El Riesgo De Opinar

El Riesgo De Opinar

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¿Existe el derecho a opinar? La pregunta no es ociosa. Verbalmente, no hay nada ni nadie que pueda impedirle a una persona expresar su opinión. Sin embargo, esto no significa que toda opinión deba publicarse en un medio de comunicación privado. Negarle espacio en un periódico a una columna, controvertida o no, de ninguna manera viola la libertad de expresión porque los medios tienen sus propios criterios editoriales y el derecho de decidir a quién publican.

El verdadero reclamo por la libertad de expresión es frente al Estado, y en este sentido es apenas justo que el escritor y los medios le exijan un mínimo de garantías para ejercer el periodismo y que minimice el riesgo que corren quienes informan y opinan sobre los temas de interés público.

Y es precisamente en torno de esta reflexión inicial en la que gira mi presentación en la reciente Feria del Libro en Bogotá a la que asistí para hablar sobre el riesgo de opinar, junto a tres periodistas que trabajan en países donde opinar conlleva enormes riesgos reales.

Y digo riesgos reales porque con humildad tengo que admitir que quienes ejercemos el oficio en Estados Unidos, salvo en el caso de aquellos colegas que cubren guerras o son enviados a cubrir asignaciones claramente peligrosas, por regla general corremos pocos riesgos graves.

Para acotar el tema del riesgo conversé con Joel Simon, del Comité para la Protección de los Periodistas, con Jim Newton, editor de la página editorial de Los Angeles Times y con Ricardo Trotti, de la Sociedad Interamericana de Prensa. Con las investigaciones del CPJ y de la SIP y las observaciones de Newton, elaboré una tipología del riesgo que, aunque incompleta podría contribuir al debate sobre el tema.

El riesgo mortal De 1992 a la fecha, 825 periodistas han muerto en todo el mundo, 595 fueron asesinados, 146 murieron en zonas de combate y 82 mientras cumplían asignaciones peligrosas. La mayoría trabajaba en medios impresos (57 por ciento), un 26 por ciento en televisión y 20 por ciento en la radio.

De los 595 asesinados, el 12 por ciento escribían artículos de opinión, un porcentaje numéricamente engañoso si se considera que en la redacción de un periódico el número de escritores de opinión es minúsculo, comparado con el de los reporteros dedicados a la información. En Estados Unidos, entre el 1 y el 3 por ciento de los miembros de la redacción escriben opinión. En países donde la separación entre opinión e información no es estricta es difícil calcular el riesgo comparado.

El asesinato de periodistas ocurre con mayor frecuencia en países en los que la autoridad central y las instituciones son débiles y la asignación que mayor riesgo conlleva es la política, más que la de la guerra, la corrupción, los derechos humanos o la criminalidad. De aquí que los principales sospechosos de matar a los periodistas sean los grupos políticos (30 por ciento), seguidos por las autoridades gubernamentales (24 por ciento). El 19 por ciento de los crímenes son perpetrados por desconocidos, el 13 por ciento por organizaciones criminales y el 7 por ciento por grupos paramilitares. Lamentablemente, en el 89 por ciento de los casos, la impunidad de los criminales es total y sólo en un 4 por ciento de los casos se hace justicia parcial.

Irak es el país más peligroso para los periodistas, con 142 muertos, y de los países iberoamericanos, Colombia, México y Brasil ocupan los lugares 5, 10 y 17 en el escalafón mundial.

El riesgo ominoso Dentro de esta categoría incluyo los casos de encarcelamiento, amenaza, intimidación y hostigamiento a periodistas y a medios de comunicación. En Iberoamérica, Cuba es por amplio margen el país con el peor expediente en este capítulo, no sólo porque no hay la libertad de expresión y de prensa en la isla sino porque en ningún otro país del continente las autoridades gubernamentales encarcelan, hostigan, intimidan y amenazan tanto a los periodistas.

En Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Argentina se hostiga a periodistas y a medios promulgando leyes y normas que restringen la libertad de expresión y de opinión. Piense por ejemplo el egregio caso de la censura chavista al periódico El Nacional de Caracas por publicar una fotografía en la que se denunciaba la deplorable condición de la morgue caraqueña o el asalto del matrimonio Kirchner al Grupo Clarín al que le retiró la licencia para operar su servicio de Internet, y avanzando en su intento por controlar la venta de papel a los diarios.

En países con tendencias autoritarias es común que el gobierno impida el acceso a la información pública y el acceso a fuentes no oficialistas dentro del gobierno. Y no faltan gobernantes que rebajan la investidura presidencial insultando verbalmente a los periodistas críticos y negándoles publicidad oficial a los medios que los critican.

En México, aun cuando hay autoridades municipales y estatales que amenazan e intimidan a los periodistas críticos, el mayor peligro para los periodistas son los grupos criminales que luchan por controlar los mercados de distribución y consumo de drogas ilícitas y la incapacidad de las autoridades para protegerlos.

El riesgo legal En Estados Unidos el mayor riesgo que enfrentan los periodistas es legal. Y esto es así porque la primera enmienda de la Constitución garantiza la libertad de expresión pero no protege en casos de difamación, es decir, cuando la publicación de un escrito en los medios le causa daño a la reputación de alguien o algo y cuando el periodista actúa con malicia.

Llegamos, por último, al riesgo que se inscribe en el terreno de la intencionalidad, los principios y los métodos de trabajo profesional. Aquí, no están en juego la vida ni la cárcel. Lo que está en riesgo es la conciencia individual que debe obligar al periodista a no falsear los hechos que narra ni a presentarlos parcialmente. El deber profesional le exige procurar la equidad en las conclusiones de sus escritos y lo apremia a basarse en evidencias.

La ética individual también obliga al periodista a preservar su integridad profesional y lo compromete en privilegiar el interés público. La lealtad al medio en el que trabaja le impone el apego a la precisión, y el trabajo en equipo, con diferentes niveles de filtración editorial para verificar la veracidad del escrito, le sirve para evitar la publicación de artículos que difaman, distorsionan la realidad o mienten.

Así las cosas, lo que el gremio periodístico debe exigirle al Estado es un mínimo de garantías para la libertad de prensa, empezando por una garantía constitucional que la respalde. También el respeto a los tratados internacionales firmados ante entidades como la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA y la Declaración Universal sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Así mismo, debe rechazar la promulgación de leyes restrictivas y apoyar aquéllas que garantizan la libertad de prensa, por ejemplo, las leyes de acceso a la información pública.

El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de las personas cuando estas corren peligros por expresar su opinión y blindar a los periodistas, porque cuenta con los mecanismos necesarios para evaluar el riesgo que corre una persona y determinar si le pone guardias, si lo envía a otra ciudad o al extranjero. Tiene, además, la obligación de ayudarle económicamente a que se establezca en otro lugar. El Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de asociación, de reunión y de movilización, ya que todo esto forma parte de la libertad de expresión y minimiza el riesgo de informar y opinar.

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4118398

 

 

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