a un equipo periodístico independiente que cubrió los acontecimientos.

Por su parte, la Policía Nacional emitió un comunicado en donde “ofrece excusas públicas” e informa que “un grupo indeterminado de personas intento ingresar a la fuerza por la parte posterior de la base, circunstancia que conllevó a que los uniformados activaran dos granadas de aturdimiento”.

La FECOLPER conoció que en la cabecera municipal de Tumaco, se cuenta con la presencia de periodistas de medios nacionales como El Tiempo, prensa alternativa como Contagio Radio, VICE, y el corresponsal de NYT, así mismo, periodistas regionales. Algunos de los comunicadores manifestaron que el ambiente en la zona es de total silencio frente a lo que está pasando, no hay acceso de prensa al hospital, las víctimas y las familias no se encuentran en el lugar.

En otros hechos sucedidos también el domingo anterior en el departamento del Cauca, la Policía Nacional fue señalada de asesinar a la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo, en territorios del pueblo Kokonuko, ubicado en Puracé (Cauca).

La Organización Indígena de Colombia, ONIC, emitió un comunicado donde asevera que la comunicadora fue asesinada por el ESMAD (Escuadrón de la Policía Nacional) durante la represión a una manifestación indígena en “defensa y liberación de la madre tierra” y que tres comuneros resultaron gravemente heridos en el mismo suceso.  Adicionalmente, fuentes consultadas por FECOLPER señalaron que Efigenia generalmente acompañaba las manifestaciones para enterarse de los hechos y colaborar con información en la emisora Renacer Kokonuko 90.7 FM.

Respecto a los lamentables acontecimientos del fin de semana anterior, la Federación Colombiana de Periodistas condena todos los hechos donde se obstruya la labor de la prensa y se afecte la vida e integridad de los comunicadores. Además, rechaza el clima de silencio y censura que limita y restringe el ejercicio de la libertad de prensa, con el consecuente resultado de la violación del derecho a la información de la sociedad en su conjunto.

Adicionalmente, la FECOLPER le recuerda al Estado colombiano las obligaciones que tiene de  instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto a los medios de comunicación, así como también la obligación de prevención y protección en contextos generalizado de violencia.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha expresado que “forma parte del campo de actividades periodísticas cubiertas por el derecho a la libertad de expresión el visitar comunidades afectadas por situaciones de conflicto armado, documentar sus condiciones de vida, recoger testimonios y denuncias de violaciones de sus derechos humanos por las autoridades y cualquier atentado o represalia por las autoridades como consecuencia el ejercicio de estas actividades es una violación del derecho a la libertad de pensamiento y expresión”.

Finalmente, la Federación Colombiana de Periodistas, exige a las autoridades nacionales realizar investigaciones serias e imparciales así como también  esclarecer, juzgar y sancionar de manera efectiva a los responsables de los ataques a periodistas y del asesinato de la comunicadora indígena.

Caso Flor Alba Núñez Vargas. Se gana una batalla, más no la guerra

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El Juez Tercero Especializado de Neiva, impartió sentencia de 47 Años 2 meses y 6 días, contra Juan Camilo Ortiz, alias “El Loco”, responsable del asesinato de la Periodista, Flor Alba Núñez Vargas, perpetrado a las 11.34 am del 10 de septiembre de 2015, en la entrada principal de la estación radial La Preferida, en Pitalito Huila.

Este fallo proferido 24 meses después de cometido el atroz crimen, fue recibido con satisfacción y euforia por organizaciones gremiales de las Comunicaciones, como La Corporación de Periodistas, Comunicadores Sociales y Trabajadores de los Medios de Comunicación del Huila – CORPEHUILA- y La Federación Colombiana de Periodistas – FECOLPER ­- , consideran que en esta ocasión, el crimen no quedó impune, respecto a la condena al autor material, como si acontece en buena parte de los casos donde un Periodista es la víctima.

Para el caso de Flor Alba Núñez Vargas, la sentencia fue drástica, contundente, ejemplarizante y concreta, a imponer una pena de 47 años, 2 meses y 6 días de detención en centro reclusión, sin ninguna posibilidad de beneficio de casa por cárcel o modificación alguna conforme lo estiló El Togado al develar el contenido del fallo emitido en audiencia del 9 de septiembre de 2017 a las 11.03 am de la sala Uno de audiencias del Palacio de Justicia de Neiva.

