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foto tomada de: google images

Más sorpresivas que las revelaciones hechas por el Washington Post sobre el uso de la ayuda estadounidense por parte del Departamento Administrativo de Seguridad para la realización de las ‘chuzadas’ ilegales han sido las reacciones a la noticia, que van desde el silencio hasta el cuestionamiento de su veracidad y, por extensión, del profesionalismo de los reconocidos periodistas que la publicaron.

Tanto el Departamento de Estado como la Embajada en Bogotá proclamaron enfáticamente que la información era “incorrecta”, recordando además que el gobierno de Estados Unidos había cortado toda relación con el DAS una vez estallara el escándalo. Y el expresidente Uribe, ayudado por sectores “cómplices” de los medios nacionales, entre ellos W Radio, acusó de “difamatorio” el artículo del Post y “simpatizantes de la guerrilla” a sus autores. ¿Fin del debate? Ojalá que no.

No hay que ser conspirador —ni tampoco remitirse al largo historial de actos reprochables cometidos por Estados Unidos en el mundo— para reconocer que Colombia no sería el primer lugar en donde dinero, equipos y entrenamiento suministrados por ese país hayan terminado en manos equivocadas. Sostiene el exembajador Myles Frechette, en entrevista a los periodistas del Post, que desde los años noventa Washington sabía que el DAS era corrupto. Sin embargo, ante la necesidad de tener aliados en la recopilación de inteligencia y de mostrar a Colombia como “vitrina” en la “guerra contra las drogas”, se resignaba a trabajar con dicha entidad. De forma similar, aún conociendo la duplicidad de la agencia de inteligencia de Pakistán, Estados Unidos la ha financiado, ya que las alternativas a no hacerlo se estiman peores.

No es inesperado tampoco que las ayudas recibidas —por más controles que existan— se usen con fines distintos a los acordados originalmente, sobre todo cuando sus destinatarios no son los “óptimos”. Si, por ejemplo, armas y municiones estadounidenses entregados a Afganistán han podido terminar en manos de los enemigos talibanes, ¿quién puede certificar que computadores, equipos de interceptación y vehículos no hayan sido usados por el DAS para recoger inteligencia ilegalmente sobre jueces, opositores, periodistas y activistas? Aunque ningún funcionario de la Embajada haya admitido participar en (o tener conocimiento de) las ‘chuzadas’, tal y como constata un cable de Wikileaks (septiembre 9, 2009) en donde se alude al problema, ¿cómo garantizar que alguien, operando de manera clandestina, no lo haya hecho? Si bien es improbable, por no decir imposible, que en un sistema hiperpresidencialista como el colombiano —rasgo que se acentuó durante la era Uribe— los agentes del DAS implicados en el escándalo hayan podido actuar solos, es completamente factible que un funcionario estadounidense sí lo haya hecho sin el beneplácito ni el conocimiento de la Embajada.

Si las denuncias del Washington Post se basan en información extraída de documentos públicos —expedientes de la Fiscalía y transcripciones de las audiencias públicas, principalmente— y si en éstos —como insinuó también Noticias Uno en su edición del domingo pasado— existen alusiones reiteradas al papel de la ayuda estadounidense en las intercepciones ilegales, es importante seguir indagando sobre el asunto. Aunque es probable que Estados Unidos no haya hecho nada “indebido”, tal vez el eco producido por las ‘chuzadas’ lo haga pensar dos veces antes de prestar “ayuda”.

Fuente: http://www.elespectador.com/opinion/columna-295650-eco-de-chuzadas

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