Hostigamientos, señalamientos y abusos de servidores públicos deben cesar: Fecolper

Hostigamientos, señalamientos y abusos de servidores públicos deben cesar: Fecolper

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La Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper, rechaza los señalamientos del ex presidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez contra el periodista Daniel Samper, a quien el servidor público le acusó de ‘violador de niños’ a través de su cuenta de tuiter el viernes anterior. Aunque posteriormente el congresista anunció que se retractaría por la difamación, el texto publicado en su red social se acomodaba para esta vez señalar a Samper de ‘Violación a derechos del menor’.

Esta no es la primera ocasión en la que Uribe Vélez estigmatiza a la prensa colombiana. Para no ir muy lejos, en 2017 el congresista acusó de ser ‘Pro Farc’ al periodista Julián Martínez, de Noticias Uno. En 2014, el ex mandatario aseguró que Hollman Morris y Canal Capital eran ‘afecto a los intereses del terrorismo’; además, en 2012, Uribe Vélez tildó a la periodista Claudia Julieta Duque como ‘Simpatizante del terrorismo’. Aunque los dos últimos periodistas interpusieron denuncias contra Uribe, en el caso de Morris, Alvaro Uribe rectificó y se retractó en audiencia de conciliación, pero en el de Duque, se agotó la instancia de conciliación y la Corte Suprema de Justicia no ha actuado y se podría archivar el proceso.

La FECOLPER, se une al comunicado firmado por periodistas de medios nacionales #Porelrespeto en relación a que “resulta inaceptable que el expresidente siga jugando el perverso juego de rectificar cuando el daño ha sido hecho, siga legitimando socialmente esa manera temeraria de participar en la deliberación pública y liberando ese premeditado ataque contra la prensa y la libertad de expresión”.

No obstante lo anterior, la FECOLPER, alza su voz para solidarizarse también con los periodistas regionales y hace un vehemente llamado para que cesen los hostigamientos, señalamientos y abusos de servidores públicos a la prensa local y nacional:

La semana anterior, la concejal de Villavicencio, Natalia Pineda, publicó en facebook un video (Ver aquí) en donde recurre a imágenes de un noticiero para hostigar al periodista Sneyder Rico y a la programadora Chamorro Televisión. En el material periodístico se aprecia que Pineda se encontraba en medio de una protesta social y la comunidad le pidió que se retirara porque querían un espacio libre de política. Sin embargo, aunque en los registros se observa que los reporteros se limitan a informar, la concejal señala a los periodistas como “verdaderos responsables” de la manipulación, persecución y conspiración política contra ella y su familia.

Adicionalmente, en febrero de 2017, cuando periodistas de Bucaramanga se encontraban en el Parque Santander, en rueda de prensa con la senadora Claudia López, fueron señalados por la servidora pública con mensajes estigmatizantes “lo que pasa es que aquí los periodistas fletados por los corruptos no denuncian a los que se roban la plata en Santander”. López, ya había tratado en otra oportunidad a un periodista de Cauca como “calanchín del periodismo” (Leer más)

Finalmente, la Federación Colombiana de Periodistas, recuerda obligaciones NACIONALES E INTERNACIONALES y realiza las siguientes solicitudes:

  • Los servidores y funcionarios públicos, por la naturaleza de sus actividades están más expuestos a la crítica y al escrutinio del público; inclusive la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha declarado que son los funcionarios públicos quienes tienen la obligación de adoptar un discurso público favorable que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas: “la obligación de garantizar los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal requiere que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia”.
  • Los medios de comunicación tienen responsabilidad social por mandato constitucional. “El límite es la Ley”. Las normas respecto a la protección de la niñez, las mujeres y comunidades vulnerables deben respetarse.
  • Todos los ciudadanos pueden hacer uso de los mecanismos legales para hacer la defensa de su buen nombre y honra. Incentivar agresiones y violencia verbal en redes sociales reduce la democracia y polariza el sano debate de ideas y la deliberación pública.
  • La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General, deben aplicar sanciones contundentes que reduzcan la impunidad frente a la vulneración de derechos constitucionales que protegen la libertad de prensa y la libertad de expresión de todos los ciudadanos.
  • El Ministerio del Interior debe protocolizar la publicación de la Política Pública de Libertad de Expresión para las personas que ejercen la actividad periodística y velar por su fiel cumplimiento por parte de los servidores y funcionarios públicos.

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