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Ceso-FIP rechaza detención de periodista por parte del Ejército Nacional en Caquetá, Colombia

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foto tomada de:google images

El periodista Hollman Morris fue detenido hoy, 2 de febrero, por miembros del ejército en el corregimiento Unión de Peneya, entre los municipios de Paujil y Cartagena del Chairá, en el amazónico departamento de Caquetá, al suroccidente de Colombia.

La Sargento Teresita Tabares, de la Dirección de Derechos Humanos de la Policía Nacional confirmó la detención de Morris, por parte del ejército, al Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, Ceso-FIP. El ejército solicitó la presencia de la policía judicial para examinar un material que portaba el periodista.

Diana Izquierdo, funcionaria de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, de igual manera confirmó la detención del Director del programa de televisión Contravía al Ceso-FIP, y afirmó que la Cancillería colombiana estaba enterada del hecho. Entre tanto, el Centro de Solidaridad presentó el caso ante la Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y Diana Botero, funcionaria del Programa Presidencial de Derechos Humanos.

Después de seis horas de detención, el periodista fue dejado en libertad. Según el Secretario de Gobierno del Caquetá, los militares adscritos a la Brigada XII del Ejército, realizaban un procedimiento de verificación de la identidad del periodista.

“Es preocupante el hostigamiento gubernamental contra el periodista Hollman Morris. Independientemente de lo que él estuviera cubriendo, la Constitución Nacional garantiza la libre movilidad de los periodistas y la inviolabilidad de su material informativo”, afirmó Eduardo Márquez, Director del Ceso-FIP y Presidente de la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. El dirigente gremial hizo referencia al Artículo 73 de la Constitución Política que garantiza la protección a la actividad periodística, su libertad e independencia profesional, y alertó de la vulneración del derecho a la libertad de información consagrado en el artículo 20.

También se vulnera de esta manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre libertad de expresión y de información. El tratado internacional fue ratificado por el gobierno colombiano.

Vale la pena recordar en el 2005, Morris fue víctima de retención arbitraria y decomiso temporal de su material periodístico por parte de miembros de la Armada Nacional, en momentos en que realizaba un informe sobre la situación de orden público en el selvático departamento de Putumayo, al sur del país.

En la actualidad Morris es beneficiario de medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Federación Colombiana de Periodistas FECOLPER

La FECOLPER representa a más de 1250 periodistas en 19 departamentos del país

Para mayor información, visite http://fipcolombia.com/noticiasVer.php

“Polémica en torno al acoso del ejército a tres periodistas que cubrieron la liberación de rehenes”

Reporteros sin Fronteras pide al gobierno que se explique sobre el trato del ejército a Hollman Morris, productor y presentador del programa “Contravía” en el canal público nacional Canal Uno, también corresponsal de Radio Francia Internacional, su camarógrafo Leonardo Acevedo y Camilo Raigozo, del semanario comunista Voz, el 2 de febrero de 2009 en el Departamento de Caquetá (Sur).

“No es la primera vez que estos periodistas, conocidos por sus posturas críticas con la administración de Alvaro Uribe, son objeto de intimidaciones y acusaciones que llegan desde muy arriba, incluido el Presidente de la República. El gobierno no puede culpar decir que Hollman Morris no cumple con las medidas cautelares y, al mismo tiempo, que hace más precaria su seguridad acusándole falsamente de estar próximo a las FARC. Por otra parte, los periodistas no han difundido nunca el contenido de algunas grabaciones que efectuaron presionados por la  guerrilla. ¿Qué esperaban los militares quitándoles el material ? El Ministerio de Defensa tiene que explicarse sobre un procedimiento que puede compararse a un intento de censura y una limitación de la movilidad de los periodistas”, ha declarado Reporteros sin Fronteras.

El 2 de febrero de 2009, Hollman Morris y sus colegas acababan de cubrir la puesta en libertad de cuatro rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuando unos militares les controlaron en varios cordones exigiendo, en vano, que les entregaran sus grabaciones. Los periodistas se habían entrevistado con los tres policías y el soldado que iban a quedar en libertad. Pudieron regresar a la capital el 3 de febrero.

El gobierno colombiano ha acusado a Hollman Morris de no dar muestras “de objetividad e imparcialidad en su trabajo que debe acompañar la labor periodística” y, una vez más, se ha referido a un supuesto “vínculo” con las FARC. El productor de “Contravía” se ha defendido argumentando que no ha difundido el contenido de esas grabaciones, porque los rehenes no hablaban libremente. Según la Agencia France-Presse (AFP), los propios rehenes han asegurado que los guerrilleros amenazaron con no liberarlos si no decían lo que querían.

Otra polémica que viene a sumarse a la anterior. Hollman Morris, al que han amenazado varias veces y se ha visto obligado a exiliarse, está incluido en un programa de protección, supervisado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y bajo la responsabilidad del gobierno colombiano. De acuerdo con el gobierno, al cubrir una operación de libertad de rehenes supuestamente “prohibida a la prensa”, el periodista habría comprometido la responsabilidad de las autoridades encargadas de su seguridad personal. En la última rueda de prensa, Alvaro Uribe calificó a Hollman Morris de “permisivo y cómplice del terrorismo” también sugerió examinar las medidas de seguridad de las cuales es beneficiario el periodista.

