Información entre el terror y el centavo: derecho humano de libre información...

Información entre el terror y el centavo: derecho humano de libre información en el Valle del Cauca

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Reporteros sin fronteras ubicó a Colombia como el segundo país en Américas donde más asesinatos contra periodistas se presentaron en los últimos 14 años. En la clasificación mundial lo ubica en el lugar 128 de 180; es decir, es el 5 país más riesgoso en el continente para el ejercicio periodístico.

En los cuatros meses del presente año, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), han registrado en Colombia dos asesinatos y un intento de homicidio; apoyaron la reubicación de un periodista en riesgo; dieron seguimiento a las amenazas contra los comunicadores indígenas del Cauca, contra medios como Canal Capital y periodistas de radio y tv. Así mismo revisaron la implementación de medidas de seguridad a cerca del 50% de los 124 periodistas que trabajan con esquemas de protección en el país.

Para acercarse aún más a este panorama del cubrimiento periodístico, RSF y la Fecolper decidieron documentar la manera cómo se informa en el departamento del Valle del Cauca, en especial en los municipios de Buenaventura y Palmira.

En una visita entre el 13 y el 15 de marzo y luego de entrevistar a más de 50 reporteros de estas dos localidades, así como a autoridades y representantes de la sociedad civil, las dos organizaciones periodísticas comprobaron que informar en estas zona del país es enfrentarse al terror impuesto, principalmente, por grupos armados al margen de la ley, como paramilitares y guerrilla.

La acción de estos grupos violentos ha obligado a los periodistas a autocensurarse, a dejar de visitar zonas vetadas para ellos, a trabajar con esquemas de seguridad suministrados por el Estado, y en muchos casos a desplazarse por miedo a ser asesinados.

Veintiocho periodistas han sido asesinados entre 1980 y 2015 en el departamento del Valle del Cauca. El número más alto de homicidios lo registra Cali, la capital, con 12; le siguen Cartago con 5, Buenaventura con 4, Yumbo con 2, y en cinco municipios más, incluido Palmira, un homicidio. El reciente asesinato de Édgar Quintero, el 2 de marzo pasado, en esta última localidad se constituye en el número 29.

“Nos autocensuramos porque acá matan a la gente. A la gente la desaparecen, aunque disminuyan los homicidios uno oye de más desaparecidos. Los delincuentes saben cuándo se va a cubrir alguna información. Hay gente que controla con el miedo. Con lo que han vivido otros periodistas que están amenazados uno se preocupa”, se indica en el informe.

Adicionalmente, los obstáculos a la libertad de información también se manifiestan en condicionamientos a través de la pauta publicitaria oficial. La financiación mediante la pauta publicitaria termina convirtiéndose para muchos periodistas en el soporte absoluto de su trabajo y sus familias. La falta de una reglamentación y de equidad en la atribución de la publicidad gubernamental sigue siendo un problema. Las autoridades continúan utilizándola para favorecer a los medios de comunicación, según su línea editorial, perjudicando al pluralismo de la prensa.

Por estas graves violaciones al derecho a la libre información, garantizado por el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, RSF y la Fecolper elaboraron una serie de recomendaciones donde se  hacen llamados a las autoridades colombianas para otorgar a los comunicadores y a sus familias las garantías necesarias para preservar su vida y ejercer su trabajo de manera libre.

De igual forma, luchar contra la impunidad como una prioridad y establecer políticas que permitan sinergias y complementariedades entre las instituciones responsables de garantizar la libre información.

RECOMENDACIONES DE RSF Y FECOLPER

 A las autoridades colombianas

● Otorgar las garantías necesarias para el ejercicio de libre información como garantizada por el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
● Hacer de la lucha contra la impunidad una prioridad
● Tomar las medidas necesarias para preservar la vida e integridad de los periodistas amenazados y de sus familias
● Establecer políticas que permitan sinergias y complementariedades entre las instituciones que tienen co – responsabilidad en garantizar la libre información

A la Fiscalía General de la Nación:
● Investigar de manera imparcial, objetiva e independiente a los autores materiales e intelectuales de las amenazas, las agresiones y los asesinatos y procesarlos legalmente de estos actos

Al Ministerio del Interior:
● Establecer un verdadero mecanismo eficaz de interlocución con la Unidad Nacional de Protección
● Establecer las investigaciones internas pertinentes que garanticen el funcionamiento del programa de protección
● Incluir en la adelantada formulación de la Política Pública para la Libertad de Expresión, elementos que permitan establecer criterios efectivos y eficaces para la asignación de la pauta publicitaria oficial sin condicionamientos y el mejoramiento de las condiciones laborales de los periodistas.

A la Unidad Nacional de Protección:
● Brindar protección rápida, efectiva y adecuada a los periodistas amenazados que les permite de seguir haciendo su trabajo
● Optimizar la planeación e implementación de las medidas de protección
● Determinar mecanismos de monitoreo sobre la efectividad de las medidas seleccionadas
● Concertar medios y maneras de comunicación que fortalezcan la confianza entre los beneficiarios del programa y la entidad y que sean adaptadas a su realidad profesional y garanticen  en la medida de lo posible  la continuidad de su labor

A la Procuraduría General de la Nación:
● Investigar sobre posible participación de agentes estatales y miembros de la Fuerza Pública en amenazas y violaciones de libre expresión, para que, de darse el caso, sean procesados disciplinariamente y sancionados según la Ley
● Establecer las responsabilidades administrativas y disciplinarias de los casos de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Protección.

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