EL FALLO

En la sala de audiencias se encontraban los padres de la Periodista asesinada, varios familiares y Periodistas de Medios de Comunicación y en una pantalla de TV vía Sky se observó al sindicado, desde la cárcel Picaleña de Ibagué, cuando el Juez sentenció
Primero. Declarar penalmente responsable a Juan Camilo Ortiz, identificado con la cédula de ciudadanía 1.083.866.381 de Pitalito – Huila, como coautor del delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, partes, y municiones agravado, de que tratan los artículos 103 y 104 numeral sétimo y décimo y 365 del Código Penal, este último modificado del artículo 19 de la ley 1453 de 2011, con circunstancias agravantes del inciso tercero numeral quinto del mismo artículo, según acusación que le formulara La Fiscalía Cuarta Especializada de Neiva, y en consecuencia condenado a la pena principal de 566 meses y 6 días de prisión y a la pena accesoria de la de anulación para el ejercicio de dichas funciones públicas por un lapso de 20 años.

Segundo. Declarar que por el momento no hay lugar a poner en perjuicio, conforme a lo indicado en la continuidad de la respuesta.

Tercero. Declarar que el sentenciado no se hace acreedor a la condena de ejecución condicional ni a la prisión domiciliaria ni a ninguno de los mecanismos sustitutivos de la pena que son irrogadas, debiendo continuar privado de la libertad en establecimiento penitenciario que para el cumplimiento de la pena designe el INPEC.

PRIMERA BATALLA
El fallo condenatorio, reviste especial relevancia por (1) la drasticidad en la sentencia, convirtiéndolo en ejemplarizante, según, José Ignacio Valencia Gutiérrez, Presidente de CORPEHUILA, en razón a que se establece inclusión carcelaria sin ningún tipo de beneficio para el futuro, como la casa por cárcel o disminución de condena. Pero en (2) el contenido de la sentencia se especifica claramente, que se impuso la sanción por el delito de asesinato de Periodista Colombiana en ejercicio pleno de sus funciones, y de conformidad a las leyes que establecen la protección a quien ejerce esta profesión en el suelo nacional. A lo anterior (3) la celeridad, en el proceso, como quiera que trascurrieron 24 meses, tiempo en el que se allegaron las pruebas y se impartió sentencia, cuando en otros casos, los procesos no avanzan pese al correr de los años, ejemplo Nelson Carvajal, también en Pitalito.

Para Valencia Gutiérrez, este fallo, es apenas una batalla ganada, más no la guerra, porque tanto para la agremiación periodística regional, como para FECOLPER a nivel Nacional y la Federación Internacional de Periodistas FIP, la investigación debe continuar, para identificar a los responsables intelectuales del crimen, en razón a que éstos continúan muy cerca de los Periodistas en ejercicio y en cualquier momento y por cualquier excusa asestan un nuevo golpe.

CORPEHUILA
Corporación de Periodistas, Comunicadores Sociales y Trabajadores de los Medios de Comunicación del Huila

Asesinan en Palmira al reportero gráfico Elmer Agudelo Vidales

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Elmer Agudelo Vidales, reportero gráfico y corresponsal en Palmira de los diario El País y Q Hubo fue asesinado este domingo cuando se encontraba en la puerta de su casa en el barrio El Sembrador de Palmira.

El hecho se registró hacia las 12 y 30 del día cuando un sicario que se desplazaba en moto lo abordó en la puerta de su residencia y sin mediar palabra le disparó con arma de fuego tres veces a Elmer Agudelo, quien fue trasladado a la Clínica Palmira donde  falleció debido a la gravedad de sus heridas.

El comandante del Distrito Especial de Palmira, Valle, Teniente Coronel Alberto García Cifuentes, confirmó el deceso del reportero, e informó que al parecer el hecho estaría relacionado con un problema personal, previamente denunciado en la Fiscalía General de la Nación y anunció que las autoridades ofrecen una recompensa de 10 millones de pesos por el autor o autores de este crimen.

En su trabajo de documentación la Fecolper conoció que el reportero efectivamente había tenido inconvenientes personales y que en un restaurante de su propiedad se había presentado un grave incidente; sin embargo, tanto la Federación Colombiana de Periodistas –FECOLPER- como su organización filial, el Círculo de Periodistas de Cali –CPC-, rechazan el homicidio de Elmer Agudelo e instan a las autoridades a no desestimar la hipótesis de que su asesinato pueda estar relacionado con su ejercicio de reportería.