Hollman Morris, un periodista premiado en varias ocasiones y excelente conocedor del conflicto colombiano, ya fue objeto de una campaña de calumnias puesta en marcha por el movimiento paramilitar, fundamentalmente mediante un vídeo que le presentaba, junto a otras personalidades, como “portavoz de las FARC”.

(Leer el comunicado del 14 de abril de 2006 http://www.rsf.org/article.php3?id_article=17083). Con frecuencia se ha visto amenazado de muerte por los Aguilas Negras, un grupo paramilitar reconstituido tras la desmovilización en 2006 de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El director del semanario Voz, Carlos Lozano, vive una situación parecida.

Fuente: Reporteros Sin Fronteras Contacto: ameriques@rsf.org – www.rsf.org

“Sobre los periodistas en las recientes liberaciones”

La columnista de El Espectador y reconocida periodista, Cecilia Orozco, analiza la manera como los dos periodistas que cubrieron las recientes liberaciones de secuestrados por la guerrilla, terminaron en la picota pública como responsables de decisiones tomadas por el propio gobierno.

Preguntas inquietantes Por: Cecilia Orozco Tascón

Para desmontarse por las orejas, vuelve y juega el argumento de que los periodistas son los culpables de todo.

El Gobierno intenta zafarse de su responsabilidad por el fracaso en que pudo terminar la operación de entrega de los cuatro uniformados y por el peligro en que puso a los asistentes al acto de entrega, no a la presencia de aviones militares en la zona de encuentro con la comisión humanitaria, sino a que Jorge Enrique Botero hubiera contado en Telesur que eso estaba ocurriendo.

Primero, la administración Uribe negó tajantemente que el reporte de Botero fuera cierto. El comisionado Luis Carlos Restrepo aseguró ante las cámaras que las versiones sobre seguimiento de la Fuerza Aérea a la comisión eran falsas y reiteró que el Ejecutivo había “honrado su compromiso” con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de suspender las acciones militares desde la medianoche del sábado. Horas después, cuando el periodista declaró que tenía pruebas en audio y video de sus afirmaciones, la Casa de Nariño modificó su posición, no sin antes aguantarse la explosión de ira del poderoso jefe de Estado por sentirse confrontado.

Entonces aparecieron el propio Restrepo y el ministro Juan Manuel Santos para aclarar que sí hubo sobrevuelos. El Ministro, muy en su estilo, quiso disfrazar el delicado incidente como si fuera normal. Añadió que no se violó el acuerdo con el CICR. Éste se habría sentado a pactar las condiciones de entrega sin excluir los sobrevuelos por encima de los 20 mil pies, con el Ministro y los comandantes de Fuerza Aérea y Ejército. Santos echó otro cuento: los vuelos también se hicieron para “controlar las pistas clandestinas que pudieran ser aprovechadas” en ese “espacio tan grande”. Entre tanto, el presidente Uribe ordenaba expulsar a los miembros de la comisión, incluido el columnista Daniel Samper Pizano —quien no hubiera podido ser más prudente—, y hasta a Piedad Córdoba. En la mañana ya había echado reversa sólo respecto de Piedad, y eso, porque la Cruz Roja se lo pidió.

Al día siguiente, el Gobierno tomó nuevo impulso contra los comunicadores. Le solicitó a la Fiscalía investigar al periodista Hollman Morris por el “delito” de estar con sus cámaras en el lugar de la entrega. Pero en cuestión de minutos el Ministerio de Defensa ya había tomado sus propias medidas: militares interceptaron a Morris en un centro de internet de La Unión Penaya en Caquetá. Lo conminaron a ir a la base y le exigieron entregar sus videos. Morris gritó en plena calle que era reportero y tal vez porque la escena era inquietante, el representante de la Defensoría del Pueblo acudió en su auxilio. No obstante, fue retenido sin orden de autoridad competente durante seis horas y fue filmado y fotografiado por la Policía Judicial. ¿Reseñado como delincuente?

Preguntas en cuanto al ejercicio libre de la profesión: ¿Desde cuándo hay delito de información en Colombia? ¿Cuándo se aprobaron y definieron las zonas del territorio nacional vedadas para los periodistas? ¿En cuál artículo del Código Penal está descrito el tipo delictivo de “entrevistar a guerrilleros”. ¿Por qué nunca se denunció a los que hablaron con Carlos Castaño o Salvatore Mancuso? En cuanto a la Cruz Roja: ¿Es cierto que funcionarios suyos pactaron con los militares sobrevuelos por encima de 20 mil pies? ¿Está permitido que el CICR acuerde condiciones con una de las partes sin consultar a la otra? ¿Los protocolos de Ginebra autorizan presencia de aviones militares en el lugar donde se realizan actos de intercambio humanitario?

Fuente: El Espectador

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