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Foto tomada de:google images

Es decir, actuó como si pensara que la opinión pública es un enemigo.
Por: Elisabeth Ungar Bleier

LA FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA gestión pública y la corrupción siguen ocupando un lugar muy relevante en la agenda política en Colombia y son dos de los principales obstáculos para lograr el fortalecimiento institucional y una sólida gobernabilidad democrática.

Aunque son muchas las causas que originan estas prácticas, expertos en el tema coinciden en que las más importantes son la precariedad de la información pública, las dificultades de la ciudadanía para acceder a ella y la poca disposición de los funcionarios para darla a conocer.

En Colombia, este último es sin duda uno de los mayores obstáculos para una efectiva rendición de cuentas.

Si bien se han logrado avances importantes para mejorar la información de las entidades y funcionarios del Estado, muchos de ellos en respuesta a normas y compromisos nacionales e internacionales existentes sobre la materia, con frecuencia éstos se ven limitados por la falta de una real voluntad política de los gobernantes de rendir cuentas. Dos ejemplos ilustran lo señalado.

En el marco de una investigación académica que vengo realizando, hace unos meses presenté un derecho de petición al Secretario General de la Presidencia de la República solicitando las fechas de los consejos de ministros realizados desde el 7 de agosto de 2002, los nombres de los Ministros del Despacho y de otros funcionarios que hubieran asistido y los órdenes del día.

La negativa a esta consulta se sustentó en una ley expedida hace ochenta y seis años —la Ley 63 de 1923.

Sobra decir que esta norma es anterior a la Ley 594 de 2000 sobre Acceso y Consulta de Documentos, a la Constitución de 1991 y al Código Contencioso Administrativo, que contemplan y consagran el derecho a la información.

El pasado 2 de diciembre, Huguette Lubelle, presidenta de Transparencia

Internacional, le envió una carta al presidente Álvaro Uribe con motivo de la elección de magistrados a la Corte Constitucional.

Entre otras cosas le solicitaba “establecer y divulgar los criterios que guiarán la selección de los candidatos que a usted le corresponde nominar” y señalaba que “esto constituiría un aporte trascendental en favor de la transparencia de este tipo de procesos, y daría ejemplo no sólo a los demás entes nominadores de candidatos a magistrados de las altas cortes colombianas, sino incluso a actores vinculados con la selección de miembros de la judicatura en otros países de la región”.

En una escueta respuesta, el Secretario General de la Presidencia le respondió que oportunamente se publicarían las hojas de vida de los candidatos en la página de internet de la Presidencia de la República.

Pero sobre los criterios, que sin éxito ya le habían solicitado las organizaciones que conforman el proyecto Elección Visible Corte Constitucional, no se pronunció.

En ambos casos el Gobierno se limitó a un rígido acatamiento de la ley, pero no dio muestras de una real disposición para mejorar la información pública, para facilitarle a la ciudadanía el acceso a ella y para que haya una verdadera y efectiva rendición de cuentas.

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