“Si bien Elmer Agudelo cubría noticias principalmente deportivas y judiciales, y no había reportado hechos de peligro al medio de comunicación, nos sorprende que nuevamente la Policía de Palmira, antes de 24 horas prácticamente descarte las labores periodísticas, tal como sucedió en marzo de 2015, con el último periodista asesinado en ese municipio, Edgar Quintero” señaló Adriana Hurtado, presidente de FECOLPER (Ver aquí información relacionada)

Por su parte, Audrey Bahamon, presidente del CPC, indicó que históricamente en el pacífico colombiano de manera reitrativa se presentan anualmente episodios de amenazas; según los informes anuales de FECOLPER en los últimos 10 años el pacífico ha permanecido en el segundo lugar de riesgo para el ejercicio periodístico. Las agremiaciones de Cauca, Chocó, Nariño y Valle pertencientes a FECOLPER fomentarán en la región pacífica una campaña por el respeto a la vida y el ejercicio periodístico con el apoyo de las entidades y organismos que manifiesten su disposición.

Finalmente, la FECOLPER y el CPC, repudian este nuevo crimen contra un periodista, se solidarizan con la familia de Elmer Agudelo y el gremio periodístico, e instan a la Fiscalía General de la Nación a investigar y judicializar a los autores materiales e intelectuales.

Actuación de la CBP frente al caso de la periodista Gina Rojas

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La Corporación Boyacense de Periodistas (CBP) es una organización gremial que tiene dentro de sus objetivos velar por el respeto a la libertad de prensa y el derecho de los periodistas y comunicadores de Boyacá a informar con independencia sobre los sucesos que interesan a las audiencias del departamento.

En ese orden de ideas reiteramos nuestro rechazo al memorando interno de El Periódico, propietario del periódico Extra Boyacá, del 19 de julio pasado, en el que se condiciona a su entonces editora Gina Juliet Rojas para que publique una noticia semanal de todo lo que está haciendo el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, y se abstenga de criticarlo a él o a su administración.

La CBP ha actuado en consecuencia con su misión, y tanto en este caso como en el de la llamada ‘espiral del silencio’ le ha pedido al gobernador de Boyacá, en reuniones formales, pronunciarse sobre su eventual relación, o la de personas de su gobierno, con las circunstancias que comprometen la integridad y el bienestar profesional de la periodista Gina Rojas y con aquellas en las que funcionarios de rango alto y medio evaden suministrar información pública.

La primera reunión con el gobernador se realizó el día 2 de mayo de 2017 y la segunda el día primero de agosto del mismo año y en los dos encuentros ha participado el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Pedro Vaca. En ambos casos el gobernador Carlos Andrés Amaya ha negado que las circunstancias anómalas anteriormente descritas obedezcan a instrucciones suyas o que correspondan a una estrategia de su administración.

Sobre los dos eventos el mandatario se ha mostrado dispuesto a colaborar para identificar si existe al interior de la Gobernación una ‘rueda suelta’ que con oscuros intereses pretenda limitar el trabajo periodístico y comprometer su gestión al frente del departamento.

En relación con tales hechos, la Corporación Boyacense de Periodistas está trabajando articuladamente con la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) con el propósito de exponer la situación de la periodista Gina Rojas ante escenarios desde los cuales se investigue la vulneración a sus derechos laborales y profesionales.

De la misma manera, Fecolper y la CBP definirán estrategias que permitan fortalecer las capacidades del gremio periodístico en términos de sus responsabilidades y de sus derechos.

Finalmente, y aunque la CBP no representa a todos los periodistas del departamento, esta organización está fundada en el compromiso de abogar por el derecho de los periodistas a informar libremente y de los ciudadanos a estar informados integralmente sobre lo que ocurre en el departamento.

GERMÁN GARCÍA BARRERA
Presidente

Alcalde de Ibagué asegura que periodistas crean pánico con noticias y hace llamado para que “no deterioren la imagen de la ciudad con escándalos”

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El pasado 18 de julio, el Círculo Profesional de Periodistas del Tolima (CPPT), dirigió una carta al alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, rechazando declaraciones en medios de comunicación donde asegura que periodistas crean pánico con noticias y hace llamado para que “no deterioren la imagen de la ciudad con escándalos”

Específicamente hace referencia a un robo a la sucursal de un banco en Ibagué ocurrido el 13 de julio. Según el alcalde, considera que se han magnificado los hechos porque no se habían robado tantos millones como inicialmente se dijo y asegura que “ustedes tratan de conseguir información para crear pánico en donde no existe, sean más ibaguereños, defiendan esta ciudad”, según se escucha en grabación suministrada a la Fecolper y en alusión a los periodistas de la localidad.

