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Foto tomada: google images

Claudia Julieta Duque, periodista ‘freelance’ y colaboradora de la organización de derechos humanos Equipo Nizkor, renunció al esquema de seguridad otorgado por el gobierno nacional por constantes irregularidades en el funcionamiento de éste.

La periodista tomó la decisión después de conocer informes internos que sus escoltas le remitían al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Allí se daba cuenta de las actividades que realizaba la periodista y se le hicieron falsas imputaciones. A esto se sumó una serie de inconsistencias que Duque denunció de manera permanente mientras recibió protección oficial.

Claudia Julieta Duque comenzó a ser beneficiaria de medidas de protección por parte del Ministerio del Interior desde diciembre de 2003. Duque venía siendo víctima de amenazas y seguimientos de desconocidos desde 2001, a raíz de la investigación por el asesinato del periodista Jaime Garzón (1999), que hacía en compañía del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

A partir de ese momento, la comunicadora recibió llamadas y mensajes en los cuales la amenazaban de muerte si continuaba con su labor. Además, se percató que desconocidos rondaban su residencia y vigilaban los sitios que frecuentaban ella y su hija menor de edad. Esto obligó a la periodista a exiliarse temporalmente del país en repetidas ocasiones. Desde entonces y hasta la fecha, la periodista ha denunciado ante las autoridades judiciales y la FLIP seguimientos sospechosos, amenazas e intimidaciones. Según ella, detrás de estos hechos están agentes del Estado. Estás denuncias no han arrojado ningún resultado.

El Ministerio del Interior, representado por la dirección de Derechos Humanos, le pidió a la periodista reconsiderar su decisión. Duque se negó, por considerar que no cuenta con garantías suficientes para confiar en las medidas de protección del gobierno, específicamente por la actuación del DAS.

En respuesta a un derecho de petición presentado por la FLIP al respecto, el subdirector del DAS, Joaquín Polo, afirmó que “no es política de esta entidad llevar a cabo actividades de inteligencia por conducto de los escoltas contratistas” y suministró la reglamentación sobre la materia de esa entidad.

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