De acuerdo con el CPPT, desde el inicio del actual gobierno, se han presentado diferentes manifestaciones del alcalde en las que ataca sistemáticamente al gremio con palabras displicentes en las que se refiere de manera general a los medios como “mermelados” o “comprados”.

La Federación Colombiana de Periodistas, respalda la comunicación dirigida por su organización afiliada, el Círculo Profesional de Periodistas del Tolima, e invita a alcalde a dar respuesta a la misma, así como también le recuerda que es deber del periodismo dar a conocer los diferentes hechos y noticias de la ciudad, y va en contravía de la libertad de prensa cuestionar o señalar de generadores de pánico a los trabajadores de los medios por divulgar información que considera que afecta la imagen de la ciudad. Es obligación de los servidores públicos evitar señalamientos que puedan producir estigmatizaciones y prejuicio contra los periodistas.

Periódico El Extra deberá responder por presunta censura y acoso laboral a periodistas de Boyacá y Meta.

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Imagen tomada del Monitoreo de Propiedad de los Medios - MOM Colombia

Dos casos de presunta censura y acoso laboral por parte del Grupo Editorial El Periódico.1 , propietario del diario El Extra, fueron denunciados por periodistas de Tunja (Boyacá) y Villavicencio (Meta), quienes señalan que el medio de comunicación utiliza los contenidos informativos críticos o aduladores, para presionar la asignación de publicidad oficial, instala la censura a sus trabajadores para seguir esa línea editorial y realiza persecución laboral que conlleva al despido o renuncia de los periodistas.

El control de contenidos positivos de la Gobernación de Boyacá en el periódico el Extra

La periodista Gina Rojas, del Extra Boyacá denunció que directivas del periódico le solicitaron omitir información que afectara la imagen de las actuaciones del gobernador de Boyacá Carlos Amaya.

De acuerdo con Rojas, los hechos se hicieron más evidentes cuando el pasado 19 de julio, recibió un memorando (ver aquí) donde se le reiteró que “se les había manifestado la ayuda total y directa al Gobernador Carlos Andrés Amaya R… por lo tanto, debe salir una noticia semanal de todo lo que está haciendo. En ningún momento criticando de él o de su gobernación”. Además, se le informó que “la parte política nacional debe salir con la autorización del director H.S.B2, no está permitido que la Editora o el Administrador tomen esa decisión”.

Posteriormente las presiones continuaron y según la periodista, verbalmente se le pidió la carta de renuncia y se le indicó que su contrato iría hasta el 30 de julio. El 24 de julio, fue citada a una “Diligencia de descargos administrativos laborales” en las instalaciones del periódico, en donde se le consultó por la autorización para publicar una nota del 18 de julio, y a lo cual la periodista contestó “No sé a qué nota hace referencia. Si se trata de entrevista realizada en sección Al Banquillo, esta se hizo con visita a oficina y sin ninguna intención personal”

El 25 de julio, Rojas, recibió una comunicación referenciada como “Notificación de nuevo cargo” donde se le informó que a partir del 22 de julio “usted ocupará el cargo de periodista con todas las funciones que de ello se desprendan y horario que así lo designe la entidad”. En carta dirigida al Grupo Editorial, la periodista reiteró su solicitud para conocer su situación laboral, las causales para el cambio de editora (cargo que ocupaba desde marzo de 2016) y solicitó copia del contrato que asegura no fue entregada al ingresar a la empresa en 2014.

Hoy, Gina Rojas, ofrecerá una rueda de prensa a las 11 de la mañana en Tunja, en donde hará pública la renuncia presentada el 29 de julio al Grupo Editorial El Periódico.

Periodista en Meta denunció presión para publicar información negativa de administración local y departamental, al parecer, con el fin de influenciar asignación de publicidad oficial

El 29 de diciembre de 2016, el periodista Enrique Villar Jiménez hizo pública su renuncia como editor del Periódico Extra Llanos (Ver carta aquí) por no compartir las políticas de “hostigamiento desbordante contra los gobiernos territoriales”. De acuerdo con Villar Jiménez, el auditor del periódico informó en un consejo de redacción que “se tiene que publicar todo lo malo de la Gobernación y los alcaldes, entrevistar la oposición para fustigar los gobiernos hasta que decidan pautar con el periódico”.

En comunicación con la Federación Colombiana de Periodistas, Enrique Villar, además denunció que el medio de comunicación lo obligó a presentar renuncia a un contrato a término fijo, para contratarlo con la figura de contrato de prestación de servicios, pero mantuvo órdenes y lo obligó a cumplir horario en el mismo cargo.
Además, informó que en retaliación por hacer pública su renuncia y los motivos que la originaron, este año se le ha negado el pago de comisiones.

Otras reacciones sobre denuncias de periodistas en Boyacá y Meta

La Fecolper, a través de la Corporación Boyacense de Periodistas se reunió con el gobernador de Boyacá Carlos Amaya, ante otras denuncias de Gina Rojas en las que al parecer a través de un asesor externo del gobierno departamental se estaría “pidiendo su cabeza” (Retirar del puesto como periodista de El Extra). El mandatario afirmó que “Nunca ha conversado o siquiera sugerido con altos directivos de medios de comunicación sobre el desempeño de un periodista en particular”.

La Federación consultó con un periodista que labora en Boyacá, y aseguró que las denuncias de un grupo de periodistas afines al anterior gobernador, obedecen a temas políticos y solicitó que se aclare que el gremio en el departamento no está unificado frente a una posición general respecto a que la gobernación de Boyacá estaría excluyendo a periodistas en “listas negras”, censurando contenidos, o pidiendo a empresarios el retiro de periodistas.

En relación al departamento del Meta, la Fecolper indagó a través de la Asociación de Periodistas del Meta a los asesores de prensa de la gobernación departamental y la alcaldía municipal, y estos aseguraron que “desconocen elementos adicionales de la renuncia que hizo pública el periodista Enrique Villar e indicaron que hoy, gozan de buenas relaciones con el periódico El Extra”

En comunicación con otros periodistas del departamento, aseguraron que conocen casos donde el periódico El Extra exige a sus trabajadores información amarillista (sensacionalista) y que niega la posibilidad de publicar otros tipos de contenidos.

La Fecolper, intentó comunicarse con el empresario Hernando Suárez Burgos, pero no fue posible establecer contacto para conocer sus reacciones respecto a las denuncias de los periodistas de El Extra en Boyacá y Meta.

La Federación Colombiana de Periodistas y sus organizaciones afiliadas, Corporación Boyacense de Periodistas –CBP- y Asociación de Periodistas del Meta –ASOPEMET-, se solidarizan con Gina Rojas y Enrique Villar Jiménez.

Adicionalmente, rechazan toda forma de censura a trabajadores de la prensa, sea por parte de empresarios de medios de comunicación, servidores públicos y ciudadanos en general; recuerdan que el control previo de contenidos está prohibido por mandato constitucional y exigen al Ministerio del Interior implementar la Política Pública de Libertad de Expresión.

Además, la FECOLPER y sus 31 organizaciones afiliadas en Colombia, como miembro de la Federación Internacional de Periodistas –FIP-, condenan todas las modalidades de acoso laboral contempladas en la Ley 1010 del 2006, e insta a las autoridades a investigar y sancionar de acuerdo con sus competencias. La FIP, el sindicato de periodistas más grande en el mundo, ha dicho que “No puede haber libertad de prensa si los periodistas ejercen su profesión en un entorno de corrupción, pobreza o temor”.

Adriana Hurtado, presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas, aseguró que la organización gremial interpondrá recursos administrativos y jurídicos para solicitar que el Periódico El Extra entregue a los colaboradores copia de sus contratos de trabajo, responda por las presuntas vulneraciones laborales y cumpla con la normatividad establecida en el Código Sustantivo de Trabajo.

Finalmente, la Federación Colombiana de Periodistas, invita a trabajadores de los medios a denunciar ante el SISTEMA DE ATENCIÓN A PERIODISTAS SAP-TM de la Fecolper, las vulneraciones por el ejercicio de la libertad de prensa, que se encuentra organizado en la Federación Colombiana de Periodistas en las siguientes tipologías:

  1. Violaciones contra la integridad y la vida de periodistas
  2. Obstrucción al ejercicio periodístico
  3. Afectaciones a la estabilidad laboral
  4. Delitos cibernéticos

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1 Leer investigación Monitoreo de Propiedad de los Medios, respecto al GEEP, realizada por Fecolper y Reporteros Sin Fronteras Alemania http://www.monitoreodemedios.co/grupo-editorial-el-periodico/

Corresponde a las iniciales de Hernando Suárez Burgos. Leer en http://www.monitoreodemedios.co/hernando-suarez-burgos/ 

Prensa Fecolper. Contacto: +57 313 4000 870

Hostigamientos, señalamientos y abusos de servidores públicos deben cesar: Fecolper

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La Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper, rechaza los señalamientos del ex presidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez contra el periodista Daniel Samper, a quien el servidor público le acusó de ‘violador de niños’ a través de su cuenta de tuiter el viernes anterior. Aunque posteriormente el congresista anunció que se retractaría por la difamación, el texto publicado en su red social se acomodaba para esta vez señalar a Samper de ‘Violación a derechos del menor’.

Esta no es la primera ocasión en la que Uribe Vélez estigmatiza a la prensa colombiana. Para no ir muy lejos, en 2017 el congresista acusó de ser ‘Pro Farc’ al periodista Julián Martínez, de Noticias Uno. En 2014, el ex mandatario aseguró que Hollman Morris y Canal Capital eran ‘afecto a los intereses del terrorismo’; además, en 2012, Uribe Vélez tildó a la periodista Claudia Julieta Duque como ‘Simpatizante del terrorismo’. Aunque los dos últimos periodistas interpusieron denuncias contra Uribe, en el caso de Morris, Alvaro Uribe rectificó y se retractó en audiencia de conciliación, pero en el de Duque, se agotó la instancia de conciliación y la Corte Suprema de Justicia no ha actuado y se podría archivar el proceso.

La FECOLPER, se une al comunicado firmado por periodistas de medios nacionales #Porelrespeto en relación a que “resulta inaceptable que el expresidente siga jugando el perverso juego de rectificar cuando el daño ha sido hecho, siga legitimando socialmente esa manera temeraria de participar en la deliberación pública y liberando ese premeditado ataque contra la prensa y la libertad de expresión”.

No obstante lo anterior, la FECOLPER, alza su voz para solidarizarse también con los periodistas regionales y hace un vehemente llamado para que cesen los hostigamientos, señalamientos y abusos de servidores públicos a la prensa local y nacional:

La semana anterior, la concejal de Villavicencio, Natalia Pineda, publicó en facebook un video (Ver aquí) en donde recurre a imágenes de un noticiero para hostigar al periodista Sneyder Rico y a la programadora Chamorro Televisión. En el material periodístico se aprecia que Pineda se encontraba en medio de una protesta social y la comunidad le pidió que se retirara porque querían un espacio libre de política. Sin embargo, aunque en los registros se observa que los reporteros se limitan a informar, la concejal señala a los periodistas como “verdaderos responsables” de la manipulación, persecución y conspiración política contra ella y su familia.

Adicionalmente, en febrero de 2017, cuando periodistas de Bucaramanga se encontraban en el Parque Santander, en rueda de prensa con la senadora Claudia López, fueron señalados por la servidora pública con mensajes estigmatizantes “lo que pasa es que aquí los periodistas fletados por los corruptos no denuncian a los que se roban la plata en Santander”. López, ya había tratado en otra oportunidad a un periodista de Cauca como “calanchín del periodismo” (Leer más)

Finalmente, la Federación Colombiana de Periodistas, recuerda obligaciones NACIONALES E INTERNACIONALES y realiza las siguientes solicitudes:

  • Los servidores y funcionarios públicos, por la naturaleza de sus actividades están más expuestos a la crítica y al escrutinio del público; inclusive la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha declarado que son los funcionarios públicos quienes tienen la obligación de adoptar un discurso público favorable que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas: “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.
  • Los medios de comunicación tienen responsabilidad social por mandato constitucional. “El límite es la Ley”. Las normas respecto a la protección de la niñez, las mujeres y comunidades vulnerables deben respetarse.
  • Todos los ciudadanos pueden hacer uso de los mecanismos legales para hacer la defensa de su buen nombre y honra. Incentivar agresiones y violencia verbal en redes sociales reduce la democracia y polariza el sano debate de ideas y la deliberación pública.
  • La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General, deben aplicar sanciones contundentes que reduzcan la impunidad frente a la vulneración de derechos constitucionales que protegen la libertad de prensa y la libertad de expresión de todos los ciudadanos.
  • El Ministerio del Interior debe protocolizar la publicación de la Política Pública de Libertad de Expresión para las personas que ejercen la actividad periodística y velar por su fiel cumplimiento por parte de los servidores y funcionarios públicos.

CPV y FECOLPER  rechazan atropellos y discriminación de equipos de Presidencia de la República a periodistas regionales

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Imagen: google imágenes

A raíz de los hechos acontecidos el 5 de julio de 2017 en el municipio de Chimichagua Cesar, donde un equipo de Presidencia de la República dio un trato indigno a los periodistas del departamento del Cesar, el Círculo de Periodistas de Valledupar, CPV, rechaza este comportamiento por parte del Alto Gobierno, fundamentado en:

1. Un grupo de periodistas del Cesar fue invitado por la Gobernación para cubrir la visita del Presidencia de la República, Juan Manuel Santos Calderón, a la mencionada localidad, labor para la cual con dos días de antelación la Jefe de Comunicaciones de la Gobernación del Cesar, Ana Patricia González, envió como es acostumbrado el listado de los trabajadores de los medios que participarían con sus respectivas identificaciones.

2. El desplazamiento de los periodistas contó con un vehículo dispuesto por la Gobernación del Cesar para el tema, cuya autorización de ingreso al muelle de Chimichagua, el primer lugar que visitaría el Presidente de la República fue requerida al grupo de avanzada del Gobierno Nacional, el cual se negó a esto, pero se comprometió a facilitar el transporte para que los periodistas regionales integraran la caravana de Presidencia  y llegaran al segundo escenario dispuesto para una entrega de viviendas de interés social.

3. Los periodistas del Cesar abordaron una buseta a la cual fueron guiados por el equipo de Presidencia, pero cuando éste notó que los periodistas nacionales quedaron sin transporte, obligó a descender a los comunicadores regionales para entregar sus asientos a los medios capitalinos, quedando los locales abandonados en el muelle de Chimichagua para que llegaran al segundo evento bajo las condiciones que fueran posibles.

4. Este tipo de situaciones se han vuelto recurrentes en el Cesar cuando se reciben visitas del Alto Gobierno, generando una estratificación entre los periodistas capitalinos y los regionales, recibiendo los últimos un trato displicente y grosero por parte de algunos visitantes y miembros del equipo que los acompañan.

5. El Círculo de Periodistas de Valledupar reclama un trato digno para los trabajadores de los medios de comunicación, quienes adelantan su labor con el profesionalismo que informar demanda, sin importar las complejas situaciones que para ello deban enfrentar.

 La Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper,  rechaza estos atropellos y discriminación a la prensa regional; recuerda que en otras zonas del Caribe se han presentado situaciones similares de obstrucción al trabajo periodístico por parte de los equipos de Presidencia, y pese a que se ha dicho que ‘no se volverá a repetir y se ofrecen disculpas’ sigue siendo repetitivo que a los reporteros de los medios locales no se les brinden las mismas oportunidades que a los medios nacionales.

La Fecolper se adhiere al comunicado emitido por el Círculo de Periodistas de Valledupar, CPV y exige al Gobierno Nacional garantías para el trabajo de los periodistas en la región y recuerda la importancia de los mismos para la pluralidad y la libertad de prensa en un país que busca construir la paz desde los territorios.

Excusas ofrecidas por subsecretario del Senado son insuficientes.

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Fuente: captura de vídeo Noticias Uno

A propósito de los hechos sucedidos el primero de junio en el Congreso de la República, donde el subsecretario del Senado fingió una agresión que según su versión, fue originada por el equipo periodístico de Noticias Uno, la Federación Colombiana de Periodistas:

1.  Repudia las agresiones del subsecretario del Senado y reprocha la conducta deshonesta de Saúl Cruz, quien además recurrió a la falsa denuncia y calumnió al equipo periodístico emitiendo acusaciones mentirosas en contra del periodista y el camarógrafo de Noticias Uno, cuando estos realmente trataban de establecer  si el funcionario adelantaba labores proselitistas en favor de la elección de un candidato a magistrado de la Corte Constitucional.

2. Cuestiona las manifestaciones de algunos congresistas, que sin percatarse de lo sucedido, lanzaron improperios contra el equipo periodístico e incluso propusieron sacar, censurar e impedir el trabajo de Noticias Uno en su labor de informar lo que sucede en el templo de la democracia. La Fecolper recuerda a los servidores públicos  que por su condición están sometidos al escrutinio público, sus acciones serán siempre objeto  de información e investigación por parte de los trabajadores de los medios de comunicación.

3.  Considera insuficientes las excusas presentadas hoy por Saúl Cruz a través de una carta dirigida al presidente del Senado, en donde el funcionario dijo que fue impreciso a la hora de contarle a la plenaria lo que sucedió con el camarógrafo y explicó que se trató de un hecho “accidental y fortuito”. Al querer esquivarlo se presentó el contacto con la cámara, fue un hecho accidental y fortuito, no lo embestí y también entiendo que no fue el propósito del camarógrafo hacerlo, por esa razón igualmente quiero ofrecerle disculpas al camarógrafo y a Noticias Uno por mis palabras originadas por la confusión, emotividad y estrés del momento al cual no estoy acostumbrado”

4.  Insta a la Procuraduría General de la Nación investigar disciplinariamente al funcionario y sancionar de forma ejemplarizante por esta agresión y obstrucción al trabajo periodístico.

5.  Solicita al Senado de la República expresar públicamente sus disculpas al equipo periodístico de Noticias Uno por los improperios durante la plenaria y por los mensajes estigmatizantes de varios de los miembros de ese cuerpo legislativo a la prensa colombiana durante este año.

En foro sobre género se debatirá cómo los medios abordan temas de abuso y violencia contra la mujer

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Con este foro la Federación Colombiana de Periodistas –FECOLPER busca promover noticias de género en las agendas informativas de los medios de comunicación y un cubrimiento responsable sobre temas relacionados con violencia contra la mujer.
El crimen de Rosa Elvira Cely y testimonios de dos mujeres periodistas regionales víctimas de amenazas y violencia física de agentes del Estado durante el ejercicio periodístico, corresponden a los casos que se abordarán en el foro “Mujeres colombianas: participación y equidad. Del buen dicho al hecho. falta un buen trecho”, que promueve la Federación Colombiana de Periodistas – FECOLPER y la UNESCO, con el apoyo de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género.

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La jornada que busca reflexionar en torno al manejo de la información sobre el maltrato de la mujer y concientizar a los medios de comunicación en la importancia de visibilizar temáticas de equidad y género en el país, será orientado por el escritor y periodista Sergio Ocampo Madrid, y el comunicador Social, Yesid Fernández.

Ocampo, analizará el por qué las mujeres no están participando en política y ahondará en los tres principales obstáculos que la mujer ha tenido que afrontar para ingresar y permanecer en dicha actividad. Por su parte, Fernández, realizará un análisis sobre el cubrimiento de los medios de comunicación, con respecto a la información relacionada con el asesinado de Rosa Elvira Cely.

“Con estos análisis, queremos movilizar y sensibilizar a los medios de comunicación en la importancia de cubrir todas las noticias de género, sin descuidar un tratamiento adecuado a la hora de difundir cada caso, es decir, sin entrar en un amarillismo o sensacionalismo. La violencia contra la mujer es una realidad, debe ser abordada, pero a su vez con responsabilidad”, puntualizó Adriana Hurtado, presidenta de la FECOLPER.

El foro al que podrán asistir periodistas, directores de medios de comunicación, organizaciones de mujeres, funcionarios públicos y académicos.

se realizará este miércoles 13 de junio, a partir de las 9:00 a.m. en el Hotel DANN (Av. 19 Av. Calle 19 No. 5-72 Salón Bolívar – Bogotá).

PERFILES DE LOS PERIODISTAS INVITADOS
SERGIO OCAMPO MADRID

Escritor y periodista, nacido en Medellín. Trabajó como editor general del diario El Heraldo (Barranquilla) hasta el 2008 y ocupó eses mismo cargo en El Colombiano, de Medellín. También fue editor político y luego editor nacional en El Tiempo, de Bogotá. Estudió Psicología y Comunicación Social, e hizo una especialización sobre conflictos armados en la Universidad de Los Andes, y una maestría de Literatura en la Universidad Javeriana. Es profesor de las universidades Javeriana y Externado de Colombia. Publicó su primer libro, “A Larissa, no le gustaban los escargots”, con el Editorial Norma en el 2.009, y este año lanzó su primera novela bajo el título de “El hombre que murió la víspera”. Es columnista del Diario El Comercio de Lima. Así ganador de los premios Simón Bolívar, 1998 y 2005; Semana-Petrobras 2008, y CPB 1996. Es autor del “Manual de Reportería Política, con Perspectiva de Género”, publicado por la ONU en el 2009.

YESID FERNÁNDEZ

Comunicador Social y Periodista, miembros de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género. Productor de medios audiovisuales, escritor permanente de la Revista Encuentro, y otros medios alternativos. Consultor y asesor en temas de comunicación para el desarrollo.

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